Formulario

Título: Demanda solicitando la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula que repercute al prestatario todos los gastos de constitución y cancelación del préstamo hipotecario y la condena a la devolución de lo indebidamente pagado. Actualizada con la doctrina de la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020
Emisor: Abogado
Fecha: 20/07/2020
Fecha Actualización: 20/07/2020


TEXTO:

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ....

(_______), Procurador(a) de los Tribunales, en nombre y representación de D./Dña. (______) y D./Dña. (______), casados, mayores de edad, provistos de D.N.I. números (_______) y (________), respectivamente, vecinos de (______), domiciliados en (_____),según se acredita mediante copia de la escritura pública de poder otorgado a mi favor que se acompaña como documento número 1 (cabe también indicar lo siguiente: cuyo apoderamiento será conferido apud acta por comparecencia personal de mi mandante ante el Letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial / o por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial), y bajo la dirección letrada de (______), col. núm. (______), con despacho profesional en (__________), ante el Juzgado comparezco respetuosamente, y en la forma más procedente en Derecho DIGO:

Que, por la presente, y siguiendo las expresas instrucciones de mis representados formulo demanda de JUICIO ORDINARIO contra la entidad (______), con domicilio social en (_____), en ejercicio de las acciones de nulidad de condición general de la contratación y de condena al reintegro de las cantidades indebidamente cobradas por la demandada, todo ello de acuerdo con los siguientes hechos y consideraciones de derecho:

HECHOS

PRIMERO. - Escritura de préstamo hipotecario

Con fecha (dd/mm/aaaa), mis mandantes contrajeron con la entidad demandada, a través de su sucursal en (___), un préstamo hipotecario número (___). El préstamo se formalizó mediante escritura pública otorgada en (___), en la Notaría de D./Dña. (___) (documento número 2). En garantía de la devolución del préstamo concedido a mis mandantes, se constituyó hipoteca sobre la finca propiedad de ambos, sita en (___).
SEGUNDO. - Imposición a los prestatarios del abono de los gastos de formalización de la hipoteca

En la citada escritura de préstamo hipotecario número..., de ......de.........de.......... (documento número 2), condición general .........., folio ............., la demandada impuso a mis mandantes el pago íntegro de determinados gastos que en ningún caso debían haber asumido los prestatarios. En concreto, en dicha cláusula, se estableció por la demandada lo siguiente: "........".
Estos gastos no debieron cargarse en su totalidad a mis mandantes, por lo que su imposición constituye una cláusula abusiva y, por ende, nula.
Los gastos, cuya imposición a mis mandantes resulta nula y que, por tanto, como efecto legal derivado de esta nulidad, deben reintegrarse a mis representados, ascienden a la suma de ................... euros (......... euros), cantidad que debe incrementarse con el interés legal.
A estos efectos y para la acreditación de los pagos referidos, se adjuntan los siguientes documentos:

Como documento número 3, factura número ................, emitida por el Notario ................, por el concepto "préstamo con garantía de hipoteca inmobiliaria", por importe de ............... euros.
Como documento número 4, factura número ............., correspondiente a la minuta de la Registradora Dña. ............, del Registro de la Propiedad número ............ de ..........., correspondiente a la inscripción de la "hipoteca de la vivienda", por importe de ........... euros.
Como documento número 5, importe satisfecho por el derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas que correspondía abonar a la demandada.
Como documento número 6, factura de la gestora ............ por importe de ............., de fecha .............., número de factura ............... En esta factura se detallan cada uno de los conceptos reclamados, siendo dicha entidad la que, previa provisión de fondos de mi mandante se encargó de tramitar los pagos.
TERCERO. - Actuación de los actores en calidad de consumidor

La actuación de los esposos demandantes al concertar el préstamo con garantía hipotecaria referenciado ha tenido lugar, en todo momento, en calidad de consumidores, al haber actuado en un ámbito ajeno a sus actividades empresariales o profesionales y, por tanto, dentro del concepto de consumidor o usuario establecido en el art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
CUARTO. - Ausencia de negociación individual de la cláusula impugnada

La cláusula por la que se impone a mis mandantes el pago de los gastos de constitución de la hipoteca no ha sido objeto de negociación individual, al modo en que se establece en el art. 82 del TRLGDCU, habiendo sido predispuesta por la entidad demandada e impuesta a mi mandante. Es más, la cláusula impugnada mediante la presente demanda es una condición general de la contratación (art. 1 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, en adelante, LCGC), al cumplirse las circunstancias de predisposición, imposición y destino a una pluralidad de contratos. Estamos, pues, ante cláusulas prerredactadas y predispuestas, destinadas por la entidad prestamista a ser incluidas en una pluralidad de contratos.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- PROCESALES

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Son competentes los juzgados de primera instancia para conocer de las acciones individuales previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios, en virtud de lo establecido en los arts. 85.1 y 86.ter.2.d) de la LOPJ.
Dado que se pretende la declaración de nulidad de una condición general de contratación, y, como consecuencia de la misma, la reintegración de las cantidades indebidamente abonadas, puesto que mis mandantes tienen su domicilio en el partido judicial del Juzgado al cual tengo el honor de dirigirme, su situación debe determinar la competencia territorial, conforme al artículo 52.1. 14.º LEC.
II.- CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN

Mis representados son mayores de edad y se encuentran en situación de pleno ejercicio de sus derechos civiles, en virtud de lo dispuesto en los arts. 6.1. 1º y 7.1 LEC. Asimismo, la demandada es persona jurídica, cuya capacidad se reconoce en el artículo 6.1. 3º LEC, derivándose su personalidad de su constitución en escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, con la necesidad de comparecer en juicio por medio de sus representantes legales (artículo 7.4 LEC).
Corresponde la legitimación activa directa a mis representados porque son titulares de la relación jurídica dimanante del contrato de préstamo en el que se encuentra inserta la cláusula cuya declaración de abusiva se pretende mediante la presente demanda (art. 10 LEC), actuando mis mandantes en su condición de consumidores o usuarios (artículo 3 TRLDCU)

En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde a la entidad bancaria (___), como parte prestamista del contrato indicado, que, precisamente, ha impuesto la cláusula que se impugna y cuyos efectos se pretenden anular (art. 10 LEC).
III.- PROCEDIMIENTO

La presente demanda deberá sustanciarse por las normas del juicio ordinario, a tenor de lo prevenido en los artículos 248, 249.1. 5º y 253.3 LEC, en virtud del criterio de atribución preferente de la materia de condiciones generales de la contratación.
IV.- ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y CUANTÍA

En cuanto al requisito prevenido en el artículo 253.1 LEC, que exige que se exprese justificadamente la cuantía de la demanda, se debe considerar que por la presente demanda se formulan dos pretensiones acumuladas: la primera pretensión consiste en la declaración de nulidad por abusiva de una condición general y la segunda pretensión se refiere a la reintegración de las cantidades indebidamente cobradas por la demandada.

En cuanto a la cuantía del procedimiento, asciende la misma a .............euros, importe de la cantidad reclamada a través de la acción de condena, al amparo de los artículos 253.1 y 251.2ª LEC.
V.- POSTULACIÓN

Conforme a los artículos 23 y 31 LEC se formula esta demanda a través de Procurador de los Tribunales con poder notarial para pleitos, y con dirección y firma de Letrado habilitado ante el Tribunal.
VII. COSTAS

En aplicación del artículo 394 LEC, procede la imposición de las costas a la parte demandada.
II.- SUSTANTIVOS O DE FONDO

PRIMERO. - DE LA CONSIDERACIÓN DE CONSUMIDORES DE LOS DEMANDANTES

La actuación del demandante y su cónyuge se realiza, en todo momento en calidad de consumidores, dentro del concepto que del mismo señala el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLDCU): «A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional». En todo momento han actuado en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.
Es en el marco de este contrato de adhesión en el que se propugna el carácter abusivo, y, por lo tanto, radicalmente nulo, con los efectos que de ello se derivan, de la siguiente cláusula incluida en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria: (transcribir la cláusula o hacer referencia al hecho en el que se ha descrito).

SEGUNDO. - DE LA AUSENCIA DE NEGOCIACIÓN INDIVIDUAL DE LA CLÁUSULA IMPUGNADA

La cláusula impugnada no ha sido negociada de forma individual, sino que estamos ante una cláusula predispuesta e impuesta. Para la determinación de qué deba entenderse por imposición de la cláusula a una de las partes, resulta particularmente útil, como ha determinado el Tribunal Supremo, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, acudir a lo dispuesto en el art. 3.2 de la Directiva 93/13, a cuyo tenor "[s]e considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión".
Así, en el presente supuesto la entidad demandada redactó unilateralmente el contrato, y, sin alternativa alguna para mis representados, incluyó las cláusulas que consideró convenientes; negociando únicamente la suma prestada, las cuotas y los plazos de devolución en función del interés fijo o variable. Negociación individual que no excluye la aplicación de la normativa citada, según se establece en el art. 82.2, párrafo primero, del TRLGDCU: "El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya negociado individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato".
De esta forma, la cláusula impugnada se impuso a mis clientes, sin haber sido objeto de negociación individual, desconociendo incluso los mismos su existencia. La cláusula se incorporó al contrato, sin que mis representados pudieran, en absoluto, modificar dicho contenido obligacional, y sin que existiera, siquiera, una mínima negociación al respecto. Extremos que definen el elemento de imposición, tal y como se establece en la sentencia de nuestro Tribunal Supremo, en recurso de casación número 485/2012, de fecha 9 de mayo de 2013:

«a) La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar.

b) No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación, aunque varias de ellas procedan del mismo empresario.

c) Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios.

d) La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el empresario».

Asimismo, concurren el elemento de la generalidad, al haberse determinado este tipo de cláusulas por la propia entidad bancaria, con independencia de la persona del prestatario; esto es, se trata de una cláusula destinada por el prestamista a ser incorporada en una pluralidad de contratos. Resulta de aplicación por ello la LCGC, cuyo art. 1.1 dispone que "[s]on condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos".
En todo caso, de estimarse que no se trata de una condición general de la contratación, nos encontramos ante una cláusula que no ha sido negociada individualmente, en el sentido de los arts. 80 y 82 del TRLGDCU, correspondiendo a la entidad financiera demandada la carga de la prueba de este extremo, conforme se establece en el art. 82.2, párrafo segundo, de TRLGDCU, a cuyo tenor: "El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba".
TERCERO. - CARÁCTER ABUSIVO DE LA CLÁUSULA

Conforme al artículo 82.1 Texto Refundido para la Defensa de Consumidores y Usuarios son cláusulas abusivas «todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato», y añade, en el apartado tercero del mismo artículo que «el carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa» y, a continuación, en los artículos 85 a 90 de la citada Ley, se establece un catálogo de cláusulas que, de estar alguna de ellas incluidas en un contrato celebrado entre un empresario y un consumidor, se considerarán abusivas.
Asimismo, el artículo 8.2 LCGC señala que, "en particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios". Remisión que, deben entenderse referida, al texto actualmente vigente en dicha materia, citado anteriormente.
El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la sentencia número 46/2019, de 23 de enero (Tol 7.009.166) declaró la abusividad de las cláusulas que imponen al consumidor en su totalidad el pago de los gastos derivados de la escritura de préstamo hipotecario. Esta sentencia ordenó una distribución de los gastos de notaría, registro de la propiedad y gestoría, entre el prestamista y el prestatario. En el mismo sentido pronunció el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en las sentencias número 44/2019, de 23 de enero (Tol 7009161) y 49/2019, de 23 de enero (Tol 7009183).

La sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, en los asuntos acumulados C224/19 y C259/19 (Tol 8010114), ha establecido la obligación de la banca de devolver todos los gastos hipotecarios abusivos, con la salvedad de que las disposiciones de Derecho nacional aplicables a este efecto impongan al consumidor el abono de la totalidad o de una parte de esos gastos. De este modo, el TJUE recuerda que si la cláusula es declarada abusiva solo pueden moderarse la devolución de las cantidades cuando la ley imperativa así lo acuerde, lo que significa que, salvo el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el resto de los importes satisfechos habrán de restituirse íntegramente. En concreto, el fallo de la sentencia contiene, en relación a esta cuestión, el siguiente pronunciamiento:

1) El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos.

(...)

Respecto al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, conforme a lo resuelto por la Sala Primera del Tribunal Supremo en las sentencias 147/2018 y 148/2018, de 15 de marzo:

"En lo que afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados habrá que estar a las siguientes reglas:

a) Respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo, el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el prestatario.
b) En lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en cuanto al derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta, será sujeto pasivo el prestatario.
c) En cuanto al derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas, habrá que distinguir entre el timbre de la matriz y el de las copias autorizadas. Respecto de la matriz, corresponde el abono del impuesto al prestatario, salvo en aquellos casos en que exista un pacto entre las partes sobre la distribución de los gastos notariales y registrales, en los que también se distribuirá el pago del impuesto por la matriz. Mientras que, respecto de las copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien las solicite.
d) Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de hipotecas de cualquier clase están exentas en cuanto al gravamen gradual de la modalidad "Actos Jurídicos Documentados" que grava los documentos notariales".
(Si el préstamo se ha suscrito con posterioridad a la modificación del art. 29 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, operada por el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, cabrá reclamar, asimismo, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, añadiéndose entonces lo siguiente):

Resulta aplicable el art. 29 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en la redacción otorgada por el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la citada Ley y que fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre siguiente), que establece que cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista.
CUARTO-NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

Dada la consideración de cláusula abusiva de la impugnada, procede su declaración de nulidad, de conformidad con los artículos 8.2 LCGC y 83.1 del Texto Refundido de la Ley de Consumidores. La nulidad de la cláusula abusiva no conlleva la ineficacia del contrato, el cual puede subsistir sin la misma, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 10 LCGC y 83.1 y 2 de la Ley de Consumidores.
QUINTO. - CONDENA AL REINTEGRO

Como consecuencia de la declaración de nulidad, y en aplicación del artículo 1.303 del Código Civil, procede la restitución de las cosas que se recibieron por razón de la cláusula contractual cuya nulidad e ineficacia se solicita. Por ello, se solicita que, como efecto derivado de la nulidad peticionada en nuestro escrito de demanda, se condene a la entidad bancaria a devolver a mi cliente las cantidades que se han cobrado indebidamente para la formalización de la hipoteca.
SEXTO. - DE LOS INTERESES DEBIDOS

Procede asimismo la condena al abono de los intereses legales por las cantidades abonadas en aplicación de la cláusula que impuso los gastos de constitución de la hipoteca a los actores (art. 1301 del Código Civil).
Estos intereses serán sustituidos por los moratorios procesales a partir del dictado de la sentencia de primera instancia (artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento civil).
Y, por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito y los documentos que se acompañan, se tenga por formulada demanda frente a la entidad demanda y, previos los trámites procesales legalmente establecidos, se dicte sentencia por la que:

1º) Se declare la nulidad, por tener el carácter de cláusula abusiva, de la condición general de la contratación ............ del préstamo hipotecario impuesta a mis mandantes por la demandada, por la que se impone a los mismos el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación que se devenguen como consecuencia del préstamo hipotecario número .......... de .... de ........ de ............ .

2º) De forma accesoria a esta segunda pretensión principal, se condene a la entidad demandada al reintegro de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la cláusula de imposición de gastos impugnada y que asciende a la suma de ...........euros (........... euros), más los intereses legales devengados desde su abono.
3º) Se condene expresamente a la demandada al pago de las costas causadas en este procedimiento.

Es justicia que respetuosamente se pide en (lugar), a (fecha)

Firma de Abogado Firma de Procurador

Este documento se ofrece con una finalidad informativa. Velamos por la actualidad, exactitud y veracidad de los mismos, si bien se advierte que no son los textos oficiales y se declina toda responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones en los mismos.
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