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Título: La suspensión en materia tributaria
Fecha: 01/2019
Coordinadores: Miguel Ángel Luque Mateo

Número epígrafe: 4
Título epígrafe: Capítulo 4. La suspensión en los procedimientos especiales de revisión y en el ámbito local

TEXTO:

Capítulo IV: La suspensión en los procedimientos especiales de revisión y en el ámbito local

I. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN Y SUSPENSIÓN

1. La suspensión en el procedimiento de rectificación de errores

La definición de error aritmético, material o de hecho en el ámbito tributario ha sido analizada en el Capítulo anterior sobre la base de la pacífica jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por tal motivo, en este epígrafe nos centraremos específicamente en el régimen jurídico de la suspensión en el procedimiento especial de revisión de rectificación de errores1.
El art. 13.3 del RRA contiene una referencia a esta medida cautelar que no se recoge en el art. 220 de la LGT. Según el precepto reglamentario, «se podrá suspender la ejecución de los actos administrativos sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho».
Este tipo de medida cautelar no debe confundirse con la suspensión en vía de recurso o reclamación económico-administrativa basada en el mismo presupuesto ni con la suspensión inherente a la vía de apremio cuando se alega tal circunstancia2.
En nuestra opinión, esta posibilidad de suspensión tendrá especial relevancia en los casos en los que haya transcurrido el plazo de impugnación ordinaria y aún no se haya iniciado la vía de apremio, puesto que, de lo contrario, se aplicaría la regulación contenida en los arts. 165.2 o 224.3 y 233.5 de la LGT. Piénsese, v. gr.¸ en la posibilidad de revisar una liquidación del IBI en período voluntario, por error en el titular de un bien inmueble, cuando no se impugnó en su momento el padrón catastral3.
Consideramos acertada la inclusión expresa de la posibilidad de suspensión en este procedimiento especial de revisión. No obstante, lo correcto habría sido regular esta opción en la propia LGT4. Además, opinamos que, en este caso, la Administración no ostenta ninguna potestad discrecional. Si se aprecia que se ha podido incurrir en error, deberá adoptarse la medida cautelar. Por tanto, proponemos de lege ferenda sustituir la expresión se podrá suspender por se suspenderá, en el art. 13.3 del RRA, en sintonía con la propuesta realizada en el último epígrafe del Capítulo anterior.
2. La suspensión en el procedimiento de nulidad de pleno derecho

Los arts. 217 de la LGT y 4 a 6 del RRA contienen la regulación aplicable al procedimiento especial de revisión de los actos nulos de pleno derecho. Respecto al mismo, una de las cuestiones que tradicionalmente se había venido planteando era la de si cabría o no la suspensión de la ejecución de los actos, debido al silencio legal existente sobre este extremo.
En un principio, las opiniones doctrinales se inclinaron por entender inadmisible la suspensión en este caso, al considerar que esta era una técnica que tenía difícil encaje y acomodo en el supuesto de revisión de oficio. Sin embargo, CHECA GONZÁLEZ afirmó que, teóricamente, cabría aquí la aplicación analógica de las normas reguladoras del instituto de la suspensión y, en particular, de lo preceptuado por el art. 116 de la LPA vigente en su día. Para el citado autor no existía obstáculo alguno para que lo que se podía producir en vía de recurso no fuese, asimismo, factible cuando de la revisión de oficio se trataba. Sostenía que, si el acto es nulo de pleno derecho, lo que procede es que cautelarmente el órgano decisorio suspenda su ejecutividad hasta tanto se dicte la resolución, para así evitar los inconvenientes que la solución contraria plantearía5.
Esta doctrina es la que ha terminado prevaleciendo en la normativa administrativa, como se comprueba de la lectura del art. 117.2.b) de la LPACAP, que expresamente contempla la posibilidad de suspensión del acto, cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el art. 47.1 de dicha Ley6.
Los preceptos de la LGT y del RRA enumerados al comienzo de este epígrafe no contienen mención alguna sobre la posibilidad de suspensión de la ejecutividad del acto en el seno de este procedimiento. Coincidimos con MARTÍN QUERALT en que este silencio debe interpretarse en sentido positivo, es decir, admitiendo la adopción de esta medida cautelar7, porque cuando el redactor ha optado por la solución contraria --en otros supuestos problemáticos como el recurso extraordinario de revisión en vía administrativa--, ha establecido expresamente la imposibilidad del otorgamiento de la suspensión «en ningún caso»8. Creemos que si esta hubiera sido su intención, la habría plasmado de igual forma.
Teniendo en cuenta la especial gravedad de este motivo, que legitima que la Administración vaya contra sus propios actos, creemos que el verdadero presupuesto a tener en cuenta para acordar la suspensión debe ser el fumus boni iuris. El periculum in mora podría considerarse inherente, en un atentado tan importante al ordenamiento jurídico y, por ende, al interés público. De lo expuesto, se colige que la autoridad competente debería enjuiciar, en grado de probabilidad, si los actos objeto de revisión se encuentran en alguno de los siguientes supuestos enumerados en los arts. 217 de la LGT y 47.1 de la LPACAP9:

a) Que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente, por razón de la materia o el territorio.
c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Que, siendo expresos o presuntos y contrarios al ordenamiento jurídico, sean susceptibles de permitir la adquisición de facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para ello.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.
Por la similitud de los preceptos, se ha predicado, en la esfera tributaria, la construcción dogmática y jurisprudencial realizada en torno a estos vicios en el ámbito administrativo general10, por lo que no consideramos necesario profundizar en los distintos motivos de nulidad en un trabajo de estas características, con la sola advertencia del rigor con que se exigen estas causas11.
Se debe indicar, no obstante, que la nulidad de pleno derecho puede ser invocada también para impugnar un acto mediante la vía económico-administrativa o el recurso de reposición. Pero no se podrán simultanear los dos cauces, puesto que la LGT configura como requisito de admisión de la solicitud la firmeza del acto en vía administrativa. Ello supuso una novedad respecto a la legislación anterior, «con el objeto de preservar la naturaleza de este procedimiento como vía extraordinaria de revisión»12. Recuérdese que la LGT de 1963 no contenía prohibición expresa a la utilización de estas dos vías. Y, además, esta opción podía entenderse implícita en el art. 41 del RPEA de 199613.
Para finalizar diremos que, en nuestra opinión, el régimen jurídico de la suspensión en este procedimiento especial de revisión será el general, regulado para el resto de supuestos, no previéndose ninguna regulación específica. Con todo, dada la gravedad del motivo de impugnación, debería incluirse, de lege ferenda, la posibilidad de suspensión sin garantía en la regulación de las medidas cautelares con motivo de la impugnación ordinaria, al igual que en los supuestos de existencia de error aritmético, material o de hecho. Adicionalmente sugerimos la inclusión de la referencia a esta medida cautelar en la regulación del procedimiento especial de nulidad de pleno derecho, mediante la introducción de un nuevo párrafo, el tercero, en el art. 4 del RRA, en términos parecidos al contenido en el art. 13 del mismo reglamento, para el procedimiento de rectificación de errores. En concreto, esta sería su redacción:

Se suspenderá la ejecución de los actos administrativos, sin necesidad de aportar garantía, cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho.

3. La suspensión en el procedimiento de revocación

La LGT y el RRA no contienen referencia alguna a la posibilidad de suspensión del acto respecto al cual se inicia el procedimiento para la revocación, al igual que el art. 109 de la LPACAP guarda silencio al respecto, cuando regula este procedimiento de revisión de oficio de los actos administrativos.
Abogamos por la expresa inclusión de la posibilidad de suspender los actos, una vez iniciado este procedimiento, mediante la introducción de un nuevo párrafo segundo en el art. 10.2 del RRA, con el siguiente tenor:

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente mencionado en el párrafo anterior podrá suspender la ejecución del acto cuando el desarrollo del procedimiento pudiera hacer perder la finalidad legítima a la revocación.

No obstante, dado que los arts. 219.3 de la LGT y 10 del RRA solo permiten la iniciación de oficio de esta vía, aunque los interesados promuevan su comienzo, la suspensión de la ejecutividad del acto tributario no podría acordarse, en su caso, hasta que la Administración tributaria iniciara el procedimiento. Ello significaría que, en la mayoría de las ocasiones, los actos de contenido económico que se pretendían suspender se encontrarían ya en período ejecutivo.
II. SUSPENSIÓN E IMPUGNACIÓN ORDINARIA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. Planteamiento general

La normativa reguladora de las Haciendas Locales fue una de las primeras regulaciones que incorporó la suspensión automática, con motivo de la impugnación del acto en vía tributaria. El art. 727.6 de la Ley de Bases de Régimen Local, de 24 de junio de 1955, recogía la adopción de esta medida cautelar, previa prestación de garantía suficiente, estableciendo un régimen diferenciado respecto a la revisión en la esfera estatal.
Tradicionalmente, la suspensión en materia de tributos locales ha presentado una estructuración peculiar en el sistema de revisión en materia tributaria, que ha afectado a la figura de la suspensión. Durante un largo período coexistieron el recurso potestativo de reposición y las reclamaciones económico-administrativas, con carácter preceptivo, ante los tribunales económico-administrativos estatales, tanto provinciales como Central. No obstante, la LBRL vino a suprimir la vía económico-administrativa, configurando el recurso de reposición como la impugnación preceptiva. En ese contexto, se mantenía la suspensión automática de los actos tributarios impugnados, con prestación de garantías tasadas14.
La aprobación de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales instauró un régimen jurídico de la medida cautelar de suspensión similar al contenido en el ámbito estatal, al contener una remisión en bloque a la normativa reguladora del recurso de reposición y de las reclamaciones económico-administrativas.
En la actualidad, el instituto de la suspensión en el ámbito local15, con motivo de la interposición del preceptivo recurso de reposición16, se regula en el apéndice i), del apartado 2º del art. 14 del TRLRHL, en los siguientes términos:

La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos conforme a lo previsto en la Ley General Tributaria.

No obstante, y en los mismos términos que en el Estado, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso aplicando lo establecido en el Real Decreto 2.244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo y en el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, con las siguientes especialidades:

1º En todo caso, será competente para tramitar y resolver la solicitud el órgano de la Entidad Local que dictó el acto.

2º Las resoluciones desestimatorias de suspensión sólo serán susceptibles de impugnación en vía contencioso-administrativa.

3º Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo contra la resolución del recurso de reposición, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el Órgano Judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión.

La redacción de este precepto proviene de la modificación operada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social17. En ella se incluyeron algunos aspectos que ya estaban vigentes en el ámbito local desde la entrada en vigor de la LDGC, como, por ejemplo, la suspensión automática de las sanciones recurridas o el mantenimiento de la suspensión, cuando se acude a la vía contencioso-administrativa18. También, se introdujeron algunas novedades en beneficio del recurrente, a la vez que se suprimió la desigual regulación del instituto de la suspensión en las distintas esferas de nuestro ordenamiento jurídico tributario, reconociéndose la procedencia de esta medida cautelar en los mismos términos que en el Estado19. Entre las novedades que se incorporaron, destacamos las siguientes:

a) Elevación hasta 1.500 euros de los débitos susceptibles de ser garantizados mediante fianza personal y solidaria de contribuyentes de reconocida solvencia, para que se produzca la suspensión automática de la ejecutividad del acto.
b) Reconocimiento expreso de la posibilidad de decretarse la suspensión aportando garantía suficiente, aunque sea distinta del depósito en dinero efectivo o valores públicos, el aval de entidad de crédito o fianza personal y solidaria con la limitación de la cuantía expuesta, cuando el interesado justifique que la ejecución le habría de causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Se abría la puerta, así, a garantías tales como la hipoteca inmobiliaria, la hipoteca mobiliaria, la prenda con o sin desplazamiento, la fianza personal y solidaria para deudas superiores a 1.500 euros e, incluso, cualesquiera otras que se estimasen suficientes, acorde con la finalidad pretendida.
c) Posibilidad de solicitar la suspensión en cualquier momento, mientras se desarrolla la substanciación del recurso de reposición, y no solo dentro del plazo para interponer este, como ocurría con anterioridad. Consecuentemente, entendemos que, cuando el art. 14.2.f), in fine, del TRLRHL alude a la obligación de adjuntar al escrito de iniciación del recurso los justificantes de las garantías constituidas, se refiere solo al supuesto en que la suspensión se solicite en ese momento. Si se produce con posterioridad, será entonces cuando se aporten. Por tal motivo, de lege ferenda, proponemos añadir un inciso en dicho párrafo que aclare dicha circunstancia y que haga referencia a la documentación que corresponda para la adopción de la medida cautelar, en lugar de a los justificantes de las garantías, puesto que es posible acordar la suspensión sin garantías.
La remisión que el segundo párrafo del art. 14.2.i) del TRLRHL realiza a los derogados reales decretos 2244/1979 y 391/1996, debe entenderse referida a todos los preceptos de la LGT y del RRA que regulan la suspensión20.
Conviene subrayar que, mientras que en las reclamaciones económico-administrativas existen dos órganos con competencia para tramitar y resolver la solicitud de suspensión --los de recaudación, para los supuestos de suspensión automática, y los Tribunales Económico-Administrativos para los demás casos-- cuando se interpone el preceptivo recurso de reposición en el ámbito local, será competente el órgano de la entidad que dictó el acto (art. 14.2.b TRLRHL), excepto en los casos que describimos en el siguiente epígrafe. Frente a la resolución de la impugnación cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo con el art. 14.2.n) del TRLRHL, en relación con el art. 8.1 de la LJCA.
Cuando se interponga recurso contencioso-administrativo, la suspensión acordada en vía administrativa se mantendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en relación con dicha suspensión. De lo anteriormente expuesto cabe colegir que no se exige la comunicación de la interposición del recurso, como sí lo requiere el art. 233 de la LGT.
En cualquier caso, conviene tener presente que podría solicitarse directamente la adopción de la medida cautelar al órgano jurisdiccional sin necesidad de presentar la impugnación administrativa previa cuando se discuta exclusivamente la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que dan cobertura a los actos de aplicación de los tributos y restantes ingresos de Derecho Públicos de las entidades locales. Esta es la interpretación que realiza el Tribunal Supremo de los arts. 108 de la LBRL, 14.2 del TRLRHL y 25.1 de la LJCA en su sentencia de 21 de mayo de 2018 (rec. 113/2017), bajo el argumento de que «tales entidades carecen de competencia para pronunciarse o para proponerla a quien tiene competencia para ello, quedando constreñidas a aplicar la norma legal de que se trate».
Respecto a la exigencia de garantía suficiente, en líneas más arriba abogábamos por una interpretación del precepto acorde con la doctrina constitucional sobre esta medida cautelar, debiendo entenderse que, si en vía administrativa se acordó la suspensión sin garantía, no sería obligatorio su ofrecimiento para el mantenimiento de la misma hasta el pronunciamiento del órgano jurisdiccional21.
Sobre la base de lo expuesto, proponemos de lege ferenda la modificación del apéndice i) del apartado segundo del art. 14 del TRLRHL, para incluir la posibilidad de adoptar medidas cautelares positivas.
2. La suspensión en los grandes municipios

2.1. El órgano económico-administrativo local

El art. 1.4 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, adicionó dos nuevos títulos, el X y el XI, a la LBRL. El primero de ellos incorporó el régimen de organización de los municipios de gran población, calificando como tales a cuatro clases de municipios22:

a) Los de población superior a 250.000 habitantes.
b) Las capitales de provincia cuya población sea superior a 175.000 habitantes.
c) Las capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas.
d) Los de población superior a 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.
Dentro del citado título, el art. 137 incorporó la regulación de un órgano especializado para el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas sobre los actos tributarios de los citados municipios23, al estilo de los Tribunales Económico-Administrativos estatales y autonómicos24, que ha recibido distintas denominaciones, como Consejo25 o Junta26, aunque la más extendida es la de Tribunal Económico-Administrativo Municipal27.
En este punto conviene advertir que, de los 8.124 municipios que existen en España, solo 40 disponen de órganos económico-administrativos municipales, manteniendo el resto --8.084-- el sistema tradicional de impugnación basado exclusivamente en el recurso de reposición preceptivo analizado en el epígrafe anterior28.
Ante esta realidad, y teniendo en cuenta la escasa cuantía de la mayoría de las deudas objeto de revisión en el ámbito tributario local y la onerosidad que implica la impugnación contencioso-administrativa, consideramos plausible la recomendación contenida en al Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, de julio de 2017, relativa al «establecimiento de un órgano supra municipal con competencia revisora para aquellos Ayuntamientos no considerados "grandes ciudades" a fin de que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una vía económico-administrativa gratuita y previa a la vía contencioso-administrativa»29. Ello, sin perjuicio de instaurar medidas de transparencia institucional y medios alternativos de resolución de conflictos30, que podrían coadyuvar a hacer efectivo uno de los objetivos contenido en el Preámbulo de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, consistente en «abaratar y agilizar la defensa de los derechos de los ciudadanos en un ámbito tan sensible y relevante como el tributario».
2.2. Impugnación y suspensión en grandes municipios

Dado que el Reglamento que apruebe el Pleno debe respetar lo establecido en la LGT y en la normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas31, se entiende que el régimen de la suspensión en este ámbito debe ser muy similar al que rige en caso de interposición de reclamación económico-administrativa a nivel estatal.
Para clarificar dicho régimen jurídico, al igual que el de la tradicional vía de impugnación --mediante el recurso preceptivo de reposición--, es necesario analizar la incidencia que la LGT tiene en la esfera local, puesto que entró en vigor seis meses después que la Ley de medidas para la modernización.
La disposición adicional cuarta de la LGT dispone que «la normativa aplicable a los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales en materia de recurso de reposición y reclamación económico-administrativas será la prevista en las disposiciones reguladoras de las Haciendas Locales»32. A priori, por tanto, el régimen jurídico de la suspensión de los actos tributarios locales parecía no variar. Sin embargo, la conclusión a la que llegamos es la contraria: se modificó, al aplicársele las novedades que estableció la LGT para esta medida cautelar en caso de recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. Ello, por la remisión que realizan la LRHL --de forma explícita-- y la LBRL --de forma implícita-- al régimen jurídico de la suspensión, contenido en la normativa que regula estos medios de impugnación.
Estando en vigor la LGT de 1963, la remisión que la LRHL hacía al Real Decreto por el que se reglamentaba el recurso potestativo de reposición (antes, el RR/79) y al Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-Administrativas (RPEA/96) no planteaba especial problema, puesto que, en materia de suspensión, el primero remitía al segundo, siendo aplicable, por tanto, el mismo régimen jurídico.
Con la aprobación de la LGT de 2003 y el RRA de 2005 la situación se volvió algo confusa, puesto que la regulación de la suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos en reposición (art. 224) es más restrictiva que la prevista cuando se impugnan en vía económico-administrativa (art. 233)33. En primer lugar no prevé la adopción de la medida cautelar basada en el presupuesto de los posibles perjuicios de difícil o imposible reparación; en segundo lugar, no recoge la opción de poder aportar garantías distintas a las que provocan la suspensión automática; en tercer lugar, no establece la posibilidad de suspensión de actos de contenido no económico; y, por último, prohíbe expresamente --cosa que no hace el art. 233-- la posibilidad de suspensión de la ejecutividad de los actos censales relativos a tributos de gestión compartida.
Ante esta situación, puede surgir la duda respecto al régimen jurídico al que debe remitirse la regulación de la suspensión en el ámbito local, si al del recurso de reposición o al de la reclamación económico-administrativa. A nuestro modo de ver, la respuesta a la pregunta dependerá de la vía de oposición a la que se vincule la petición de medida cautelar, tal y como se analiza en el epígrafe siguiente.
III. LOS DISTINTOS REGÍMENES DE SUSPENSIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL

Tal y como se ha expuesto en el epígrafe anterior, la regulación del instituto de la suspensión en el ámbito local dependerá de la vía de oposición en la que se inserta la solicitud de adopción de la medida cautelar: reclamación económico administrativa, recurso de reposición potestativo o recurso preceptivo de reposición.
En los grandes municipios, la suspensión, con motivo de la interposición de una reclamación económico-administrativa, se regirá por lo establecido en el art. 233 de la LGT, en los arts. 39 y siguientes del RRA y en el correspondiente Reglamento que apruebe el Pleno de la Corporación.
Cuando, en estos mismos casos de grandes municipios, se presente previamente un recurso potestativo de reposición, el régimen jurídico de esta medida cautelar vendrá conformado por lo dispuesto en el art. 224 de la nueva LGT, el art. 25 del RRA y el Reglamento aprobado por el Pleno.
En la mayoría de municipios --más de 8.000--, en los que no existe órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas y se mantiene el tradicional recurso de reposición, la cuestión se presenta con menor claridad. Hemos defendido que, en estos casos, deberían aplicarse las previsiones establecidas para la suspensión de la ejecutividad de los actos cuando se presenta reclamación económico-administrativa. Ello, por dos motivos: por ser más beneficiosa para el obligado tributario, y por la semejanza del preceptivo recurso de reposición local con la reclamación económico-administrativa, en cuanto a la obligatoriedad de agotar estas vías administrativas para poder acceder al ámbito jurisdiccional34.
Creemos que también será aplicable al ámbito local el art. 165 de la LGT, que regula la suspensión del procedimiento de apremio, y los casos de suspensión establecidos en los apartados octavo y noveno del art. 62, dedicado a los plazos para el pago, a tenor de la remisión que el art. 12.1 del TRLRHL realiza a la LGT, en materia de recaudación de los tributos locales35.
IV. TRIBUTOS DE GESTIÓN COMPARTIDA Y SUSPENSIÓN

1. La problemática planteada en torno al art. 224.1 de la LGT

El ámbito local constituye un marco típico de tributos de gestión compartida. Piénsese que el IAE se gestiona a partir de la matrícula, cuya formación, junto con la gestión censal del citado tributo se lleva a cabo por la Administración tributaria del Estado36. Del mismo modo, la base imponible del IBI o del IIVTNU se determina a partir del valor catastral de los bienes inmuebles, asignado por el Catastro Inmobiliario, dependiente del Ministerio de Hacienda37. En este sentido, el art. 77.5 del TRLRHL dispone que el IBI «se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro». Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de formalización de un convenio de colaboración entre el Catastro y el ayuntamiento o entidad local correspondiente38.
A este respecto, se ha advertido que la gestión compartida, dual o bifronte de los citados tributos provoca complicaciones en diferentes aspectos39, alcanzando a las competencias jurisdiccionales, al régimen de ejecutividad, así como a la ejecución de las resoluciones. Contra los actos propios de la gestión tributaria de los entes locales habrá que acudir a la impugnación administrativa previa (reposición y/o reclamación económico-administrativo ante el órgano municipal, en caso de grandes municipios) y posteriormente ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente. Por el contrario, frente a los actos de gestión censal y catastral se deberá acudir al órgano económico-administrativo estatal, previa reposición potestativa, y, más tarde, ante la sala de lo contencioso-administrativo del órgano colegiado competente.
Lo expuesto agrava las complicaciones de la gestión de este tipo de tributos, por cuanto las impugnaciones de los citados actos catastrales y censales suelen tener una duración más dilatada (al tenerse que agotar la vía económico-administrativa previa y conocer posteriormente los órganos jurisdiccionales colegiados que presentan más retrasos que los juzgados de unipersonales de lo contencioso-administrativo) que las relativas a las liquidaciones40.
En este contexto, el párrafo tercero del art. 224.1 de la LGT, que regula la suspensión de la ejecución del acto recurrido en reposición, contiene una disposición que podría entrar en aparente contradicción con la regulación general de la suspensión de los actos tributarios en el ámbito local. Dicho apartado establece lo siguiente41:

Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos.
2. Posiciones interpretativas

Se han realizado diversas interpretaciones del apartado primero del art. 224 de la LGT. Por una parte, se ha considerado que el primer inciso se limita a establecer que la impugnación del acto censal, por este hecho, no suspende la liquidación, pero que impugnada la liquidación, imperará el régimen general de las medidas cautelares analizado, sin mayores limitaciones. Por otra parte, se ha sostenido que la suspensión de las liquidaciones por IAE o por IBI solo podrá tener lugar, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, cuando su impugnación se base en cuestiones o hechos diferentes de la impugnación del acto censal.
La primera de las interpretaciones se basa en la evolución jurisprudencial, aduciendo que se ha venido consolidando una tendencia favorable a la suspensión, especialmente si se produce la garantía del acto a ejecutar sin menoscabo de los intereses de la Administración. Del mismo modo, se argumenta la necesidad de realizar una interpretación restrictiva, en aquello que sea dudoso, de las normas que suponen excepciones sobre la regulación general de las medidas cautelares. A ello, se añade que en los supuestos de automatismo de suspensión, se excluye cualquier posible consideración sobre el fondo del asunto, no existiendo discrecionalidad alguna por parte de la Administración42.
Existen pronunciamientos que van más allá, defendiendo la posibilidad de suspensión del propio acto de gestión censal o catastral. El corolario lógico de tal opción sería que, tanto el otorgamiento de la medida cautelar como la mera presentación de la solicitud de su adopción, cumpliéndose los requisitos exigidos, implicaría la imposibilidad de girar liquidaciones tributarias sobre la base precisamente de alguno de dichos actos suspendidos43.
Por el contrario, las posiciones que defienden la segunda interpretación argumentan que la solicitud de suspensión en el ámbito local debe rechazarse cuando la anulación de las liquidaciones de los tributos municipales se pretenda como simple consecuencia de la invocada nulidad de los actos censales o catastrales o los fundamentos de la impugnación no contengan alegación alguna relativa a la gestión tributaria de los entes locales. Ello, aunque la petición de medida cautelar se realice con base en alguno de los presupuestos que darían lugar a la suspensión automática, como el acompañamiento de la correspondiente garantía44.
Consecuentemente, desde esta postura, se afirma que, en la vía jurisdiccional no se puede invocar la pendencia de un recurso contencioso-administrativo frente a un acto de gestión censal o catastral ante un Tribunal Superior de Justicia para suspender la tramitación de un procedimiento abreviado ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, relativo a la impugnación de la liquidación de un tributo municipal de gestión compartida45.
En definitiva, según esta opción, la impugnación del acto catastral o censal solo determinará la suspensión de las liquidaciones en los casos previstos en los arts. 12.4 del TRLCI y 4 del RD 243/1995, de gestión del IAE, no rigiendo las normas generales de suspensión de las liquidaciones tributarias, sino las excepcionales de estos últimos preceptos. Ello, sin perjuicio de que, si la resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación abonada, se realice la correspondiente devolución de ingresos indebidos, computándose el plazo de prescripción desde que se dicte la resolución en materia catastral o censal46, en lugar de tomar la fecha del ingreso la liquidación, a tenor de lo dispuesto en el art. 68.9 de la LGT47.
Siguiendo con el desarrollo de los argumentos de la segunda de las interpretaciones y sin perjuicio del análisis que se realiza infra sobre la suspensión y las obligaciones tributarias conexas48, consideramos conveniente transcribir parte del FD 5º de la STSJ de Cataluña, de 31 de octubre de 2012, en lo que respecta al plazo de prescripción y la devolución de los ingresos de las liquidaciones correspondientes a los tributos municipales de gestión compartida:

A juicio de la Sala, deben sentarse las siguientes consecuencias respecto de esta devolución de ingresos:

1ª) En cuanto al momento de la devolución, ésta ha de llevarse a cabo cuando se dicte la resolución estimatoria del Tribunal Económico-Administrativo, con carácter inmediato e incluso retroactivo y sin esperar a la firmeza definitiva, cuando sea el ente local quien impugne tal resolución en vía contencioso-administrativa. Ello es necesaria consecuencia de la propia ejecutividad de la resolución económico-administrativa, a salvo de lo que pueda acordarse como medida cautelar por el órgano jurisdiccional.

2ª) Respecto de la eventual firmeza de las liquidaciones, debe insistirse en que la devolución en absoluto requiere que se hayan impugnado las liquidaciones giradas al amparo del acto catastral o censal anulado o rectificado, ni la impide la existencia de eventuales sentencias desestimatorias si se hubieran impugnado, ya sea por causas propias de la gestión propia de los entes locales o ya sea por tener impugnado el acto catastral o censal: lo primero es ajeno a la devolución y lo segundo está inevitablemente abocado al fracaso, pero siempre dejando incólume la devolución en la eventualidad de que la impugnación catastral o censal prospere total o parcialmente. En suma, la firmeza de las liquidaciones es irrelevante para la procedencia de la devolución.

3ª) Además, el plazo de prescripción para la devolución nunca podrá computarse desde que se ingresaron las liquidaciones, sino desde que se dicte la resolución en materia catastral o censal.

4ª) Como consecuencia de lo anterior, los entes locales se podrán ver obligados a muy cuantiosas devoluciones por la anulación o rectificación de los actos catastrales o censales.

5ª) Los dies a quo para el devengo de intereses de demora, junto con esta devolución del art. 222.1.III LGT, han de ser los de los respectivos ingresos, esto es, no ha de estarse al dies a quo previsto en las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo (artículo 31.2 LGT), sino al establecido para las devoluciones de ingresos indebidos (artículo 32.2 LGT). En efecto, lo trascendente para establecer la naturaleza de la devolución no puede ser que, en virtud de la mecánica impugnatoria y suspensiva, sea obligado el ingreso, sino la ratio de la devolución, que no procede por tratarse de ingresos realizados «como consecuencia de la aplicación del tributo» como en el caso de las retenciones, ingresos a cuenta o ingresos anticipados, sino que el ingreso, aunque obligado, era ab initio indebido por ilícito y contrario a derecho al resultar de una valoración catastral o calificación censal, determinantes de la base imponible, que no correspondían por ilegales. El ingreso era obligado por resultar no de la mecánica del tributo, sino por el juego de las disposiciones legales relativas a la ejecutividad de los actos administrativos, de forma simétrica al de todas las liquidaciones tributarias, cuya anulación da lugar sin duda a un ingreso propiamente indebido (artículo 221.1 LGT) y al abono de los intereses de demora desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso o sucesivos ingresos. La devolución tiene lugar por la ejecutividad de los actos catastrales o censales y, en cuanto a su demora o retraso, por la distribución de competencias entre los entes locales y la Administración del Estado, nada de lo cual puede llevar a considerar el ingreso como «debido», por más que sea obligado.

3. Conclusión

Llegados a este punto y considerando plausibles los argumentos transcritos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para el caso de que se optara por la tesis restrictiva de la suspensión, en este trabajo nos decantamos por la primera de las interpretaciones. Es decir, entender aplicable el régimen general de la suspensión a las impugnaciones de las liquidaciones correspondientes a los tributos de gestión compartida. Ello, por considerarla más respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva y la teoría general de las medidas cautelares, remitiéndonos a los argumentos expuestos cuando analizamos esta cuestión ut supra49.

En cualquier caso, debemos recordar que la tesis que propugna la interpretación restrictiva de la suspensión de los actos relativos a los tributos de gestión compartida solo sería aplicable a la solicitud de la medida cautelar con motivo de una impugnación articulada a través de un recurso de reposición. En el caso de que el interesado solicitase la suspensión vinculada a una reclamación económico-administrativa frente al acto censal o catastral, dicho artículo no desplegaría su eficacia50, siendo de aplicación la regulación establecida en los arts. 233 de la LGT y 12.4 del TRLCI, que no contiene la limitación analizada.
Esta es la tesis que se sostiene en la STSJ de Murcia, de 28 de septiembre de 2015 (Tol 5526518), según la cual, si se solicita ante el TEA la suspensión de la ejecutoriedad del valor catastral por uno de los motivos que establece el art. 12.4 del TRLCI y se comunica al órgano municipal competente en materia tributaria, debe suspenderse por el Ayuntamiento las liquidaciones correspondientes al IBI, no girándose hasta que se resuelva sobre la medida cautelar51.
Por lo expuesto, al igual que sugeríamos al tratar la suspensión mediante la aportación de otras garantías52, aconsejamos elegir la vía económico-administrativa frente al recurso de reposición al interesado que tenga intención de impugnar un acto censal o catastral, con repercusiones en los tributos municipales de gestión compartida.
Consecuentemente, de lege ferenda, proponemos la eliminación del párrafo tercero del art. 224.1 de la LGT53, anteriormente citado, por los siguientes motivos:

1. Porque la expresa exclusión de la posibilidad de adopción de medidas cautelares podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, contenido en el art. 24 de nuestro texto constitucional54.
2. Puesto que la fundamentación de la prohibición absoluta de suspensión basada en el posible perjuicio para los intereses de la Administración desvirtuaría la esencia de la medida cautelar al servicio de la tutela judicial efectiva55. A mayor abundamiento, se debe recordar que existe un límite en la teoría general de las medidas cautelares que garantiza que no se adopten tales figuras, cuando se puedan producir perjuicios de difícil o imposible reparación o grave perturbación de los intereses generales, y que podría alegarse de adverso por la Administración ante la solicitud del interesado56. Precisamente, para realizar una propuesta coherente de modificación normativa, sugerimos la inclusión expresa de la posibilidad de denegar la medida cautelar con base en los límites generales de las medidas cautelares en materia tributaria, que deberían analizarse en cada caso y no de manera general.
Somos conscientes de que la sugerencia de eliminar la prohibición legal de la suspensión que proponemos puede dificultar la gestión tributaria municipal, pero ello no puede constituir una excusa para justificar una regulación que consideramos contraria a la naturaleza y al fundamento de las medidas cautelares.
3. Creemos que es incorrecta la argumentación jurídica que contrapone los intereses de la Administración y de los particulares57. No olvidemos que lo que la medida cautelar pretende garantizar es la eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva y no el interés de ningún particular. La valoración de intereses en conflicto, en realidad es una confrontación entre dos principios constitucionales, el de la eficacia de la Administración y el regulado en el art. 24 de la CE. Por tanto, a priori, no tiene por qué prevalecer el primero sobre el segundo58.
Sobre esta cuestión, HINOJOSA TORRALVO ha subrayado que el interés general al que debe servir la Administración Pública

no es su propio interés, sino el interés de la colectividad o de la comunidad. Por eso no puede decirse que exista sin más un interés fiscal; por el contrario, ese interés es defendible como interés colectivo o general, sometido a unos moldes o límites que establecen su marco: el de la contribución justa e igualitaria. Pero, por otro lado, tampoco el respecto a los derechos y garantías del ciudadano es en realidad un interés particular, sino un interés general, constitucionalmente defendible como cualquier otro, incluido el interés fiscal. En suma, se trata, en ambos casos, de intereses generales a cuya defensa se debe la Administración59.
4. Consideramos incoherente que se pueda conceder la suspensión de tales actos en vía económico-administrativa y jurisdiccional y se limite con motivo de la interposición de un recurso de reposición. En teoría, el mismo perjuicio, que justifica la prohibición en el recurso de reposición, se causaría si se concede la suspensión en la vía económico-administrativa o en el ámbito jurisdiccional. Sobre esta cuestión volveremos con más detenimiento, cuando analicemos el desigual régimen jurídico de las medidas cautelares positivas en las diferentes vías de impugnación60.
5. Compartimos la recomendación, planteada en el Informe final de la Comisión para la Reforma de la Financiación Local, de paliar las ineficiencias de la gestión compartida impulsando una mayor colaboración interadministrativa61.
V. PROPUESTA DE LEGE FERENDA

Teniendo en cuenta los problemas analizados en los epígrafes anteriores respecto a la suspensión en materia tributaria local, así como el desigual régimen de la suspensión que estableció la actual LGT, coincidimos con MARTÍN FERNÁNDEZ en la necesidad de modificar el artículo 14 del TRLRHL por razones sustantivas y de seguridad jurídica62. Esta es la propuesta de lege ferenda que presentamos, recogiendo las sugerencias planteadas ut supra, incluida la opción de eliminar la exigencia de garantías en el recurso de reposición frente a actos de contenido económico, mediante una remisión a la propuesta de regulación del art. 224 de la LGT formulada en líneas precedentes63 y la posibilidad de acordar medidas cautelares positivas64:

Art. 14.2.I) Medidas cautelares.

Los interesados tienen derecho, con ocasión de la impugnación, a que se adopten las medidas cautelares necesarias, cuando el desarrollo del procedimiento pudiera hacer perder su finalidad legítima a la impugnación, en los términos previstos en el art. 233 de la LGT, con las siguientes especialidades:

a) En todo caso será competente para tramitar y resolver la solicitud el órgano de la Entidad que dictó el acto, en caso de recurso de reposición o el órgano económico-administrativo cuando se interponga reclamación económico-administrativa, con base en lo dispuesto en el art. 137 de la LBRL.

b) La suspensión con motivo de la interposición de un recurso potestativo de reposición se regirá por lo dispuesto en el art. 224 de la LGT.

c) La resolución denegatoria de una solicitud de medida cautelar vinculada a un recurso de reposición potestativo será susceptible de reclamación económico-administrativo ante el órgano creado por la entidad local. Las resoluciones denegatorias de la medida cautelar solicitada con ocasión de la interposición de un recurso de reposición preceptivo o de una reclamación económico-administrativa se podrán impugnar en vía contencioso-administrativa.

La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso.

NOTAS:

1Vid. el epígrafe II.3.1 del Capítulo III.
2Vid. el análisis realizado de la impugnación de actos de la vía de apremio con base en el art. 165.2 de la LGT y de la apreciación de error aritmético, material o de hecho por parte del órgano administrativo competente para resolver en los epígrafes I.4 y II.3 del Capítulo anterior.
3Vid. art. 77 del TRLRHL.
4Con anterioridad a la entrada en vigor del RRA, RODRÍGUEZ MÁRQUEZ entendía aplicable, en este punto, la regulación contenida en los arts. 224.3 y 233.5 de la LGT. Cfr. RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: La Revisión de Oficio en la Nueva Ley General Tributaria. ¿Una vía para solucionar los conflictos entre Administración y contribuyentes?, Thomson-Aranzadi, Elcano, 2004, p. 258.
5CHECA GONZÁLEZ, C.: La revisión de los actos tributarios en vía administrativa, Lex Nova, Valladolid, 1988, pp. 54 y ss., y BOCANEGRA SIERRA, R.: La revisión de oficio de los actos administrativos, IEAL, Madrid, 1977, p. 268. Sobre esta cuestión vid. BURLADA ECHEVESTE, J. L.: Declaración de nulidad de pleno derecho en materia tributaria, Bosch, Barcelona, 2013, pp. 67 a 76.
6En sintonía con lo dispuesto en el art. 111.2.b) de la anterior LRJ-PAC.
7Por aplicación de las normas propias de la Administración Pública, ante el silencio de la LGT y del RRA. Cfr. MARTÍN QUERALT, J.: «La suspensión en el procedimiento especial de revisión por nulidad de pleno derecho en el ámbito tributario», TF, nº 185, 2006, p. 6. En el mismo sentido, vid. RUIZ TOLEDANO, J. I.: El Nuevo Régimen de Revisión Tributaria Comentado, op. cit., p. 152.
8Vid. los dos últimos párrafos del art. 212.3 y el apartado primero del art. 233 de la LGT.
9El art. 217 de la LGT incorporó a la normativa tributaria todos los motivos contenidos en el art. 62.1 de la LRJ-PAC de 1992, a diferencia de su predecesor, el art. 153 de la LGT de 1963, que omitía algunos de ellos.
10MARTÍN QUERALT, J.: «La aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los procedimientos administrativos en materia tributaria», op. cit., p. 42.
11Vid. el análisis jurisprudencial y doctrinal realizado en su día por CHECA GONZÁLEZ, C.: Reclamaciones y Recursos Tributarios, op. cit., pp. 29 a 53, además de las sentencias del TS de 7 de julio de 1986 y 17 de abril y 23 de febrero de 1989, y del TC 68/1985, de 27 de mayo (Tol 79484), y 175/1987, de 4 de noviembre (Tol 79914).
12VV.AA.: Guía de la Ley General Tributaria, CISS, 2004, p. 481.
13TOLEDANO JAUDENES, J.: «Comentario al artículo 41», en Comentarios al Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, op. cit., p. 787.
14Art. 192.2 del RDLeg. 781/1996, de 18 de abril. La evolución normativa de la suspensión en el ámbito local puede verse en GARCÍA ROSS, J. J.: La suspensión en los procedimientos tributarios de revisión., op. cit., pp. 479 a 481.
15Sobre este tema, vid. CHECA GONZÁLEZ, C.: La revisión de los actos tributarios locales, op. cit., pp. 126 a 170, y "El recurso de reposición en materia tributaria local", Impuestos, 1999/II, pp. 267 a 288; OLAÑETA FERNÁNDEZ-GRANDE, R.: Impugnación de tributos locales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1991, pp. 118 a 121; GOMAR SANCHEZ, J. I.: "La suspensión de los actos de liquidación en materia tributaria local", Impuestos, 1996/9, vol. 12, pp. 7 a 29; ARNAL SURÍA, S.: "La gestión de los tributos locales", pp. 52 a 54; MARTÍN FERNÁNDEZ, J.: La suspensión de la ejecución de los actos tributarios., op. cit., pp. 107 a 110; CHICO DE LA CÁMARA, P.: La Suspensión de la Ejecución de los Actos Tributarios., op. cit., pp. 90 a 99; FABRA VALLS, M.: La suspensión de los actos., op. cit., pp. 270 y 271; GUERRA REGUERA, M.: Suspensión de actos administrativos tributarios, op. cit., pp. 111 y 112.
16STC de 28 de junio de 1999 (Tol 110179) y STS de 4 de octubre de 1995 (Tol 187501). Cfr. CHECA GONZÁLEZ, C.: «El recurso de reposición en materia tributaria local», Impuestos, II/1999, p. 257; LUQUE MATEO, M. A.: "Medidas cautelares positivas en el ámbito tributario", op. cit., pp. 71 y 72. Vid. art. 108 de la LBRL.
17BOE nº 313, de 31 de diciembre. Con efectos a partir del día 1 de enero de 1999.
18El ya derogado art. 14.4 in fine de la LRHL establecía que la suspensión del acto sólo producía efectos en el recurso de reposición.
19MARTÍN FERNÁNDEZ, F. J.: La suspensión de la ejecución de los actos tributarios en vía de recurso, op. cit., p. 26; CHICO DE LA CÁMARA, P.: La Suspensión de la Ejecución de los Actos Tributarios..., op. cit., p. 95.
20No olvidemos que los arts. 2.2 y 12.1 del TRLRHL remiten a la LGT y que el art. 1 de ésta considera que «será de aplicación a todas las Administraciones tributarias». En este sentido, CHICO DE LA CÁMARA ha afirmado que «el administrado podría suspender la liquidación tributaria sin prestar garantía suficiente en los supuestos regulados expresamente en la esfera local y en aquellos otros que reconociesen las disposiciones tributarias de alcance general» (La Suspensión de la Ejecución de los Actos Tributarios, op. cit., p. 93). Cfr. la STSJ de Galicia, de 21 de noviembre de 1996 (REDF, nº 94, 1997, p. 256).
21Vid. el epígrafe VII.2 del Capítulo II.
22Art. 121.1 LBRL. El último párrafo de este apartado dispone que «en los casos previstos en los párrafos c) y d), se exigirá que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos».
23Artículo 137. Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas

«1. Existirá un órgano especializado en las siguientes funciones:

a) El conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, que sean de competencia municipal.

b) El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales.

c) En el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia tributaria, la elaboración de estudios y propuestas en esta materia.

2. La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa y contra ella sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo.

3. No obstante, los interesados podrán, con carácter potestativo, presentar previamente contra los actos previstos en el apartado 1 a) el recurso de reposición regulado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Contra la resolución, en su caso, del citado recurso de reposición, podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante el órgano previsto en el presente artículo.

4. Estará constituido por un número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Pleno, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren, de entre personas de reconocida competencia técnica, y cesarán por alguna de las siguientes causas:

a) A petición propia.

b) Cuando lo acuerde el Pleno con la misma mayoría que para su nombramiento.

c) Cuando sean condenados mediante sentencia firme por delito doloso.

d) Cuando sean sancionados mediante resolución firme por la comisión de una falta disciplinaria muy grave o grave.

Solamente el Pleno podrá acordar la incoación y la resolución del correspondiente expediente disciplinario, que se regirá, en todos sus aspectos, por la normativa aplicable en materia de régimen disciplinario a los funcionarios del ayuntamiento.

5. Su funcionamiento se basará en criterios de independencia técnica, celeridad y gratuidad. Su composición, competencias, organización y funcionamiento, así como el procedimiento de las reclamaciones se regulará por Reglamento aprobado por el Pleno, de acuerdo en todo caso con lo establecido en la Ley General Tributaria y en la normativa estatal reguladora de las reclamaciones económico-administrativas, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias en consideración al ámbito de actuación y funcionamiento del órgano.

6. La reclamación regulada en el presente artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley prevé la reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado».
24MARTÍN FERNÁNDEZ, J.: «Los nuevos "Tribunales Económico-Administrativos Locales"», Estudios financieros, nº 247, 2003, p. 149; COLAO MARÍN, P. A.: «Las reclamaciones económico-administrativas en los municipios de gran población», QF, nº 22, 2012.
25Consejo Económico-Administrativo Municipal de Oviedo, Consejo Económico-Administrativo de Murcia, Cartagena o Consejo Municipal para la Resolución de las Reclamaciones Económico-Administrativas y del Procedimiento Económico-Administrativo de Córdoba, por ejemplo. No se incluye entre estos el Consell Tributari de Barcelona, por tratarse de un órgano consultivo, sin competencias resolutivas (Cfr. art. 47 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del Municipio de Barcelona).
26Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas de Zaragoza, v. gr.

27En Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Móstoles, Alicante, Donosita-San Sebastián, La Coruña, Toledo, Elche o Mérida, v. gr.

28Datos obtenidos en GONZÁLEZ PELAYO, A.: «Los procedimientos tributarios en la esfera local. Propuestas para la implantación de nuevas medidas de resolución de conflictos», comunicación presentada en el Congreso Claves para la reforma de las Haciendas Locales, celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos el 15 de marzo de 2018. Según esta autora, los órganos económico-administrativos municipales existentes cubren las necesidades de tan solo el 32,50% de la población española.
29Del mismo modo, la Comisión «propone la creación de un nuevo recurso extraordinario para unificación de doctrina en la vía económico-administrativa local con el fin de evitar disparidades de criterio entre los TEAM». Cfr. Informe Final de la Comisión..., p. 82. MARTÍN FERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ se han pronunciado también a favor de recuperar la vía económico-administrativa para todos los municipios. Cfr. MARTÍN FERNÁNDEZ, J. y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: Manual de Derecho Financiero y Tributario, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 486.
30Sobre esta cuestión vid. GONZÁLEZ PELAYO, A.: «Los procedimientos tributarios en la esfera local...», op., cit.

31Según FERNÁNDEZ LÓPEZ, este órgano «goza de independencia jerárquica dentro de la Administración municipal, pero carece de potestad autoorganizativa al quedar sometido al reglamento aprobado por el Pleno y tampoco está dotado de independencia personal al se este último el competente para nombrar y separar libremente a sus miembros» (FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I.: «El órgano económico-administrativo local: ¿Mecanismo efectivo para la resolución extrajudicial de la conflictividad tributaria municipal?», Tributos Locales, nº 43, 2004, pp. 11 a 23).
32Disp. Adic. Primera RRA: «Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla o de las entidades locales en materia de procedimientos regulados en este Reglamento se determinarán conforme a lo que establezca la normativa específica».
33El Consejo de Estado criticó en su momento este desigual régimen jurídico, subrayando que «no parece que exista obstáculo alguno para unificar ambos sistemas». (Cfr. Dictamen del Consejo de Estado al Anteproyecto de la Ley General Tributaria, pp. 104 y 105).
34LUQUE MATEO, M. A.: «Cuestiones relativas a la suspensión de la ejecutividad de los actos tributarios locales», Impuestos, nº 5, 2004, pp. 11 a 38.
35CHICO DE LA CÁMARA afirma que «el administrado podría suspender la liquidación tributaria sin prestar garantía suficiente en los supuestos regulados expresamente en la esfera local y en aquellos otros que reconociesen las disposiciones tributarias de alcance general». (La Suspensión de la Ejecución de los Actos Tributarios..., op. cit., p. 93). Vid., en este sentido, la STSJ de Galicia, de 21 de noviembre de 1996 (REDF, nº 94, 1997, p. 256).
36Vid. arts. 90.1 y 91.1 del TRLRHL.
37Vid. arts. 66 y 107 del TRLRHL.
38Vid. art. 27.1 del TRLCI, así como el Capítulo I del Título IV del RCI.
39Vid. AGULLÓ AGÜERO, A: «Aproximación crítica a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales», Revista de Información Fiscal, nº 58, 2003, p. 29. Para aliviar esta situación, ESEVERRI MARTÍNEZ propone ampliar las competencias de revisión en sede económico-administrativa, permitiendo tanto a los tribunales dependientes del Estado, como a los instituidos en el ámbito Municipal, «a proceder a la revisión de uno y otro tipo de actos de gestión administrativa». Cfr. ESEVERRI MARTÍNEZ, E.: «Aspectos litigiosos del sistema tributario local», Tributos Locales, nº 117, 2014, p. 13.
40FD 5º de la STSJ de Cataluña, de 31 de octubre de 2012 (Tol 2728988). Para la Sala, "cuando cualquier lógica impondría que se resolvieran antes los litigios relativos a la valoración catastral o a la clasificación censal y después los que afectaren a las liquidaciones, el sistema legal conduce a la solución contraria". A este respecto la Comisión de expertos para la revisión del sistema de financiación local considera que los plazos de resolución de las reclamaciones económico-administrativas «deberían cumplirse con carácter general, y en su caso reducirse en beneficio de una justicia rápida y eficaz ex artículo 24 CE». Cfr. Informe de la Comisión de Expertos para Revisión del Modelo de Financiación Local, op., cit., p. 80.
41Redacción fruto de las enmiendas 112 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y 357 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), presentadas en el Congreso.
42Vid. las resoluciones 3 y 10/2011 del Consejo Económico-Administrativo de Cartagena, recaídas en las reclamaciones 101 y 102/2010, así como la STSJ de Cataluña de 25 de enero (Tol 1839908), y la STSJ de Murcia 709/2015, de 26 de junio (Tol 5433476).
43STSJ de Castilla y León, Valladolid de 16 de mayo (Tol 2152246), con cita de otras muchas anteriores. Vid. el análisis que se realiza de esta cuestión en el epígrafe II.2 del Capítulo IV.
44SSTSJ de Cataluña de 18 de noviembre de 2010 (Tol 2108135), de 28 de diciembre de 2011 (Tol 2475293), de 2 de julio de 2012 (Tol 2618458), de 13 de septiembre de 2013 (Tol 4017124), 12 de junio de 2014 (Tol 4513312) y de 26 de junio de 2015 (Tol 5442559).
45STSJ de Cataluña de 26 de junio de 2015 (Tol 5442559) y STS de 28 de junio de 2005 (Tol 698064).
46SSTSJ de Cataluña, de 28 de junio y 31 de octubre de 2012 (Tol 2728988).
47Art. 68.9 de la LGT: «La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) del artículo 66 de esta Ley relativa a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los derechos a que se refieren las letras a) y c) del citado artículo relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en éstas se produzca o haya de producirse una tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración Tributaria o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones tributarias conexas.
A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distinto».
48Vid. el análisis que se realiza de esta cuestión en el epígrafe III del Capítulo V.
49Vid. el análisis realizado en el epígrafe II del Capítulo I.
50En sentido contrario, vid. la STSJ de la Comunidad Valenciana de 20 de noviembre de 2015 (Tol 5745097).
51En el mismo sentido, vid. la STSJ de Castilla-León de 16 de mayo de 2011.
52Vid. lo expuesto en el epígrafe II.1.1 del Capítulo III.
53La doctrina ha criticado también este precepto. Vid. GARCÍA-OVIES SARANDESES, I.: "Los efectos de la suspensión de la recaudación tributaria", op. cit., p. 1297.
54Vid. epígrafe II del Capítulo I.
55Auto del TS de 17 de marzo de 1990 (Tol 3497212).
56LUQUE MATEO, M. A.: Las medidas cautelares tributarias..., op. cit., pp. 189 y 190.
57En relación con la anterior normativa que regulaba las ponencias de valores, VARONA ALABERN advirtió que, posiblemente, el legislador había ponderado los intereses concurrentes, tanto de la Administración del Estado como de los particulares, y había entendido que la suspensión podría ocasionar mayores perjuicios a aquélla que la no suspensión de los valores catastrales. Cfr. VARONA ALABERN, J. E.: El Valor Catastral: su Gestión e Impugnación..., op. cit., pp. 255, 363, 364 y 366.
58Vid. el análisis realizado en el epígrafe IV del Capítulo V, dedicado a las medidas cautelares positivas.
59HINOJOSA TORRALVO, J. J.: «Bases para el análisis de las relaciones entre la Hacienda Pública y los ciudadanos», op., cit., p. 408.
60Ibidem. Respecto a la anterior normativa, GARCÍA NOVOA ya consideró ilógico que si la técnica de suspensión en la vía económico-administrativa se había aplicado por la jurisprudencia a ámbitos ajenos a ella, la LRHL amparara la regresión en el sistema de suspensión de la eficacia de determinados actos de gestión del IBI. Cfr. GARCÍA NOVOA, C.: «Las garantías del contribuyente ante la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles», Impuestos, nº 3, 1992, pp. 25 y 26.
61Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, julio, 2017, p. 82.
62Según este autor, «deberá preverse, al igual que existe en el ámbito estatal, el mantenimiento de la suspensión obtenida en el recurso de reposición, para la vía económico-administrativa». Cfr. MARTÍN FERNÁNDEZ, J.: «Los nuevos "Tribunales Económico-Administrativos Locales"», op. cit., p. 151. FERNÁNDEZ LÓPEZ ha criticado, también, el hecho de que la LMMGL no haya reformado este precepto del TR LRHL (FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I.: «El órgano económico-administrativo local...», op. cit., p. 18).
63Vid. epígrafe I.7.2 del Capítulo III. Dicha propuesta presenta especial relevancia en el ámbito local, donde el nivel de conflictividad tributaria es ciertamente reducida. Vid. GONZÁLEZ PELAYO, A.: «Los procedimientos tributarios en la esfera local...», op. cit. Para un análisis de esta cuestión en Reino Unido, vid. BAILEY, S. H.: Cross on Principles of Local Government Law, Sweet & Maxwel, 2004, p. 734.
64Vid. el análisis de la suspensión de los actos de contenido negativo que se realiza en el epígrafe IV del Capítulo siguiente.

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ABREVIATURAS:

AEDAF Asociación Española de Asesores Fiscales.
AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria.
AN Audiencia Nacional.
APLGT Anteproyecto de Ley General Tributaria.
Art/s. Artículo/s.
ATC Auto del Tribunal Constitucional.
ATS/AATS Autos del Tribunal Supremo.
ATSJ Auto del Tribunal Superior de Justicia.
BO Boletín Oficial.
BOE Boletín Oficial del Estado.
CC Código Civil.
CCAA Comunidades Autónomas.
CDI Convenio para evitar la doble imposición.
CE Constitución Española.
Cfr. Compárese.
CGD Caja General de Depósitos.
CT Crónica Tributaria (Revista).
Disp. Adic. Disposición Adicional.
DGRN Dirección General de los Registros y del Notariado.
DGT Dirección General de Tributos.
DGTPF Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
DO Documento Oficial.
ed. edición.
EDERSA Editoriales de Derecho Reunidas, S.A.
FJ Fundamento jurídico.
FOGASA Fondo de Garantía Salarial.
GF Gaceta Fiscal (Revista).
HMRC Her Majesty' s Revenue and Customs.
HPE Hacienda Pública Española (Revista).
IAE Impuesto sobre Actividades Económicas.
IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Ibíd. En el mismo lugar.
ICIO Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
IEF Instituto de Estudios Fiscales.
IIVTNU Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos.
IPC Índice de Precios al Consumo.
IRPF Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
IRNR Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
IS Impuesto sobre Sociedades.
ISD Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
ITPAJD Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido.
JT Jurisprudencia Tributaria Aranzadi.
LBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
LDGC Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.
LEC Ley de Enjuiciamiento Civil.
LGP Ley General Presupuestaria (Texto Refundido).
LGT Ley General Tributaria.
LIRPF Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
LIS Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
LJCA Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
LMMGL Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
LOFCA Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial.
LOTC Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
LPA Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento Administrativo.
LPACAP Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
LRJ-PAC/LRJPAC Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
LRJSP Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
NRC Número de Referencia Completo [del aval].
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OM Orden Ministerial.
op. cit. opere citato

p/p. página/s.
PA Procedimiento Amistoso.
P. ej. Por ejemplo.
QF Quincena Fiscal (Revista).
RAP Revista de Administración Pública.

RCI Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, que aprueba el Reglamento de la Ley del Catastro Inmobiliario.
RD Real Decreto.
RDFHP Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública.

RDLey Real Decreto-Ley.
RDLeg. Real Decreto Legislativo.
REDA Revista Española de Derecho Administrativo (Civitas).
REDF Revista Española de Derecho Financiero (Civitas).
RGD Revista General del Derecho.

RGGI Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
RGIT Reglamento General de la Inspección de los Tributos.
RGLJ Revista General de Legislación y Jurisprudencia.

RGR Reglamento General de Recaudación.
RITPAJD Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
RISD Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
RPEA Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas.
RRA Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa (RD 520/2005, de 13 de mayo).
RR Reglamento de Recurso de Reposición (RD 2244/1979).
RS Resolución de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos y Presidencia de la AEAT, por la que se dictan criterios de actuación en materia de suspensión de la ejecución de los actos impugnados mediante recursos y reclamaciones y de relación entre los Tribunales Económico-Administrativos y la AEAT.
RSAN Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario (RD 2063/2004, de 15 de octubre).
RTT Revista Técnica Tributaria.

S Sentencia.
SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.
ss. siguientes.
TAPEA Texto Articulado de Procedimiento Económico-Administrativo.
TC Tribunal Constitucional.
TEA Tribunal Económico-Administrativo.
TEAC Tribunal Económico-Administrativo Central.
TEAR Tribunal Económico-Administrativo Regional.
TF Tribuna Fiscal.

TJUE Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
TR Texto Refundido.
TRLCI RDLeg. 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TR de la Ley del Catastro Inmobiliario.
TRLIRNR RDLeg. 5/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TR de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
TRLRHL/LRHL RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TS Tribunal Supremo.
TSJ Tribunal Superior de Justicia.
UE Unión Europea.
V. gr. Verbi gratia.

vol. volumen

VV.AA. Varios autores.

ÍNDICE:

Capítulo I: LA SUSPENSIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR

I. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA EJECUTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

II. FINALIDAD Y FUNDAMENTO DE LA SUSPENSIÓN

III. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

IV. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES

1. Inejecutividad de las sanciones tributarias

2. Aplazamiento o fraccionamiento del pago

2.1. Naturaleza jurídica

2.2. Compatibilidad de las solicitudes

Capítulo II: CUESTIONES PROCEDIMENTALES

I. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

1. Órgano competente

2. Subsanación de defectos

2.1. Régimen general

2.2. Prohibición de subsanación en la suspensión automática con garantías

II. VINCULACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN AL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL

III. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

IV. EFECTOS DE LA DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

1. Solicitud presentada en período voluntario

2. Solicitud presentada en período ejecutivo

V. LA SUSPENSIÓN Y EL SILENCIO ADMINISTRATIVO

1. El silencio administrativo respecto a la impugnación principal

2. El silencio administrativo referente a la solicitud de suspensión

2.1. Pronunciamiento expreso sobre la medida cautelar solicitada

2.2. El carácter positivo del silencio administrativo

VI. LA SUSPENSIÓN Y LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

1. La ejecución de la resolución estimatoria

2. La devolución de la garantía prestada

VII. EL MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN TRAS LA RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL

1. La provisionalidad y el mantenimiento de la suspensión en sede administrativa

2. La suspensión hasta el pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada en vía jurisdiccional

VIII. PRESCRIPCIÓN Y SUSPENSIÓN

1. La prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria

2. La prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas tributarias

2.1. Denegación jurisdiccional de la solicitud de suspensión y prescripción

2.2. Vías de oposición al requerimiento de cobro de la deuda prescrita

IX. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

X. INTERESES DE DEMORA Y SUSPENSIÓN

1. Regla general

2. El cómputo del plazo del devengo de intereses

Capítulo III: LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN VÍA ORDINARIA

I. LA SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA

1. Naturaleza cautelar de esta figura

2. La impugnación de las sanciones tributarias

2.1. La suspensión de las sanciones tributarias

2.2. Naturaleza sancionadora del acuerdo de derivación de responsabilidad

3. La impugnación de la deuda tributaria con las garantías legales

3.1. Características, cuantía y ámbito de extensión de las garantías

3.2. Las garantías admisibles para alcanzar la suspensión automática

3.3. El reembolso de los costes de las garantías

4. La impugnación con base en el art. 165 de la LGT

4.1. Régimen Jurídico

4.2. ¿Suspensión del acto o suspensión del procedimiento?

4.3. Aspectos problemáticos de la regulación y propuesta de lege ferenda

5. La suspensión en el procedimiento de comprobación de valores

5.1. La suspensión de la liquidación resultante

5.2. La suspensión de la comprobación de valores como acto de contenido no económico

6. La suspensión prevista en el art. 62 de la LGT

7. Propuestas de suspensión automática sin garantías

7.1. Planteamiento

7.2. La suspensión en el ámbito del recurso de reposición

7.3. La suspensión de deudas de escasa cuantía

II. LA SUSPENSIÓN ACORDADA POR DECISIÓN DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO COMPETENTE PARA RESOLVER

1. Suspensión mediante la aportación de garantías alternativas

1.1. Planteamiento

1.2. Clases de garantías

2. Suspensión con dispensa total o parcial de garantías

2.1. Planteamiento inicial

2.2. Superación del carácter excepcional

2.3. Acreditación del periculum in mora

2.4. El trámite de admisión de la solicitud: malas prácticas

2.5. Suspensiones solicitadas por Administraciones Públicas

3. Suspensión por apreciación de error aritmético, material o de hecho

3.1. Concepto de error aritmético, material o de hecho

3.2. El procedimiento regulado en los arts. 224.3 y 233.5 de la LGT

4. La suspensión no automática: ¿discrecionalidad o concreción de conceptos jurídicos indeterminados?

Capítulo IV: LA SUSPENSIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN Y EN EL ÁMBITO LOCAL

I. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN Y SUSPENSIÓN

1. La suspensión en el procedimiento de rectificación de errores

2. La suspensión en el procedimiento de nulidad de pleno derecho

3. La suspensión en el procedimiento de revocación

II. SUSPENSIÓN E IMPUGNACIÓN ORDINARIA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

1. Planteamiento general

2. La suspensión en los grandes municipios

2.1. El órgano económico-administrativo local

2.2. Impugnación y suspensión en grandes municipios

III. LOS DISTINTOS REGÍMENES DE SUSPENSIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL

IV. TRIBUTOS DE GESTIÓN COMPARTIDA Y SUSPENSIÓN

1. La problemática planteada en torno al art. 224.1 de la LGT

2. Posiciones interpretativas

3. Conclusión

V. PROPUESTA DE LEGE FERENDA

Capítulo V: SUPUESTOS PARTICULARES DE SUSPENSIÓN

I. LA SUSPENSIÓN DEL INGRESO DE LAS AUTOLIQUIDACIONES

1. Planteamiento general

2. La suspensión del ingreso de las tasas judiciales

II. LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS DE CONTENIDO NO ECONÓMICO

1. La suspensión de los requerimientos de información

2. La suspensión de los actos resultantes de los procedimientos catastrales

III. LA SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CONEXAS

1. Las obligaciones tributarias conexas

2. Opciones en la suspensión de las obligaciones tributarias conexas

IV. LAS MEDIDAS CAUTELARES POSITIVAS

1. Planteamiento inicial

2. La adopción de medidas cautelares positivas en la vía administrativa previa

V. LA SUSPENSIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE ASEGURAN EL COBRO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

1. La impugnación de las medidas cautelares del art. 81 de la LGT

2. La suspensión de las medidas cautelares

2.1. Exigencia de prestación de garantía

2.2. La sustitución por otra garantía para el levantamiento de las medidas cautelares

2.3. El periculum in mora

2.4. La tardanza en su adopción o denegación

VI. LA SUSPENSIÓN EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA DE RECAUDACIÓN Y EN LOS PROCEDIMIENTOS AMISTOSOS

1. La asistencia mutua en materia de recaudación

2. La suspensión del procedimiento de recaudación

3. Asistencia mutua, procedimiento amistoso y suspensión

4. La suspensión en el seno de los procedimientos amistosos

4.1. Planteamiento inicial

4.2. La configuración de la suspensión en el procedimiento amistoso como última instancia

4.3. Suspensión y trámite de admisión del inicio del procedimiento amistoso

4.4. La extralimitación reglamentaria, en relación con la prohibición de la suspensión no automática

4.5. La deficiente regulación de la subsanación de defectos relacionados con las garantías