Jurisprudencia

Cabecera: Delito de estafa. Delito de falsedad documental. Lugar de comisión del delito
Jurisdicción: Penal
Origen: Audiencia Provincial de Valencia
Fecha: 27/12/2018
Tipo resolución: Auto Sección: Quinta
Número Sentencia: 1349/2018 Número Recurso: 1376/2018
Numroj: AAP V 3768/2018
Ecli: ES:APV:2018:3768A
Voces sustantivas: Delito de estafa, Delitos de falsedades, Domicilio social, Endoso, Transferencia bancaria, Competencia territorial, Cuentas bancarias, Documentos mercantiles, Embargo
Voces procesales: Actuaciones procesales, Competencia territorial, Prueba, Competencia territorial, Querella

ENCABEZAMIENTO:


AUDIENCIA PROVINCIAL VALENCIA
SECCIÓN QUINTA
ROLLO Apelación (ARI) 1376/18
Dimana del Juzgado de Instrucción nº ocho
de Valencia, Diligencias Previas 981/2018.
AUTO Nº 1349/2018
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ILMOS/AS. SEÑORES/AS
PRESIDENTA:
Dª BEGOÑA SOLAZ ROLDÁN
MAGISTRADAS:
D. JOSÉ ANTONIO MORA ALARCÓN
Dª CONCEPCION CERES MONTES
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En la ciudad de Valencia, a 27 de diciembre de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO.-Con fecha 25 de julio de 2018 se dictó por el Juzgado de Instrucción nº ocho de Valencia auto por el que se acuerda la inadmisión de la querella promovida por la mercantil PAGARALIA SL., representada por la procuradora Sra. Carolina Cubells, y defendida por el letrado D. Juan Aznar Izquierdo, por incompetencia territorial; contra cuya resolución dicha entidad querellante ha interpuesto recurso de apelación, que ha impugnado el Ministerio Fiscal.
Dicha mercantil presentó dentro del plazo del recurso de apelación un documento que no había acompañado al escrito de querella, que fue unido a los autos.
SEGUNDO.-Elevadas las actuaciones y repartidas a esta Sección, fue designada ponente la magistrada Ilma. Sra. CONCEPCION CERES MONTES y señalado el día 29 de octubre de 2018 para deliberación y votación, que fue suspendido para recabar los documentos adjuntados con la querella, y una vez recibidos, quedaron para deliberación y votación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.-Se impugna por el recurrente la decisión de la Instructora de inadmitir la querella por incompetencia territorial. En el auto impugnado se indica, resumidamente, que la sociedad querellante tiene su domicilio social en Madrid, que es donde se ha producido el desplazamiento patrimonial al efectuarse los pagarés de los cheques endosados desde las cuentas societarias, el endoso de los documentos mercantiles se han producido en la localidad de Armuña de Almanzora (Almería) y los presuntos delitos de falsedad no se han producido en Valencia, pues las presuntas facturas falsas han sido emitidas en otras ciudades, donde tienen su domicilio social las empresas emisoras. Por tanto, no se ha producido en Valencia ningún acto esencial del delito.
Sin embargo, se alega por el recurrente que no se ha valorado la prueba aportada correctamente, puesto que la cuenta de la sociedad querellante está ubicada en Valencia, por tanto, una de las acciones que determinan la competencia por el delito de estafa se ha producido en Valencia, concretamente, parte del desplazamiento patrimonial, como se puede observar en el documento nº 5 de la querella, uno de los pagos efectuados por la querellante a una de las empresas, derivado del descuento de los pagarés a través de transferencia bancaria, que está emitida desde la cuenta que tiene abierta en Caixa Bank SA., en la sucursal de Valencia; y explica que la entidad querellante pertenece al grupo GEDESCO, por lo que aunque tiene el domicilio social en Madrid el centro de operaciones del grupo está en Valencia, e invoca la teoría de la ubicuidad. En escrito presentado al día siguiente ha aportado como documento nº uno el certificado de Caixa Bank SA. de que la mencionada cuenta está domiciliada en Valencia.
Efectivamente, de ambos documentos se comprueba que el número de cuenta bancaria de PAGARALIA, desde la que figura que se emite la transferencia a favor de Industrias Agrícolas se corresponde con la aperturada en el año 2009 en la oficina de Erasmo de Valencia y es de titularidad de Pagaralia, por tanto, al menos en esta ciudad aparece realizada una de las acciones que integran el delito de estafa denunciado en el escrito de querella.
El auto del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012 recoge la doctrina actual de dicho Tribunal en orden a determinar la competencia territorial en materia del delito de estafa, diciendo que como tiene declarado este Tribunal (cfr. AATS 01/04/04, 14/01/08, 17/01/08 y más recientes de 5 de marzo de 2010 y de 11/1/12, entre otros, el delito de estafa se comete en todos los lugares en los que se han desarrollado las acciones del sujeto activo (engaño) o del sujeto pasivo (desplazamiento patrimonial) y en el que se ha producido el perjuicio patrimonial (teoría de ubicuidad ). Este criterio viene corroborado por el Pleno no jurisdiccional de 3 de febrero de 2005, en el que se tomó el siguiente acuerdo: "el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo; en consecuencia, el Juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales, será en principio competente para la instrucción de la causa".
Por lo tanto, en este caso, constando documentalmente que uno de las cantidades que constituyen el desplazamiento patrimonial denunciado fue abonada en Valencia, por transferencia bancaria desde una cuenta sita en esta ciudad, y atendiendo a la teoría de la ubicuidad antes referida, el Juzgado de Valencia es competente para el conocimiento de los hechos, por lo que procede, con estimación del recurso, la revocación de la resolución impugnada.
SEGUNDO.-Conforme autorizan los arts.239 y 240, en cuanto a las costas, procede que se declaren de oficio las causadas en esta alzada.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO:

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de PAGARALIA SL. contra el auto de fecha 25 de julio de 2018 por el que se inadmite la querella presentada por dicha entidad, por incompetencia territorial, debemos revocar y revocamos dicha resolución, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acordaron y firman los señores magistrados anotados al margen.