Jurisprudencia

Cabecera: Acción de rectificación registral. Recurso de casación por interés casacional contra la sentencia recaída en la segunda instancia en un juicio ordinario tramitado por razón de la cuantía, en el que esta es indeterminada. Inadmisión del recurso de casación por falta de justificación e inexistencia de interés casacional (artículos 477.2.3.º y 483.2.3.º lec) por falta de claridad, y falta de respeto a la razón decisoria de la sentencia recurrida, ya que se plantean cuestiones que no ha sido analizada por la sentencia recurrida, y por falta de respeto a su base fáctica.
Jurisdicción: Civil
Origen: Tribunal Supremo
Fecha: 16/05/2018
Tipo resolución: Auto
Sala: Primera Sección: Primera Número Recurso: 3288/2015
Numroj: ATS 5187:2018
Ecli: ES:TS:2018:5187A
Voces sustantivas: Depósito, Prescripción adquisitiva, Principio de fe pública registral, Propiedad horizontal, Registro de la propiedad, Acción de rectificación, Buena fe, Bienes inmuebles, Caducidad, Doble inmatriculación, Efectos de la inscripción, Fe pública registral, Inmatriculación, Principio de fe pública registral, Tercer adquirente, Tercero hipotecario, Asiento de presentación, Entidades financieras, Finca registral, Negocio jurídico, Propiedad, Sentencia de conformidad, Trámite de audiencia
Voces procesales: Prueba, Recurso de apelación, Recurso de casación, Alegaciones de hechos, Causas de inadmisión, Exhaustividad de las sentencias, Inadmisión del recurso de casación, Infracción del ordenamiento, Interposición del recurso de casación, Interés casacional, Recurso ordinario, Sentencia de apelación, Terceros adquirentes, Doble efecto

ENCABEZAMIENTO:

T R I B U N A L S U P R E M O
Sala de lo Civil
Fecha del auto: 16/05/2018
Tipo de procedimiento: CASACIÓN
Número del procedimiento: 3288/2015
Fallo/Acuerdo:
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCIÓN N. 5 DE ALICANTE
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
Transcrito por: MAR/I
CASACIÓN núm.: 3288/2015
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Excmos. Sres. y Excma. Sra.
D. Francisco Marin Castan, presidente
D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
D.ª M.ª Angeles Parra Lucan
En Madrid, a 16 de mayo de 2018.
Esta sala ha visto
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marin Castan.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO. La representación procesal de don Romeo y don Rubén presentó escrito de interposición de recurso de casación contra la sentencia dictada, con fecha 22 de septiembre de 2015, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 5.ª), en el rollo de apelación n.º 199/2015 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 1376/2012 del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Alicante.
SEGUNDO. Mediante diligencia de ordenación de 3 de noviembre de 2015 se acordó la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días.
TERCERO. Formado el rollo de sala, la procuradora doña Andrea Dorremochea Guiot, en nombre y representación de don Romeo y don Rubén , presentó escrito por el que se personaba en concepto de parte recurrente. La procuradora doña M.ª Luisa Montero Correal, en nombre y representación de Caixabank, S.A., presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida. El procurador don José Manuel Villasante García, en nombre y representación de Bankia, S.A., presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida. El procurador don José Lledo Moreno, en nombre y representación de don Jose Pedro , doña Eugenia , doña Fidela , doña Francisca , don Jesús Carlos , doña Joaquina , doña Marina , don Alberto , don Amador , doña Nieves , don Arsenio , doña Petra , doña Raimunda , don Benjamín , doña Sacramento , don Carmelo , doña Sofía y don Claudio , presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida. El procurador don Eduardo Codes Feijo, en nombre y representación de Banco Santander, S.A., presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida. La procuradora doña Ana María Espinosa Troyano, en nombre y representación de Anlorisa, S.L., Green Park & Partners, S.L., doña Almudena y doña Apolonia presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida. Y el procurador don Esteban Jabardo Margareto, en nombre y representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. presentó escrito personándose en concepto de parte recurrida.
CUARTO. Por providencia de fecha 28 de febrero de 2018 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.
QUINTO. Mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2018, la representación procesal de la parte recurrente mostró su disconformidad interesó la admisión del recurso; mientras que las partes recurridas, por escritos de 2, 12, 15 y 22 de marzo de 2018, mostraron su conformidad con la posible causa de inadmisión. La representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. no ha hecho alegaciones.
SEXTO. La parte recurrente ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la Disposición Adicional 15.ª de la LOPJ .

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO. El presente recurso de casación se ha interpuesto contra una sentencia dictada en la segunda instancia de un juicio ordinario tramitado en atención a la cuantía, en el que se ejercita una acción de rectificación registral. La cuantía es indeterminada, por lo que su acceso a la casación es la del ordinal 3.º del art. 477.2 LEC .
En la demanda se solicita la nulidad de la inscripción de la fina registral NUM000 del Registro de la Propiedad de Campello, por doble inmatriculación, y de todas las que traigan causa de ella. La acción se ejercita frente a la mercantil Anlorisa, S.A., que adquirió la mencionada finca y la agrupó a otra, para constituir la n.º NUM001 , sobre la que se construyó un edificio en régimen de propiedad horizontal, cuyas viviendas fueron vendidas a terceros. Se demanda también a los titulares de esos inmuebles y a las entidades financieras que han constituido a su favor derechos de hipoteca.
La sentencia de primera instancia, confirmada por la Audiencia, estima la demanda frente a la mercantil Anlorisa, S.A., y la desestima frente al resto de los codemandados, a los que considera terceros hipotecarios protegidos por la fe pública registral.
SEGUNDO. La parte demandante apelante ha interpuesto recurso de casación en la modalidad de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El recurso contiene tres motivos.
El motivo primero se funda en la infracción del art. 34 LH y en la oposición a la doctrina jurisprudencial sobre los requisitos que dicho precepto exige para el surgimiento de la figura del tercero hipotecario, en concreto, la adquisición del dominio o algún derecho real sobre bienes inmuebles a título oneroso.
Alega que la mercantil Anlorisa, S.A. cedió al ayuntamiento codemandado un trozo de la finca objeto del procedimiento, y, por otro lado, la escritura de Agrupación que realizó dicha mercantil, que ha dado lugar a la intervención de los otros codemandados, tampoco es un acto oneroso, sino una cesión.
El motivo segundo se funda en la infracción del art. 34 LH , en relación con los arts. 17 , 24 , 36 , 207 y 314 LH .
En su desarrollo se efectúan una serie de alegaciones sobre la inscripción al amparo del arts. 205 LH . Se alega que no sería válida la aplicación del art. 34 LH porque la finca aun no estaba válidamente inscrita, ya que la nota de doble inmatriculación tiene el doble efectos de suspender la inmatriculación efectiva y de notificar esta situación a terceros, y tendría este efecto dos años. Por ello, ninguno de los demandados ostentan el beneficio del art. 34 LH .
Finalmente cita la sentencia de esta sala 985/2004, de 25 de octubre de 2004 (que establece que para que los terceros adquirentes sean protegidos se requiere que el título adquisitivo sea válido) y la sentencia de 12 de enero de 2015 (sobre la adquisición del dominio y de derechos reales a través de la prescripción adquisitiva en relación con el registro de al propiedad).
Concluye que en este caso el derecho real se adquiere por prescripción adquisitiva y con ello, al presentar la oposición en el registro (doble inmatriculación), se interrumpe, y que de haberse aplicado la anterior doctrina las sentencias de instancia habrían caído en la cuenta de que el título que alegaban los demandados aun no era firme, y, en consecuencia, no les amparaba el art. 34 LH .
El motivo tercero se funda en la infracción de los arts. 34 y 24 LH . Cita una STC de 21 de enero de 2008 , se dice que se aporta por extracto, hace mención a la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 1995 , y se trascribe un texto referido a la fecha del asiento de presentación, y a que dicha fecha es la que debe tenerse en cuanta a la hora de determinar los efectos de la inscripción.
Alega que es evidente que los adquirentes de las fincas vendidas entre noviembre de 2006 y enero de 2007 han esperado a dicha fecha [parece referirse a la de caducidad de la anotación de doble inmatriculación] para inscribir, de lo que se deduce que conocían "que debían de esperar" y conocían el motivo, lo que les priva de la buena fe. Las fincas vendidas después del 31 de enero de 2007, todas tienen anotada la doble inmatriculación, pues caducada esta, se presentó trimestralmente mandamiento de anotación.
Añade finamente que, además de lo expuesto, concurre un error en la valoración de la prueba.
TERCERO. A la vista del planteamiento que se hace en el recurso de casación, este debe ser inadmitido al incurrir en la causa de inadmisión de falta de justificación e inexistencia de interés casacional ( arts. 477.2.3 .º y 483.2.3.º LEC ) por falta de claridad, y falta de respeto a la base fáctica y a la razón decisoria de la sentencia recurrida.
i) En lo que respecta al primer motivo, la cuestión de que los codemandados no pueden considerarse terceros hipotecarios porque no son adquirentes a título oneroso, es una cuestión nueva a los efectos del recurso de casación, y, por consiguiente no afecta a su razón decisoria. Lo que el recurrente alegó en su recurso de apelación fue que la mayoría de los codemandados no eran de buena fe, pues constaba en sus notas registrales la anotación de la doble inmatriculación.
Es mas, la sentencia de primera instancia, al analizar la situación de lo resto de los codemandados (adquirentes de las viviendas en lo edificio construido sobre la finca registral NUM001 -resultante del agrupación de la NUM000 y NUM002 - y entidades financieras que han constituido a su favor derechos de hipoteca sobre algunos de esos inmuebles), y tras apreciar que debían considerarse terceros de buena fe, razona, por lo que atañe a los demás requisitos requeridos legalmente para poder ser considerados terceros hipotecarios, que no se ha planteado controversia sobre el carácter oneroso de sus respectivos títulos, entendido como adquisición por negocio jurídico bilateral con contraprestaciones recíprocas. Por ello concluye que todos los demandados, menos la mercantil Anlorisa, S.A., deben ser absueltos al estar salvaguardado su derecho por el principio de fe pública registral del art. 34 LH .
Por ello, lo que ahora plantea el recurrente, es una cuestión nueva en casación, cuyo examen no corresponde a esta sala ya que su función -en lo que se refiere al recurso de casación- es decidir sobre las infracciones sustantivas que en el recurso se atribuyen a la sentencia recurrida. Y, al no haberse examinado como objeto de la controversia, no es posible plantear respecto de ella interés casacional alguno.
En la Sentencia 484/2016, de 14 de julio , hemos declarado:
«[...]Incluso esta sala ha señalado al respecto que, si la cuestión no ha sido tratada pese a ser planteada en el recurso de apelación, se habrá podido infringir la norma procesal que obliga a la exhaustividad de las sentencias, pero no podrá atribuirse a la resolución recurrida la infracción de una norma sustantiva cuya aplicación no se ha planteado ( STS 19 de febrero de 2016, en recurso 457/2014 y de 13 de abril de 2016, en recurso 776/2014 , entre las más recientes).
En este sentido ha de recordarse con la sentencia de esta sala de 5 de mayo de 2016 (Rec. 2515/2013 ) que «constituye doctrina constante que no resulta admisible plantear en casación cuestiones nuevas no suscitadas por la parte recurrente en apelación. En este sentido, y entre las más recientes, las sentencias 454/2015, de 3 de septiembre y 381/2015, de 18 de junio , afirman expresamente: "La doctrina de esta Sala sobre el recurso de casación veda plantear cuestiones "per saltum", que son aquellas que pudiendo plantearse en la apelación, no lo fueron, y por tanto la Audiencia Provincial no se pronunció sobre ellas conforme a lo previsto en el art. 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por tanto, las alegaciones relativas a esta conducta no pueden sustentar el recurso de casación"[...].»
ii) El segundo motivo adolece de falta de claridad, se ha articulado como un escrito de alegaciones, con una argumentación confusa, lo que impide individualizar un problema jurídico concreto, y responden a un intento, en definitiva, de que esta sala proceda a la revisión íntegra del litigio, como si la casación fuera una tercera instancia.
Esta sala se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el cumplimiento de los requisitos de claridad y precisión que son exigibles en la interposición del recurso de casación. Recuerda la sentencia de 116/2016, de 1 de marzo :
«[...]Es jurisprudencia consolidada la que afirma que el recurso de casación no es un recurso ordinario que dé paso a una tercera instancia en la que las partes puedan reproducir las alegaciones de hecho y de derecho propias de la primera y segunda instancia, y someter a este tribunal la decisión del conflicto con plenitud de cognición. Por el contrario, es un recurso extraordinario dirigido a controlar la correcta interpretación y aplicación por la sentencia de apelación de la norma, principio de derecho o jurisprudencia aplicable al supuesto de hecho, pero no al elaborado por el recurrente conforme a sus intereses, sino al que resulta de los hechos fijados en la sentencia recurrida.
Por tal razón, este recurso exige claridad y precisión en la identificación de la infracción normativa ( art. 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), lo que se traduce no sólo en la necesidad de que su estructura sea muy diferente a la de un mero escrito de alegaciones, sino también en la exigencia de una razonable concisión y claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado ( artículo 481.1 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ); la fundamentación suficiente sobre la infracción del ordenamiento jurídico alegada (artículo 481.1), que deberá circunscribirse a la de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (art. 477.1) [...]; y el respeto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida y a la base fáctica que de ella resulta[...]».
Tampoco se justifica el interés casacional. La oposición o desconocimiento por la sentencia recurrida de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo es un elemento cuya justificación, con la necesaria claridad, corresponde a la parte recurrente, siendo necesario, no solo la cita de dos o más sentencias en que se contenga el criterio jurídico que se considera vulnerado, sino que, además, se indique y se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas, y dicho interés debe venir referido al juicio jurídico sobre la correcta aplicación e interpretación de una norma jurídica sustantiva, y que ha de suscitarse con pleno respeto en el planteamiento a los hechos probados y a la razón decisoria.
Nada de esto se cumple. Además, lo único que parece deducirse del motivo es que, según la tesis del recurrente, por las razones que él expone, y sin ningún apoyo jurisprudencial, el título adquisitivo que alegaban los demandados "aun no era firme". Y tal cuestión no ha sido analizada por la sentencia recurrida. Es mas, en la sentencia de primera instancia, confirmada por la Audiencia, se razona que no se ha planteado controversia sobre la validez de los títulos esgrimidos por los codemandados.
iii) El motivo tercero, además de no justificarse interés casacional alguno y de su falta de claridad, se desarrolla al margen de la base fáctica de la sentencia recurrida. La Audiencia razona que en el registro de la propiedad constaba la anotación de la doble inmatriculación, pero dicha anotación, acordada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria frente a Anlorisa al amparo de lo establecido en el art. 131 LH , se canceló por caducidad del asiento el 20 de noviembre de 2006, sin que los demandantes solicitaran la prórroga de la anotación hasta el 31 de enero de 2007, y cuando pretendieron una nueva anotación les fue denegada, por lo que las inscripciones efectuadas con posterioridad deben considerarse de buena fe.
Por último, la cuestión referida al error en la valoración de la prueba, es una cuestión ajena al recurso de casación.
CUARTO. Las alegaciones efectuadas por la recurrente en el trámite de audiencia, previa a esta resolución, no desvirtúan los anteriores argumentos. Consecuentemente, procede declarar inadmisible el recurso de casación y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483. LEC , dejando sentado el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.
QUINTO. Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 LEC y habiendo formulado alegaciones las partes recurridas personadas, procede condenar en costas a la parte recurrente.
SEXTO. La inadmisión del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9, de la LOPJ .

FALLO:

LA SALA ACUERDA :
1.º No admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Romeo y don Rubén contra la sentencia dictada, con fecha 22 de septiembre de 2015, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 5.ª), en el rollo de apelación n.º 199/2015 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 1376/2012 del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Alicante.
2.º Declarar firme dicha sentencia.
3.º Imponer las costas a la parte recurrente, que perderá el depósito constituido.
4.º Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.