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Título: Derecho Catastral
Fecha: 06/09/2018
Coordinadores: Pablo Puyal Sanz

Número epígrafe: 13
Título epígrafe: Las comunicaciones catastrales

TEXTO:

El procedimiento de declaración sufre de determinadas carencias para cubrir todas las necesidades de información que requiere el mantenimiento actualizado del Catastro Inmobiliario, debido al frecuente incumplimiento de la obligación de declarar por parte de los interesados. La Administración catastral suplía periódicamente dichas carencias mediante procesos de revisión catastral que, además de proceder a la nueva valoración de los inmuebles, actualizaban los datos catastrales masivamente, recogiendo las alteraciones catastrales no declaradas (§ 7.7).
En el año 1990, a raíz de la anulación de una de esas revisiones de valores catastrales, se puso de manifiesto la falta de actualización de muchos datos catastrales (§ 1.1). Por esta razón, la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 1991 introdujo una modificación de la LRHL, dejando exentos los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones por las alteraciones de orden físico, económico y jurídico en los inmuebles gravados, cuando tales alteraciones constasen en documentos otorgados por notarios o inscritos en registros públicos, sin perjuicio de la facultad de la Administración catastral de requerir al interesado la documentación que resultase pertinente en cada caso.
Si las críticas que se hicieron al Catastro por su falta de actualización fueron el origen de esta medida, su fundamento jurídico estuvo en que no tenía sentido que los propietarios tuvieran que presentar declaraciones por la realización de aquellos hechos, actos o negocios en cuya formalización o inscripción hubieran intervenido autoridades públicas que tenían el deber de colaborar con el Catastro suministrando la información que fuera relevante para su actualización. Con esta reforma se impedía la imposición de sanciones por la falta de presentación de declaraciones, cuando las alteraciones catastrales estuvieran formalizadas en documentos notariales, o inscritas en registros públicos. Pero, aparte del deber genérico de colaboración con la Administración que tenían estos fedatarios públicos, no existía una norma que regulara los requisitos para hacer efectivo dicho deber de colaboración, en cuanto a plazos, contenido y medios para el suministro de la información, razón por la cual se suscribieron, a partir de ese momento, numerosos convenios de colaboración con los notarios y registradores de la propiedad para hacerlo efectivo.
Ese deber de suministro de información se estableció legalmente a partir de 1997 junto con la obligación de hacer constar la referencia catastral en escrituras públicas e inscripciones registrales, lo que permitió empezar a incorporar masivamente en el Catastro los cambios de titularidad de los inmuebles con la información remitida por los notarios y registradores. Debido a los buenos resultados obtenidos en la actualización del Catastro con este procedimiento, su objeto se fue ampliando. En 2002 se reguló el procedimiento de comunicación catastral de manera sistemática y se extendió a los actos autorizados por las licencias municipales y a otros actos aprobados por diversas Administraciones Públicas. En 2005 se amplió nuevamente el objeto de este procedimiento incluyendo la información sobre los titulares y cotitulares de los inmuebles suministrada por la AEAT. En 2012 se introdujo el deber de comunicar los actos de parcelación de los inmuebles para los fedatarios públicos y, finalmente, a partir de 2016 la LRHC ha introducido la incorporación catastral de los cambios de cultivo con la información suministrada por las Administraciones Públicas con competencias en materia de agricultura1. De esta manera se han ido subsanando las carencias de información de que dispone el Catastro para su actualización permanente, completando la información de las declaraciones, con la información obtenida por colaboración de Administraciones y autoridades públicas.
Con estas medidas se han ido disminuyendo las cargas administrativas que pesan sobre los titulares de los inmuebles. La normativa tributaria regula la mayoría de los procedimientos de aplicación de los tributos haciendo recaer en los obligados el deber de presentar las declaraciones o autoliquidaciones, reservando a la Administración tributaria las funciones de comprobación, verificación, inspección y, en su caso, la potestad sancionadora por los posibles incumplimientos. Así, son los contribuyentes quienes cargan con la mayor parte de la actividad de gestión tributaria, reduciendo los costes de funcionamiento de la Administración. La normativa catastral, aunque en su origen siguió el mismo planteamiento al imponer a los titulares la obligación de colaborar con el Catastro y de presentar declaraciones, con el procedimiento de comunicación ha ido desplazando buena parte de esta obligación en entidades o funcionarios públicos, a través del procedimiento de comunicación catastral, que exime a los ciudadanos de la obligación de presentar declaraciones, gracias al suministro de la información de que disponen los agentes públicos que actúan en el tráfico inmobiliario, lo que favorece el derecho de los titulares catastrales a que las actuaciones de la Administración catastral se lleven a cabo de la forma que resulte menos gravosa (art. 34.1.k LGT).
Otro de los fines perseguidos en la creación de este procedimiento es la de agilizar la actualización del Catastro de modo que, en la medida de lo posible, la información se incorpore de manera rápida, estableciendo plazos breves de comunicación, y directa, simplificando los trámites a realizar. Sin embargo, dada la importancia que tienen los datos catastrales, estos automatismos de actualización no deben ir en detrimento de los controles que aseguren el acierto de la información que se incorpora al Catastro, ni de las necesarias garantías para los interesados.
De la regulación de este procedimiento de comunicación, en sus diversas modalidades, nos vamos a ocupar en el presente capítulo.
13.1. CONCEPTO Y NATURALEZA

El procedimiento de comunicación está regulado en los arts. 14 TRLCI, 29 a 38 RCI y en la orden ministerial para su desarrollo, así como por las RICN y RICR. Igualmente son aplicables las disposiciones comunes a otros procedimientos de incorporación catastral, como los arts. 12, 13, 16, 17, 47 y 48 TRLCI.
El art. 14 TRLCI define las comunicaciones catastrales como la información relativa a determinadas alteraciones catastrales producidas en los bienes inmuebles, que deben remitir determinados agentes colaboradores sometidos a derecho público. Por su parte, el art. 11.2 TRLCI incluye las comunicaciones como uno de los procedimientos de incorporación catastral, a través del cual se produce la inscripción en el Catastro Inmobiliario de tales alteraciones.
Por tanto, podemos definir la comunicación catastral como un procedimiento de incorporación catastral, que se inicia de oficio, mediante el cual las Administraciones o fedatarios públicos intervinientes en determinados hechos, actos o negocios relativos a los inmuebles suministran información sobre los mismos para su inscripción en el Catastro Inmobiliario, eximiendo a los titulares de la obligación de presentar la correspondiente declaración catastral. Se trata, por tanto, de un procedimiento similar al de la declaración catastral, pero quien la formula no es el titular del inmueble sino la Administración o funcionario público que conoce la realización de tales alteraciones en el ejercicio de sus funciones.
Este procedimiento, como los restantes procedimientos de incorporación catastral, tiene naturaleza tributaria, pero no debe confundirse con la comunicación de datos contemplada en el art. 121 LGT, con el que nada tiene que ver pues se define como la declaración presentada por el obligado tributario ante la Administración, para que sea ésta quien determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver, y que actualmente no está recogida en la normativa de ningún tributo.
13.2. OBLIGACIÓN Y LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR COMUNICACIONES

La formulación de las comunicaciones catastrales es obligatoria. Esto es reflejo del principio de obligatoriedad de las inscripciones catastrales que recoge el art. 11.1 TRLCI, dado que se establece que las Administraciones y funcionarios públicos que en dicho artículo se relacionan "deben remitir" al Catastro determinada información.
Con respecto al ámbito subjetivo de este procedimiento, están obligados a formular las comunicaciones catastrales las siguientes Administraciones y los fedatarios públicos:

a) Los notarios y registradores de la propiedad, en cuanto a las transmisiones de la titularidad catastral y a los actos de parcelación de inmuebles (segregaciones, divisiones, agrupaciones y agregaciones).
b) Los Ayuntamientos, en cuanto a determinadas alteraciones catastrales para las que hayan otorgado las licencias o autorizaciones.
c) Las Administraciones actuantes, con respecto a la información de determinados procedimientos que suponen un cambio en las características de los inmuebles (expropiación forzosa, deslinde administrativo, concentración parcelaria y actos de planeamiento o gestión urbanística).
d) La AEAT, que gestiona declaraciones tributarias, en cuanto a los datos de identificación de titulares y cotitulares de los inmuebles contenidos en ellas.
e) Las Administraciones gestoras de las ayudas y subvenciones de la PAC, en cuanto a la información sobre los cambios de cultivo.
Sólo los sujetos enumerados, que ejercen funciones públicas, pueden formalizar las comunicaciones correspondientes, por lo que no se encuentran legitimados para formalizarlas otras personas distintas, públicas o privadas.
La obligación de comunicar está establecida legalmente en el TRLCI. No obstante, en el caso concreto de los actos sometidos a licencia municipal, el nacimiento de esta obligación requiere, además, que el Ayuntamiento voluntariamente apruebe una ordenanza fiscal obligándose a ello.
En cuanto al ámbito objetivo de este procedimiento, se enumeran los diferentes hechos, actos o negocios que dan lugar a la obligación de presentar una comunicación. Muchas de las alteraciones catastrales objeto de comunicación también pueden ser objeto de declaración por los titulares (arts. 14 y 16 TRLCI). La Ley prevé, por tanto, que un mismo hecho, acto o negocio pueda ser objeto de declaración o de comunicación, excepto en el supuesto de los actos administrativos, enumerados en el art. 14.c), párrafo 1º y 2º TRLCI, derivados de determinados procedimientos administrativos: expedientes de deslinde, concentración parcelaria, expropiación forzosa o de planeamiento o gestión urbanísticos, que sólo pueden ser objeto de comunicación, dado que son las Administraciones actuantes quienes disponen de la información completa para actualizar el Catastro y no los interesados, que no tienen obligación de declararlas.
En la siguiente tabla se detallan los diferentes tipos de alteraciones y la circunstancia de si sobre ellos recae la obligación de declarar, de comunicar, o ambas:

TIPO DE ALTERACIÓN OBLIGACIÓN DE DECLARAR OBLIGACIÓN DE COMUNICAR
Nuevas construcciones y ampliación, rehabilitación o reforma, o derribo de las existentes Art. 16.a) TRLCI Art. 14.b) TRLCI
Modificación de uso o destino de los inmuebles Art. 16.b) TRLCI Art. 14.b) TRLCI
Cambios de clase de cultivo o aprovechamiento Art. 16.b) TRLCI Art. 14.e) TRLCI
Segregación, división, agregación y agrupación de inmuebles Art. 16.c) TRLCI Art. 14.a), párrafo 2º, y 14.c) TRLCI, párrafo 3º
Adquisición de la propiedad, o constitución, modificación o adquisición de los derechos de usufructo, superficie o concesión administrativa Art. 16.d) y e) TRLCI Art. 14.a), párrafo 1º, TRLCI
Variaciones en la cuota de participación de los cónyuges, comuneros, miembros o partícipes de la titularidad de inmuebles Art. 16.f) TRLCI Art. 14.a) y d) TRLCI,
Expedientes administrativos de concentración parcelaria, expropiación forzosa, deslinde administrativo y actos de planeamiento y gestión urbanística. Art. 14.c), párrafo 1º y 2º TRLCI


La formulación de una comunicación catastral por la entidad o funcionario público correspondiente excluye al titular del inmueble de la obligación de presentar la declaración catastral, "en los supuestos de comunicación", es decir, siempre que se cumpla la obligación de informar al Catastro por la Administración o funcionario actuante, en las alteraciones en que está previsto y con los requisitos establecidos. Por ello es importante que las Administraciones o funcionarios actuantes presten la debida información a los interesados en el curso de estos procedimientos, acerca de si se dan o no los requisitos para que se tramite la comunicación y, en consecuencia, sobre si subsiste o no su obligación de declarar, dado que su incumplimiento puede acarrearles la exigencia de responsabilidades tributarias.
El incumplimiento de la obligación de realizar la comunicación puede constituir una infracción tributaria simple (art. 70.c TRLCI).
El suministro de información inmobiliaria en otros supuestos que se realice por los agentes colaboradores distintos a los previstos en el art. 14 TRLCI no provoca el inicio del procedimiento de comunicación. Si se suministra información al Catastro sobre alguna alteración catastral sin reunir los requisitos subjetivos u objetivos para iniciar el procedimiento de comunicación, la Administración catastral debe tenerla en cuenta, en su caso, para la incoación de otro procedimiento de incorporación catastral que proceda (inspección, rectificación, subsanación de discrepancias...), pero no puede iniciar un procedimiento de comunicación catastral propiamente dicho. Esta otra información suministrada sirve para comprobar el adecuado cumplimiento de la obligación de presentar la declaración, que subsiste y es objeto de análisis en otro lugar de esta obra (§ 19.2.1).
Para que se produzca una comunicación, además de referirse al ámbito subjetivo y objetivo que acabamos de señalar, deben concurrir una serie de requisitos de los que nos vamos a ocupar en el apartado siguiente.
13.3. FORMULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones catastrales están sujetas a los siguientes requisitos:

a) Identificación del inmueble afectado por la alteración. La comunicación debe contener la referencia catastral del inmueble que guarde correspondencia con la identidad de la finca, que debe ser aportada por los interesados, en los términos previstos en los arts. 38 y ss. TRLCI (§ 5.1).
b) Contenido. La información remitida debe permitir incorporar la alteración catastral objeto de la comunicación, con plenas garantías de certeza y veracidad. En ocasiones se requiere el envío de documentación complementaria en su caso.
c) Requisitos técnicos. Las alteraciones incorporadas por este procedimiento deben suministrarse a través del empleo de medios electrónicos lo que permite: incorporar las alteraciones de una manera ágil y directa, controlar los requisitos técnicos que la Ley establece y validar la calidad y seguridad de la incorporación catastral de la información suministrada. Si estos requisitos, que han sido desarrollados reglamentariamente, no se cumplen, el envío de la información no constituye una comunicación catastral.
A continuación, vamos a analizar los requisitos de los diferentes tipos o modalidades de comunicación que contempla el TRLCI.
13.3.1. Comunicación de cambios en la titularidad de los inmuebles

Esta modalidad de comunicación está regulada en los arts. 14.a) TRLCI, párrafo 1º, 29 RCI, y en las RINC y RINR que desarrollan los procedimientos notariales y registrales de comunicación, de conformidad con el art. 36.3, párrafo 3º TRLCI2.
Son comunicaciones la información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir conforme a lo dispuesto en el art. 36 TRLCI, en cuanto se refiera a documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la adquisición o consolidación de la propiedad, o la adquisición o constitución de los derechos de usufructo, superficie o de una concesión administrativa, ya se refieran a la totalidad del inmueble o a una cuota indivisa del mismo previamente incorporada en el Catastro, siempre que los interesados hayan aportado la referencia catastral en los términos a que se refiere el Título V y se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad.
- Sujetos obligados. Los obligados a formular esta modalidad de comunicación son los notarios y registradores de la propiedad que intervengan en el otorgamiento o inscripción de estos actos.
- Objeto de la comunicación. El objetode este procedimiento es incorporar al Catastro Inmobiliario cambios de la titularidad catastral de los bienes inmuebles. En la redacción inicial del precepto sólo se permitía incorporar los cambios de la titularidad por comunicación cuando la transmisión se refería al derecho de propiedad y a la totalidad del inmueble, por lo que no se podía incorporar la transmisión de otros derechos, ni de partes indivisas del mismo. Con la reforma de la LRHC se ampliaron los supuestos de comunicación que ahora comprende tanto la transmisión del derecho de propiedad como de los derechos de usufructo, superficie y concesión, y permite la comunicación cuando la transmisión afecte a la totalidad del inmueble o tan sólo a una cuota indivisa del mismo, siempre que dicha cuota esté previamente incorporada en el Catastro.
El art. 29 RCI también permite incorporar la adquisición o consolidación de la propiedad de la totalidad del inmueble tanto por una sola persona como por varias, siempre que se hiciera en unidad de acto, con independencia de que el derecho adquirido por cada una de ellas sea parte de la propiedad plena o de la nuda propiedad, o del usufructo total o parcial sobre el inmueble cuando tales alteraciones deban incorporarse a través del procedimiento de comunicación por notarios o registradores, previsto en el art. 14.a) TRLCI.
Este procedimiento es de aplicación a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y BICE.
- Requisitos. Los requisitosde la comunicación son los siguientes.
a) Aportación por el interesado de la referencia catastral del inmueble que guarde correspondencia con la identidad de la finca.
b) Formalización de la escritura pública o práctica de la inscripción en el Registro de la Propiedad, en las que conste la transmisión del inmueble y su referencia catastral (arts. 47 y 48 TRLCI).
c) Remisión de información al Catastro. Una vez otorgada la escritura o practicada la inscripción registral, los notarios y registradores deben proceder a la remisión de la información necesaria para que el Catastro pueda incorporar la alteración realizada en el inmueble.
Los requisitos para la remisión de la información se encuentran contenidos en el apartado tercero de las RICN y RICR, que disponen que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir al Catastro, por medios electrónicos, la siguiente información relativa a los cambios de titularidad catastral: 1) Datos de la alteración: identificación del documento notarial o de la inscripción registral, fecha del otorgamiento o inscripción, código de finca registral, clasificación de los actos de que se trate y del tipo de alteración, datos de identificación de la escritura o documento público en el que se han formalizado las alteraciones y su fecha; y 2) Datos de los bienes inmuebles y titulares afectados: referencia catastral, nombre y apellidos o razón social de los adquirentes y transmitentes, con su número de identificación fiscal y domicilio, la localización y superficie, junto con sus datos descriptivos, y el valor declarado de transmisión y valor de tasación hipotecaria si la hubiera.
- Plazo. El plazo en el que ha de formularse la comunicación por los notarios y registradores de la propiedad es el de cinco días contados a partir del siguiente al de autorización del documento público que origine la alteración lo que coincide con el plazo para la expedición de copia de las escrituras (art. 249.1 del Reglamento Notarial), o a partir de su inscripción en el Registro de la Propiedad.
- Información a los interesados. Cuando se produzca incumplimiento de la obligación de aportar la referencia catastral, cuando la aportada no se corresponda con la identidad del inmueble o cuando no concurran los restantes requisitos que establece el art. 14.a) TRLCI, el notario o el registrador, al formalizar la escritura o al realizar la inscripción del documento presentado, deben advertir a los interesados de forma expresa y escrita de estas circunstancias y también de que subsiste la obligación de presentar la correspondiente declaración catastral (art. 43 TRLCI). Las RICN y RICR prevén la existencia de un servicio informático, prestado a través de la SEC, que de modo inmediato informa al notario o al registrador sobre el resultado de la validación técnica de la información remitida y, en consecuencia, sobre la procedencia o no del inicio del procedimiento de comunicación, de lo que se debe informar al interesado.
La DA 2ª de la Orden EHA/3482/2006 prevé que, en caso de que subsista la obligación de declarar, las declaraciones catastrales puedan presentarse por los fedatarios intervinientes actuando como mandatarios de los obligados.
Además de esta obligación de información a los interesados, se prevé que una vez remitida la información al Catastro, los notarios y registradores de la propiedad pueden tener acceso a los datos y acuerdos catastrales derivados de sus comunicaciones (art. 53.1.b TRLCI). La amplia habilitación legal que recoge este artículo abre nuevas posibilidades para que los notarios y registradores informen a los interesados sobre la descripción catastral resultante de sus inmuebles, incorporando a las escrituras la nueva CCDG resultante y para que los notarios entreguen las notificaciones pertinentes derivadas de los actos la incorporación catastral.
13.3.2. Comunicación de actos sometidos a licencia municipal

Esta modalidad de comunicación está regulada en el art. 14.b) TRLCI, en los arts. 30 a 34 y 38 del RCI y en la orden de desarrollo de estos preceptos, que regula determinadas comunicaciones catastrales. También resulta aplicable el art. 76.2 y 3 TRLRHL.
Son comunicaciones las que formulen los Ayuntamientos respecto de los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen por la DGC.
- Sujetos obligados. Los obligados a formular este tipo de comunicaciones son los Ayuntamientos. La previsión legal para su realización no es suficiente, sino que se requiere que se produzca un acto voluntario del Ayuntamiento, mediante la aprobación de la ordenanza fiscal en la que asuman el deber de poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario tales actos.
- Objeto de la comunicación. En cuanto al objetode estas comunicaciones se extiende a los siguientes hechos, actos o negocios (art. 30 RCI):

a) La realización de nuevas construcciones.
b) La ampliación, rehabilitación o reforma de las construcciones existentes, ya sea parcial o total.
c) La demolición o derribo de las construcciones.
d) La modificación de uso o destino de edificios o instalaciones.
Este procedimiento es de aplicación a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y BICE.
Junto con estos cambios, los Ayuntamientos también pueden comunicar al Catastro los cambios de la titularidad catastral que hayan tenido conocimiento con motivo de los actos anteriores y de los que tengan constancia fehaciente, aunque esta última información no constituye parte de la comunicación y no exime al interesado de la obligación de declarar.
La documentación que ha de ser objeto de comunicación debe obrar en poder del Ayuntamiento que ha otorgado la licencia que, en su mayor parte, habrá sido aportada por el interesado, lo que le evita tener que aportarla de nuevo ante la Administración catastral para formular la declaración.
- Requisitos. En cuanto a los requisitos para formular la comunicación en esta modalidad son los siguientes:

a) Aprobación de la ordenanza fiscal municipal. Los Ayuntamientos, para acogerse voluntariamente a esta modalidad de comunicación, deben aprobar una ordenanza fiscal, mediante el procedimiento contemplado en los arts. 17 y ss. TRLRHL. Esta ordenanza fiscal puede ser la que regule el IBI, que puede contener las normas de gestión del impuesto tal y como prevé el art. 76 TRLRHL, o también cabe que sea una ordenanza reguladora de la gestión tributaria municipal (art. 15.3 TRLRHL).
En la ordenanza fiscal el Ayuntamiento puede acogerse a este procedimiento de modo parcial, es decir, obligándose a comunicar todos o sólo algunos de los hechos que pueden constituir su objeto. En la ordenanza también se puede obligar a los interesados a presentar la información complementaria que haya de remitirse al Catastro y que sea necesaria para la remisión de la comunicación, aunque no sea indispensable para el otorgamiento de la licencia.
Basta con la publicación de la ordenanza definitivamente aprobada en el boletín oficial correspondiente para su entrada en vigor3. Aunque no es requisito de su eficacia, debe comunicarse a la DGC que se ha aprobado dicha ordenanza y la fecha de su entrada en vigor, pues dicha información reviste trascendencia para la gestión catastral y para la ordenación y gestión del IBI (art. 36.2, párrafo 2º TRLCI).
Acogerse a este procedimiento de comunicación es voluntario para los Ayuntamientos, pero una vez se acojan están obligados a suministrar la información de todas las alteraciones catastrales de las que hayan otorgado las licencias que correspondan. El incumplimiento del deber de comunicación, así asumido, es objeto de infracción tributaria (art. 70.c TRLCI), sin perjuicio de las previsiones que contiene el RCI sobre la suspensión o renuncia a este procedimiento.
b) Aportación de la referencia catastral que guarde correspondencia con la identidad de la finca. Estas alteraciones pueden producir modificaciones en las fincas que hagan que el inmueble objeto de la licencia carezca de referencia catastral en el momento en que debe ser aportada, por lo que en estos casos basta aportar la referencia catastral de la finca de origen junto con el resto de la documentación (art. 40.2 TRLCI).
Es oportuno recordar que en los documentos públicos y en los procedimientos administrativos de otorgamiento de las licencias susceptibles de generar una incorporación en el Catastro Inmobiliario, se debe incorporar la CCDG como como medio de acreditación de la descripción física de los inmuebles (art. 3.2 TRLCI).
c) Otorgamiento de la licencia municipal para cada uno de los hechos, actos o negocios objeto de este procedimiento. Se requiere que la licencia sea expresa. Los diferentes tipos de licencias están enumerados en el art. 31 RCI: 1) de obras de construcción de edificaciones o instalaciones de todas clases; 2) de obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas las clases existentes; 3) de modificación, rehabilitación o reforma que afecte a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases; 4) de demolición de construcciones; 5) de modificación del uso de los edificios e instalaciones en general; 6) cualquier otra licencia o autorización equivalente a las anteriores de acuerdo con la legislación aplicable.
Con respecto a la expresión "cualquier otra autorización equivalente", cabe plantearse si pueden entenderse incluidas las declaraciones responsables o comunicaciones previas en los arts. 3 y 4 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Estos preceptos permiten desempeñar una actividad comercial cuando no necesiten obras que requieran la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (en adelante LOE), siendo suficiente realizar una declaración explícita del cumplimiento de los requisitos exigibles de acuerdo con la normativa vigente. Entendemos que no cabe en los casos de declaraciones de obra nueva, pues casi todas requieren la redacción de un proyecto, aunque sí cabría en la modificación del uso o actividad de edificios existentes. En cualquier caso, habrá que estar a lo que disponga la correspondiente ordenanza fiscal, que debe garantizar que la Administración municipal disponga de la información y documentación suficiente para realizar una comunicación al Catastro.
d) Remisión de la información al Catastro. Los Ayuntamientos deben remitir la documentación gráfica y alfanumérica necesaria para su tramitación, que se encuentra contenida en el art. 7 de la Orden EHA/3482/2006, de 19 de octubre, y que es similar a la que hay que presentar para las declaraciones catastrales de la misma clase. Aunque se permite que determinada documentación pueda ser sustituida por certificados de los acuerdos o informes de los funcionarios municipales, resulta obligatorio remitir toda la documentación completa que regula dicha orden ministerial, lo que sin duda es uno de los factores que dificulta su aplicación práctica. A pesar de que el tenor de la Orden es claro, a nuestro parecer debería ser suficiente la remisión por el Ayuntamiento de la información necesaria para la incorporación catastral, custodiando y conservando la documentación a disposición de los órganos catastrales para su posible comprobación (art. 38 RCI).
Tampoco establece la normativa catastral la obligación de remitir electrónicamente la información que debe comunicarse, lo que sin duda se debe a las dificultades prácticas que reviste para algunos Ayuntamientos remitir dicha información completa. No obstante, el art. 74 RCI establece con carácter general que la gestión de la documentación e información catastral se llevará a cabo mediante la utilización de medios electrónicos, y entendemos que la remisión de la información por medios electrónicos es obligatoria, dado que el art. 3.2 LRJSP establece que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí a través de medios electrónicos. Para el cumplimiento de esta obligación el art. 32 RCI permite realizar la comunicación a través de los entes gestores del IBI (fundamentalmente las Diputaciones Provinciales), que pueden prestar apoyo a las Entidades Locales que no tengan capacidad técnica suficiente.
- Plazo. La información debe remitirse por los Ayuntamientos en el plazo de tres meses contados desde el mes en que se hayan realizado los hechos, actos o negocios para los que se otorgó la licencia. Hay que distinguir, por tanto, el momento del otorgamiento de la licencia del momento de ejecución de los actos autorizados en ella. Para la remisión de la información debe esperarse a este último, puesto que el hecho de que se haya otorgado una licencia no significa que se haya realizado el acto para la que se otorgó, por lo que habrá que esperar a que se produzca dicha alteración (v.gr. la finalización de la obra o el derribo) para empezar a computar los plazos de remisión.
Por eso, la DA 2ª RCI establece que una vez aprobada la ordenanza la obligación de comunicar será exigible respecto a las declaraciones catastrales afectadas realizadas o consumadas a partir de la fecha de entrada en vigor la ordenanza fiscal, con independencia de que las licencias se hubieran otorgado con anterioridad.
- Información a los titulares catastrales. Los Ayuntamientos que se acojan a este procedimiento eximen a los titulares catastrales de la obligación de presentar las correspondientes declaraciones. En los municipios acogidos mediante ordenanza fiscal a este procedimiento de comunicación, las declaraciones catastrales se entienden realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el titular catastral queda exento de la obligación de declarar (art. 76 TRLRHL). Para la adecuada información a los interesados de este extremo, los Ayuntamientos deben advertir expresamente y por escrito, en el momento de otorgar las licencias o autorizaciones, de la exención de la obligación de declarar ante el Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios que se encuentren comprendidos en el procedimiento de comunicación. Dicha advertencia debe hacerse a los titulares catastrales, que no siempre son los que han solicitado la licencia municipal, por lo que el Ayuntamiento debe hacer las comprobaciones oportunas cuando exista este procedimiento (art. 34 RCI).
- Renuncia al procedimiento. El art. 33 RCI regula la renuncia del procedimiento de comunicación. El Ayuntamiento puede renunciar al procedimiento de comunicación mediante ordenanza fiscal. La renuncia debe notificarse a la Gerencia del Catastro respectiva, con indicación de la fecha de su entrada en vigor, en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de la adopción del acuerdo.
- Suspensión del procedimiento. Igualmente se contempla la posible suspensión del procedimiento de comunicación que puede producirse a iniciativa del Ayuntamiento respectivo o de la DGC, en los siguientes términos:

a) La suspensión puede ser acordada por el pleno del Ayuntamiento, de forma motivada, en cualquier momento. Dicho acuerdo, se debe notificar a la Gerencia del Catastro respectiva en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de su adopción. Debe publicarse en el BOP correspondiente o en el de la Comunidad Autónoma, en el caso de comunidades uniprovinciales, y surte efectos el día siguiente al de su publicación, restableciéndose desde ese momento el deber de declaración de los titulares catastrales previsto en el art. 13 TRLCI.
b) En los supuestos en que el Ayuntamiento incumpla de forma reiterada las obligaciones establecidas en la normativa catastral, la DGC debe recordarle su cumplimiento, concediéndole al efecto un plazo mínimo de un mes. Si transcurrido el plazo concedido el incumplimiento persistiera, la DGC puede acordar la suspensión del procedimiento de comunicación mediante resolución, que se debe notificar al Ayuntamiento y publicar en el BOP correspondiente o en el de la comunidad autónoma, en el caso de comunidades uniprovinciales, con los efectos establecidos en el párrafo anterior.
La desaparición de la causa que motiva la suspensión determina su levantamiento, que se debe acordar y publicar en idénticos términos a los establecidos para su adopción.
En los supuestos en que se hubiera acordado la suspensión del procedimiento de comunicación, los Ayuntamientos deben advertir expresamente y por escrito de la subsistencia de la obligación de declarar los hechos, actos o negocios para los que, tras la efectividad de la suspensión, se soliciten las correspondientes licencias o autorizaciones. La suspensión del procedimiento en ningún caso perjudica a quienes hubieran solicitado la licencia con anterioridad a su adopción.
Este procedimiento no está teniendo la aplicación que debiera, debido a varios factores: la complejidad del procedimiento y su documentación, que lo hace de difícil aplicación en la mayoría de municipios de escasa capacidad gestora; la inexistencia de unos sistemas de intercambio de información fluidos entre el Catastro y los Ayuntamientos; así como a la escasa conciencia de los órganos municipales que gestionan las licencias urbanísticas de la utilidad de mantener el Catastro debidamente actualizado, lo que erróneamente consideran como un objetivo exclusivamente tributario o fiscal y, por lo tanto, ajeno a su actuación.
Esta situación es lamentable por diversos motivos. Las declaraciones de nuevas construcciones son las más complejas, por lo que el funcionamiento del procedimiento de comunicación aligeraría las cargas a los ciudadanos para su declaración, lo que ahora no está ocurriendo. La falta de declaración de las nuevas construcciones constituye una de las fuentes más importantes de fraude fiscal en los tributos municipales, por lo que la no aplicación del procedimiento provoca que no se incorporen determinadas construcciones, lo que supone un quebranto para las arcas municipales y un agravio para el resto de contribuyentes. La no aplicación de este procedimiento puede provocar, en fin, un retraso en la incorporación de las nuevas construcciones, que obliga a los titulares a realizar el pago conjunto de los importes de las liquidaciones del IBI de los ejercicios atrasados no prescritos cuando finalmente se produce el alta, situación que también resulta indeseable.
13.3.3. Comunicación de actos de segregación, división, agregación o agrupación

Esta modalidad de comunicación fue introducida por la LES, que introdujo en el art. 14.a) párrafo 2º, y en el art. 14.c) párrafo 3º, y se reformaron los arts. 40.2, 47 y 48, todos ellos del TRLCI, para contemplar las comunicaciones de los fedatarios públicos referidas a los actos de parcelación.
Tras la reforma de la LH, la inscripción en el Registro de la Propiedad de estos actos de modificación de entidades hipotecarias, también requiere aportar la representación gráfica que refleje la nueva configuración de las fincas afectadas que debe reunir determinados requisitos técnicos, previéndose la existencia de sistemas de intercambio de información entre el Catastro, los notarios y el Registro para la plena eficacia del procedimiento.
Por ello, la regulación de esta modalidad de comunicación está integrada tanto por la normativa catastral como por la hipotecaria. Ambas han sido desarrolladas por las RICN y RICR, dictadas al amparo de los arts. 10.6 LH, 33 y 36 TRLCI (§ 22.5.9).
Constituyen comunicaciones la información que los notarios y los registradores de la propiedad deben remitir al Catastro referida a los actos de parcelación que consistan en la segregación, división, agregación o agrupación de bienes inmuebles, siempre que se aporte la referencia catastral de los inmuebles afectados y un plano que reúna determinadas características técnicas y que permita la identificación de dichas actuaciones sobre la cartografía catastral.
Esta modalidad del procedimiento de comunicación afecta a los bienes inmuebles de todas las clases, urbanos, rústicos y BICE.
- Obligados. Los obligados a formular estas comunicaciones son los notarios y los registradores de la propiedad que intervengan en el otorgamiento o inscripción de estos actos.
- Objeto. El objeto de estas comunicaciones son los actos de segregación, división, agregación o agrupación de fincas. Para ello hay que atender a la definición de estos actos contenida en los arts. 45 a 48 RH.
- Requisitos. En cuanto a los requisitos para que pueda producirse una comunicación de este tipo, podemos señalar los siguientes:

a) Aportación de la referencia catastral de las fincas afectadas que guarde correspondencia con la identidad de la finca. Estas alteraciones pueden producir modificaciones en las fincas que hagan que el inmueble objeto de la operación carezca de referencia catastral en el momento en que debe ser aportada, por lo que basta aportar la referencia catastral de la finca de origen junto con el resto de la documentación gráfica que ahora comentaremos (art. 40.2 TRLCI).
b) Aportación de un plano que refleje la modificación. El plano debe permitir la identificación de las modificaciones de las fincas sobre la cartografía catastral y, para su inscripción en el Registro de la Propiedad, debe ser una representación gráfica georreferenciada que reúna los requisitos técnicos establecidos (arts. 14 TRLCI. 9.b y 10.6.c LH). Este plano no es otro que la RGGA, cuyas características se regulan en el apartado séptimo de las RICN y RICR (§ 6.7.3).
c) Formalización de la escritura pública o inscripción en el Registro de la Propiedad del documento en el que conste el acto de parcelación correspondiente.
d) Remisión de la información al Catastro. Los notarios y registradores deben remitir la siguiente información: 1) Datos sobre la alteración: identificación de la inscripción registral y su fecha; clasificación de los actos de que se trate y del tipo de alteración; datos de identificación y fecha de la escritura pública o del acto de aprobación del expediente en el que se han formalizado las alteraciones y autoridad que lo haya dictado; y, en su caso, existencia de una autorización administrativa y su fecha; 2) Datos de los bienes inmuebles afectados: referencia catastral que se corresponda con la identidad de las fincas, código de la finca registral; nombre y apellidos o razón social de los transmitentes y adquirentes o titulares de los derechos inscritos susceptibles de incorporación al Catastro, con su número de identificación fiscal y domicilio; la localización y superficie, junto con sus datos descriptivos y los datos de los elementos constructivos que los compongan, si los hubiere; 3) Información sobre si se ha dado audiencia o no a los colindantes catastrales; 4) RGGA inscrita o incorporada al título, que reúna los requisitos establecidos necesarios para su incorporación al Catastro. Esta representación gráfica puede ser sustituida por el código seguro de verificación del IVG; 5) En el caso de los notarios, deben adjuntar a dicha información la copia simple de la escritura (apartado quinto RICN y RICR).
Especial importancia adquiere en este tipo de comunicaciones la información sobre si se ha dado audiencia o no a los titulares de parcelas colindantes distintas de las que son objeto del acto de parcelación, porque si la delimitación resultante modifica otras parcelas catastrales, no puede tramitarse la comunicación por el Catastro sin que se haya dado audiencia a dichos titulares, pues la incorporación produce un cambio en su inmuebles, en aspectos tan importantes como su configuración, superficie y valor catastral (§ 22.5.9).
- Plazo. La información debe remitirse en el plazo de cinco días desde el otorgamiento de la escritura o desde la inscripción en el Registro de la Propiedad.
- Información a los interesados. Al igual que en los cambios de titularidad, el deber de información a los interesados se rige por lo previsto en los arts. 43 y 53.1.b) TRLCI. Existe un servicio de validación inmediata de la información en la SEC, a efectos de que el fedatario interviniente pueda informar a los interesados sobre el inicio o no del procedimiento de comunicación (RICN y RICR).
En el caso de que la comunicación la realice el notario, debe remitir la documentación completa de los actos de parcelación al Catastro. Si la validación catastral de la información es positiva, éste debe comunicar al notario las nuevas referencias catastrales en el plazo de 24 horas. Este procedimiento de obtención inmediata de las referencias catastrales por los notarios está desarrollado en el apartado quinto de la RICN (§ 5.2.11). Una vez obtenida la referencia catastral, el notario debe dejar constancia de ella en la matriz del documento público por diligencia o nota al margen, de tal manera que en las copias que expida la notaría pueda hacer constar las nuevas referencias catastrales y el resultado catastral de la operación autorizada (art. 47.2 TRLCI).
13.3.4. Comunicación de actos derivados de procedimientos administrativos

Esta modalidad del procedimiento de comunicación está regulada en el art. 14.c), párrafo 1º y 2º TRLCI, en los arts. 35, 36 y 38 RCI y en la orden de desarrollo. También resulta de aplicación la RICR.
Establece el art. 14.c) TRLCI que son comunicaciones las que las Administraciones actuantes deben formalizar ante el Catastro Inmobiliario en los supuestos de concentración parcelaria, de deslinde administrativo, de expropiación forzosa y de los actos de planeamiento y de gestión urbanísticos que se determinen reglamentariamente. La comunicación comprende la correspondiente certificación administrativa expedida por el órgano actuante. Cuando las actuaciones mencionadas hayan sido inscritas en el Registro de la Propiedad, la información es igualmente objeto de comunicación al Catastro por el registrador.
- Obligados. Los obligados a formular la comunicación son las Administraciones Públicas actuantes en cada uno de los procedimientos administrativos reseñados y los registradores de la propiedad, cuando dichos actos son presentados para su inscripción registral. En estas alteraciones no existe obligación de los propietarios de formalizar declaración catastral, por lo que esta modalidad de comunicación no sustituye tal obligación, constituyendo el único procedimiento que tiene la Administración catastral para incorporarlas, aparte de la inspección.
En la gestión de los procedimientos administrativos que afecten a los bienes inmuebles hay obligación de hacer constar la referencia catastral en los documentos administrativos que contengan alteraciones catastrales y de incorporar la CCDG en los procedimientos administrativos como medio de acreditación de la descripción física de los inmuebles. Estas previsiones legales no siempre se han cumplido, sin que esta omisión suspenda la tramitación ni la resolución de los procedimientos (arts. 3.2, 44.2 y 46 TRLCI).
Por su parte, la obligación de suministrar la información al Catastro es una manifestación más del deber de colaboración de las Administraciones Públicas, que no siempre han cumplido. Este incumplimiento trae su origen de la falta de utilización de la información catastral en dichos actos y procedimientos, a lo que también están obligadas (§ 23). Así, es frecuente que no se tenga en cuenta la información catastral en su tramitación y resolución, que los proyectos aprobados no reúnan determinados requisitos mínimos de calidad técnica, por estar realizados con una cartografía no georreferenciada ni digitalizada o por no corresponderse los datos gráficos con los alfanuméricos, por no haberse dado audiencia a los titulares catastrales en su tramitación, o por no haber comunicado, haberlo hecho con retraso o de manera incompleta el resultado de la aprobación de estos expedientes al Catastro. Estas circunstancias generan problemas de difícil solución en la incorporación de dichas alteraciones al Catastro (arts. 14.c y 36.2 TRLCI)4.
- Objeto. El objeto de este tipo de comunicaciones es la realización de hechos, actos o negocios de muy diferente naturaleza, derivados de alteraciones catastrales muy distintas: cambios de titularidad de los inmuebles, cambios de la delimitación o reordenación de las parcelas o terrenos, o cambios de las condiciones urbanísticas. Algunas de estas pueden suponer una reclasificación y una nueva valoración catastral de los inmuebles. Analizaremos a continuación cada uno de estos supuestos.
a) Concentración parcelaria. El procedimiento de concentración parcelaria está regulado en la LRDA5 y en la legislación de las Comunidades Autónomas. En virtud del mismo se produce una reconfiguración o nueva delimitación de los inmuebles incluidos dentro de la zona que es objeto de concentración, de modo que las fincas iniciales o aportadas quedan sustituidas por las de reemplazo. El dominio y los demás derechos reales y situaciones jurídicas que tengan por base las parcelas sujetas a concentración pasan a recaer inalterados sobre las fincas de reemplazo. Este procedimiento afecta a bienes inmuebles de naturaleza rústica.
Es un procedimiento administrativo que requiere la realización de los siguientes trámites previstos en la normativa estatal6: 1) Iniciación del procedimiento. 2) Señalamiento de bases de concentración. 3) Fijación de la unidad mínima indivisible. 4) Elaboración del proyecto de concentración parcelaria. 5) Adopción del acuerdo de concentración, adoptado por la Administración actuante, siendo actualmente las Comunidades Autónomas las que ostentan dicha competencia. 6) Ejecución del acuerdo, que se verifica mediante la extensión de las actas de reorganización de la propiedad.
El expediente se resuelve administrativamente, siendo tales actos impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El art. 237 LRDA establece que la nueva ordenación de la propiedad resultante de la concentración y sus sucesivas alteraciones sean inexcusablemente reflejadas en el Catastro y que éste se coordine o guarde paralelismo con el Registro de la Propiedad. A tal efecto, copia de los planos de la concentración autorizada por el órgano competente y los datos complementarios que fueran precisos serán remitidos al Registro y al Catastro, cuyos documentos quedan así oficialmente incorporados a los indicados organismos públicos. El Catastro debe adaptar a la nueva situación los planos del municipio o municipios afectados por la concentración y remitir a los Registros de la Propiedad respectivos los nuevos planos ya rectificados.
b) Expropiación forzosa. Está regulada en la LEF. Comprende cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, por causa de utilidad pública o interés social, cualesquiera que fueren las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya suponga venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio.
Constituye un procedimiento compuesto por diferentes fases: 1) Declaración de utilidad pública. 2) Acuerdo de la necesidad de ocupación. 3) Fijación del justiprecio. 4) Ocupación y pago. La LEF prevé que pueda declararse la urgencia del procedimiento, lo que permite pasar directamente a la fase de ocupación y pago, mediante la consignación del importe fijado por la Administración, posponiendo la fijación del justiprecio a un momento posterior. El expediente se resuelve administrativamente y los actos dictados en el mismo son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La expropiación puede resultar, por tanto, un medio de transmisión de la propiedad o de los restantes derechos reales de los inmuebles que constituyen la titularidad catastral y, por tanto, su realización produce una alteración catastral de orden jurídico por cambio de titularidad, aunque si la expropiación afecta a una parte de los bienes inmuebles, también puede suponer una reconfiguración de determinados inmuebles (segregación) y requerir la modificación del parcelario catastral.
Puede afectar a bienes inmuebles de naturaleza rústica, urbana o de características especiales.
La expropiación se verifica mediante la suscripción del acta de ocupación y pago o, en su caso, consignación del depósito previo, siendo este el momento en que debe entenderse producida la transmisión de la propiedad. Así se deduce del art. 53 de la LEF, al establecer que las actas de pago y de ocupación son "títulos bastantes para que en los Registros de la Propiedad y en los demás registros públicos se inscriba o tome razón de la transmisión de dominio"7.
c) Deslinde administrativo. Las Administraciones Públicas titulares del dominio público tienen la potestad de deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio. Puede ejercerse cuando los límites entre las fincas colindantes sean imprecisos o existan inicios de usurpación (arts. 41.1.b, y 50 a 54la LPAP y 61 a 67 de su Reglamento). Es una manifestación de la autotutela de la Administración lo que lo diferencia del deslinde civil, que debe hacerse a través de procedimientos de jurisdicción, ordinaria o voluntaria. No obstante, la regulación de los deslindes administrativos también está contenida en diversas normas administrativas de carácter sectorial8.
La potestad de deslinde se concreta en una serie de actuaciones procedimentales que concluyen en el acto administrativo de deslinde, que es el que determina los límites concretos de los bienes públicos, y es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las cuestiones atinentes al derecho de propiedad son de naturaleza privada, y los afectados pueden ejercitar las acciones pertinentes ante los tribunales de orden civil. Los actos de deslinde administrativo tienen exclusivos efectos posesorios y provisionales y están supeditados a la decisión de este orden jurisdiccional9.
Puede afectar a bienes inmuebles rústicos, urbanos o de características especiales.
d) Actos de modificación del planeamiento urbanístico. Se trata de los actos administrativos mediante los cuales la Administración aprueba y modifica determinados instrumentos de planeamiento o de ordenación urbanística. Los planes urbanísticos son disposiciones generales, con rango reglamentario que, por sí mismos, no producen una modificación de la propiedad o de las características físicas de los inmuebles, para lo que se requiere que posteriormente se realicen los correspondientes actos de gestión o ejecución urbanística. No obstante, al afectar a la naturaleza del suelo, a su clasificación, a la calificación o al aprovechamiento urbanístico (uso, edificabilidad, etc.), constituyen una alteración catastral en la medida en que pueden provocar la modificación de las características económicas de los inmuebles. Ello no significa que la aprobación, modificación o anulación provoquen de manera inmediata una modificación de la ponencia de valores, que no es un acto de aplicación o desarrollo del planeamiento, sino un acto administrativo de carácter general, desprovisto de naturaleza normativa e independiente del planeamiento.
Los actos de planeamiento repercuten sobre la clasificación y valoración de los inmuebles afectados, y en consecuencia, a partir de su publicación, deben ser tenidos en cuenta en la gestión catastral aunque no afecten a las valoraciones realizadas con anterioridad. Su incorporación debe producirse a través del procedimiento de comunicación. Por esta razón el art. 35.2 RCI establece que deben ser objeto de comunicación "las modificaciones de planeamiento que supongan alteraciones en la naturaleza del suelo". También la DA 7ª TRLCI ha recordado la obligación de los Ayuntamientos de comunicar tales modificaciones de planeamiento.
e) Actos de gestión urbanística. El TRLSRU y la normativa urbanística de las Comunidades Autónomas regulan una serie de actos administrativos que producen cambios en los bienes inmuebles de muy diversa categoría, muchos de las cuales constituyen una alteración catastral que debe ser incorporada al Catastro Inmobiliario. Entre los actos de gestión urbanística que contempla el art. 35.2 RCI se encuentran los siguientes: 1) los proyectos de compensación, de reparcelación y de urbanización, o figuras análogas previstas en la legislación autonómica; 2) la ejecución subsidiaria de obras de rehabilitación, demolición o derribo derivadas del incumplimiento del deber de conservación de las edificaciones o de la función social de la propiedad; 3) la ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones.
- Remisión de información. Para que se produzca la comunicación es necesario que la Administración actuante proceda a remitir al Catastro la información gráfica y alfanumérica necesaria para su tramitación (art. 35.3 RCI), señalándose la información necesaria para cada uno de los supuestos.
a) Cuando el contenido de la comunicación tenga por objeto la resolución de un procedimiento de concentración parcelaria, un deslinde administrativo, una expropiación forzosa, o la ejecución de proyectos de compensación, reparcelación y urbanización, o figuras análogas previstas en la legislación autonómica, las Administraciones Públicas actuantes deben poner en conocimiento de la Gerencia del Catastro competente la siguiente información: referencia catastral del inmueble o inmuebles afectados; fecha de la alteración conforme a lo previsto en el art. 36 RCI; descripción parcelaria de la situación anterior, preferentemente mediante plano catastral obtenido de la SEC; descripción gráfica de la situación resultante, mediante planos acotados y superficiados; y apellidos y nombre o razón social, NIF o NIE y domicilio fiscal de los propietarios de los inmuebles resultantes.
b) Cuando el contenido de la comunicación tenga por objeto modificaciones del planeamiento que supongan alteraciones en la naturaleza del suelo, la Administración actuante que haya aprobado definitivamente la figura de planeamiento correspondiente, debe poner en conocimiento de la Gerencia del Catastro competente la siguiente información: fecha de aprobación definitiva de la modificación del planeamiento y de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente; documentación gráfica de la zona afectada, preferentemente mediante plano catastral de la SEC; y especificaciones de uso y edificabilidad.
c) Cuando el contenido de la comunicación tenga por objeto la ejecución subsidiaria de obras de rehabilitación, demolición o derribo, provocadas por el incumplimiento del deber de conservación de las edificaciones o por el incumplimiento de la función social de la propiedad, la Administración actuante debe poner en conocimiento de la Gerencia del Catastro competente la siguiente información: fecha de terminación de las obras; plano de emplazamiento, con indicación del nombre de la localidad, de la vía pública y número, representado preferentemente sobre la cartografía catastral obtenida de la SEC; fotografía del edificio completo; planos acotados por cada planta del edificio con distinta distribución de conformidad con la obra realmente ejecutada; descripción gráfica de la situación resultante cuando se trate de un supuesto de demolición o derribo.
d) Cuando la comunicación tenga por objeto la ocupación directa de terrenos destinados a dotaciones, la Administración actuante debe poner en conocimiento de la Gerencia del Catastro competente la siguiente información: referencia catastral del inmueble; apellidos y nombre o razón social, NIF o NIE y domicilio fiscal de los propietarios de los inmuebles afectados.
Toda esta información no siempre es suficiente para realizar la incorporación catastral, sobre todo cuando estamos ante información gráfica y alfanumérica compleja. Por eso el art. 69 RCI establece que la Administración competente para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, generales y parciales debe suministrar, previo requerimiento de la Gerencia del Catastro, "copia íntegra de la documentación gráfica y alfanumérica del citado planeamiento que revista trascendencia catastral", y en los procedimientos de concentración parcelaria, deslinde administrativo y expropiación forzosa deberán suministrar, toda la información del correspondiente procedimiento que afecte a la descripción de los bienes inmuebles y que revista trascendencia para el Catastro Inmobiliario. Cabe destacar la información sobre la audiencia o notificación a los interesados en el procedimiento, de cara a la posterior incorporación de las alteraciones.
- Plazo. La remisión de la información por las Administraciones o entidades públicas actuantes debe remitirse en el plazo de dos meses computado del siguiente modo (art. 36 RCI):

a) En caso de concentración parcelaria, a partir del día siguiente al de la extensión del acta de reorganización de la propiedad, o documento equivalente de acuerdo con la legislación autonómica.
b) En caso de deslinde administrativo, a partir del día siguiente al del acto de aprobación del deslinde.
c) En caso de expropiación forzosa, a partir del día siguiente a la fecha del acta de ocupación o, en su caso, del pago, consignación del depósito o de la previa indemnización por perjuicios.
d) En caso de modificaciones de planeamiento, a partir del día siguiente a la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial correspondiente.
e) En caso de proyectos de compensación y de reparcelación, a partir del día siguiente a la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial correspondiente.
f) En caso de ejecución subsidiaria de obras de rehabilitación, demolición o derribo, y en el de las derivadas del incumplimiento de la función social de la propiedad, a partir del día siguiente a la fecha de su finalización.
g) En caso de ocupación directa de terrenos para dotaciones, a partir del día siguiente al de la formalización del acta de ocupación.
- Inscripción de los actos administrativos en el Registro de la Propiedad. Si en la tramitación de estos procedimiento no se ha utilizado la información catastral, si en la comunicación que se realice no se cumplen los requisitos técnicos adecuados, o si no se realiza la preceptiva comunicación al Catastro de estos actos, además del incumplimiento de los deberes de colaboración que la normativa catastral impone a las Administraciones actuantes, que pueden ser objeto de un expediente sancionador o inspector, pueden surgir dificultades para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad.
Para la inscripción en el Registro de la Propiedad de la nueva configuración de los terrenos derivada de estos actos administrativos, también son necesarios los mismos requisitos técnicos que exige el Catastro (art. 9.b LH.), por lo que, si una vez aprobados definitivamente estos procedimientos, los actos resultantes no los reúnen, puede ser causa de la suspensión o denegación de la inscripción registral.
Para la inscripción registral es obligatorio aportar una representación gráfica georreferenciada, que puede ser la derivada de la cartografía catastral, si se ha culminado el procedimiento de comunicación catastral o, en caso contrario, puede ser una RGGA que tiene que reunir los requisitos establecidos en el art. 9.b) LH y desarrollados en el apartado séptimo de la RICR (§ 6.7.3).
Cuando se creen nuevas fincas de resultado o de reemplazo en los expedientes de transformación e equidistribución urbanística o de concentración parcelaria, o cuando se trate de fincas objeto de expropiación forzosa o de procedimientos de deslinde, si la nueva configuración de las fincas no ha sido incorporadas previamente al plano parcelario catastral con delimitación de las parcelas que hayan de corresponderles, el registrador debe remitir por medios telemáticos copia de la representación gráfica aportada para la inscripción al día siguiente al de su presentación en el Registro de la Propiedad a la DGC, que devolverá al registrador las referencias catastrales de las fincas objeto del acto de que se trate para su incorporación al asiento, y la representación gráfica catastral indicando, en su caso, si la finca ha de entenderse coordinada con la descripción gráfica catastral (arts. 48 TRLCI, art. 204 LH y 3.2 RD 1093/1997).
Es decir, el registrador, previamente a la inscripción, ha de remitir la información sobre dichos actos al Catastro si no está previamente incorporada. Este debe proceder entonces a su validación técnica e incorporación por este procedimiento de comunicación, y devolver la información resultante al Registro de la Propiedad para su inscripción registral posterior, lo que permite la coordinación gráfica entre ambas instituciones (art. 10.3 LH).
Nos encontramos, por tanto, ante un "segundo intento" de comunicación al Catastro derivado de unos mismos actos. Para una adecuada ejecución e inscripción registral del resultado de estos procedimientos, además de su tramitación conforme a la normativa que los regule10, lo más lógico es que los expedientes incorporen desde su inicio la información catastral con los requisitos que exige la nueva normativa, de lo que nos ocupamos al hablar de la actuación de las Administraciones Públicas en los procedimientos de coordinación entre el Catastro y el Registro (§ 22.4.3)11.
13.3.5. Comunicación para completar datos de titularidad

Esta modalidad de comunicación está regulada en los arts. 14.d) TRLCI y 37 RCI y en una resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de 22 de diciembre de 200312.
Con la reforma del TRLCI operada en el año 2005, se estableció la obligación de incorporar, en las nuevas transmisiones de inmuebles, la identificación de todos los cotitulares de los inmuebles, con expresión de sus correspondientes cuotas y derechos (§ 7.2.2). En dicha reforma se incluyó este nuevo supuesto de comunicación, estableciendo la obligación de la AEAT de comunicar los datos identificativos y cuotas de participación de los titulares de los derechos de propiedad y de usufructo, siempre que se remitiera dentro de los dos meses siguientes a la realización de las correspondientes alteraciones. Además, la DT 7ª TRLCI posibilitaba la incorporación de datos de los cotitulares con los datos anteriores a su entrada en vigor de la reforma (1 de enero de 2005). Actualmente, la LRHC ha reformado el art. 14.d) y la DT 7ª TRLCI para ampliar su ámbito a todos los derechos reales afectados y convertir esta comunicación en un procedimiento de incorporación habitual, que permita completar tanto los cambios de los datos de identificación y domicilio de los titulares, como de cuotas en la titularidad de los inmuebles13.
De acuerdo con la regulación actual, son comunicaciones la información con transcendencia catastral que debe remitir la AEAT al Catastro, de la que tenga conocimiento a través de los procedimientos de aplicación de los tributos, que permita completar la información sobre la titularidad de los bienes inscritos en el Catastro con las cuotas de participación no inscritas del cónyuge y de los comuneros, miembros o partícipes de las comunidades o entidades sin personalidad, así como con los datos identificativos, domicilio fiscal y lugar declarado de residencia habitual de los titulares catastrales.
- Sujeto obligado. El obligado a formular estas comunicaciones es la AEAT, para lo que también se encuentra habilitada por el art. 95 LGT, que permite utilizar la información tributaria para la efectiva aplicación de los tributos y que impone el deber de colaboración con otras administraciones tributarias.
- Objeto. El objeto de este tipo de comunicación no es incorporar en el Catastro Inmobiliario transmisiones de titularidad de los inmuebles, sino completar los datos de los titulares catastrales que ya constan en él, pero de manera insuficiente, bien añadiendo o actualizado los datos de identificación y domicilio fiscal actual del titular catastral, bien completando los datos sobre las cuotas de los restantes titulares del inmueble cuando pertenece a más personas, que no están incorporados al Catastro y así lo manifiestan todas ellas en sus declaraciones tributarias anuales (como el IRPF).
Como es sabido, la información catastral sobre la titularidad y valor de los inmuebles se suministra anualmente a los contribuyentes para realizar los borradores del IRPF para imputar, cuando proceda, las rentas inmobiliarias correspondientes de acuerdo con los datos catastrales. De las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes se obtienen numerosos datos sobre la titularidad y cotitularidad de los inmuebles que discrepan de los catastrales, por no estar éstos adecuadamente actualizados.
- Requisitos técnicos. Estas comunicaciones, como hemos dicho, no deben servir para incorporar los actos de transmisión de los inmuebles, sino para completar los datos de titularidad correctos pero incompletos, lo que requiere comprobar determinados requisitos técnicos:

a) Presentación de las declaraciones tributarias por todos los titulares del inmueble, que tienen la presunción de certeza que les otorga el art. 108 LGT, vinculando a quienes las formulan. Las declaraciones del IRPF del ejercicio correspondiente deben contener la referencia catastral del inmueble.
Para actualizar los datos de domicilio fiscal debe coincidir el NIF y los datos de identificación del declarante con los del titular catastral.
Para completar en el Catastro los datos incompletos de la cotitularidad de un inmueble, las cuotas de participación y los derechos declarados por los declarantes deben constituir el 100 por 100 de la propiedad o del derecho real afectado. Si alguno de los cotitulares no presenta su declaración tributaria, no puede incorporarse la información porque falta la relativa a una parte del inmueble. También se exige que al menos uno de los cotitulares declarantes sea el titular catastral actual, pues en caso contrario tampoco puede incorporarse la información, por lo que estaríamos contemplando un cambio en la titularidad catastral, lo que no cabe en este procedimiento. Con estos requisitos se asegura el consentimiento a la modificación tanto del titular catastral actual, que ha manifestado en la declaración del impuesto ser titular de una cuota, como del resto de cotitulares del inmueble, cuyas cuotas completan la totalidad de los derechos correspondientes.
b) La remisión de la información por la AEAT al Catastro. Se realiza anualmente, por medios electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de Secretaría de Estado de Hacienda mencionada.
- Plazo. En cuanto al plazopara formular la comunicación, la citada resolución establece que se debe realizar anualmente antes del 15 de octubre del ejercicio en que se presentan las declaraciones, aunque la información remitida está referida al momento de devengo del IRPF, es decir al 31 de diciembre del año anterior. El plazo que establecía el art. 37 RCI de los dos meses siguientes a la realización de las respectivas alteraciones ha de entenderse derogado por la nueva redacción del art. 14.d) que establece expresamente que la comunicación se debe realizar "con independencia de la fecha de realización de los hechos, actos o negocios jurídicos correspondientes".
13.3.6. Comunicación de cambios de cultivo

Esta modalidad de comunicación está regulada en el art. 14.e) TRLCI, y ha sido introducida por la LRHC sin que se exista desarrollo reglamentario del mismo en el RCI. La única normativa de desarrollo aprobada es la contenida en el RD 1075/2014, de 19 de diciembre, que regula determinadas ayudas agrícolas y el RD 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de ayudas agrícolas14.
Son comunicaciones la información con trascendencia catastral que debe remitir al Catastro el Ministerio competente en materia de Agricultura, relativa a los cambios de los cultivos o aprovechamientos de los bienes inmuebles rústicos, de la que tenga conocimiento con motivo de las solicitudes de ayudas a la PAC.
- Sujeto obligado. Las "Administraciones Públicas competentes" en materia de ayudas agrarias son las obligadas a remitir la información sobre los inmuebles rústicos que revista transcendencia para el Catastro obtenida en la gestión de las ayudas de la PAC. Las Comunidades Autónomas son competentes en la gestión de las mismas, pero también el Estado tiene atribuidas determinadas facultades en esta materia, entre las que destaca la de coordinación de las Comunidades Autónomas con otras unidades de la Administración General del Estado, como la DGC, por lo que es el Estado el obligado a realizar esta modalidad de comunicación al Catastro, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (en adelante FEGA) perteneciente al Ministerio de Agricultura15.
- Objeto. Esta modalidad del procedimiento de comunicación tiene por objeto actualizar los datos de los inmuebles rústicos, incorporando los cambios que se produzcan en sus cultivos o aprovechamientos. La gestión de la PAC se realiza a través SIGPAC, que es un registro público de carácter administrativo dependiente del FEGA y de las consejerías con competencias en materia de agricultura de las Comunidades Autónomas. Este procedimiento sólo afecta a los cambios de cultivo, dado que el art. 3.5 del RD 1077/2014, de 19 de diciembre, que regula el SIGPAC, señala que la información contenida en dicho sistema no incluye la correspondiente a la titularidad o propiedad de las parcelas, por lo que no puede utilizarse a dichos efectos ni tampoco para la delimitación de linderos legalmente reconocidos y otras propiedades del terreno que resulten competencia de la DGC.
La unidad geográfica de la solicitud de ayudas agrícolas a determinados productos es la parcela agrícola, que coincide con la parcela catastral, debiendo ser objeto de integración y convergencia las posibles discrepancias o divergencias entre la información que figura en el SIGPAC y la que vaya a incorporarse al Catastro. Para lograr la convergencia de la información referida a los recintos SIGPAC y los datos catastrales, se prevé su generación y actualización periódica, a partir de la información catastral rústica disponible regulando la necesaria coordinación (art. 5 RD 1075/2014). La Administración del Estado debe realizar dicha labor a través del FEGA.
La clasificación de los cultivos subvencionados a efectos de la solicitud de las ayudas no coincide con el cuadro nacional de cultivos para su valoración catastral (§ 10.3.1). También pueden existir diferentes delimitaciones de los recintos con respecto al parcelario catastral. Pero a pesar de estas diferencias, la información suministrada en las solicitudes de ayudas es muy valiosa para actualizar el Catastro, siendo el agricultor el responsable último de que la información que consta en las solicitudes sea verídica y coincidente con la realidad, sin perjuicio de su control a través del SIGPAC.
La información de las ayudas debe integrarse en el SIGPAC, que contiene información de las parcelas susceptibles de beneficiarse de las ayudas comunitarias relacionadas con la superficie y dispone de soporte gráfico del terreno y de las parcelas y recintos con usos o aprovechamientos agrarios definidos. El SIGPAC representa gráficamente las parcelas agrícolas, como una superficie continúa del terreno con una referencia alfanumérica concreta y cuya delimitación gráfica normalmente coincide con la de la parcela catastral, salvo cuando por modificación de esta última aún no se haya registrado dicha modificación en el SIGCPAC (§ 23.6).
- Requisitos. Se deben facilitar a la DGC los siguientes datos: identificación del solicitante, datos de la declaración de cada recinto (régimen de tenencia y cultivo declarado), así como la referencia catastral de la parcela SIGPAC. La cesión se debe realizar en los términos que se determinen por orden del Ministro de Hacienda, por lo que hay que esperar a su desarrollo reglamentario para conocer el resto de especificaciones técnicas de la misma (art. 98.3 RD 1075/2014). Mientras este no se lleve a cabo, tan sólo podemos enumerar los siguientes requisitos:

a) Solicitud por los interesados de la ayuda agrícola ante las autoridades competentes. La solicitud se refiere a cada recinto agrícola, que se define como la superficie de tierra continua, declarada por un único agricultor, dedicada a un único grupo de cultivo válido para la ayuda que se está licitando (art. 3 RD 1075/2014). Para cada recinto agrícola, el solicitante declara en su solicitud el cultivo o aprovechamiento real, el régimen de tenencia del inmueble, la clase de explotación, incorporando la información gráfica y alfanumérica sobre la delimitación gráfica y el uso del recinto para el que se solicita la ayuda.
b) Constancia de la referencia catastral correspondiente, que debe figurar en todas las solicitudes de la ayuda, para identificar las parcelas catastrales afectadas (anexo I, apartado I.2 del RD 1077/2014).
c) Remisión de la información al Catastro. A falta del adecuado desarrollo reglamentario, cabe decir que para poder tramitar estas comunicaciones el FEGA debe remitir al Catastro, al menos, la siguiente información: referencia catastral del inmueble, producto declarado incluido en la solicitud de ayuda y sistema de explotación, identificación de los solicitantes de las ayudas y régimen de tenencia sobre el inmueble afectado por la solicitud, y datos del expediente de solicitud.
- Plazo. Nada establece la normativa, por lo que el plazo para su remisión queda pendiente de su desarrollo, pero dado que la campaña de ayudas agrícolas se realiza anualmente, lo previsible es que la información se remita una vez al año, y que esté referida a la fecha en que se finalice el plazo de la solicitud.
- Interesados. El solicitante de la ayuda es el agricultor, entendido como toda persona física o jurídica o grupo de ellas, cuya explotación esté situada en España y que ejerza una actividad agraria. Esta definición está ligada a la actividad y no a la titularidad del inmueble, por lo que puede no coincidir con el titular catastral. Por ello, ha de entenderse que éste también tiene la condición de interesado en el procedimiento de comunicación catastral, y tiene derecho de acceso a la información relativa a la presentación de solicitudes de ayudas directas sobre sus parcelas y a los cultivos declarados (art. 98.4 RD 1075/2014).
En caso de discrepancia con la realidad el agricultor debe presentar la solicitud de modificación del recinto SIGPAC correspondiente, sin perjuicio de que cuando la solicitud de modificación se refiera a la información gráfica o alfanumérica inherente a la parcela catastral que contiene el recinto en cuestión, también debe declararse ante la Gerencia del Catastro correspondiente al lugar donde se ubique la parcela (art. 94 del RD 1074/2014). Es decir, es el propio agricultor quien resulta obligado a reseñar en la solicitud de la ayuda datos que se ajustan a la realidad y, en su caso, a declarar ante el Catastro en caso de discrepancia de otros datos diferentes al tipo de cultivo. Cuando se reguló el SIGPAC y las ayudas agrícolas que comentamos, no existía este procedimiento de comunicación catastral de cambio de cultivo, por lo que ahora ha de interpretarse en el sentido de que sólo será obligatoria la declaración del interesado cuando no se haya procedido a incorporar dicho cambio en el Catastro por este procedimiento.
Con respecto a la información que ha de darse a los interesados sobre la obligación de declarar, tan sólo cabe decir que en la gestión de las ayudas, las Comunidades Autónomas deben informar a los interesados, no sólo de la cesión al Catastro de la información contenida en las solicitudes, para lo que ya existe una habilitación legal que no requiere el consentimiento del interesado, sino de los efectos de su presentación de cara a la necesidad o no de presentar las correspondientes declaraciones.
13.4. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

13.4.1. Validación de la información e inicio del procedimiento

El procedimiento de comunicación se inicia de oficio por la Administración catastral, una vez que se recibe y valida la información relativa a las alteraciones catastrales objeto de comunicación por los legitimados para ello. No cabe entender que es un procedimiento que se inicia a instancia del interesado, de acuerdo con el tenor literal del art. 98.1 LGT, porque los titulares interesados ni están legitimados ni son los obligados a formular la comunicación. Nos encontramos más bien ante un procedimiento iniciado de oficio "a petición razonada de otros órganos" (art. 58 LPAC).
Algunas modalidades de este procedimiento permiten incorporar alteraciones que son redundantes con otras comunicaciones, como es el caso de los cambios de titularidad que pueden ser formuladas por notarios y también por registradores, o los cambios derivados de determinados procedimientos administrativos que pueden ser comunicados, tanto por la Administración actuante como por los registradores de la propiedad. En estos casos sólo procede la tramitación de la primera comunicación recibida sobre la misma alteración, procediendo el archivo de las actuaciones de la siguiente comunicación, sin acordar su inicio.
Determinadas alteraciones también pueden ser objeto de declaración por los interesados y de comunicación por este procedimiento. La concurrencia de las obligaciones de declarar de los titulares y de comunicar de los agentes públicos, hace imprescindible que éstos informen a los interesados sobre sus obligaciones, pues si el interesado no presenta una declaración, pensando que ha existido una comunicación que finalmente no se ha producido, podría ser sancionado por ello.
Pese a que el art. 12.5 TRLCI establece que las actuaciones de este procedimiento se entenderán con el obligado a formular la comunicación, también han de considerarse interesados en el procedimiento a los titulares de los bienes inmuebles afectados por el mismo.
Como hemos visto, la normativa catastral establece distintos plazos para la remisión de la información: cinco días para las comunicaciones notariales y registrales; tres meses para la comunicación de los actos sometidos a licencia municipal; dos meses para la comunicación de los actos derivados de procedimientos administrativos; o el 15 de octubre de cada año para las comunicaciones de la AEAT. Por ello, cabe plantearse si el incumplimiento de los plazos de remisión impide a la Administración catastral iniciar el procedimiento. A nuestro entender el incumplimiento del plazo de remisión de la información no es óbice para el inicio del procedimiento pues, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 48.3 LPAC, "la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o el plazo", no deduciéndose de la regulación legal que el incumplimiento del plazo de remisión impida su tramitación. Además, el no inicio del procedimiento por tal causa, iría en contra del principio de obligatoriedad de las inscripciones catastrales (art. 11.1 TRLCI).
Para que exista comunicación se requiere que la Administración Pública actuante o el fedatario interviniente remita determinada información y documentación, pero la misma debe tener el contenido, formato y requisitos técnicos establecidos y que hemos analizado para cada caso. El art. 14 TRLCI señala en sus diferentes apartados que "son comunicaciones" la información que reúna determinados requisitos, lo que sólo cabe interpretar en el sentido de que si no los reúne no son comunicaciones y no puede tramitarse por dicho procedimiento.
Al contrario de lo que ocurre con las declaraciones, el procedimiento de comunicación pretende incorporar al Catastro información normalizada suministrada por otros agentes públicos por medios electrónicos, para que la Administración catastral pueda validar y cargar en la base de datos catastral la información suministrada de manera ágil, y adoptar los acuerdos de incorporación correspondientes, incluso mediante actuaciones administrativas informatizadas, aunque este proceso no siempre puede ser totalmente automatizado. Por ello, cuando no se dan los requisitos exigidos de contenido y calidad de la información, la Ley no permite su incorporación mediante este procedimiento, o al menos no directamente. Cuando no se dan estos requisitos, si se trata de alteraciones catastrales mencionadas en el art. 16 TRLCI, subsiste la obligación de declarar de los interesados, y si estamos ante otro tipo de alteraciones, se produce un incumplimiento, y la Administración catastral debe acudir al procedimiento de inspección para incorporarlas.
Por ello el Catastro debe acordar el inicio del procedimiento una vez haya realizado previamente la validación técnica de todos los requisitos en el momento de recibirse la información, momento a partir del cual se inicia el plazo para su resolución. Especial utilidad tiene que la validación se realice de modo inmediato, pues permite informar de su resultado en el momento del envío de la información a la Administración actuante o al fedatario interviniente según los casos, lo que a su vez les permite informar a los interesados del inicio o no del procedimiento. Esta validación técnica de la información recibida está prevista en las comunicaciones que efectúen notarios y registradores de la propiedad en las RICN y RICR, pero no está contemplada con carácter general, lo que sería necesario de cara a un futuro desarrollo normativo.
13.4.2. Instrucción del procedimiento

Una vez formulada la comunicación, en la instrucción del procedimiento resultan aplicables las normas que hemos analizado al tratar del régimen general de los procedimientos de incorporación en lo relativo a los medios de prueba, comprobación, trabajos técnicos y demás aspectos.
Cabe requerir la subsanación de la comunicación a la Administración o fedatario que haya formulado la documentación, para que remita cuantos informes, documentos o antecedentes sean necesarios para su tramitación, aunque también está previsto que se requiera al interesado documentación cuando resulte pertinente (arts. 16.1 TRLCI, 38 RCI y RICN y RICR).
En este procedimiento de comunicación se debe abrir el trámite de audiencia por un período de diez días cuando figuren en el procedimiento o sean tenidos en cuenta en su resolución, hechos, alegaciones o pruebas que no se correspondan con las consignadas en las comunicaciones (art. 26 RCI).
Las Administraciones Públicas o los fedatarios públicos son quienes suministran la información sobre los hechos, actos o negocios objeto de la comunicación. Pero ello no quiere decir que los titulares de los inmuebles, que son los interesados en el procedimiento, no hayan intervenido en su elaboración, dado que aportan la información que es objeto de comunicación, bien en el momento de formalizar la escritura pública o de solicitar la inscripción registral, bien en el momento de solicitar la licencia municipal o la ayuda agrícola, bien en el momento de formalizar la declaración tributaria, o bien cuando hayan intervenido o se les hayan notificado los actos resultantes del procedimiento administrativo correspondiente. En algunos de estos casos, la propia normativa catastral prevé que el fedatario público o la Administración Pública otorgante de la licencia les comunique la existencia de la comunicación y les informe sobre la no necesidad de presentar la declaración catastral. Por ello consideramos que el trámite de audiencia no es obligatorio con carácter general, pues de lo contrario se estaría desvirtuando la finalidad de este procedimiento, que pretende la incorporación de la alteración de manera ágil e inmediata, para lograr la necesaria concordancia del Catastro con la realidad eximiendo a los titulares de la obligación de presentar declaraciones catastrales para ello16.
Es verdad que existen otros supuestos en los que no han intervenido directamente los interesados en el acto, hecho o negocio previo que ha provocado la comunicación, bien por un vicio en la tramitación del procedimiento administrativo, en el que no se ha dado audiencia ni notificado al titular del inmueble, bien porque este no haya sido quien ha provocado la comunicación, como es el caso de las solicitudes de licencias municipales o ayudas agrarias presentadas por personas distintas del propietario. También puede ocurrir que existan otros interesados en el procedimiento a los que haya que dar audiencia, como los titulares de fincas colindantes afectadas por el procedimiento, o que la información comunicada deba sufrir cambios para su incorporación catastral por diversos motivos (v.gr. ajustes cartográficos)17.
En estos casos especiales, los derechos de posibles interesados deben salvaguardarse abriendo un trámite de audiencia para que puedan presentar cuantos documentos, alegaciones o antecedentes estimen pertinentes.
Las comunicaciones catastrales se presumen ciertas (art. 16.1 TRLCI). No obstante, a diferencia con lo que ocurre con la presunción de certeza de las declaraciones catastrales, la información objeto de la comunicación no vincula a los interesados en el procedimiento, dado que no han sido ellos quienes las han formulado y, de acuerdo con lo establecido en el art. 108.4 LGT, pueden alegar inexactitud o falsedad en los datos suministrados, en cuyo caso deben ser contrastados por la Administración catastral, para lo puede exigir a la Administración o funcionario que formuló la comunicación que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en las comunicaciones presentadas.
Con esta finalidad el art. 38 RCI dispone que "las Administraciones Públicas están obligadas a conservar a disposición de los órganos gestores del Catastro Inmobiliario, durante los plazos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal y sobre archivo de documentación, los documentos acreditativos de los datos comunicados y de aquellos otros que hayan sido puestos en su conocimiento, o testimonio de los mismos, ya sea en soporte convencional o informático".
Igualmente la Administración catastral puede tener acceso telemático a la información relevante para el Catastro contenida en las copias de las escrituras públicas en las que se documenten u otorguen hechos, actos o negocios que sean susceptibles de su inscripción en el Catastro Inmobiliario (apartado octavo.2 RICN), y los registradores de la propiedad deben suministrar la información sobre la descripción de las fincas registrales y su representación gráfica cuando esté inscrita, así como de los datos relevantes para el Catastro (apartado segundo.2 RICR).
Existe una especialidad en la tramitación del procedimiento de comunicación de actos de aprobación, modificación o anulación del planeamiento que suponen alteraciones en la naturaleza del suelo (arts. 14.c y 35.2.a RCI). Salvo que la ponencia de valores contenga los criterios para la valoración de estos cambios de planeamiento (ex art. 25.2 TRLCI), una vez producida por la Administración competente la comunicación de la información correspondiente, la incorporación de las alteraciones catastrales que deriven de dichos actos no puede hacerse directamente mediante el procedimiento de comunicación, sino que deben incorporarse a través de un PVC. Así lo establece el art. 28.2 TRLCI, que prevé que si se ponen de manifiesto, con respecto a una pluralidad de inmuebles del municipio, diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes con motivo de una modificación en el planeamiento urbanístico, se inicie un PVC que requiere la aprobación de una ponencia que recoja los nuevos criterios de valoración o, en su caso un procedimiento simplificado de valoración colectiva, lo que hay que decidir según el alcance de la modificación del planeamiento (arts. 29 y 30 TRLCI). Es decir, en estos casos, el procedimiento de comunicación deriva posteriormente en un procedimiento de valoración colectiva (§ 16).
13.4.3. Resolución de la comunicación y su notificación

El órgano competente para la resolución del procedimiento de comunicación es el Gerente del Catastro, que debe adoptar la resolución estimatoria o desestimatoria de la alteración catastral, aunque cabe su resolución mediante actuación administrativa automatizada, por tratarse de actos derivados de un procedimiento de colaboración18.
El acuerdo de incorporación que resuelva el procedimiento debe incorporar la motivación suficiente, sobre todo en lo que respecta a la valoración del inmueble cuando esta haya sido necesaria.
El plazo para resolver el procedimiento es de seis meses (27.1 RCI). Nos encontramos ante un procedimiento iniciado de oficio por la Administración. La normativa catastral no contiene previsión sobre el sentido del silencio de las comunicaciones en caso de que venza el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, pues no está incluido entre los procedimientos mencionados en el art. 27.2 RCI. Por ello, hay que estar a lo dispuesto en el art. 104.4 LGT, que establece que, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa se entiende desestimado por silencio cuando produce efectos favorables (§ 11.3.11).
Hay tener en cuenta que, tratándose de un procedimiento iniciado de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración de la obligación legal de resolver expresamente (art. 25.1 LPAC), pues debe pronunciarse sobre las cuestiones que se planteen en los procedimientos tributarios (art. 103.5 LGT). La normativa catastral establece la obligatoriedad de la incorporación al Catastro de los inmuebles y sus modificaciones, así como la no prescripción de los actos de incorporación catastral, lo que refuerza el deber de resolver (art. 11.1 TRLCI). Por ello entendemos que la Administración catastral debe resolver de manera expresa el procedimiento iniciado, acordando o denegando la incorporación.
Una vez adoptado el acuerdo, se debe proceder a su notificación, a partir de cuya práctica empieza a computar el plazo para interponer los recursos o reclamaciones que correspondan.
La notificación de este procedimiento se realiza conforme al art. 17 TRLCI, por lo que su entrega podrá realizarse mediante comparecencia en la SEC, electrónica o presencial, en su defecto por entrega personal y, de ser ésta última infructuosa, mediante notificación por comparecencia previa notificación edictal, lo que ya hemos tratado al hablar de la notificación de los actos de incorporación (§ 11.3.10). En caso de que el procedimiento requiera la tramitación de un PVC la notificación se realizará conforme al art. 29 TRLCI.
No obstante, cuando se trate de una comunicación formulada por una notaría, el art. 53.1.b) prevé que los notarios puedan acceder a los acuerdos catastrales de incorporación de las alteraciones catastrales derivadas documentos que autoricen "para su entrega, en su caso, a los interesados", en clara referencia a las comunicaciones notariales. La práctica de esta modalidad de entrega de la notificación a los interesados no está desarrollada reglamentariamente, aunque la constancia notarial de la entrega del acuerdo de incorporación al interesado constituye indudablemente un medio válido para su entrega, cuya acreditación debe incorporarse al expediente (art. 41.1 LPAC).
Con respecto a la efectividad de la resolución, el art. 17.6 TRLCI dispone que los actos dictados como consecuencia del procedimiento de comunicación tienen efectividad el día siguiente al de la fecha de alteración que es aquella en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originaron la incorporación o modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen, opción del legislador que ya hemos tenido ocasión de comentar al analizar los efectos de los procedimientos de incorporación. No obstante, cuando se trate de incorporar modificaciones de planeamiento urbanístico, los efectos derivarán del procedimiento de valoración que se haya utilizado para su incorporación, que serán el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que se notifiquen (art. 29.5 TRLCI) o del año posterior a aquel en que tuviera lugar la aprobación, modificación o anulación del planeamiento que lo motive (art. 25.2 y 30.3 TRLCI).
ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
REGULACIÓN Arts. 12, 13, 14, 17, 36, 47 y 48 TRLCI

Arts. 29 a 38 RCI

Arts. 7 y 8 Orden EHA/3482/2006

RICN y RICR
OBJETO Serán objeto de comunicación las siguientes alteraciones catastrales:

a) Cambios de titularidad en los inmuebles.
b) Actos sometidos a licencia municipal

c) Segregación, división, agregación y agrupación de inmuebles

d) Actos derivados de procedimientos administrativos de expropiación, deslinde, concentración parcelaria y urbanísticos

e) Cambio en los datos de identificación, domicilio y cuotas de participación en los derechos que recaen en los inmuebles

f) Cambios de cultivo
LEGITIMADOS Para cada una de las alteraciones catastrales anteriores, están obligados a formular las comunicaciones, las siguientes Administraciones y fedatarios públicos: notarios y registradores de la propiedad (a y c), Ayuntamientos que se obliguen mediante ordenanza municipal (b), Administraciones actuantes en los correspondientes procedimientos y los registradores de la propiedad (d), AEAT (e) y el Mº de Agricultura (f).
INTERESADOS Los titulares de los derechos que dan lugar a la titularidad catastral (propiedad, usufructo, superficie y concesión administrativa) y cuantos otros resulten afectados por la modificación catastral que sea objeto de incorporación
FORMA DE INICIO El procedimiento se inicia y tramita de oficio
ÓRGANO COMPETENTE Las Gerencias del Catastro del lugar donde radique el inmueble.
Cabe la actuación administrativa automatizada.
FASES 23)Se inicia el procedimiento a partir de la remisión de la información objeto de comunicación.
Los plazos para formular las comunicaciones son los siguientes, según los casos: 5 días (cambios de titularidad), 3 meses (actos sometidos a licencia municipal), dos meses (actos derivados de procedimientos administrativos), dos meses (actos de parcelación por los fedatarios) o anualmente (datos de titularidad del a AEAT, y cambios de cultivo del Mº Agricultura).
b) Comprobación de la documentación y prueba, mediante requerimiento a los declarantes
c) Audiencia a los interesados, sólo cuando se vayan a tener en cuenta en la resolución hechos, alegaciones o pruebas no consignadas en la comunicación.
d) Resolución de la solicitud que es competencia de la Gerencia del Catastro del lugar donde radique el inmueble.
e) Notificación a todos los interesados
PLAZO La tramitación de la comunicación debe realizarse en el plazo de 6 meses desde el inicio del procedimiento.
EFECTOS La resolución de incorporación de las alteraciones tendrá efectividad desde el día siguiente al de la fecha en que se realizaron las alteraciones objeto de comunicación, con independencia de la fecha en que se notifiquen.
Transcurrido el plazo establecido para su tramitación sin resolución expresa, se entiende desestimado el procedimiento por silencio


NOTAS:



1 Las leyes que introdujeron estas sucesivas modificaciones fueron la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la LCI, la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2005, la LES y la LRHC.
2 La Orden del Ministerio de la Presidencia de 23 de junio de 1999, por la que se regulaba el procedimiento para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre suministro de información a la DGC por los notarios y registradores de la propiedad, regulaba la información a remitir por los fedatarios públicos sobre las alteraciones catastrales en las que habían intervenido, y servía para tramitar el procedimiento de comunicación, aunque éste fue creado con posterioridad por la LCI. Hoy entendemos que la citada Orden, aunque no está formalmente derogada, ha sido sustituida por las resoluciones citadas, que desarrollan específicamente las obligaciones de suministro establecida en el TRLCI para notarios y registradores de la propiedad

3 La DT 3ª RCI aplaza a la fecha de su entrada en vigor (25 de abril de 2006) el inicio del procedimiento de comunicación, aunque la ordenanza fiscal a que se refiere el art. 14.b) TRLCI hubiera sido aprobada con anterioridad. El procedimiento será aplicable a los hechos, actos negocios realizados a partir de dicha fecha, con independencia de que la licencia se hubiera otorgado con anterioridad.
4 Estas disfunciones se ponen de manifiesto con relativa frecuencia. Un buen ejemplo de ello es el caso enjuiciado por la STS de 5 de octubre de 2015 (recurso de casación 541/2004). Ante la lógica pretensión de un propietario de que se reflejara en la descripción catastral de unos inmuebles idéntica superficie que la que se derivaba de un expediente de reparcelación urbanística, la Administración catastral rechazó la misma por existir discrepancias entre las superficies consignadas en la información alfanumérica y los planos del mismo proyecto, y señaló que el interesado debía aportar nuevos planos que acreditaran su solicitud. El TS anula los actos catastrales impugnados y sienta los siguientes criterios, que también consideramos aplicables a otros procedimientos administrativos no urbanísticos:

- La incorporación o la alteración de las características de un inmueble en el Catastro, consecuencia de actos de planeamiento o de gestión urbanística, debe realizarse por la Administración mediante el procedimiento de comunicación a través de los documentos gráficos que la Administración actuante está obligada a proporcionar al Catastro, sin que recaiga la carga de la prueba en el interesado.
- La Administración catastral está obligada a comprobar la integridad, exactitud y veracidad de las comunicaciones que se presenten, investigando la posible existencia de actos comunicados inexactos o erróneos, para hacer coincidir el Catastro con la realidad inmobiliaria.
- En caso de que se detecten discrepancias o errores en el expediente, la "realidad" urbanística o administrativa no prevalece sobre la catastral, pues ambas se presumen ciertas. Esas discrepancias se deben resolver a iniciativa del Catastro, con el concurso de los interesados y en el correspondiente procedimiento de subsanación o rectificación, recabando de la Administración responsable de la alteración los datos, elementos y pruebas precisos.
La sentencia estimó parcialmente el recurso, anulando los actos catastrales que imponían la carga de la prueba al interesado --que hemos visto que no es el obligado en este procedimiento--, pero no atendió su pretensión de fondo de que se incorporara al Catastro la superficie pretendida, extremo que pospone la sentencia a la resolución de ambas administraciones con el concurso de los interesados. En el supuesto de que los actos catastrales finalmente determinen que existía un error en el proyecto o acto administrativo, su modificación al haber adquirido firmeza, puede resultar muy problemática, pues podría afectar a otros interesados, y si dichos actos están inscritos en el Registro de la Propiedad, pueden existir terceros hipotecarios de buena fe. Además, nos encontraríamos ante actos impugnables en distintos órdenes jurisdiccionales.
5 Concretamente en los artículos 235 y ss., dicha Ley define el régimen de la propiedad concentrada y los mecanismos de coordinación con el Catastro y el Registro de la Propiedad.
6 Sobre este procedimiento, vid. Agúndez Fernández, A.: "Procedimiento de concentración parcelaria y régimen impugnativo de sus acuerdos". Revista de Estudios Agrosociales, Madrid 1966.
7 En este mismo sentido, se ha pronunciado la STS de fecha 12 de junio de 1997 (recurso de apelación 3446/1992) o de 23 de enero de 2013 (recurso de casación 1028/2010), así como otras sentencias del TSJ de Baleares de 19 de octubre de 1996 (recurso 1068/1994), de Asturias de 7 de noviembre de 1996 (recurso de 7 de noviembre de 1996) o de Cataluña de 28 de julio de 2016 (recurso 76/2010).
8 La legislación estatal está contenida en las siguientes normas: para el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, los arts. 12 LCO, y 17 y siguientes del RD 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas; para el deslinde de montes públicos: art. 21 LMO, y los artículos correspondientes del Reglamento de Montes, de 22 de febrero de 1962, sólo vigentes en cuanto no se opongan a la nueva Ley; para el deslinde de cauces de dominio público: arts. 95 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y 241 a 242 bis del RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; para el deslinde de vías pecuarias: art. 8 de la ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; para el deslinde de bienes de las corporaciones locales: arts. 56 a 69 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el RD 1372/1986, de 13 de junio. Además, existe una variada legislación autonómica.
9 No obstante, la legislación de costas, aguas y vías pecuarias otorga al deslinde de estos bienes una eficacia mayor que la simplemente posesoria que le confiere la legislación general pues del deslinde de estos bienes tienen efectos declarativos de la titularidad demanial, además de la posesión, derivado del propio art. 132 CE, aunque ello no impide a los interesados acudir al orden jurisdiccional civil en orden a la protección de sus derechos de propiedad.
10 Especial relevancia tienen, a estos efectos, las previsiones que contiene el TRLSRU en su art. 68 sobre la inscripción de los actos de ejecución del planeamiento urbanístico.
11 También puede consultar el artículo de Puyal Sanz, P.: "Las Administraciones Públicas ante el nuevo régimen de coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro", publicado en QDL Cuadernos de Derecho Local, núm. 40, Barcelona/Madrid, febrero 2016.
12 Se trata de la Resolución de 22 de diciembre de 2003, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan instrucciones para el establecimiento de cauces estables de colaboración entre la DGC y la AEAT en materia de intercambio de información y acceso directo a las respectivas bases de datos (BOE de 16 de enero).
13 La actual redacción de la DT 7ª TRLCI fue introducida por la LRHC y no se refiere a este procedimiento, quedando derogada la previsión anterior que estamos comentando.
14 Este art. 98.3 ha sido modificado por el RD 980/2017, de 10 de noviembre.
15 Tales actuaciones de coordinación están reguladas en el art. 5 RD 1077/2014 y tienen el carácter de actos de ejecución de naturaleza básica, de conformidad con la doctrina constitucional (por todas, las STC 95/1986, de 10 de junio, 213/1994, de 14 de julio, o la más reciente 74/2014, de 8 de mayo).
16 En este sentido la STSJ de Castilla-León (Valladolid) de 20 de mayo de 2016 (recurso 1296/2014). Igualmente, Olleros Lledó, M.: "El procedimiento de comunicación catastral como medio de actualización del Catastro y de exención de cargas a los ciudadanos", en la revista CT/Catastro, núm. 85, diciembre 2015. En contra de esta opinión, Ruiz González, L.J., opus cit., que considera que hay que dar audiencia en casi todos los casos en que se incorporan actos administrativos, pues se trata de documentos no realizados por los interesados.
17 Así determinados Tribunales Económico Administrativos han anulado la incorporación en el Catastro de la alteración por la ausencia del trámite de audiencia, fundamentándose en que existían defectos en los procedimientos de que traían causa, por falta de notificación de las resoluciones dictadas por la Administración actuante, en el caso de una expropiación (RTEAC de 30 de julio de 2012) o de un deslinde (RTEAR Andalucía, de 27 de enero de 2012).
18 La adopción de actos mediante actuaciones administrativas automatizadas para los procedimientos de colaboración, está prevista en el art. 3.1.e) de la orden HAP/1200/2012.

ABREVIATURAS:

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AEAT Agencia Estatal de Administración tributaria

AN Audiencia Nacional

art. artículo

BDC Base de Datos del Catastro

BICE Bienes inmuebles de características especiales

BOE Boletín Oficial del Estado

BOP Boletín Oficial de la Provincia

CC Código Civil

CCDG Certificación catastral descriptiva y gráfica

CE Constitución Española

CGCCT Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria

CSV Código Seguro de Verificación

CTRP Contribución Territorial Rústica y Pecuaria

CTU Contribución Territorial Urbana

DA Disposición Adicional

DD Disposición Derogatoria

DF Disposición Final

DGC Dirección General del Catastro

DGRN Dirección General de los Registros y del Notariado

DT Disposición Transitoria

FEGA Fondo Español de Garantía Agraria

FIG Federación Internacional de Geómetras

GML Geography Marckup Language

IBI Impuesto sobre bienes Inmuebles

ICUC Informe catastral de ubicación de las construcciones

IDE Infraestructura de Datos Espaciales

IGC Instituto Geográfico y Catastral

IGN Instituto Geográfico Nacional

IIVTNU Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

INSPIRE Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de mayo de 20017, que establece la creación de una infraestructura de información espacial europea

IP Impuesto sobre el Patrimonio

IRPF Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas

ISD Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

ITPAJD Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

IVG Informe catastral de validación gráfica de la RGGA

LAJG Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita

LAU Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos

LCA Ley 37/2015, de 20 de septiembre, de Carreteras

LCI Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario

LCO Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

LEC Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

LEF Ley de Expropiación forzosa, de 16 de noviembre de 1954

LES Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

LGT Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

LH Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946

LIP Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio

LIRPF Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

LISD Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

LISIGE Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y servicios de información geográfica en España

LITPAJD Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

LJCA Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

LJV Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria

LMFF Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal

LMO Ley 43/2003, de 3 de noviembre, de Montes

LOC Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía

LOE Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación

LOEPSF Ley Orgánica 2/2002, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

LPAC Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

LPAP Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

LPHE Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
LPNB Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

LRDA Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario

LRHC Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2014, de 5 de marzo

LRHL Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales

LRJSP Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

LRISP Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de Reutilización de la Información del Sector Público

LTAIBG Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

OVC Oficina Virtual del Catastro

PAC Política Agrícola Común

PIC Punto de Información Catastral

PNOA Plan Nacional de Ortofotografía Aérea

PVC Procedimiento de valoración colectiva

RCI Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo

RD Real Decreto

RDGRN Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado

RGGA Representación gráfica georreferenciada alternativa

RGIT Real Decreto 1065/2007, de 27 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos

RH Reglamento Hipotecario, aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947

RICN Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los requisitos técnicos para dar cumplimiento a las obligaciones de suministro de información por los notarios establecidas en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

RICR Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica la Resolución Conjunta de la DGC y de la DGRN, por la que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la Propiedad

RRST Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, que aprueba el Reglamento del régimen sancionador tributario

RRVA Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa

RVBICE Real Decreto 1464/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características catastrales

RVBIU Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas Técnicas de Valoración y Cuadro Marco de Valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana

SAN Sentencia de la Audiencia Nacional

SEC Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro

SIC Sistema de Información Catastral

SIGCA Sistema de Información Geográfico Catastral

SIGECA Sistema de Información de Gestión Catastral

SIGPAC Sistema de Información Geográfico de la Política Agrícola Común

ss. Siguientes

STC Sentencia del Tribunal Constitucional

STS Sentencia del Tribunal Supremo

STSJ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

TC Tribunal Constitucional

TEA Tribunal Económico-Administrativo

TRLCI Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

TRLPI Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual

TRLRHL Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

TRLSRU Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

TS Tribunal Supremo

TSJ Tribunal Superior de Justicia

ÍNDICE:

ÍNDICE

ABREVIATURAS UTILIZADAS

INTRODUCCIÓN

PARTE PRIMERA

ASPECTOS GENERALES

Capítulo 1

EL MODELO CATASTRAL ESPAÑOL

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CATASTRO EN ESPAÑA

1.2. EL CATASTRO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

1.2.1. Las organizaciones internacionales en el ámbito catastral

1.2.2. El papel del Catastro en la imposición inmobiliaria internacional

1.2.3. El Catastro y el Registro de la Propiedad en el ámbito internacional

1.2.4. Las iniciativas internacionales sobre la información territorial y geográfica

1.2.5. El Catastro en Iberoamérica

1.3. EL MODELO CATASTRAL ESPAÑOL

Capítulo 2

REGULACIÓN, NATURALEZA Y PRINCIPIOS RECTORES

2.1. EL MARCO NORMATIVO VIGENTE

2.1.1. El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

2.1.2. Normativa reglamentaria de desarrollo

2.1.3. Normativa tributaria aplicable al Catastro

2.1.4. Leyes administrativas aplicables al Catastro

2.1.5. Normas de civiles que afectan al Catastro

2.2. NATURALEZA JURÍDICA

2.2.1. El Catastro como registro administrativo

2.2.2. El Catastro como registro fiscal

2.2.3. El Catastro como registro descriptivo de bienes inmuebles

2.3. PRINCIPIOS RECTORES

2.3.1. Calidad de la descripción catastral de los inmuebles

2.3.2. Obligatoriedad de la inscripción catastral

2.3.3. Deber de colaboración con el Catastro

2.3.4. Coordinación de valores

2.3.5. Presunción de certeza de los datos catastrales

2.3.5. Accesibilidad de la información catastral

Capítulo 3

LA ADMINISTRACIÓN CATASTRAL ESPAÑOLA

3.1. NATURALEZA TRIBUTARIA

3.2. ORGANIZACIÓN

3.2.1. Competencia estatal del Catastro

3.2.2. Desconcentración de la gestión

3.2.3. Colaboración interadministrativa

3.2.4. Informatización y digitalización

3.3. COMPETENCIAS Y FUNCIONES

3.3.1. Funciones de formación y mantenimiento

3.3.2. Funciones fiscales

3.3.3. Funciones jurídicas

3.3.4. Funciones para la difusión e intercambio de información

3.4. LOS MEDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CATASTRAL

PARTE SEGUNDA

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Capítulo 4

LOS BIENES INMUEBLES

4.1. EL CONCEPTO DE BIEN INMUEBLE

4.1.1. La definición catastral de bien inmueble

4.1.2. Diferencias con el concepto de finca registral

4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

4.2.1. Bienes inmuebles urbanos

4.2.2. Bienes inmuebles rústicos

4.2.3. Bienes inmuebles de características especiales

4.2.4. El régimen transitorio de clasificación de los inmuebles

4.3. DESCRIPCIÓN CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES

4.3.1. Las características catastrales de los inmuebles

4.3.2. Especial consideración de las construcciones

Capítulo 5

LA REFERENCIA CATASTRAL

5.1. LA CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA REFERENCIA CATASTRAL

5.1.1. Ámbito objetivo de la obligación de hacer constar la referencia catastral

5.1.2. Sujetos obligados a aportar la referencia catastral

5.1.3. Plazo de aportación

5.1.4. Modo de acreditar y obtener la referencia catastral

5.1.5. Requisitos de identidad de la finca con la referencia catastral

5.1.6. Efectos de la constancia de la referencia catastral

5.1.7. Efectos del incumplimiento del deber de aportar la referencia catastral

5.2. ESTRUCTURA Y NORMAS DE ASIGNACIÓN

5.2.1. Estructura de la referencia catastral

5.2.2. Criterios generales de asignación

5.2.3. Asignación de la referencia catastral a las nuevas construcciones

5.2.4. Segregación, división, agrupación y agregación de inmuebles

5.2.5. Reparcelaciones en suelo urbanizable sin desarrollar

5.2.6. Expropiaciones, aperturas de viales, nuevas infraestructuras

5.2.7. Recintos de dominio público en suelo rústico

5.2.8. Tratamiento del derecho de superficie y de la concesión administrativa

5.2.9. Cambios de clase o variación de la naturaleza de suelo

5.2.10. Asignación de referencia catastral a los BICE

5.2.11. Procedimiento para la asignación inmediata de la referencia catastral

Capítulo 6

LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL

6.1. LA ORDENACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA OFICIAL

6.1.1. Concepto de cartografía oficial y su clasificación

6.1.2. Competencias de producción cartográfica

6.1.3. El Sistema Cartográfico Nacional

6.2. ORIGEN Y PRODUCCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL

6.3. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL

6.4. CONTENIDO DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL

6.5. LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS INMUEBLES EN EL CATASTRO

6.6. REQUISITOS TÉCNICOS Y CALIDAD DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL

6.6.1. Requisitos técnicos

6.6.2. Calidad y nivel de tolerancia técnica

6.7. EL MANTENIMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL

6.7.1. Actuaciones puntuales o individuales

6.7.2. Actuaciones masivas o colectivas. Los desplazamientos de la cartografía

6.7.3. Herramientas técnicas

Capítulo 7

LOS TITULARES CATASTRALES

7.1. ANTECEDENTES

7.2. CONCEPTO Y MODALIDADES DE TITULARIDAD CATASTRAL

7.2.1. Concepto de titular catastral

7.2.2. La comunidad catastral de bienes

7.2.3. La titularidad de los cónyuges

7.2.4. Las herencias yacentes

7.2.5. Normas de representación de los titulares catastrales

7.2.6. Los bienes inmuebles de titular desconocido

7.3. LOS EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DE LA TITULARIDAD CATASTRAL Y SU ACREDITACIÓN

7.4. LA TITULARIDAD CATASTRAL Y LA REGISTRAL

7.5. DERECHOS DE LOS TITULARES CATASTRALES

7.5.1. Derechos personales

7.5.2. Derechos procedimentales

7.5.3. Derechos económicos

7.5.4. Derechos en el tráfico inmobiliario

7.5.5. Derechos de información y asistencia

7.5.6. El Consejo para la Defensa del Contribuyente

7.5.7. Conclusión

7.6. DEBERES DE LOS TITULARES CATASTRALES

7.7. LAS ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS TITULARES CATASTRALES

7.7.1. Los servicios presenciales de atención al ciudadano

7.7.2. Utilización de medios electrónicos: SEC y Portal del Catastro

7.7.3. La Línea Directa del Catastro

7.7.4. Puntos de Información catastral

7.7.5. La colaboración de las Entidades Locales y otras Administraciones

7.7.6. Colaboración social

Capítulo 8

EL VALOR CATASTRAL

8.1. LOS DIFERENTES MÉTODOS DE VALORACIÓN

8.1.1. Método de comparación con el mercado

8.1.2. Método de capitalización de rendimientos

8.1.3. Método del coste de reposición

8.1.4. Método residual

8.1.5. La aplicación de los diferentes métodos de valoración en la normativa catastral

8.2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL VALOR CATASTRAL

8.3. CRITERIOS Y LÍMITES DEL VALOR CATASTRAL

8.3.1. Los criterios legales de valoración

8.3.2. Los límites legales del valor catastral

8.3.3. La remisión a las normas reglamentarias para la valoración

8.4. EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL

8.5. HACIA LA REFORMA DEL SISTEMA: EL VALOR DE REFERENCIA

Capítulo 9

LAS PONENCIAS DE VALORES Y SU COORDINACIÓN

9.1. LA COORDINACIÓN DE VALORES

9.1.1. El informe anual sobre el mercado inmobiliario

9.1.2. La fijación del módulo de valor M

9.1.3. La clasificación de los municipios

9.1.4. Los criterios de coordinación de valores

9.2. LAS PONENCIAS DE VALORES: CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

9.3. CLASES DE PONENCIAS DE VALORES

9.4. CONTENIDO DE LAS PONENCIAS

9.4.1. Ponencias de valores de los bienes inmuebles de naturaleza urbana

9.4.2. Ponencias de valores de los bienes inmuebles de características especiales

9.4.3. Motivación de las ponencias de valores

9.4.4. Los estudios del mercado inmobiliario

9.5. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LAS PONENCIAS

9.5.1. Inicio del procedimiento

9.5.2. Elaboración de las ponencias

9.5.3. Informe de coordinación

9.5.4. Informe del Ayuntamiento

9.5.5. Trámite de audiencia a los interesados

9.5.6. Aprobación

9.5.7. Publicación

9.6. VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS PONENCIAS DE VALORES

9.7. IMPUGNACIÓN DE LAS PONENCIAS DE VALORES

9.7.1. Los procedimientos de impugnación de las ponencias de valores

9.7.2. La no suspensión de la ejecutoriedad de las ponencias

9.7.3. Efectos de la anulación de las ponencias

Capítulo 10

LA DETERMINACIÓN DEL VALOR CATASTRAL

10.1. LA VALORACIÓN CATASTRAL DE LOS INMUEBLES URBANOS

10.1.1. Valoración del suelo

10.1.2. Valoración de las construcciones

10.1.3. Coeficientes correctores conjuntos de suelo y construcción

10.1.4. Otros coeficientes

10.1.5. La valoración de las construcciones singulares

10.1.6. Valoración de suelos urbanos en proceso de desarrollo urbanístico

10.2. LA VALORACIÓN DE LOS INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

10.2.1. Coordinación de valores

10.2.2. Valoración del suelo

10.2.3. Valoración de las construcciones

10.2.4. Otros coeficientes aplicables a los BICE

10.3. LA VALORACIÓN DE LOS INMUEBLES RÚSTICOS

10.3.1. La valoración de los inmuebles rústicos por rendimientos

10.3.2. La valoración de los inmuebles rústicos por su localización

10.3.3. La valoración de las construcciones ubicadas en suelo rústico

PARTE TERCERA

PROCEDIMIENTOS CATASTRALES

Capítulo 11

RÉGIMEN GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN CATASTRAL

11.1. LA GESTIÓN CATASTRAL

11.1.1. Concepto de gestión catastral

11.1.2. Actuaciones que comprende

11.1.3. Naturaleza jurídica

11.2. LOS PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN

11.2.1. Concepto

11.2.2. Enumeración y alcance

11.2.3. Clasificación

11.3. RÉGIMEN GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCORPORACIÓN

11.3.1. Interesados en los procedimientos de incorporación

11.3.2. Medios de prueba

11.3.3. Comprobación y subsanación de la documentación

11.3.4. Trabajos técnicos

11.3.5. Audiencia de los interesados

11.3.6. Inexigibilidad de otros requisitos para las inscripciones catastrales

11.3.7. Motivación

11.3.8. Resolución de los procedimientos

11.3.9. El Catastro y los conflictos de propiedad

11.3.10. La notificación de los actos catastrales

11.3.11. Los efectos de los actos de incorporación catastral

11.3.12. Inscripciones catastrales provisionales

11.4. REVISIÓN DE LOS ACTOS DE INCORPORACIÓN CATASTRAL

11.4.1. Régimen general

11.4.2. Legitimación

11.4.3. Motivos de impugnación y medios de prueba

11.4.4. La impugnación de los actos catastrales por los Ayuntamientos

11.4.5. La impugnación de los actos catastrales con motivo de la impugnación de los actos de gestión tributaria

11.4.6. Suspensión de los actos de gestión catastral

Capítulo 12

LAS DECLARACIONES Y SOLICITUDES CATASTRALES

12.1. CONCEPTO Y NATURALEZA

12.2. OBLIGACIÓN Y LEGITIMACIÓN PARA DECLARAR

12.3. FORMULACIÓN DE LAS DECLARACIONES

12.3.1. Lugar, forma, modelos y condiciones de presentación

12.3.2. Contenido general de las declaraciones catastrales

12.3.3. Documentación acreditativa de los cambios de titularidad

12.3.4. Documentación acreditativa de las obras nuevas

12.3.5. Documentación de las obras de derribo o demolición

12.3.6. Documentación de la segregación, agregación, división y agrupación de fincas

12.3.7. Documentación acreditativa de la división de edificios en régimen de propiedad horizontal

12.3.8. Documentación acreditativa de la división de trasteros y plazas de estacionamiento en proindiviso

12.3.9. Documentación acreditativa de los cambios de cultivo o aprovechamiento

12.3.10. Cambios de uso o destino de los inmuebles

12.4. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LAS DECLARACIONES

12.4.1. Inicio del procedimiento

12.4.2. Instrucción del procedimiento

12.4.3. Resolución de la alteración catastral y su notificación

12.4.4. Efectividad de los procedimientos de declaración

12.5. EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE BAJA

12.5.1. Objeto

12.5.2. Voluntariedad

12.5.3. Contenido de la solicitud

12.5.4. Trámites del procedimiento

12.5.5. Efectos de la resolución del procedimiento

12.6. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE TRASTEROS Y PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO

Capítulo 13

LAS COMUNICACIONES CATASTRALES

13.1. CONCEPTO Y NATURALEZA

13.2. OBLIGACIÓN Y LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR COMUNICACIONES

13.3. FORMULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

13.3.1. Comunicación de cambios en la titularidad de los inmuebles

13.3.2. Comunicación de actos sometidos a licencia municipal

13.3.3. Comunicación de actos de segregación, división, agregación o agrupación

13.3.4. Comunicación de actos derivados de procedimientos administrativos

13.3.5. Comunicación para completar datos de titularidad

13.3.6. Comunicación de cambios de cultivo

13.4. PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

13.4.1. Validación de la información e inicio del procedimiento

13.4.2. Instrucción del procedimiento

13.4.3. Resolución de la comunicación y su notificación

Capítulo 14

LA INSPECCIÓN Y LA REGULARIZACIÓN CATASTRAL

14.1. LA INSPECCIÓN CATASTRAL

14.1.1. Naturaleza y alcance de la inspección catastral

14.1.2. Clases de actuaciones inspectoras

14.1.3. Los órganos catastrales de inspección

14.1.4. La colaboración de las Entidades Locales

14.1.5. Planificación de las actuaciones inspectoras

14.1.6. Los obligados tributarios en el procedimiento de inspección catastral y sus derechos

14.1.7. Documentación de las actuaciones inspectoras

14.1.8. Lugar de las actuaciones inspectoras

14.1.9. El procedimiento general de inspección

14.1.10. El procedimiento simplificado de inspección

14.1.11. Tramitación de las actuaciones de inspección conjunta

14.1.12. Los plazos de las actuaciones inspectoras y su efectividad

14.2. EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL

14.2.1. Naturaleza, objeto y características

14.2.2. Tramitación

14.2.3. Efectividad

14.2.4. La tasa de acreditación catastral

Capítulo 15

LOS PROCEDIMIENTOS DE SUBSANACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE DATOS CATASTRALES

15.1. PROCEDIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS

15.1.1. Objeto del procedimiento

15.1.2. Diferencias con otros procedimientos

15.1.3. Inicio del procedimiento

15.1.4. Instrucción del procedimiento

15.1.5. Resolución del procedimiento y sus efectos

15.2. SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS PREVIA INTERVENCIÓN NOTARIAL

15.2.1. Objeto del procedimiento

15.2.2. Instrucción notarial previa

15.2.3. Procedimiento catastral

15.2.4. Resolución del procedimiento y sus efectos

15.3. SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS PREVIA INSCRIPCIÓN REGISTRAL

15.3.1. Objeto del procedimiento

15.3.2. Tramitación

15.3.3. Resolución y sus efectos

15.4. PROCEDIMIENTOS DE RECTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS CATASTRALES

15.5. EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DEL CATASTRO RÚSTICO

15.5.1. Antecedentes

15.5.2. Definición y características del procedimiento de renovación

15.5.3. Excepcionalidad y limitaciones del procedimiento de renovación

15.5.4. Instrucción del procedimiento

15.5.5. Efectividad del procedimiento de renovación

15.6. PROCEDIMIENTO DE CONCORDANCIA ENTRE EL TITULAR CATASTRAL Y EL SUJETO PASIVO DEL IBI

15.6.1. Procedimiento de rectificación de la titularidad catastral

15.6.2. Naturaleza y efectos del procedimiento

Capítulo 16

LOS PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN

16.1. LOS PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN COLECTIVA

16.1.1. Concepto y clases de procedimientos de valoración colectiva (PVC)

16.1.2. Procedimiento de valoración colectiva de carácter general o parcial

16.1.3. Procedimiento simplificado de valoración colectiva

16.1.4. Procedimiento de valoración de los BICE

16.2. LOS PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA

16.3. LA ACTUALIZACIÓN DE VALORES POR COEFICIENTES

16.3.1. Antecedentes

16.3.2. Requisitos generales del procedimiento

16.3.3. Clases de procedimientos de actualización de valores

Capítulo 17

EL RÉGIMEN SANCIONADOR CATASTRAL

17.1. INFRACCIONES CATASTRALES

17.1.1. La falta de presentación de declaraciones

17.1.2. Presentación de declaración fuera de plazo

17.1.3. Presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas

17.1.4. Incumplimiento del deber de aportar la referencia catastral

17.1.5. El incumplimiento del deber de comunicación

17.1.6. Incumplimiento del deber de suministrar al Catastro datos, informes o antecedentes

17.1.7. Resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración catastral

17.2. SANCIONES CATASTRALES

17.2.1. Introducción

17.2.2. Cuantía de las sanciones

17.2.3. Criterios de graduación de las sanciones

17.2.4. Concurrencia de sanciones

17.2.5. Prescripción de las sanciones catastrales

17.3. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

17.3.1. Derechos de los interesados

17.3.2. Iniciación del procedimiento

17.3.3. Instrucción del procedimiento sancionador

17.3.4. Propuesta de resolución y alegaciones

17.3.5. Tramitación simplificada

17.3.6. Terminación del procedimiento sancionador

17.3.7. Recursos contra sanciones

PARTE CUARTA

INFORMACIÓN CATASTRAL

Capítulo 18

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL

18.1. LOS TIPOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y SU REGULACIÓN

18.1.1. Información catastral sobre los bienes inmuebles y la restante documentación administrativa del Catastro

18.1.2. Datos catastrales protegidos y datos no protegidos

18.1.3. Información catastral vigente, no vigente e histórica

18.1.4. Información digital y en soportes convencionales

18.1.5. Información catastral gráfica y alfanumérica

18.1.6. Información individualizada y masiva

18.1.7. Información catastral certificada y no certificada

18.2. LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL

18.3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN CATASTRAL

18.3.1. Acceso a los datos catastrales no protegidos

18.3.2. Acceso a los datos catastrales protegidos

18.3.3. El acceso a la documentación catastral no vigente o histórica

18.3.4. Otros límites al acceso de los datos catastrales

18.3.5. El acceso a la restante documentación administrativa del Catastro

18.4. PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CATASTRAL

18.4.1. El procedimiento general de acceso a los datos catastrales previa solicitud

18.4.2. Procedimiento de acceso electrónico a la información catastral

18.4.3. Los Puntos de información Catastral

18.4.4. La Plataforma de intermediación de datos de las Administraciones Públicas

18.5. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL

18.5.1. El régimen jurídico de la utilización de la información catastral

18.5.2. La propiedad intelectual de la información catastral y su reutilización

18.5.3. Uso indebido de la información catastral

18.6. LOS CERTIFICADOS CATASTRALES

18.6.1. Regulación y efectos

18.6.2. La certificación catastral descriptiva y gráfica

18.7. LA TASA DE ACREDITACIÓN CATASTRAL

18.7.1. Hecho imponible

18.7.2. Sujetos pasivos

18.7.3. Exenciones

18.7.4. Devengo

18.7.5. Productos y tarifas

18.7.6. Liquidación, gestión y pago

Capítulo 19

LA COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN MATERIA CATASTRAL

19.1. LAS DISTINTAS FÓRMULAS DE COLABORACIÓN Y DE COOPERACIÓN CATASTRAL

19.2. EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

19.2.1. El deber de suministrar información al Catastro por las entidades públicas

19.2.2. El deber del Catastro de suministrar información a otras entidades públicas

19.3. CONVENIOS DE COLABORACIÓN

19.3.1. Normativa aplicable a los convenios en materia catastral

19.3.2. Objeto de los convenios

19.3.3. Sujetos que pueden suscribir los convenios

19.3.4. Régimen jurídico de convenios de colaboración catastral

19.3.5. Contenido de los convenios de colaboración catastral

19.3.6. Tramitación de los convenios

19.3.7. Régimen económico de los convenios catastrales

19.3.8. Duración de los convenios

19.3.9. Extinción de los convenios

Capítulo 20

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL CATASTRO

20.1. ANTECEDENTES

20.2. REGULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CATASTRAL ELECTRÓNICA

20.2.1. Normativa reguladora y principios rectores

20.2.2. Componentes de la administración catastral electrónica

20.3. LOS ELEMENTOS INTERNOS DE LA ADMINISTRACIÓN CATASTRAL ELECTRÓNICA

20.3.1. El Sistema de Información Catastral (SIC)

20.3.2. El documento catastral electrónico: el Catálogo de documentos

20.3.3. Identificación electrónica de la Administración catastral: sello electrónico

20.3.4. La firma electrónica de la Administración catastral

20.3.5. Las actuaciones catastrales electrónicas: individuales, colectivas y automatizadas

20.4. LOS ELEMENTOS EXTERNOS DE LA ADMINISTRACIÓN CATASTRAL ELECTRÓNICA

20.4.1. La Sede Electrónica del Catastro

20.4.2. Portal del Catastro en Internet

20.4.3. El Registro Electrónico del Catastro

20.4.4. La identificación y la firma electrónica de los usuarios: clave concertada

20.4.5. La notificación catastral electrónica

20.5. LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS CATASTRALES ELECTRÓNICOS

20.5.1. Derecho y deber de relacionarse electrónicamente con la Administración catastral

20.5.2. Usuarios de acceso libre

20.5.3. Titulares catastrales o interesados

20.5.4. Usuarios registrados

20.5.5. Órganos judiciales

20.6. LOS SERVICIOS CATASTRALES EN INTERNET

Capítulo 21

EL CATASTRO Y EL SISTEMA TRIBUTARIO

21.1. EL VALOR CATASTRAL Y LA TRIBUTACIÓN INMOBILIARIA

21.2. EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

21.2.1. Elementos esenciales del IBI que dependen del Catastro

21.2.2. La gestión compartida del IBI

21.3. EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

21.4. OTROS TRIBUTOS LOCALES

21.4.1. Tasas locales

21.4.2. Contribuciones especiales

21.5. INCIDENCIA DEL VALOR CATASTRAL EN LOS IMPUESTOS ESTATALES

21.5.1. Impuesto sobre el Patrimonio

21.5.2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

21.5.3. Impuesto sobre Sociedades

21.5.4. Impuesto sobre la Renta de las Entidades no Residentes

21.5.5. El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

21.5.6. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentos

21.6. TRIBUTOS AUTONÓMICOS

21.7. EL VALOR DE CATASTRAL COMO MEDIO DE COMPROBACIÓN DE VALORES

21.7.1. Introducción

21.7.2. El valor catastral en la comunicación y publicación de valores fiscales

21.7.3. La incidencia de los datos catastrales en los medios de comprobación de valores

21.8. LA REFORMA DE LA VALORACIÓN FISCAL DE LOS INMUEBLES

Capítulo 22

EL CATASTRO Y EL TRÁFICO JURÍDICO INMOBILIARIO

22.1. ANTECEDENTES

22.2. EL SISTEMA DE COORDINACIÓN CATASTRO - REGISTRO

22.2.1. Mayor precisión técnica en la descripción de las fincas registrales

22.2.2. La cartografía catastral es la base gráfica del Registro de la Propiedad

22.2.3. El carácter esencial de la calificación gráfica registral

22.2.4. Las garantías de los derechos de los interesados

22.2.5. Autonomía del Catastro y del Registro de la Propiedad

22.2.6. Interoperabilidad entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad

22.2.7. Implantación progresiva del sistema

22.3. LOS CRITERIOS DE CORRESPONDIENCIA GRÁFICA

22.3.1. Identidad de las fincas

22.3.2. Coincidencia perimetral de los recintos de terreno

22.3.3. Similitud de superficie

22.3.4. No superposición con otra representación gráfica inscrita

22.3.5. No invasión del dominio público

22.3.6. Compatibilidad con la cartografía catastral

22.3.7. Vigencia de la cartografía catastral

22.3.8. Innecesaridad de coincidencia de los datos de titularidad

22.4. ASPECTOS GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN

22.4.1. La normativa aplicable a los procedimientos de coordinación

22.4.2. La actuación de los notarios y de los otorgantes del título

22.4.3. La actuación de las Administraciones Públicas

22.4.4. La participación en el procedimiento de los terceros interesados

22.5. ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN

22.5.1. Procedimiento para completar la descripción literaria de la finca registral con su representación gráfica

22.5.2. El deslinde registral

22.5.3. Expediente de dominio para la inmatriculación de fincas

22.5.4. Inmatriculación con doble título

22.5.5. Inscripción de actos de expropiación, deslinde administrativo, concentración parcelaria y de equidistribución o transformación urbanística o inmatriculación judicial

22.5.6. Inscripciones registrales relativas a bienes públicos mediante certificación administrativa

22.5.7. La rectificación de la descripción de las fincas registrales

22.5.8. Inscripción de declaraciones de obra nueva terminada

22.5.9. Inscripción de los actos de parcelación, segregación, agregación, división y agrupación de fincas

22.6. LA CONEXIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CATASTRALES

22.6.1. Fase previa ante el Catastro

22.6.2. Fase de elaboración de los títulos

22.6.3. Fase de inscripción registral

22.6.4. Supuestos especiales

22.7. LOS EFECTOS DE LA COORDINACIÓN

22.7.1. Antecedentes

22.7.2. La presunción de certeza de los datos de hecho de las fincas registrales coordinadas

22.7.3. La publicidad registral de la coordinación y de la información gráfica

22.7.4. Los efectos de la coordinación en los datos catastrales

22.7.5. La descoordinación

22.8. LOS LÍMITES DE LA COORDINACIÓN

Capítulo 23

OTROS USOS DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL

23.1. INTRODUCCIÓN

23.2. EL CATASTRO Y LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO

23.2.1. El acceso a la información catastral para la gestión del dominio público

23.2.2. El deber de incorporar información catastral en los actos administrativos de gestión patrimonial

23.2.3. El deber de inscripción del dominio público en el Catastro y en el Registro de la Propiedad

23.2.4. Normativa sectorial

23.3. CATASTRO Y URBANISMO

23.3.1. Utilización de la información catastral en actos urbanísticos

23.3.2. Valoraciones catastrales y urbanísticas

23.4. CATASTRO Y MEDIO AMBIENTE

23.5. LA INFORMACIÓN CATASTRAL EN LOS EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

23.6. CATASTRO Y POLÍTICAS AGRARIAS

23.7. CATASTRO Y CONCESIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS

23.8. EL USO DEL CATASTRO EN PROCEDIMIENTOS PRIVADOS O CIVILES