Jurisprudencia

Cabecera: Derecho de extranjería. Denegación de la nacionalidad española por razón de residencia. Requisitos al tiempo de la solicitud. Residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Artículo 22.3 CC. Dies a quo para el cómputo de los diez años de residencia.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
Origen: Audiencia Nacional
Fecha: 12/06/2018
Tipo resolución: Sentencia Sección: Séptima Número Recurso: 601/2016
Numroj: SAN 2461/2018
Ecli: ES:AN:2018:2461
Voces sustantivas: Extranjería, Recurso de reposición, Conceptos jurídicos indeterminados, Discrecionalidad administrativa, Permisos de residencia, Permisos de trabajo, Director general de los registros y del notariado, Encargado del registro civil, Nacionalidad, Plazos
Voces procesales: Recurso de reposición

ENCABEZAMIENTO:


A U D I E N C I A N A C I O N A L
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN SÉPTIMA
Núm. de Recurso: 0000601 / 2016
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General: 03852/2016
Demandante: D. Carlos José
Procurador: DÑA. EMMA ROMANILLOS ALONSO
Demandado: DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO Y DEL NOTARIADO
Abogado Del Estado
Ponente IImo. Sr.: D. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DE AGUIRRE FERNÁNDEZ
S E N T E N C I A Nº:
IImo. Sr. Presidente:
D. JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DE AGUIRRE FERNÁNDEZ
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. ERNESTO MANGAS GONZÁLEZ
Dª. BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT
D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA
Madrid, a doce de junio de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

VISTOS por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso contencioso-administrativo nº 601/2016, promovido por la Procuradora de los Tribunales doña Emma Romanillos Alonso, en nombre y representación de don Carlos José , contra la Resolución del Director General de los Registros y del Notariado de 7 de julio de 2016, dictada por delegación del Ministro de Justicia, sobre nacionalidad.
Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado representada por la Abogacía del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Po r Resolución del Director General de los registros y del Notariado de 19 de junio de 2013, dictada por delegación del Ministro de Justicia, confirmada en vía de reposición por la del mismo Director General de 7 de julio de 2016, se denegó la solicitud de concesión de la nacionalidad española por razón de residencia a don Carlos José.
Las resoluciones descansan en síntesis en los siguientes fundamentos: a) el artículo 22.3 del Código Civil determina expresamente que el requisito de la residencia legal y continuada lo sea en un periodo de tiempo inmediatamente anterior a la petición; b) el requisito de residencia legal de al menos diez años inmediatamente anterior a la petición de ningún modo puede calificarse de concepto jurídico indeterminado, pues una cosa o es inmediatamente anterior a otra o no lo es, sin que a este respecto quepan zonas grises o de incertidumbre; c) el interesado solicito su primera tarjeta de residencia el 4 de mayo de 2000, mientras que la solicitud de nacionalidad española data de 9 de marzo de 2010; d) el interesado en el momento de solicitar la nacionalidad española no cumplía el plazo de 10 años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud, habiendo iniciado los tramites de nacionalidad española antes de cumplir con los requisitos exigidos.
Frente a dichas resoluciones la representación procesal de don Carlos José interpuso recurso contencioso-administrativo.
Reclamado el expediente a la Administración y siguiendo los trámites legales, se emplazó a la parte recurrente para la formalización de la demanda, lo que verificó mediante escrito que obra en autos.
En dicha demanda se formulan las siguientes alegaciones: 1) el recurrente obtuvo la concesión de su primera residencia legal el 4 de mayo de 2000; 2) la solicitud de nacionalidad tuvo entrada en la Dirección General de los Registros el 29 de septiembre de 2010, y así se indica en la resolución impugnada, esto es, seis meses después de haberse presentado la solicitud - 9 de marzo de 2010-, habiendo transcurrido sobradamente más de 10 años desde la primera residencia legal en España; 3) cuando se toma exacta constancia y referencia de la solicitud del recurrente, ya habían transcurrido más de 10 años desde que obtuvo la primera residencia legal -4 de mayo de 2000-, aunque el interesado residía en España desde unos meses antes a la primera solicitud de residencia; 4) al tiempo de que la Dirección General de los registros tomara constancia de la solicitud de nacionalidad, el interesado habría cumplido el requisito exigido en el artículo 22.1 CC ; 5) conforme a dicho precepto, el interesado cumplía los requisitos exigidos por la legislación: residencia en territorio español durante más de diez años, residencia legal, continuada y anterior a la petición, buena conducta cívica e integración en la vida española.
Termina solicitando a la Sala que dicte sentencia por la que se "declare nula y sin ningún efecto la citada resolución, por los motivos alegados en los hechos y fundamentos de derecho que anteceden, con expresa condena en costas a la parte recurrida en caso de oposición, reconociendo el derecho del recurrente a que le sea concedida la nacionalidad española".
SEGUNDO.- Emplazada la Abogacía del Estado para que contestara a la demanda, así lo hizo en escrito en el que, tras expresar los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó solicitando que se dictara una sentencia que "desestime el recurso, con imposición de costas a la parte recurrente".
TERCERO.- Habiéndose recibido el recurso a prueba se practicó documental interesada por la parte recurrente, en los extremos admitidos por la Sala, con el resultado que consta en las actuaciones.
CUARTO.- Practicadas las pruebas se dio traslado a las partes para la presentación de conclusiones sucintas acerca de los hechos alegados, las pruebas practicadas y los fundamentos jurídicos en que apoyaron sus pretensiones.
QUINTO.- Concluidas las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, el cual tuvo lugar el día 7 de junio de 2018.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DE AGUIRRE FERNÁNDEZ, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo determinar si es o no conforme a Derecho la Resolución del Director General de los registros y del Notariado de 7 de julio de 2016, dictada por delegación del Ministro de Justicia, por la que se desestima el recurso de reposición formulado contra la Resolución del mismo Director General de 19 de junio de 2013, que deniega la solicitud de concesión de la nacionalidad española por razón de residencia a don Carlos José.
SEGUNDO.- Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.
La apreciación de los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración - artículo 103 CE -, sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.
TERCERO.- En el presente caso la enjundia litis estriba en delimitar si al tiempo de presentación de la solicitud de nacionalidad española, el recurrente, señor Carlos José , cumplía los requisitos previstos en el artículo 22 del Código Civil , en particular, diez años de residencia.
Consta en las actuaciones -Informe para expediente de nacionalización- que don Carlos José solicitó permiso de trabajo y residencia el 4 de mayo de 2000, siéndole concedido el 5 de junio de 2000 con validez hasta el 5 de junio de 2001, obteniendo la residencia permanente, con validez indefinida, el 7 de junio de 2006.
Consta, por otra parte, que don Carlos José , mediante instancia dirigida al Ministro de Justicia, solicitó la nacionalidad española por residencia el 9 de marzo de 2010.
Siendo esto así, resulta que, bien se tome como dies a quo para el cómputo de los diez años de residencia el 5 de junio de 2000, fecha de concesión del primer permiso de residencia, bien se acepte el 4 de mayo de 2000, fecha de solicitud del primer permiso de residencia, lo cierto es que a fecha de la solicitud de nacionalidad española por residencia -9 de marzo de 2010-, no había transcurrido el período de diez años exigido por la normativa reguladora, siendo menester puntualizar que tras la práctica de las correspondientes diligencias, por auto del Juez Encargado del Registro Civil de Torremolinos de 25 de mayo de 2010, se remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Por lo demás, a efectos del cómputo del plazo de diez años de residencia, la Sala estima irrelevante la fecha de remisión de las actuaciones a la Dirección General de los Registros, pues la norma es clara a este respecto: residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición - artículo 22.3 CC.
Conforme a cuanto antecede el recurso no puede prosperar.
CUARTO.- Las costas se imponen a la parte recurrente -ex artículo 139.1 LRLCA.
VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:


PRIMERO.- Desestimar el recurso contencioso administrativo promovido por la representación procesal de don Carlos José contra la Resolución del Director General de los Registros y del Notariado de 7 de julio de 2016, dictada por delegación del Ministro de Justicia, por ser ajustada a Derecho.
SEGUNDO.- Las costas se imponen a la parte recurrente.
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su no tificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.