Jurisprudencia

Cabecera: Responsabilidad por daños en inmuebles y edificios.
Jurisdicción: Civil
Origen: Audiencia Provincial de Barcelona
Fecha: 27/12/2018
Tipo resolución: Sentencia Sección: Cuarta
Número Sentencia: 952/2018 Número Recurso: 1251/2017
Numroj: SAP B 12878/2018
Ecli: ES:APB:2018:12878
Voces sustantivas: Acuerdos de la junta de propietarios, Compraventa, Herencia, Propiedad horizontal, Registro de la propiedad, Acción de cesación, Aceptación de herencia, Actividades prohibidas, Adopción de acuerdos, Condominio, Domicilio, Junta de propietarios, Obras de mejora, Presidente de la comunidad de propietarios, Relación de causalidad, Representación orgánica, Título constitutivo de la propiedad horizontal, División de fincas, Embargo, Finca matríz, Legitimación, Legitimación activa, Puertos, Propiedad, Realización de obras, Representación de la comunidad
Voces procesales: Costas procesales, Prueba, Recurso de apelación, Dictamen pericial, Escrito de oposición, Prueba documental, Pluspetición, Poder para pleitos, Prueba pericial, Relación de causalidad

ENCABEZAMIENTO:


Sección nº 04 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68, pl. 1 - Barcelona - C.P.: 08013
TEL.: 935672160
FAX: 935672169
EMAIL:aps4.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0818442120158126804
Recurso de apelación 1251/2017 -P
Materia: Juicio verbal
Órgano de origen:Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Rubí
Procedimiento de origen:Juicio verbal (250.2) (VRB) 433/2015
Parte recurrente/Solicitante: Florentino , Felicisima
Procurador/a: Victoria Garcia Fredes
Abogado/a:
Parte recurrida: CATALANA OCCIDENTE, CONSTRUCTORA PASQUINA S.A
Procurador/a: Mónica Llovet Perez
Abogado/a:
SENTENCIA Nº 952/2018
Magistrada: Marta Dolores del Valle Garcia
Barcelona, 27 de diciembre de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO. En fecha 27 de septiembre de 2017 se han recibido los autos de Juicio verbal (250.2) (VRB) 433/2015 remitidos por Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Rubí a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª Victoria Garcia Fredes, en nombre y representación de D. Florentino y Dª Felicisima contra Sentencia - 18/11/2016 y en el que consta como parte apelada la Procuradora Dª Mónica Llovet Perez, en nombre y representación de CATALANA OCCIDENTE, CONSTRUCTORA PASQUINA S.A.
SEGUNDO. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente: "Que DEBO ACORDAR Y ACUERDO DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por Florentino , representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Victoria García Fredes, contra PASQUINA, SA y como responsable Civil Directa contra la aseguradora Catalana Occidente, representados por la Procuradora de los Tribunales Dª Mónica Llobet Pérez, con condena en costas a la parte actora."

TERCERO. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- En la demanda rectora del procedimiento, D. Florentino -fallecido con posterioridad a su presentación y sucedido procesalmente por su heredera, Dª Felicisima - solicitó la condena de las demandadas CONSTRUCTORA PASQUINA, S.A. y CATALANA OCCIDENTE, S.A. a abonarle solidariamente la suma de 3.102,71 euros, más los intereses del art.20 LCS respecto de la aseguradora; ello en concepto de indemnización por los daños que, según afirmó, había sufrido en la vivienda de su propiedad, sita en la CALLE000 , nº NUM000 de Sant Vicenç dels Horts, a consecuencia de las obras realizadas frente a la misma, en la vía pública, por parte de la empresa demandada, obras realizadas por encargo del Ayuntamiento de la localidad, que se iniciaron en mayo de 2014 y que terminaron en julio de 2014. Alegó que dichas obras habían producido grietas y fisuras, debido a la utilización de maquinaria pesada, que incluyó una compactadora vibradora grande y una fresadora de asfalto. Añadió que lo comunicó a los operarios que llevaban a cabo las obras y que dirigió reclamación extrajudicial a las demandadas, quienes desatendieron su petición.
Las demandadas se opusieron a la demanda, alegando, en primer término, falta de legitimación activa, pues afirmaron que quedaba un poco indefinido a qué vivienda se refería la parte actora al efectuar su pretensión, pues en la demanda se hacía referencia a la totalidad de la finca, aunque tenga apariencia de casa, al estar sujeta al régimen de propiedad horizontal; se aporta con la demanda escritura de división de la finca en propiedad horizontal, pero no pone de relieve que, posteriormente, las fincas resultantes se fueron vendiendo a terceras personas; la parte efectuaba una reclamación no solo de daños en la propia vivienda, sino también en cuanto a lo que eran cuestiones estructurales de la finca, que correspondían a la Comunidad de Propietarios legítimamente constituida, sin haber aportado acta alguna que le legitimase para reclamar en nombre de la Comunidad. Además, la finca se integraba de planta baja y de planta primera, dividida esta última en planta primera primera y en primera segunda, pero en la demanda se hacía referencia a que la vivienda de que se trata es la del piso primero puerta izquierda, sin determinar si se hace referencia al piso primera primera o al piso primero segunda, cuando, a tenor de la documentación registral que aportaba con la contestación, la vivienda primera primera es propiedad de la Sra. Noelia , mientras que el piso primero segunda sí que era propiedad del Sr. Florentino y de su esposa. Negó la relación de causalidad entre las obras realizadas y los daños que se decían causados, por tratarse de una finca de 1928 en la que ya existían grietas debidas al paso del tiempo, con reparaciones que se podían visualizar a simple vista; el perito de la actora fue a la vivienda después de realizadas las obras y las catas -los testigos- no fue él quien colocó los testigos, aparte de que, antes de las obras no había testigos puestos, y los colocados después indicaban no se habían movido; las obras fueron encargadas por el Ayuntamiento, con todos los permisos para llevarlas a cabo sin tipo alguno de riesgo, y no se había recibido ninguna otra reclamación. Alegó que las máquinas utilizadas eran las utilizadas en todas las obras públicas, que las grietas ya existían, y que la casa no tenía reparaciones exteriores, sin un mantenimiento robusto y serio, sino pequeños "parches". Formuló pluspetición, por no tenerse en cuenta la antigüedad de la finca y su deterioro.
La sentencia es desestimatoria de la demanda, pues se aprecia la falta de legitimación activa de la parte actora, porque: 1) parte de los daños cuya indemnización se reclama van referidos a elementos comunitarios del edificio, dividido en propiedad horizontal, por lo que la legitimación activa para la reclamación correspondería a la Comunidad de Propietarios, y 2) respecto de los daños en elementos privativos, de la documental aportada con la demanda y del dictamen pericial de la parte actora no resulta acreditado a qué inmueble se refiere la reclamación, sin contener el dictamen referencia registral alguna, aparte de existir otro titular que no coincide con la parte actora.
La parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia y solicita su revocación.
Las demandadas se oponen al recurso y solicitan la confirmación de la sentencia.
SEGUNDO.- La apelante funda su recurso en el error en la valoración de las pruebas.
Alega que la valoración de la prueba documental no se atiene a las normas de la lógica, puesto que con la demanda fue aportada escritura de compraventa que acredita la titularidad de la finca por la parte actora, y consta que se compone de planta baja y de planta piso con dos viviendas, susceptibles de aprovechamiento independiente y que se regirá por las normas del art.396 CC y por la LPH. Alega que las demandadas no han aportado documento alguno acreditativo de que se haya otorgado el título constitutivo de la propiedad horizontal, cuando les correspondía las carga de ese extremo ( art.217 LEC), como no han aportado tampoco documento alguno acreditativo de que los propietarios hayan optado por constituirse en una sola Comunidad, resultando de la información registral aportada por las demandadas que la parte actora es propietaria de la mitad de la planta primera, siendo la Sra. Noelia propietaria de la otra mitad, lo que hace prácticamente imposible la composición de la Junta, el nombramiento de cargos y la adopción de acuerdos por unanimidad, ante la oposición de cualquiera de los propietarios. Alega que la parte actora tiene legitimación activa por el hecho de ser propietaria de la planta baja y de un piso de la planta primera, ostentando participación de la mitad de la finca, y, aunque el otro partícipe (la Sra. Noelia ) no es parte en el procedimiento, es jurisprudencia reiterada que cualquiera de los comuneros puede ejercitar acciones en beneficio de la comunidad, en defensa de sus intereses. No considera de recibo manifestar que no es posible identificar la vivienda primera propiedad de la parte actora por la que reclama daños, correspondiendo éstos a la planta primera de la finca. Añade que, en ningún caso, ha sido discutida la titularidad registral de la parte actora de la planta baja y de un piso de la planta primera, que pueda amparar el rechazo como titular perjudicado de los daños producidos en los elementos privativos (recibidor, pasillo, baño, habitación principal y habitación individual, y que la omisión en la resolución recurrida de pronunciamiento al respecto no se ajusta al principio de tutela judicial efectiva y de exhaustividad y congruencia del art.218 LEC.
Al respecto, cabe puntualizar que la parte actora no aportó con su demanda escritura pública de compraventa de la finca, sino escritura pública de división horizontal de 6 de febrero de 1971, por más que en ella se haga expresa referencia a que D. Florentino y Dª Felicisima "son dueños por mitades e iguales partes, del pleno dominio de la siguiente finca: Casa en San Vicente dels, CALLE000 , número NUM001 se compone de planta baja con una vivienda y planta piso con dos viviendas (...) La compraron a Dª Virtudes , en escritura ante el infrascrito, de fecha 29 de Abril de 1.969".
En dicha escritura de división horizontal, "PROCEDEN A DIVIDIR dicha finca, en tantas otras, como viviendas tiene la misma, las cuales deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad como fincas separadas e independientes (...) quedando en condominio proindiviso de los propietarios de todas y cada una de dichas nuevas fincas, todos los elementos comunes del edificio matriz, necesarios para su adecuado uso y disfrute, según determina el artículo 396 del Código Civil. Consta también en dicha escritura pública que "Las referidas viviendas, resultantes de la susodicha división de finca matriz, son las siguientes: =PLANTA BAJA= Uno.- Vivienda bajos, integrante toda la planta baja (...) Coeficiente, cincuenta enteros por ciento.- =PLANTA - PISO PRIMERA= Dos.- Vivienda primero, primera puerta, integrante parte de la planta primera (...) Coeficiente, veinticinco enteros por ciento.- Tres.- Vivienda primera, segunda puerta, integrante parte de la planta primera (...) Coeficiente, veinticinco enteros por ciento.- (...) La comunidad de propietarios de las viviendas en que se ha dividido la finca matriz, se regirá por las normas contenidas en el artículo 396 del Código Civil y Ley de 21 de Julio de 1.960. La participación de cada vivienda en los gastos generales o comunes, será la que resulte a tenor del coeficiente o cuota asignada a cada uno de ellas. IV.- Para regular los detalles de convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes, los copropietarios de la totalidad del inmueble, podrán fijar en su día, dentro de los límites establecidos por la citada Ley, las normas de régimen interior que obligarán a cada titular, mientras no sean modificadas".
Por lo tanto, es la propia parte actora la que aporta el título constitutivo de la propiedad horizontal, donde consta que "La comunidad de propietarios de las viviendas en que se ha dividido la finca matriz, se regirá por las normas contenidas en el artículo 396 del Código Civil y Ley de 21 de Julio de 1.960", siendo cuestión distinta que la comunidad de propietarios pueda no haberse constituido en Junta, pueda no haber nombrado un Presidente, etc. Así, según la información registral aportada por las demandadas, la parte actora es propietaria de la vivienda primero, segunda puerta (entidad Tres, según la escritura pública de división en propiedad horizontal), que tiene un coeficiente el 25%, aparte de ser también propietaria de la vivienda bajos sita en la planta baja (entidad Uno, según la escritura pública de división en propiedad horizontal) con un coeficiente del 50%, como resulta de la escritura de aceptación de herencia aportada por la Sra. Felicisima para acreditar que es la sucesora procesal del Sr. Florentino y cabe inferir de la escritura de poder para pleitos otorgada por este último en su momento, donde consta que tenía su domicilio en la planta baja. Por tanto, la parte actora tiene un total coeficiente del 75%, y la propietaria de la vivienda primero, primera puerta (entidad Dos, según la escritura pública de división en propiedad horizontal) tiene un coeficiente del 25%, y el hecho que sean dos propietarios no implica que no pueda existir una comunidad de propietarios, ni que no se puedan tomar acuerdos.
Se comparte, en ese sentido, la aclaración efectuada por el perito de las demandadas, el Sr. Luis Antonio , acerca de que el edificio es una casa plurifamiliar, no unifamiliar, como señaló el perito de la parte actora.
En cuanto a la controversia relativa a la identificación de las viviendas sitas en la planta primera (planta piso) en relación con sus propietarios, a partir de la documental aportada, de los dictámenes periciales y de las aclaraciones de los peritos, cabe concluir que la vivienda del piso primero segunda se correspondería con la vivienda del piso primero izquierda señalada en el dictamen aportado con la demanda, dado que el actor fallecido era propietario de una mitad indivisa de la vivienda del piso primero segunda (entidad Tres de la escritura de división en propiedad horizontal) y la dejó en herencia a su esposa, por lo que carece de sentido que los peritos visitaran una vivienda que no fuera propiedad de la parte actora, que es quien afirma haber sufrido unos concretos daños, los cuales, además, fueron objeto de examen por ambos peritos; los dos peritos examinaron los mismos daños en la misma vivienda, no en viviendas diferentes. Cabe entender, pues, que la vivienda del piso primero primera se corresponde, en cambio, con la del piso primero derecha, que pertenece a un tercero, la Sra. Noelia.
Por otra parte, cabe precisar que, según consta en el dictamen pericial aportado con la demanda, quienes encargaron dicho dictamen fueron Dª Elisabeth (hija de D. Florentino y Dª Felicisima ) y su esposo, D. Benito , "con domicilio habitual en la CALLE000 , nº NUM000 NUM002 ", quien, de hecho, asistió al acto de la vista en representación de la parte actora y dijo ser el yerno. Dichas personas mostraron al perito los daños que se atribuyen a las obras realizadas por la empresa demandada, afectando algunos a elementos comunes de la finca (patio exterior y balcón) y otros a un elemento privativo, que cabe presumir, en un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano ( art.386.1 LEC), que se ha de corresponder con la vivienda propiedad de la parte actora, no con la vivienda propiedad de la Sra. Noelia.
De hecho, la aseguradora demandada nada se planteó al respecto en vía extrajudicial, donde, sin mayores precisiones, hizo alusión a que "Unicamente se puede considerar que puede tener una relación a dichas obras, fijando unos daños cuantificados en 900,96 €", cifra idéntica a la que aparece recogida en el dictamen pericial aportado por las demandadas en relación con la valoración de ciertos daños afectantes al elemento privativo, no a elementos comunitarios.
Cabe concluir, en consecuencia, que la parte actora tiene legitimación activa para reclamar la indemnización de los daños que afirma ha sufrido en elementos privativos.
En cuanto a si tiene legitimación para reclamar por los daños que afirma sufridos en elementos comunes de la total finca, recuerda la STS, Sala 1ª, de 18 de mayo de 2016 la jurisprudencia sobre la materia: "2.- Ya las sentencias del 9 febrero 1991 , 28 octubre 1991 y 15 julio 1992 dijeron que cualquiera de los dueños está legitimado procesalmente para ejercitar acciones en beneficio de todos los comuneros. Esta última dice literalmente: "No es preciso que los copropietarios sometan, previamente al ejercicio de las acciones que les correspondan, la cuestión a la junta de propietarios, pues ningún precepto lo establece así y no puede imponerseles tal limitación, cuanto más cuando ningún perjuicio puede seguirse a la comunidad de que se entable un litigio en beneficio de los intereses generales de los copropietarios" Lo cual es reiterado por la sentencia de 14 octubre 2004. Asimismo , la más reciente de 30 octubre 2014 insiste en esta doctrina y dice: "En cuanto a la discusión sobre la legitimación de la demandante para sostener la acción, la Audiencia recuerda la doctrina jurisprudencial favorable a la posibilidad de que cualquier comunero pueda ejercitar acciones en beneficio común y pone de manifiesto que ningún copropietario, con la excepción de la demandada, consta que se haya opuesto a la pretension formulada por la demandante" Incluso el Tribunal Constitucional en su sentencia 115/1999, de 14 junio , comparte esta doctrina al decir: "Cada propietario, pese a la representación orgánica que ostenta el presidente de la Comunidad de Propietarios, está legitimado para actuar en defensa de sus derechos en los casos de pasividad o incluso de oposición de la comunidad, por cuanto que la situación de propiedad horizontal no es propiamente una situación de comunidad, sino un régimen jurídico-real al que se sujeta la llamada " propiedad separada" ( art.
396 CC ) de los diferentes pisos o locales en que se divide el edificio o conjunto inmobiliario al que se aplica, y del que derivan los derechos, cargas, obligaciones y responsabilidades que la ley establece. Por ello, cada propietario debe estar facultado, en principio, para el ejercicio y defensa de sus derechos con independencia de los restantes propietarios, en términos y condiciones que no corresponde a este Tribunal precisar".
La mencionada sentencia de 30 octubre de 2014 , con cita de numerosas sentencias anteriores, resume la doctrina jurisprudencial, como complemento del ordenamiento jurídico, como se ha dicho anteriormente, en estos términos: "Cualquiera de los comuneros puede comparecer en juicio y ejercitar acciones que competan a la comunidad, siempre que actúe en beneficio de la misma ( sentencias, por todas, 10 de junio de 1981 , 5 de febrero de 1983 , 18 de diciembre de 1985 , 17 de abril de 1990 , 8 de abril de 1992 y 6 de junio de 1997 ).
La sentencia núm. 46/1995, de 31 enero , afirma que "es doctrina reiterada de esta Sala la de que cualquier condómino está legitimado para ejercitar acciones , no tan sólo de aquella parte del espacio comprensivo de su piso o local sobre los que ostenta un derecho singular y exclusivo, sino también en defensa del interés que le corresponde sobre los elementos comunes ( SS. 10 junio 1981 , 3 febrero 1983 , 27 abril y 23 noviembre 1984 y 12 febrero 1986 ), así como que no se da falta de legitimación cuando, aunque no se haya hecho constar en la demanda de una manera expresa que se actúa en nombre de la comunidad y en interés de la misma, se plantea una pretensión que, de prosperar, ha de redundar en provecho de la comunidad (S. 8 junio 1992)"." Y la STS, Sala 1ª, de 24 de junio de 2016 señala: " Como concluye la reciente sentencia 622/2015, de 5 de noviembre , es pacífica la doctrina jurisprudencial de esta Sala (reiterada, con precisiones, en las sentencias 676/2011, de 10 de octubre , 204/2012, de 27 de marzo - ambas citadas por el recurrente -, 768/2012, de 12 de diciembre , 659/2013, de 19 de febrero , y 757/2014, de 30 de diciembre ) que declara la necesidad de un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de esta salvo que los estatutos expresamente dispongan lo contrario o el presidente actúe en calidad de copropietario.
Según esta doctrina, aunque la Ley de Propiedad Horizontal únicamente exige de modo expreso el acuerdo previo para que el presidente pueda ejercitar acciones judiciales en defensa de la comunidad de propietarios en los supuestos de acción de cesación de actividades prohibidas por los estatutos que resulten dañosas para la finca ( art. 7.2 LPH ) y de reclamación de cuotas impagadas ( art. 21 LPH ), esta sala ha entendido que no resulta razonable sostener que la facultad de representación que se atribuye de modo genérico al presidente le permita decidir unilateralmente sobre asuntos importantes para la comunidad, entre los que la citada STS de 27 de marzo de 2012 considera comprendida precisamente "la realización de obras en elementos privativos de un comunero que comporten alteración o afectación de los elementos comunes".
Es decir, pese a que la Ley de Propiedad Horizontal reconozca al presidente de la comunidad de propietarios la representación de la misma en juicio y fuera de él, la jurisprudencia ha matizado que "esto no significa que esté legitimado para cualquier actuación por el mero hecho de ostentar el cargo de presidente ya que no puede suplir o corregir la voluntad de la comunidad expresada en las juntas ordinarias o extraordinarias" ( sentencia 659/2013, de 19 de febrero , citada por la más reciente 622/2015, de 5 de noviembre )." Ahora bien, dado que la parte actora pide ser personalmente indemnizada por los daños, no pide su reparación "in natura", se considera que, en el caso concreto, la parte actora no ostenta legitimación activa en relación con los daños que puedan haber sido causados en elementos comunes, que, a estos efectos, serían los que alega afectan al patio exterior y al balcón.
Como señala la SAP Valencia, sección 6ª, de 26 de julio de 2018, interpretada en sentido contrario: " La Sala no puede compartir los razonamientos de la sentencia recurrida en cuanto apreció la falta de legitimación activa de los demandantes para reclamar por elementos comunes de la Comunidad de Propietarios, pues es reiterada la Jurisprudencia que establece que cualquiera de los comuneros puede comparecer en juicio y ejercitar acciones que competan a la comunidad, siempre que actúe en beneficio de la misma ( sentencias, por todas, 10 de junio de 1981 , 5 de febrero de 1983 , 18 de diciembre de 1985 , 17 de abril de 1990 , 8 de abril de 1992 y 6 de junio de 1997 ), y en este caso, no solicitan los intervinientes, aparte de la reparación de los daños que afectan a sus respectivas viviendas, cantidad de dinero alguna, que, en caso de prosperar se abonaría a los demandantes que no ostentan representación alguna de la Comunidad de Propietarios a la que pertenecen." En este caso, en cambio, la parte actora pide para sí el abono de una indemnización en razón de los daños que afirma causados en los elementos comunes, cuando ya no es la propietaria de la total finca y no ostenta la representación de la comunidad, y la otra propietaria no ha puesto siquiera de manifiesto en este proceso, donde no es parte, su aquiescencia a la reclamación.


TERCERO.- Se trata ahora de determinar si debe condenarse o no a las demandadas a satisfacer a la parte actora la indemnización que solicita en relación con los daños que afirma han sido causados en su vivienda, puesto que, aunque en su recurso se limitó a impugnar la sentencia de primera instancia en cuanto al único punto resuelto por la misma, dado que en dicha resolución no se entró en el fondo del asunto, el rechazo parcial de la falta de legitimación activa conduce ello. De hecho, las demandadas reiteran en su escrito de oposición al recurso los argumentos de falta de nexo causal y de pluspetición.
Pues bien, analizada la prueba pericial practicada en los autos, los dictámenes de los dos peritos y las aclaraciones que hicieron en el acto de vista, se considera procede estar a lo dictaminado por el perito de la parte actora.
En este punto, cabe recordar que la prueba pericial es de apreciación libre y no tasada. Como señala la STS, Sala 1ª, de 16 de marzo de 2016: " respecto a tal valoración de las pruebas periciales, la misma es función soberana y exclusiva de los juzgadores que conocen en instancia, que no es verificable en el recurso extraordinario, salvo que se conculque el art. 24.1 de la Constitución por incurrirse en error de hecho palmario, irracionalidad o arbitrariedad." El perito de la parte actora, el Sr. Ezequiel (Ingeniero Técnico Industrial y perito tasador de seguros), tras aclarar que fue a visitar la finca el día 17 de julio de 2014, al día siguiente de acabar las obras -afirmó que la obra acabó más tarde del 3 de julio previsto por la empresa demandada, según tenía puesto la demandada en las vallas-, reiteró durante la vista que había grietas y fisuras en distintas zonas, siendo claro que eran debidas a obras de mejora o sustitución del pavimento de la calle; precisó que había fisuras antiguas, pero de muy fácil diferenciación de las nuevas, pues el canto de los labios y el fondo de las antiguas tienen polvo, no tienen el color reciente de haberse roto el yeso o el cemento, si están en el exterior, y precisó también que solo tuvo en cuenta las nuevas; afirmó que los labios de las grietas eran de nueva aparición, nuevos, hechos en aquel momento o dos o tres días antes, y respondían a las obras realizadas por la demandada, no a obra preexistentes, siendo clarísima -a su juicio- la relación de causalidad; añadió que la empresa demandada debía haber hecho un ensayo, debía haber puesto un detector de vibraciones en la calle y en la vivienda, según la Norma UNE en obra pública, pero que nadie fue a la finca a poner un emisor en la planta baja y en la planta piso, para ver los picos de vibración, según le indicaron. Con exhibición de las fotos de su propio dictamen, aclaró que no visualizó en la fachada y en el balcón intervención anterior de tapar grietas, aunque se pudieran haber hecho "parcheos" y cosas -daños estos que no pueden ser, en todo caso, por lo expuesto, objeto de indemnización a la actora-; añadió que había grietas antiguas, pero que no las había fotografiado ni las había tenido en cuenta, sino solo las nuevas, y que, de haber sabido que le preguntarían sobre eso, habría ampliado las fotos para poder ver el fondo de la grieta, porque, si una grieta se repara y se vuelve a romper se ve, porque, en el fondo, se ve el polvo que había antes. Manifestó que es una casa antigua, pero perfectamente estable y mantenida para su uso, con lo que vino a coincidir en este punto con el perito de las demandadas, quien en su dictamen señala que la vivienda se observa en perfecto estado de orden y limpieza, con un mantenimiento en las partes visibles correcto y adecuado, bien pintado y conservado. El perito de actora aclaró también que durante las obras no se colocaron testigos, pero que quien tenía que haberlo hecho era la dirección facultativa de la obra, y que encargó al cliente -el asistente al acto de la vista, según indicó- que pusiera los testigos mediante a través de un paleta, lo que se llevó a cabo el 18 de julio de 2014, y no se abrieron los testigos puestos, por lo que no hubo incremento de daños. Y dijo que, cuando fue, todavía seguía allí la maquinaria de la obra, y que la máquina que generó los daños es una compactadora de mucho peso con rulo de grandes dimensiones y un dispositivo vibrador; le informaron de que, cuando fue utilizada, se movieron todos los objetos del comedor, y que, al avisar al operario correspondiente, apagó el dispositivo vibrador. Y manifestó no saber si seis días después hubo un reventón de agua, si bien añadió que la relación de causalidad era clara, según resultaba de los testigos. En todo caso, el propio perito de las demandadas señala en relación con ese extremo en su dictamen que ignora la causa concreta, la profundidad de la actuación, el tipo y cantidad de aguas vertidas, etc., y se limita a hacer una simple alusión a que "De igual modo cabe tener en consideración que frente a la hilera de viviendas y a unos 15 m de distancia transita la vía férrea perteneciente a Ferrocarriles de la Generalitat", lo cual hace perder cierta virtualidad a su dictamen, porque no identifica con certeza a qué pueden responder los daños (grietas y fisuras) que apreció en su visita.
El perito de las demandadas, el Sr. Luis Antonio (FELEZ GABINETE INTEGRAL DE TASACIONES, S.L.) señala, en concreto, en su dictamen que comprobó y constató la existencia de grietas debidas a factores distintos, pero que en conjunto denotan un estado propio y acorde con la antigüedad del edificio como tal, siendo grietas que pueden responder a otros fenómenos distintos pero no ajenos entre sí. Ello no obstante, señala que observa en las habitaciones la existencia de micro grietas con origen antiguo, pero que bien pueden manifestarse tras haber registrado unas vibraciones externas como las que preconiza la parte reclamante, si bien matiza luego que esa microfisuras conviven con otras propias de la vetustez y de la obsolescencia, por lo que las unas se entremezclan con las otras, siendo de difícil acreditación que su origen fuera achacable exclusivamente a las vibraciones externas. Señala otros desperfectos, cuyo origen no guarda relación de ningún tipo con un hecho como el que se reclama como origen de las grietas, haciendo referencia a los apreciados en el pavimento del balcón, con signos inequívocos de reparaciones anteriores, con sus huellas, cicatrices y restos que lo delatan -no reclamables por la actora-. De igual modo -señala- el pavimento de varias dependencias (embaldosado de suelos) presenta grietas transversales de avanzada antigüedad, pero reconoce el perito que no son objeto de reclamación. Aprecia también desperfectos en las paredes laterales de la terraza o patio exterior, que no considera achacables en modo alguno a las vibraciones externas, sino a patología constructiva y a la propia vetustez -no reclamables por la actora-. Y niega que exista una fisura a sanear en el falso techo del baño, pues señala que se trata de la junta de unión entre dos placas y que, con el tiempo, las uniones se marcan debido a las dilataciones propias de la materia.
Durante el acto de la vista, dicho perito aclaró que, cuando visitó el edificio, había otras patologías parecidas a las de la demanda, propias de su antigüedad y de las propias inclemencias del tiempo, de las contracciones y dilataciones de los materiales, por lo que solo daba como ciertas algunas grietas, y solo las del interior; aclaró también que, normalmente, las grietas horizontales acostumbran a ser estructurales, mientras que las grietas de movimiento acostumbran a ser verticales o escalonadas. Reiteró que había grietas anteriores, reparadas y repasadas, y que así lo reflejó -grietas apreciadas en el balcón, que dijo eran transversales-. Por otra parte, discrepó con el otro perito acerca de los efectos de la maquinaria utilizada, que dijo es la normal para el asfaltado de la vía pública, y que no se acostumbra a llevar a cabo ningún protocolo de grietas en las casas de la zona de las obras, salvo que se trate de derribos, porque la maquinaria está adecuada y no produce una vibración anormal y especialmente peligrosa, aparte de que se sigue un protocolo bastante rígido.
Frente a las aseveraciones hechas por el perito de la parte actora acerca del origen de los desperfectos observados y su causa, se considera que lo dictaminado por el perito de las demandadas no lleva a la convicción de los desperfectos no tengan origen en las obras señaladas; además, recurre a la justificación de la vetustez o antigüedad de la finca como causa principal, cuando ello se contradice que el perfecto estado que reconoce presentaba al tiempo de su visita. Asimismo, hace alusión también a desperfectos que apreció, pero que, sin embargo, no son objeto de reclamación, lo que atribuye mayor credibilidad a la relación causa- efecto entre las obras realizadas y los daños a los que se refiere la demanda, de modo que no se trata de una reclamación caprichosa e indiscriminada de desperfectos.
Por tanto, se reitera que procede estar a lo dictaminado por el perito de la parte actora, y también procede estar a su valoración, al no haber motivo para lo contrario.
Las demandadas apeladas hacen referencia en su escrito de oposición a que debe tenerse en cuenta la depreciación de la finca a efectos del cálculo de la indemnización, es de suponer que en relación a su antigüedad. Pero, aparte de que ello no fue alegado en la contestación, de modo que se trata de una alegación extemporánea, el perito de las demandadas no lo tuvo siquiera en cuenta en su dictamen.
En consecuencia, deducido del total reclamado el importe de valoración (IVA incluido) correspondiente a los daños en elementos comunitarios (patio exterior y balcón), resulta una indemnización en favor de la parte actora ascendente a 1.329,12 euros, a cuyo pago con carácter solidario deben ser condenadas las demandadas, con imposición a CATALANA OCCIDENTE, S.A. del interés previsto en el art.20 LCS, desde la fecha del siniestro, que cabe fijar en el 16 de julio de 2014 (fecha de finalización de las obras).
Ello sin hacer un pronunciamiento expreso en cuanto a las costas de primera instancia, dada la estimación en parte de la demanda, por lo que cada parte habrá de abonar las costas procesales causadas a su instancia.
CUARTO.- Por imperativo del art.398 LEC, dada la estimación parcial del recurso de apelación, no procede hacer un pronunciamiento expreso en cuanto a las costas de segunda instancia, por lo que cada parte habrá de abonar las costas procesales causadas a su instancia Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

FALLO:

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por Dª Felicisima , sucesora procesal de D.
Florentino , contra la sentencia dictada en fecha 18 de noviembre de 2016 por la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Rubí, SE REVOCA dicha resolución y, en su consecuencia, DEBO CONDENAR Y CONDENO a las demandadas CONSTRUCTORA PASQUINA, S.A. y CATALANA OCCIDENTE, S.A. a abonar solidariamente a la parte actora la suma de 1.329,12 euros, con imposición a CATALANA OCCIDENTE, S.A. de los intereses del art.20 LCS desde el 16 de julio de 2014.
No se hace un pronunciamiento expreso en cuanto a las costas de primera y de segunda instancia.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
Notifíquese la presente sentencia y remítase testimonio de la misma, junto con los autos principales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.
Así por ésta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo.