Jurisprudencia

Cabecera: Condenan al Servicio Canario de Salud por el ataque de un paciente de urgencias psiquiátricas a una enfermera. El Juzgado obliga al Servicio Canario de Salud a indemnizar con más de 195.000 euros a una profesional que fue agredida en un centro hospitalario por incumplimiento de normativa de prevención en riesgos laborales. El paciente le retorció la mano hasta provocarle una incapacidad laboral permanente
Jurisdicción: Social
Origen: Juzgado de lo Social
Fecha: 28/01/2019
Tipo resolución: Sentencia Sección: Novena
Voces sustantivas: Accidente de trabajo, Imprudencia, Incapacidad, Inspección de trabajo, Medidas de seguridad, Seguridad y salud laborales, Seguridad social, Accidente de circulación, Base reguladora, Caso fortuito, Causas de exoneración, Consecuencias del incumplimiento, Cumplimiento de la ley, Daños y perjuicios, Expediente administrativo, Edad, Equipos de valoración de incapacidades, Fuerza mayor, Incapacidad permanente absoluta, Incapacidad temporal, Lesión, Negligencia, Personal estatutario, Personal laboral, Personal sanitario, Resoluciones administrativas, Seguridad y salud, Seguridad y salud laboral, Servicios de prevención, Trabajadores por cuenta ajena, Agresión, Asistencia sanitaria, Adopción, Centro de trabajo, Evaluación de riesgos, Fuerza mayor, Información continuada, Marcas, Medida de seguridad, Medidas de protección, Medidas preventivas, Puertos, Plazos, Puestos de trabajo, Riesgos laborales
Voces procesales: Avales, Conexión, Informe pericial, Juicio oral, Recurso de suplicación, Cuenta de depósito, Determinación de la cuantía

RESUMEN:

El Juzgado de lo Social número nueve de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia ha condenado al Servicio Canario de Salud (SCS) a abonar una indemnización de 195.695,77 euros a una enfermera que quedó incapacitada tras sufrir una agresión por parte de un paciente de urgencias psiquiátricas, por "incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales".
Según detalla la sentencia, dictada el pasado 28 de enero por el magistrado Óscar González Prieto, la afectada, de 34 años cuando sucedieron los hechos -el otoño de 2015- , prestaba su servicio como personal estatutario eventual realizando funciones de enfermería en la unidad de Urgencias Psiquiátricas del Hospital Doctor Juan Negrín de Gran Canaria.
El 25 de septiembre de aquel año, sobre las 14.30 horas aproximadamente, la enfermera se encontraba en su puesto acompañada de una auxiliar asistiendo a un paciente psiquiátrico, y cuando éste observó que la auxiliar se dirigía al servicio, "aprovechó para intentar escapar".
Añade el fallo -adelantado por el periódico local La Provincia/Diario de Las Palmas- que la enfermera, al percatarse de lo que sucedía, llamó al paciente por su nombre, y éste, sin hacerle caso, continuó con un intento de huida, abriendo la puerta del servicio de psiquiatría. La enfermera le pidió que volviera a la zona de paciente, y el aludido se negó "de forma agresiva".
"En un intento de tranquilizar al paciente", expone el magistrado, la enfermera "puso su mano en el hombro de éste", que reaccionó "agarrando del brazo izquierdo" a la profesional.
La trabajadora solicitó auxilio de su compañera, que acudió inmediatamente, "consiguiendo entre las dos que el paciente se relajara y volviera al servicio, soltándole el brazo", detalla la resolución.
El mismo día de los hechos, la enfermera recibió asistencia sanitaria de lo que en principio no iba más allá de un "esguince de muñeca" pero, advierte la resolución, "la evolución de la patología fue inusualmente tórpida", hasta provocar en la mano una inmovilidad que derivó en la declaración de incapacidad laboral permanente el 25 de mayo de 2017.
Actualmente, la afectada acusa rigidez severa en el miembro, dolor en las articulaciones y unas alteraciones -"edema, coloración, dedos en garra"- que "se aprecian a simple vista, atraen la mirada de terceros y alteran la relación interpersonal de la lesionada", destaca la sentencia.
El magistrado Óscar González ha aceptado la tesis de la demandante de que su incapacidad tiene origen en "la falta de prevención de riesgos laborales en el interior de un centro de trabajo del Servicio Canario de Salud".
Ni formada ni informada

Recuerda la sentencia el Servicio Canario de Salud elaboró en 2006 un Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores, que preveía una serie de medidas de seguridad que, al menos en este caso, no se llevó a cabo: "El Servicio Canario de Salud carece de Plan de Prevención de Riesgos Laborales. No consta documentada evaluación de riesgos laborales del servicio de urgencias del Hospital Doctor Juan Negrín de Gran Canaria, ni de puestos de trabajo. La trabajadora no ha recibido formación ni información alguna en materia preventiva, enumera el fallo, "no consta que en Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de Salud se haya facilitado a la trabajadora".
A juicio del magistrado, tras el juicio quedó probado que el incumplimiento en materia preventiva por parte de la administración fue "más que evidente": "No consta la evaluación de riesgos del concreto puesto de trabajo ocupado por la trabajadora , al menos a la fecha del siniestro; la trabajadora no ha recibido formación ni información en materia preventiva", subraya.
La sentencia agrega: "No cabe duda que la atención de pacientes psiquiátricos genera riesgos en la prestación del servicio, y ese riesgo no consta evaluado, ni consta la adopción de medidas para evitarlo o combatirlo".
"Es más", recalca, "el Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de Salud es manifiestamente insuficiente a los efectos que nos ocupan, sin perjuicio de no constar su implantación en el servicio en el que trabajaba la actora ni si conocimiento por parte de la trabajadora. Por último", concluye, "no es posible imputa la causación del siniestro a la falta de diligencia de la trabajadora, partiendo de la inexistente información y formación en la materia, y atendida la dinámica de los hechos".
La sentencia, que se adjunta debidamente anonimizada en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es susceptible de recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Si la Administración tiene intención de recurre el fallo, debe consignar la cantidad objeto de la condena o aval bancario equivalente en la cuenta de depósitos del Juzgado.

ENCABEZAMIENTO:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 2019.
Visto por mí, D./Dña. ÓSCAR GONZÁLEZ PRIETO, Magistrado/Juez del Juzgado de lo Social Nº 9 de los de Las Palmas de Gran Canaria y su provincia, en audiencia pública, el juicio sobre Reclamación de Cantidad, seguido ante este Juzgado bajo nº 0000690/2018, promovido a instancia de XXX XXXX XXXXX con Tipo identificación:Demandante XXXXX, contra SERVICIO CANARIO DE SALUD, atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 27 de julio de 2018 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes, solicitó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se señaló día y hora para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, los cuales tuvieron lugar en el día y hora señalados. En trámite de alegaciones la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda. Por su parte, la entidad demandada se opuso a las pretensiones esgrimidas de contrario, en los términos que constan en el acta extendida al efecto. En conclusiones las partes sostuvieron sus respectivas pretensiones interesando de este Juzgado el dictado de una Sentencia de conformidad con sus pedimentos.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.
HECHOS PROBADOS

PRIMERO. Dña. xxxx xxxxx xxxx, nacida el día 29 de septiembre de 1981 y DNI xxxxxx, prestaba servicios como personal estatutario eventual (temporal), como DUE, realizando funciones de enfermería en la unidad de Urgencias Psiquiátricas del Hospital Doctor Juan Negrín de Gran Canaria.
SEGUNDO. El día 25 de septiembre de 2015, a las 14:30 horas aproximadamente, Dña. Xxxx xxxxx xxxxx se encontraba prestando servicios en la unidad de Urgencias Psiquiátricas del Hospital Doctor Juan Negrín de Gran Canaria junto a una auxiliar de enfermería, asistiendo a un paciente psiquiátrico. Cuando el paciente observó que la auxiliar se dirigía al servicio y entró en el mismo, aprovechó para intentar escapar. Dña. Xxxxx, al presenciar tal hecho, le llamó por su nombre. El paciente continuó con su intento de huida abriendo la puerta del servicio de psiquiatría. Dña. Xxxxx le pidió que volviera a la zona de paciente, negándose de forma agresiva. En es momento, Dña Xxxxx, en un intento de tranquilizar al paciente, puso su mano en el hombro de éste. El paciente reaccionó agrando del brazo izquierdo a Dña. Xxxxx, retorciéndoselo. La trabajadora solicitó auxilio de su compañera que acudió inmediatamente, consiguiendo entre las dos que el paciente se relajara y volviera al servicio, soltándole el brazo.
TERCERO. El mismo día recibió asistencia sanitaria con el diagnóstico de "esguince de muñeca", iniciando un proceso de incapacidad temporal derivado de contingencia profesional el día 26 de septiembre de 2015.
CUARTO. La evolución de la patología fue inusualmente tórpida.
En fecha 8 de marzo de 2017, por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS se emitió dictamen propuesta, determinado el cuadro clínico residual "torsión de muñeca izquierda. Síndrome de dolor regional complejo" y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes "síndrome de dolor regional complejo tras evolución tórpida de torsión forzada de muñeca izquierda (diestra), reconocida contingencia laboral, actualmente presente movilidad restringida en grados iniciales de dedos y mano/muñeca izquierdas, edematización crónica en guante, hiperalgesia a la mínima presión digital, en tratamiento con neuroestimulador subcutáneo con respuesta parcial", proponiendo la calificación del trabajador como incapacitado permanente, en grado de absoluta.
Por la Dirección Provincial del INSS, por resolución de 25 de mayo de 2017, se declaró a la trabajadora afecta del grado de incapacidad absoluta, conforme a una base reguladora de 2.978,10 euros y efectos económicos a 9 de marzo de 2017.
QUINTO. Dña. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx presenta un Síndrome Doloroso Regional Complejo Tipo I (distrofia simpático refleja, causalgia o atrofia de Sudeck.) en mano y muñeca izquierdas. (no dominante). Palidez y edema en mano y muñeca izquierdas, fría en relación con la mano contralateral. Nula movilidad por rigidez severa y dolor en todas las articulaciones de la mano y en la articulación de la muñeca. Las alteraciones de la mano izquierda (edema, coloración, dedos "en garra", se aprecian a simple vista, atraen la mirada de terceros y alteran la relación interpersonal de la lesionada a nivel gestual, actividades desarrolladas con un solo miembro.
SEXTO. Según la Tabla 2.1 A) "clasificación y valoración de las secuelas" de la Ley 35/2015:
código 01208: monoplejia de un miembro superior o inferior: de miembro superior (según dominancia).: rango 55-60 puntos.
Código 03117: síndrome residual postalgodistrofia de mano (dolor, edema, hiperhidrosis, osteoporosis): rango 1-5 puntos.
Código 03028: amputación de mano (carpo y/o metacarpo): unilateral. Rango: 35-40 puntos.
SÉPTIMO. El perjuicio estético moderado tiene una franja de 7-13 puntos y el ligero de 1-6 puntos.
OCTAVO. La trabajadora permaneció en situación de IT desde el 26 de septiembre de 2015 hasta que por la Dirección Provincial del INSS, por resolución de 25 de mayo de 2017, se declaró a la trabajadora afecta del grado de incapacidad absoluta, conforme a una base reguladora de 2.978,10 euros y efectos económicos a 9 de marzo de 2017.
NOVENO. La prestación de incapacidad temporal en pago delegado en el periodo 27/09/2015 hasta 31/10/2015 ascendió a 2.703.05 euros.
La prestación de incapacidad temporal en pago directo en el periodo 1/11/2015 a 24/05/2017 ascendió a 42.568,05 euros.
En el reconocimiento del grado de incapacidad absoluta se procedió al descuento de la prestación de IT abonada en el periodo coincidente de 09/03/2017 a 24/05/2017, por importe de 5.740,35 euros.
El capital coste de la prestación de incapacidad absoluta asciende a 972.802,48 euros.
DÉCIMO. En el año 2006 se elaboró el Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de Salud. Según el propio Plan, la citada prevención requiere de la aplicación de un conjunto de medidas y actuaciones: medidas de prevención y controlo de las condiciones que puedan propiciar situaciones conflictivas; medidas de seguridad para la prevención de las agresiones; actuación del servicio de prevención de riesgos laborales del SCS; recomendaciones para el manejo del paciente conflictivo y/o irritado.
El Plan contempla que "el servicio de prevención de riesgos laborales del SCS desarrollará las siguientes actividades dentro de su marco de competencias: evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, con especial constatación de las medidas de seguridad que tiene el centro ante situaciones conflictivas; comprobación de que el personal sanitario tiene a su disposición el protocolo de actuación ante agresiones y que utiliza las hojas de registro y comunicación de incidentes; seguimiento de las posibles repercusiones sobre la salud laboral de los trabajadores; adaptación del puesto de trabajo o reubicación si fuera necesario, siguiendo un procedimiento previamente determinado; información continuada mediante cursos en comunicación y habilidades en el manejo de situaciones conflictivas; recepción de datos en relación con los incidentes y análisis de los mismos en coordinación con las respectivas Unidades de Prevención.
De igual forma se prevé una evaluación y seguimiento periódicos de las medidas adoptadas en cada centro.
UNDÉCIMO. El Servicio Canario de Salud carece de Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
No consta documentada evaluación de riesgos laborales del servicio de urgencias del Hospital Doctor Juan Negrín de Gran Canaria, ni de puestos de trabajo.
La trabajadora no ha recibido formación ni información alguna en materia preventiva.
No consta que el Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de Salud se haya facilitado a la trabajadora.
DUODÉCIMO. Se interpuso reclamación extrajudicial en fecha 25 de mayo de 2018. 4

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 de la LRJS el anterior relato fáctico se desprende del siguiente soporte probatorio:
hecho primero: no controvertido, sin perjuicio de su refrendo documental.
Hecho segundo: documento n.º 3 aportado por la parte actora y su correlativo del expediente administrativo.
Hecho tercero: no controvertido, sin perjuicio de su refrendo documental.
Hecho cuarto: bloque documental n º4 aportado por la parte actora, así como de su informe pericial en relación con la evolución de la patología.
Hecho quinto: informe pericial de la parte actora, refrendado por su autor, corroborado por informes procedentes de la sanidad pública.
Hecho sexto y séptimo: informes periciales conforme a Ley 35/2015.
hecho octavo y noveno: expediente aportado por la Mutua Mac, obrante en autos. Hecho décimo: documentos 1 a 30 aportados por la entidad demandada.
Hecho undécimo: documentos 74 a 78 aportados por la entidad demandada.
SEGUNDO. Ante la pretensión indemnizatoria vinculada a incumplimientos en materia preventiva, se alza la entidad pública empleadora excepcionando en primer lugar la incompetencia de jurisdicción.
Según sostiene la demandante, el siniestro tuvo su origen en la falta de prevención de riesgos laborales en el interior de un Centro de Trabajo del Servicio Canario de Salud. La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, como expone en su Preámbulo, expresa que la ordenación de las materias objeto de conocimiento por el orden social se lleva a cabo en los tres primeros artículos de la Ley en los que, por un lado, se produce una unificación de la materia laboral que permite dar una cobertura más especializada y coherente a los distintos elementos de la materia laboral y, por otro y como consecuencia de lo anterior, la concentración en el orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo y que hasta ahora obligaban a los afectados a acudir necesariamente para intentar lograr la tutela judicial efectiva a los distintos juzgados y tribunales encuadrados en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Con esta fórmula se pretende que la jurisdicción social sea competente para enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la producción del daño sufrido por el trabajador en el marco laboral o en conexión directa con el mismo, creándose un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño causado. En este punto la Ley sigue al pacto social concretado en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012), así como a un amplio consenso de la doctrina científica. Asimismo, esta unificación permite de manera general convertir el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos5 laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos.
En cumplimiento de tal prevención el Artículo 2 de la LRJS bajo la rubrica "Ámbito del orden jurisdiccional social" dispone que "Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan : e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones."

Y tal precepto extiende la competencia de la jurisdicción social en esta concreta materia, con independencia de la naturaleza del vínculo que una al trabajador con la Administración. Es decir, en materia preventiva, incluida la reclamación de la responsabilidad derivada de su incumplimiento, la jurisdicción social ha de ser la competente. Por lo que procede la desestimación de la excepción.
Se alegó igualmente por la entidad pública que la demanda era extemporánea, pues al tratarse de un procedimiento instado a solicitud del interesado no habría transcurrido el plazo máximo para dictar resolución expresa, conforme prevé el artículo 21 de la ley 39/2015, de 1 de octubre. No obstante, y si bien es cierto que al tiempo de interponer demanda (25 de julio de 2018) no había transcurrido el referido plazo, sí se había agotado al tiempo de celebración del acto del juicio oral, sin resolución expresa. Pero es más, ninguna indefensión cabría alegar, siendo la inactividad administrativa imputable exclusivamente a la Administración empleadora. En el presente supuesto, el único plazo relevante es el prescriptivo general previsto en el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, no invocado y no concurrente.
TERCERO. Incumplimiento en materia preventiva. El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL) bajo el epígrafe " derecho a la protección frente a los riesgos laborales " establece que las personas trabajadoras " tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales". Añadiendo el punto 2 que en cumplimiento del deber de protección, " el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el6 empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores ".
Por su parte el art. 15 de la misma LPRL obliga al empresario a evitar los riesgos y a combatirlos en su origen, siendo el medio para llevar a cabo este objetivo el plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el siguiente precepto del mismo artículo, siendo instrumentos del mismo tanto la formación como la información al trabajador ( art. 19 LPRL ).
Así, en la reciente Doctrina Jurisprudencial se pueden leer expresiones del siguiente tipo: ". La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá - incluso- de las exigencias reglamentarias"; " .el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y15.4 LPRL ], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración..."; "...que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado..." y que "...deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fuera..."

Son tres los principios que se han de considerar a los efectos de valorar si el empresario agotó o no la diligencia exigible (3):
-el principio de posibilidad, que relaciona medidas posibles y riesgos existentes.
-el principio de la aplicación del mejor medio técnico, con independencia de su coste económico.
-el principio de la previsión de las imprudencias normales y profesionales del trabajador.
Pero tal exigencia no concluye aquí, pues existen otros principios derivados de la normativa en materia de prevención de riegos laborales que inciden o delimitan la diligencia exigible conforme a la secuencia preventiva que contiene el artículo 15 de la LPRL. De tal forma que el empresario deberá acreditar que evaluó todos los riesgos adoptando el plan preventivo adecuado con su correspondiente plasmación práctica; que se ha adoptado el mejor medio técnico; que se ha facilitado formación e información; que en relación con cada riesgo concreto se han adoptado las medidas preventivas específicas aún cuando no exista previsión normativa, siempre que fuera conocida y mejore la seguridad y salud laboral; que se haya tenido en cuenta la situación particular de cada trabajador en la asignación del trabajo; y que se haya vigilado el cumplimiento de las medidas preventivas (culpa in eligendo o in vigilando).
Visto lo anterior, ha resultado acreditado que en el año 2006 se elaboró el Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de Salud. Según el propio Plan, la citada prevención requiere de la aplicación de un conjunto de medidas y actuaciones: medidas de prevención y controlo de las condiciones que puedan propiciar situaciones conflictivas; medidas de seguridad para la prevención de las agresiones; actuación del servicio de prevención de riesgos laborales del SCS; recomendaciones para el manejo del paciente conflictivo y/o irritado. El Plan contempla que "el servicio de prevención de riesgos laborales del SCS desarrollará las siguientes actividades dentro de su marco de competencias: evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, con especial constatación de las medidas de seguridad que tiene el centro ante situaciones conflictivas; comprobación de que el personal sanitario tiene a su disposición el protocolo de actuación ante agresiones y que utiliza las hojas de registro y comunicación de incidentes; seguimiento de las posibles repercusiones sobre la salud laboral de los trabajadores; adaptación del puesto de trabajo o reubicación si fuera necesario, siguiendo un procedimiento previamente determinado; información continuada mediante cursos en comunicación y habilidades en el manejo de situaciones conflictivas; recepción de datos en relación con los incidentes y análisis de los mismos en coordinación con las respectivas Unidades de Prevención. De igual forma se prevé una evaluación y seguimiento periódicos de las medidas adoptadas en cada centro.
El Servicio Canario de Salud carece de Plan de Prevención de Riesgos Laborales. No consta documentada evaluación de riesgos laborales del servicio de urgencias del Hospital Doctor Juan Negrín de Gran Canaria, ni de puestos de trabajo. La trabajadora no ha recibido formación ni información alguna en materia preventiva. No consta que el Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de Salud se haya facilitado a la trabajadora.
Y el incumplimiento en materia preventiva es más que evidente. El Servicio Canario de Salud carece de plan de prevención de riesgos laborales; no consta la evaluación de riesgos del concreto puesto de trabajo ocupado por la trabajadora, al menos a la fecha de siniestro; la trabajadora no ha recibido formación ni información en materia preventiva. No cabe duda que la atención de pacientes psiquiátricos genera riesgos en la prestación del servicio, y ese riesgo no consta evaluado ni consta la adopción de medidas para evitarlo o combatirlo. Pero es más, el Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de Salud es manifiestamente insuficiente a los efectos que nos ocupan, sin perjuicio de no constar su implantación en el servicio en el que trabajaba la actora ni su conocimiento por parte de la trabajadora. Y tal carencia en materia preventiva no se puede colmar con la experiencia profesional que se predica de la trabajadora. Por último, no es posible imputar la causación del siniestro a la falta de diligencia de la trabajadora, partiendo de la inexistente información y formación en la materia y atendida a la dinámica de los hechos.
CUARTO. Valoración del daño. Para ello, se utilizará el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, conforme a Ley 35/2015, de 22 de septiembre. Sistema al que atienden las dos partes, actualizándose los importes a 2018, tal y como interesó la parte actora y autoriza el artículo 40.1 del citado texto legal.
Lesiones temporales: perjuicio personal particular.
Como consecuencia del siniestro, la trabajadora inició un proceso de incapacidad temporal que se inició en fecha 26 de septiembre de 2015. En fecha 8 de marzo de 2017, por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS se emitió dictamen propuesta, determinado el cuadro clínico residual "torsión de muñeca izquierda. Síndrome de dolor regional complejo" y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes "síndrome de dolor regional complejo tras evolución tórpida de torsión forzada de muñeca izquierda (diestra), reconocida contingencia laboral, actualmente presente movilidad restringida en grados iniciales de dedos y mano/muñeca izquierdas, edematización crónica en guante, hiperalgesia a la mínima presión digital, en tratamiento con neuroestimulador subcutáneo con respuesta parcial", proponiendo la calificación del trabajador como incapacitado permanente, en grado de absoluta. Por la Dirección Provincial del INSS, por resolución de 25 de mayo de 2017, se declaró a la trabajadora afecta del grado de incapacidad absoluta, conforme a una base reguladora de 2.978,10 euros y efectos económicos a 9 de marzo de 2017.
La regla general es, en este ámbito, que la situación de incapacidad temporal o lesiones temporales (no son idénticos los conceptos) se extienda hasta al momento de la declaración administrativa del grado correspondiente de incapacidad, que se identifica con el de estabilización lesional. En el presente supuesto, atendida la fecha de efectos económicos del reconocimiento del grado de incapacidad absoluta, se ha de entender que la estabilización lesional coincide con la del dictamen propuesta del EVI, fecha hasta la que se ha de extender el periodo de lesiones temporales. 26/09/2015 a 8/03/2017: 529 días. Existiendo impedimento psicofísico para llevar a cabo su actividad profesional, el perjuicio personal particular se califica como moderado, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 138.4 y 5 de la Ley 35/2015.
El perjuicio personal particular moderado se valora, conforme actualización 2018, a razón de 50,26 euros/día. 529 días por 50,26 euros/día= 27.645,54 euros

Secuelas. Perjuicio personal básico psicofísico. Dña. Xxxxx Xxxxx Xxxxx presenta un Síndrome Doloroso Regional Complejo Tipo I (distrofia simpático refleja, causalgia o atrofia de Sudeck...) en mano y muñeca izquierdas. (no dominante).
Palidez y edema en mano y muñeca izquierdas, fría en relación con la mano contralateral. Nula movilidad por rigidez severa y dolor en todas las articulaciones de la mano y en la articulación de la muñeca.
Según la Tabla 2.1 A) "clasificación y valoración de las secuelas" de la Ley 35/2015:
  1. código 01208: monoplejia de un miembro superior o inferior: de miembro superior (según dominancia).: rango 55-60 puntos.
  2. Código 03117: síndrome residual postalgodistrofia de mano (dolor, edema, hiperhidrosis, osteoporosis): rango 1-5 puntos.
  3. Código 03028: amputación de mano (carpo y/o metacarpo): unilateral. Rango: 35-40 puntos.
La primera opción, (-código 01208: monoplejia de un miembro superior o inferior: de miembro superior (según dominancia).: rango 55-60 puntos), es la pretendida por la parte actora, y ha de ser rechazada considerando que la monoplejia de miembro superior implica la parálisis del brazo en su totalidad, y no como en el presente supuesto, que se circunscribe a muñeca y dedos.
La segunda opción (Código 03117: síndrome residual postalgodistrofia de mano (dolor, edema, hiperhidrosis, osteoporosis): rango 1-5 puntos), que en su caso admitiría la entidad demandada, ha de ser igualmente rechazada, toda vez que se contempla una secuela de escasa entidad, sin repercusión funcional grave.
Y la tercera opción (Código 03028: amputación de mano (carpo y/o metacarpo): unilateral. Rango: 35- 40 puntos), es la que se acomoda en mayor medida a la realidad patológica y sintomatológica que presenta la actora. No existe un mero edema, o dolor más o menos intenso, sino que la muñeca y dedos se encuentran absolutamente afuncionales, con el añadido de dolor al menor contacto. La mano se encuentra inservible, lo que permite su asimilación a la amputación, atendida la repercusión funcional. Y en el rango 35-40, tratándose de mano no dominante, pero con el añadido de las algias preexistentes, la puntuación que se estima acorde es de 37 puntos.
Atendida la edad de la lesionada a fecha del siniestro, (3310 años) y el número de puntos de secuela (37), en aplicación de la Tabla 2. A. 2 del baremo, resulta una cantidad de 66.428,50 euros.
Perjuicio personal básico estético.
Las alteraciones de la mano izquierda (edema, coloración, dedos "en garra", se aprecian a simple vista, atraen la mirada de terceros y alteran la relación interpersonal de la lesionada a nivel gestual, actividades desarrolladas con un solo miembro...
De conformidad con lo previsto en los artículos 101 y 102.2 e) de la Ley 35/2015, el perjuicio estético se califica como moderado, y se considera correcta la puntuación ofrecida por la parte actora (7-13), de 9 puntos.
Atendida la edad de la lesionada a fecha del siniestro, (33 años) y el número de puntos de secuela estética (9), en aplicación de la Tabla 2. A. 2 del baremo, resulta una cantidad de 8.621,73 euros.
Perjuicio personal particular por pérdida de calidad de vida.
Declarada la incapacidad permanente absoluta por resolución administrativa firme, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 108.3 de la Ley 35/2015, nos encontramos ante un grado de perjuicio moral por pérdida de calidad de vida grave, y su valoración, conforme a la Tabla 2 B, comprende la franja de 40.200,25 euros hasta 100.500,63 euros. Los parámetros para la determinación de la cuantía del perjuicio son la importancia y el número de las actividades afectadas y la edad del lesionado que expresa la previsible duración del perjuicio. Se entiende por actividades de desarrollo personal aquellas actividades, tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio y la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo, que tienen por objeto la realización de la persona como individuo y como miembro de la sociedad.
La actora es una persona joven, con un gran recorrido vital, restándole más de 30 años de posible actividad laboral a fecha del siniestro. Las limitaciones funcionales y estéticas acreditadas han de afectar a la mayor parte de actividades de desarrollo personal, en especial por la sintomatología dolorosa al mínimo contacto. Y si bien es cierto que se trata de la mano no dominante, las actividades afectadas, que incluso se extienden a las actividades esenciales de la vida diaria (vestirse o asearse) son de tal importancia, cuantitativa y cualitativamente, que permiten situarnos en tramo superior de la franja, estimándose correcta la cantidad pretendida por la parte actora por tal concepto, en el importe de 93.000 euros.
Total indemnización: 27.645,54 euros + 66.428,50 euros + 8.621,73 euros + 93.000 euros = 195.695,77 euros.
De la citada cantidad no procede efectuar descuento alguno en concepto de abonos por prestaciones de seguridad social al compensar perjuicio no homogéneos.
QUINTO. Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.
Vistos los artículos legales y demás de pertinente y general aplicación

FALLO:

ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Dña. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx contra el Servicio Canario de Salud en materia de reclamación de daños y perjuicios derivados de incumplimiento de normativa de prevención de riesgos laborales CONDENANDO al Servicio Canario de Salud a abonar a la trabajadora la suma de 195.695,77 euros, cantidad que devengará el oportuno interés legal.
Notifíquese la presente sentencia en legal forma a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recurso que deberá anunciarse ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación, siendo indispensable que el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita acredite, al anunciarlo, haber consignado la cantidad objeto de la condena, que podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval bancario; la consignación deberá efectuarse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander al número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 al concepto 3497 0000 65 0690 18. Se significará, además, que todo el que, sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo, beneficio del régimen público de la Seguridad Social o de justicia gratuita, intente interponer recurso de suplicación, deberá efectuar un depósito de 300 euros, que ingresará, con independencia de la consignación, en su caso, en la indicada cuenta y concepto, debiendo, el recurrente, hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo de interponer el recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para constancia, lo pronuncio, mando y firmo.