Jurisprudencia

Cabecera: Precario. Ejecucion hipotecaria. Arrendamiento de vivienda
Jurisdicción: Civil
Origen: Audiencia Provincial de Barcelona
Fecha: 13/12/2018
Tipo resolución: Sentencia Sección: Decimotercera
Número Sentencia: 721/2018 Número Recurso: 1014/2017
Numroj: SAP B 12191/2018
Ecli: ES:APB:2018:12191
Voces sustantivas: Arrendamiento de la vivienda, Arrendamiento de vivienda, Mandato, Obligaciones de hacer, Principios rectores de la política social y económica, Certificaciones registrales, Contenido de la propiedad, Derecho a la libertad de residencia, Derecho a la propiedad privada, Domicilio, Función social, Función social de la propiedad, Renta, Tramitación administrativa, Adjudicación de viviendas de protección oficial, Objeto de la ley, Propiedad
Voces procesales: Desahucio, Desahucio por precario, Ejecución hipotecaria, Incoación del procedimiento, Prejudicialidad penal

ENCABEZAMIENTO:


Sección nº 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68, pl. 1 - Barcelona - C.P.: 08013
TEL.: 935673532
FAX: 935673531
EMAIL:aps13.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801942120168063893
Recurso de apelación 1014/2017 -4
Materia: Juicio verbal precario
Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 08 de Barcelona
Procedimiento de origen:Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 248/2016
Parte recurrente/Solicitante: Felipe , Eloisa
Procurador/a: Eva Castel Escale, Eva Castel Escale
Abogado/a: Cristina Moscoso Camacho
Parte recurrida: AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA, IGNORADOS OCUPANTES PG.
DIRECCION000 , Nº NUM000 BL. NUM001 NUM002 NUM003 DEL GRUP D'HABITATGES "SECTOR
PRAT-SUD REMOLAR" DEL DIRECCION001 , INCASOL - L'INSTITUT CATALA DEL SOL
Procurador/a: Jesus Bley Gil
Abogado/a: MARIA BEATRIZ FREJA PALACIO
SENTENCIA Nº 721/2018
Magistrados:
D. Juan Bautista Cremades Morant
Dª. M dels Angels Gomis Masque
D. Fernando Utrillas Carbonell
Dª. Maria del Pilar Ledesma Ibañez
Barcelona, 13 de diciembre de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO.- Se han recibido los autos de Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 248/2016 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 08 de Barcelona a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandados Felipe , Eloisa contra Sentencia de fecha 10/02/2017 y en el que consta como parte apelada AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA, INCASOL - L'INSTITUT CATALA DEL SOL.
SEGUNDO.- El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente: "Jesús Bley Gil, en nombre y representación de L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL y L'AGÈNCIA DE L'HABITAGE DE CATALUNYA, contra los IGNORADOS OCUPANTES del inmueble sito en pg.
DIRECCION000 , NUM000 , bloque NUM001 , NUM002 NUM003 , del grupo de viviendas "Sector Prat Sud-Remolar", de la localidad del DIRECCION001 , DECLARO haber lugar al desahucio de Dña. Eloisa , D.
Felipe y demás ignorados ocupantes de la mencionada finca, por falta de título, CONDENÁNDOLES a dejarla libre, vacua y expedita a disposición de la actora; con apercibimiento de que, de no hacerlo, se procederá a su lanzamiento el día 11 de mayo de 2017, a las 12 horas, empleándose para ello los apremios que fueran precisos, incluso la entrada en lugar cerrado, con descerrajamiento de la puerta de acceso, y el auxilio de la fuerza pública, si fueran necesarios. Todo ello con expresa condena en costas a los demandados."

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.
Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo, que ha tenido lugar el día 05/12/2018.
CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.
Se designó ponente al Magistrado Ilmo. Sr. D. Juan Bautista Cremades Morant.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- Por el INCASOL como propietaria de la vivienda sita en el Pg. DIRECCION000 , NUM000 , bl. NUM001 , NUM002 NUM003 del grupo de viviendas "Sector Prat Sud-Remolar" del DIRECCION001 y l#Agencia de L#Hanitatge de Catalunya (administradora y gestora), y al amparo del art. 250.1.2 LEC en relación con el art. 138 del Decret 2114/1968, Llei 18/2007 del dret a l#Habitatgese insta el desahucio por precario respecto de la misma, frente a sus ignorados ocupantes que lo hacen sin título ni pago de contraprestación alguna por dicha ocupación. La citación se entendió con Dª Eloisa , quien con D. Felipe , se opusieron a dicha pretensión, alegando (1) prejudicialidad penal con fundamento en el art. 40 LEC, respecto del procedimiento 15/2016 seguido en el Juzgado de Instrucción 1 del DIRECCION001 , por delito leve de ocupación indebida de inmueble, en los que recayó sentencia de 16.3.2016 condenando a dichos ocupantes como autores del mismo, (2) el derecho a una vivienda digna del art. 47 CE, (3) su precaria situación económica así como la realización de actuaciones para el mantenimiento de la vivienda, (4) y, en todo caso, no procede el lanzamiento hasta que el organismo competente ponga a su disposición una vivienda con alquiler social.
La sentencia de instancia estima íntegramente la demanda, con expresa imposición de las costas causadas a los demandados. Frente a dicha resolución se alzan éstos reiterando (1) el derecho a una vivienda digna ex art. 47 CE, (2) su precaria situación económica y la realización de reparaciones en la vivienda, (3) se remiten a la Llei 24/2015 de 29 de diciembre. Queda pues el debate planteado en tales términos, para cuya resolución se dispone del mismo material instructorio.
SEGUNDO.- Conviene partir de una serie de hechos básicos, en los cuales se hallan contestes las partes o se consideran suficientemente acreditados: 1) El INCASOL es propietaria de la referida vivienda de protección oficial (certificación registral al doc.
1 demanda) 2) Dicha vivienda se halla ocupada por una serie de personas de identidad desconocida, salvo los demandados, con su hijo menor, que lo hacían sin título que amparase dicha ocupación y sin pago de contraprestación alguna por la misma (doc. 2 demanda).
3) Tales hechos motivaron la interposición de una denuncia ante los Mossos d#Esquadra que, admitida, motivó la incoación del procedimiento 15/2016 seguido en el Juzgado de Instrucción 1 del DIRECCION001 , por delito leve de ocupación indebida de inmueble, en los que recayó sentencia de 16.3.2016 condenando a dichos ocupantes como autores del mismo (docs. 2 contestación y 3 demanda).
4) Por l#Agencia de l#Habitatge requirió, en 15.2.2016, por carta con acuse de recibo a los requeridos ocupantes para que entregasen la posesión en 10 días (doc. 4 demanda).


TERCERO.-Los requisitos requeridos para el éxito del precario, expuestos en la resolución recurrida, concurren manifiestamente en el presente caso. La situación socioeconómica alegada no constituye título de ocupación, sin olvidar que se trata de una vivienda de protección oficial cuya adjudicación exige una tramitación administrativa, y aún en el supuesto de que los demandados cumpliera los requisitos necesarios para optar a la adjudicación de una vivienda como la litigiosa, y estuviera dispuesta a satisfacer la renta que correspondiera por el arrendamiento de la vivienda que ocupa, ello no justificaría su ocupación actual, iniciada al margen del procedimiento de adjudicación de viviendas de protección oficial y prescindiendo de los mecanismos legal y reglamentariamente previstos, como bien indica la entidad actora, sino que, al igual que el resto de familias interesadas, debe seguir el trámite establecido al efecto.
Esta Sala ha declarado REITERADAMENTE, respecto del derecho a una vivienda digna ex art. 47 CE, que "no puede ser insensible respecto del problema que se plantea (confrontación propiedad/ vivienda digna), pero como es su función, aplica la Ley ( art. 117 CE ). Cierto que conforme al art. 47 CE <todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación ...>, lo cual supone una declaración - un principio rector de la política social y económica - y un explícito mandato a los Poderes Públicos para hacer efectivo el derecho (con los citados deberes de "promover ..." y de "regular ...", aunque no les impone el deber de proporcionar directa y físicamente la vivienda ) y con la finalidad que se expone, detectándose como obstáculo a la efectividad del derecho, el fenómeno especulativo, a la vez que "impone" interpretar las disposiciones en el modo y forma que sea más conducente a tal fin; pero lo que no parece nítido es el "real contenido" de ese derecho que la norma afirma, máxime cuando - a diferencia de los derechos constitucionales recogidos en el cap. 2º del tít. I, arts. 14 a 29 y 30.2 CE , con la doble protección del art. 53.2 CE - no tiene la protección constitucional, directa e inmediata, del art. 53.2 CE (es decir no es directa e inmediatamente ejercitable como verdadero derecho subjetivo, sino que precisa - art. 53.3 CE - de desarrollo legislativo), partiendo de que el precepto impone una obligación de hacer al poder público (crear las condiciones sociales económicas y jurídicas que hagan posible el acceso a la vivienda en función de las rentas y del derecho a la libertad de residencia y domicilio, como por ej. promover imposición de cargas públicas o impuestos a viviendas desocupadas por incumplimiento de la función social de la propiedad, es decir, "suspendida" la invocación directa, al desarrollo legislativo del derecho, pues el precepto "obliga" a desarrollar una política tendente a facilitar a todos el acceso a la vivienda , y no parece existir instrumento alguno a través del cual quepa exigir a los respectivos Parlamentos, estatal o autonómicos, que se haga realidad ese desarrollo legislativo, sin perjuicio de lo establecido en el art. 9.1 CE), conjunto de prestaciones ajenas a la actividad jurisdiccional.
En fin, tampoco puede olvidarse que el art. 33 CE proclama el reconocimiento del derecho a la "propiedad privada", delimita su contenido por las leyes ordinarias - arts. 541 CCC y 348 y 349 CC , Ley del Suelo, etc. ...- y establece la expropiación por determinadas razones mediante indemnización, aunque eleva a nivel constitucional la "función social" como criterio definidor que las leyes han de adoptar para limitar el contenido de la propiedad ( art. 53.1 CE ), de forma que para el legislador pueda, sin incurrir en inconstitucionalidad, reducir el ámbito de poder del propietario, ha de respetar su contenido esencial (la alteración de éste es presupuesto de la expropiación del 53.3 CE, y por ello, la "función social" nunca puede suprimir el "contenido esencial", y éste es el límite de la intervención legislativa, que solo puede sobrepasar mediante indemnización/expropiación por lo que el 33 ha de ponerse en relación con el 33.1, 38 y 128 CE); máxime cuando se trata de VPO y su adjudicación está sujeta a una normativa específica, respetando rigurosamente el orden de solicitudes y la concurrencia de los requisitos para el acceso o la adjudicación." En definitiva, es la Administración, a través de sus organismos competentes, la que debe organizar y decidir (con las garantías y recursos procedentes) la distribución de los recursos sociales disponibles. Y esa Administración encargada no es la de Justicia, cuya función está constitucionalmente definida (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado).
CUARTO.- El objeto de la ley 24/2015, cuyo ámbito abarca la ejecución hipotecaria o el desahucio por impago de la renta, no del desahucio por precario, pero es que, además, con el Recurso 2501/2016 de inconstitucionalidad planteado en relación con los arts. 2.2; 3; 4; 5.1, 2 , 3, 4 y 9; 7; la disposición adicional; lo indicado de la transitoria 2 y la final 3, se halla suspendida desde el 3 de junio de 2016, de vigencia y aplicación de los preceptos impugnados y, desde el 5 de mayo de 2016, para las partes legitimadas.
Consecuentemente, con desestimación del recurso, procede la íntegra confirmación de la resolución recurrida, cuyos fundamentos se acogen por esta Sala, dándolos por reproducidos, y con expresa imposición de las costas de esta alzada a los apelantes, al no apreciarse serias dudas de hecho ni de derecho sobre la cuestión debatida ( arts. 398.1 en relación con el 394.1 LEC).

FALLO:

QUE desestimando el recurso de apelación formulado por Dª Eloisa y D. Felipe , contra la sentencia dictada en los autos de que este rollo dimana, confirmamos dicha resolución con expresa imposición de las costas de esta alzada a los apelantes.
Lo acordamos y firmamos.
Los Magistrados :