Doctrina

Cómpralo ya en Tirant.com

Precio: 39,00 Euros 37,05 Euros Descuento -5.0%
Libro electrónico: 24,00 Euros

En stock, salida inmediata

Ir a librería
Título: Protocolos sobre extranjería
Fecha: 01/2013
Coordinadores: Luis Lafont Nicuesa

Número epígrafe: 2
Título epígrafe: 2. Protocolo explicativo de la situación de residencia temporal (art. 31 de la ley de extranjería y arts. 45 a 51 del reglamento de la ley de extranjería)

TEXTO:


2. PROTOCOLO EXPLICATIVO DE LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL (ART. DE LA LEY DE EXTRANJERÍA Y ARTS. 45 A 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA)1

2.1. LA RESIDENCIA TEMPORAL ES LA SITUACIÓN QUE AUTORIZA A PERMANECER EN ESPAÑA POR UN PERÍODO SUPERIOR A 90 DÍAS E INFERIOR A CINCO AÑOS1

- La LOEX, en el art. 30bis, define la situación de residencia como aquélla que gozan los extranjeros que se encuentran en España y que sean titulares de una autorización para residir por un periodo de tiempo superior al de la estancia, sin perjuicio de lo establecido en materia de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado (tal y como añade el art. 45 del RLOEX). No basta la permanencia o presencia física en territorio español o el empadronamiento en un determinado municipio español, sino que es una definición jurídica: sólo será considerado "residente" el que cuente con una autorización de residencia concedida por la autoridad competente y cuando se cumplan unas determinadas condiciones. Cuando el extranjero logra la residencia, tal situación implica un amplio disfrute de derechos frente al que no dispone de dicha autorización, que quedará en una posición jurídica más débil.
- La residencia se puede distinguir entre la temporal y la de larga duración. El art. 31 de la LOEX indica que "las autorizaciones de duración inferior a cinco años podrán renovarse, a petición del interesado, atendiendo a las circunstancias que motivaron su concesión. La duración de las autorizaciones iniciales de residencia temporal y de las renovaciones se establecerá reglamentariamente". El art. 49.2 del RLOEX) dispone que la duración de la residencia temporal inicial tendrá vigencia de un año, mientras que la renovación de la misma comporta una vigencia de dos años, salvo que corresponda obtener una autorización de residencia de larga duración o de larga duración-UE (art. 51.7 del RLOEX). Por su parte, la residencia de larga duración (art. 147-150 del RLOEX) se puede conseguir con una tercera renovación de la residencia temporal, y una vez concedida coloca a la persona extranjera es un status claramente más ventajoso, incluso privilegiado, en cuanto al disfrute de derechos, tal y como se tendrá ocasión de comprobar en el Protocolo dedicado a la residencia de larga duración.
2.2. LA AUTORIZACIÓN INICIAL DE RESIDENCIA TEMPORAL QUE NO COMPORTE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO

- La autorización inicial de residencia temporal que no comporte autorización de trabajo se concederá a los extranjeros que dispongan de medios suficientes para sí y, en su caso, para los de su familia. El artículo 47 del Reglamento establece los criterios para determinar la suficiencia de dichos medios.
- La residencia temporal en España y, en concreto, la no lucrativa, es aquélla que obtiene el extranjero que no realiza actividad laboral o profesional, sino que subsiste gracias a los medios económicos de los que disfruta sin necesidad de trabajar. El art. 31.2 de la LOEX se refiere exclusivamente a la residencia temporal no lucrativa, aunque también se regulan la derivada de la reagrupación familiar, la de residencia y trabajo por cuenta ajena o la de cuenta propia, la del trabajo para la investigación, la de los profesionales altamente cualificados titulares de una Tarjeta azul-UE, la de cuenta ajena de duración determinada, la del trabajo en el marco de prestación transnacionales de servicio o, incluso, la que conlleva la excepción de la autorización de trabajo (art. 45.2 del RLOEX)). Todas ellas serán objeto de comentario en otros Protocolos de esta obra.
- El extranjero que desee una autorización de residencia temporal no lucrativa deberá reunir los requisitos expuestos en el art. 46 del RLOEX) (no encontrarse irregularmente en territorio español; carecer de antecedentes penales; no figurar como rechazable en el espacio de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido; contar con medios económicos suficientes; contar con un seguro público o privado de enfermedad; no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España; no parecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional de 2005).
- Para solicitar una autorización de residencia no lucrativa, el extranjero deberá dirigirse a la misión diplomática española de su demarcación de residencia o en otra distinta a esta última, si media causa que lo justifique y cuando lo determine el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (según lo indicado en el art. 48.1 del). RLOEX) la solicitud del correspondiente visado, tal y como disponen los arts. 25 bis apartado c) de la LOEX y el 48.2 del RLOEX), se acompañará los siguientes documentos:

a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de un año.
b) Certificado de antecedentes penales, o documento equivalente, en el caso de mayoría de edad, expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años y en el que no deben constar condenas por delitos existentes en el ordenamiento español. El certificado o documento extranjero se aportará debidamente traducido, en su caso, y legalizado. Hay que aclarar el trámite de legalización se realizará por la oficina consular española con jurisdicción en el país en el que se ha expedido y por el Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, salvo en los casos en los que el certificado o documento equivalente haya sido apostillado por la Autoridad competente del país emisor signatario del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros (BOE núm. 229, de 25 de septiembre de 1978). La Instrucción DGI/SGRJ/06/2008, actualizada en noviembre de 2010, sobre la "legalización y traducción de documentos para la tramitación de procedimientos en materia de extranjería e inmigración", proporciona información necesaria para facilitar dicha tarea.
c) Certificado médico, para acreditar que no padece ninguna de las enfermedades susceptibles de cuarentena (cólera, peste y fiebre amarilla).
d) Los documentos que acrediten medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España, sin necesidad de desarrollar ninguna actividad.
e) Contar con un seguro público o privado concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España

- ¿Qué se entiende por "disponer de medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia"? El artículo 31 de la LOEX nos remite a normas reglamentarias que deberán establecer "los criterios a los efectos de determinar la suficiencia de dichos medios". De esta manera, el art. 47 del RLOEX determina estos criterios y presenta un tipo de porcentajes de referencia. Por tanto, los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral o lucrativa, deberán contar con medios económicos suficientes para el período de residencia que solicitan, o acreditar una fuente de percepción periódica de ingresos, para sí mismo y su familia, en las siguientes cuantías, que se establecen con carácter de mínimas y referidas al momento de solicitud del visado o de renovación de la autorización: a) Para su sostenimiento, durante su residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros el 400% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM 2011 está fijado en 532,51 euros mensuales, por lo que la cantidad mensual asciente a 2.130,04 euros)2 o su equivalente legal en moneda extranjera; b) Para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo, durante su residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera, cantidad a acreditar de forma adicional a la referida en el guión anterior de este apartado.
- El nuevo Reglamento aclara, en su art. 47.3, la forma de acreditar tales medios, integrando la laguna existente en la anterior legislación (tal y como denunciaba S. Heredia Fernández, 2008, pp. 50 y 51). Las fuentes de renta pueden ser de muy diversa índole (pensiones, capital inmobiliario o mobiliario, prestaciones sociales, envíos periódicos de dinero desde el país de origen, etc.). Habrá, por tanto, que justificar esa procedencia y disponibilidad "a través de cualquiera de los medios válidamente admitidos en Derecho, incluyendo la aportación de títulos de propiedad, cheques certificados o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañados de una certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta. Si los medios de vida proceden de acciones o participaciones en empresas españolas, mixtas o extranjeras, radicadas en España, el interesado acreditará, mediante certificación de las mismas, que no ejerce actividad laboral alguna en dichas empresas, y presentará declaración jurada en tal sentido".
- Presentada la solicitud, será grabada en el sistema de visados de la aplicación correspondiente, de forma que la Delegación o Subdelegación del Gobierno en cuya demarcación solicite la residencia el extranjero tenga constancia de la solicitud presentada, así como de la documentación que la acompaña en lo relativo a los requisitos que le corresponde valorar. Esta matización, reflejada en el art. 48.3 del RLOEX, otorga más seguridad y rapidez al procedimiento, ya que la Delegación o Subdelegación del Gobierno debe resolver la concesión o denegación de la autorización de residencia en el plazo de un mes, previa comprobación de los requisitos de carencia del extranjero de antecedentes penales en España y, en su caso, no encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a nuestro país. A dichos efectos, recabará de oficio el informe de los de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público, así como el del Registro Central de Penados. La Delegación o Subdelegación del Gobierno grabará la resolución en la aplicación correspondiente, para su conocimiento por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y por la oficina consular o misión diplomática correspondiente, y la eficacia de la autorización quedará supeditada a la expedición, en su caso, del visado y a la efectiva entrada del extranjero en territorio nacional (art. 48.4 del RLOEX).
- Vistos los fraudes en esta materia, la misión diplomática u oficina consular, durante la sustanciación del expediente, podrá requerir la comparecencia del o la solicitante y mantener una entrevista para comprobar la identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de la solicitud. En la entrevista estarán presentes, al menos, dos representantes de la Administración española y un intérprete si resulta necesario, y deberá quedar constancia de su contenido mediante acta firmada por los presentes. Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que existen indicios suficientes para dudar de la identidad de las personas, de la validez de los documentos, o de la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se denegará su concesión. Si no comparece en el plazo fijado, que no podrá ser superior a quince días, se considerará a la interesada o el interesado desistida en su petición, salvo fuerza mayor. Y todo en base a las normas generales de expedición de visado expuestas en el art. 27 de la LOEX y la Disposición adicional tercera de la LOEX, que regula los lugares de presentación de las solicitudes y exigencia de comparecencia personal.
- Desde la recepción de la documentación correspondiente al visado para la autorización de residencia, la Delegación o Subdelegación del Gobierno que corresponda tendrá de plazo máximo un mes desde la recepción para resolver la concesión o denegación de dicha autorización, previa valoración de los servicios policiales, de la Guardia Civil o del Registro Central de Penado, en relación con las razones que pudieran impedir otorgarla (compromisos de retorno, prohibiciones de entrada o antecedentes desfavorables). La resolución se comunicará al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a la oficina consular receptora de la solicitud para la concesión, en su caso, del visado.
- Si la resolución de la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente es desfavorable o transcurre el citado plazo de resolución (un mes) sin comunicar resolución alguna (silencio administrativo negativo), el consulado resolverá la denegación del visado.
- Si se concede la autorización de residencia por la Delegación o Subdelegación del Gobierno, el consulado, en atención al cumplimiento del resto de los requisitos, resolverá y expedirá el visado, que se recogerá personalmente en el plazo de un mes desde la notificación y que, a continuación, deberá entrar en el territorio español en el plazo de vigencia del visado (máximo de tres meses), a través de puesto habilitado. Después de su entrada en territorio español tendrá que solicitar, en el plazo de un mes desde su entrada, la tarjeta de identidad de extranjero (art. 48. 7 y 8 RLOEX).
- El visado incorpora la autorización e incluso documenta la misma, sin perjuicio de la obligación de solicitar la tarjeta. La autorización inicial comenzará su vigencia desde la fecha de entrada, la cual deberá constar obligatoriamente en el pasaporte o título de viaje, y tendrá una validez de un año (art. 49 RLOEX).
* En todo caso, la oficina consular puede acordar la denegación del visado según lo recogido en el art. 48.6 RLOEX, aunque no es necesaria su motivación. Lamentablemente, la denegación de visado deberá ser motivada cuando sólo se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena, así como en el caso de visados de estancia o de tránsito (art. 27.6 LOEX).
- Hay que recordar que la autorización inicial de residencia temporal concedida por la Delegación o Subdelegación del Gobierno queda supeditada a la posterior concesión y expedición del visado y a la efectiva entrada en territorio español.
2.3. LA AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL POR SITUACIÓN DE ARRAIGO, POR RAZONES HUMANITARIAS, DE COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA U OTRAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE SE DETERMINEN REGLAMENTARIAMENTE

- El art. 31.3 de la LOEX, desarrollado por los arts. 123 a 130 del RLOEX, contempla la posibilidad de que la Administración pueda conceder autorizaciones de residencia temporal, sin que sea exigible el visado, por situación de arraigo, protección internacional, razones humanitarias, de colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público, desarrolladas reglamentariamente en el capítulo I del Título V de este cuerpo legal. Igualmente, se prevén las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales en base a los artículos 31 bis LOEX (irregulares víctimas de violencia de género), 59 LOEX (irregulares que colaboren contra redes organizadas) y 59 bis LOEX (víctimas de la trata de seres humanos).
- Existe una especie de "cajón desastre" reglamentado que tiene como objeto conceder autorizaciones de residencia con carácter extraordinario, cuando las circunstancias excepcionales no estén previstas ni reguladas en la Ley y sea posible interpretar tal situación como extraordinaria. Esta previsión, anteriormente inexistente, puede obedecer a la posibilidad de obtener una habilitación legal, para expedir visados y residencias con carácter excepcional. No se trata de supuestos iguales a los regulados en la Disposición Adicional primera punto cuarto del RLOEX, ya que el Gobierno dicta determinadas Instrucciones para la expedición de un visado concreto, mientras que compete al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para lo estipulado en el art. 50 RLOEX. De hecho, se habilita a los consulados para que otorguen visados cuando lo estimen oportuno, sin cumplir estrictamente los requisitos generales. También se faculta a la Secretaria de Estado para que pueda asimismo conceder las autorizaciones fuera de los supuestos legalmente establecidos, alegando sólo fines de interés público. Muestra de ello podría ser el cumplimiento de algunos compromisos en materia de documentación para personas procedentes de zona de conflicto o catástrofe, siempre que tengan algo positivo que aportar a los intereses de España o, incluso, de la Unión Europea. Podría servir de ejemplo la posibilidad de otorgar, por motivos de relaciones internacionales de España, un visado extraordinario a un ciudadano libio o tunecino que no reúna los requisitos del asilo solicitado con motivo de los últimos acontecimientos políticos en dichos países. Incluso, es posible facilitar un visado a un menor en situación de desarraigo para su reagrupación familiar, cuando no se reúnan los requisitos para la misma, porque ninguno de los progenitores lleva un año de residencia en España y dicha situación resulta extraordinaria.
- La LOEX dispone que la "Administración podrá conceder", por lo que queda obligada a la búsqueda de una solución correcta y justa, después de valorar, suficientemente, los hechos probados. Como afirma la STS de 12 de junio de 1998 (Tol 1715540 y Tol 1551132), "la inclusión de un concepto indeterminado a la hora de aplicar la legalidad sobre la materia no significa que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a una solución justa del caso".

2.3.1. Razones de arraigo (art. 124 RLOEX)

- El extranjero que se halle en España y se encuentre en alguno de los tres supuestos siguientes podrá obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, la cual, salvo que se trate de menores de edad, llevará aparejada autorización de trabajo en España durante su vigencia (art. 129 RLOEX), sin limitación a ámbito geográfico ni a sector de actividad alguno. Para poder otorgar la autorización de trabajo tampoco se tendrá que superar los requisitos de la situación nacional de empleo. En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión deberá solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero (art. 128.7 RLOEX).
- Arraigo laboral: Deberá acreditarse la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en el país de origen o de anteriores residencias durante los últimos cinco años. A los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la acredite.
- Arraigo social: se podrá conceder una autorización de residencia temporal por razones de arraigo al extranjero que acredite la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años, siempre que se reúnan, de forma acumulativa, los siguientes requisitos: 1) Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o de anterior residencia los últimos cinco años; 2) Contar en el momento de la solicitud con un contrato de trabajo firmado por el interesado y por el empresario o empleador, cuya duración no sea inferior a un año. Hay que llamar la atención sobre si el contrato laboral debe estar o no sujeto al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, requisito no exigido en la actualidad. Y es que el art. 124.4 del RLOEX deja la puerta abierta a dicha posibilidad, al conceder vía libre al Gobierno para que, sin cambiar la Ley, modifique el criterio y limite las solicitudes de residencia por arraigo a la situación del mercado de trabajo español por Orden del Ministerio de la Presidencia. En este ámbito, existen novedades a la hora de acreditar la existencia de un solo contrato, ya que es posible presentar dos contratos en el sector agrario, con distintos empleadores pero concatenados y con una duración mínima para cada uno de ellos de seis meses. En caso de desarrollo de actividades en una misma ocupación, trabajando parcialmente y de manera simultánea para más de un empleador, se admitirá la presentación de varios contratos, todos ellos de duración mínima de un año y cuya suma debe representar una jornada semanal no inferior a treinta horas en el cómputo global. No obstante, se podrá eximir al extranjero de contar con un contrato de trabajo, siempre y cuando se acrediten medios económicos suficientes y el órgano correspondiente realice la pertinente recomendación en este sentido. Asimismo, se admite que tales medios se deriven de un proyecto de actividad por cuenta propia, tal y como dispone el art. 124 apartado 2 del RLOEX; 3) Acreditar vínculos familiares con otros extranjeros residentes (únicamente cónyuge o parejas registradas, ascendientes o descendientes en primer grado y línea directa) mediante documento que reúna los elementos necesarios para producir efectos en España, traducido, en su caso, y legalizado. A falta de vínculos familiares, se podrá acreditar su arraigo mediante informe favorable de inserción social emitido por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su domicilio habitual, en el que debe estar empadronado. Además, en el informe, que deberá ser emitido en treinta días, constará el tiempo de permanencia, los medios económicos con los que cuenta, los vínculos con familiares residentes en España y los esfuerzos en su integración, como su grado de conocimiento de la lengua o lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma de que se trate, la inserción en las redes sociales de su entorno, los programas educativos o de formación laboral en instituciones públicas o privadas en las que haya participado o participe, y cuantos otros extremos puedan servir para determinar su grado de arraigo, incluyendo los referidos a la vivienda en la que tiene su domicilio [en este sentido, vid. la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco núm. 79/2010, de 25 de febrero de 2010 (Tol 1832141)].
- Arraigo Familiar: Para este tipo de arraigo no se exigirá un periodo previo de permanencia en España. Por un lado: a) el extranjero irregular que demuestre ser progenitor de un hijo nacido en España y de nacionalidad española, y siempre que tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto del mismo, podrá solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales basadas en el arraigo familiar. Aunque cada vez son más frecuentes las resoluciones judiciales que reconocen el derecho de residencia que ostentaban estos progenitores de ciudadanos españoles de origen, corrigiendo la forma de actuar de las Oficinas de Extranjeros repartidas por el territorio español [vid. la Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de mayo de 2009 (Tol 1529582)], esta nueva regulación resuelve la laguna existente en la anterior legislación respecto de la residencia del progenitor de español de origen que se encontraba con una situación administrativa irregular. De esta forma, el arraigo familiar se otorga únicamente cuando el país de origen de los progenitores no concede automáticamente la nacionalidad al recién nacido, como, por ejemplo, el caso de Argentina o Colombia. Por otro lado: b) es posible acreditar el arraigo familiar cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles, circunstancia que deberá confirmarse mediante las oportunas certificaciones que, en su caso, deberán encontrarse debidamente legalizadas en los términos ya expuestos, y si es necesario, traducidas. Este supuesto de arraigo está pensado para documentar al hijo de español de origen, que ya no lo eran cuando aquél nació. La solicitud se realizará personalmente ante el órgano competente en modelo oficial, acompañando el pasaporte o título de viaje y la documentación que acredite el parentesco y la condición de española o español de origen de la o del ascendiente.
2.3.2. Razones de protección internacional (art. 125 RLOEX)

- Se podrá conceder autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razones de protección internacional simultáneamente con la autorización de trabajo, según lo recogido en el art. 129 Reg.LOE, a las siguientes personas:

- Los extranjeros a los que el Ministerio del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, haya autorizado la permanencia en España conforme lo previsto en los arts. 37.b y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE núm. 263, de 31 de octubre de 2009). El supuesto tipo es el solicitante de asilo que le ha sido inadmitida a trámite o denegada su petición, pero que por razones humanitarias o de interés público es autorizado a permanecer en territorio nacional y obtener la preceptiva autorización de residencia temporal.
- Los extranjeros desplazados en el sentido regulado por el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre (BOE núm. 256, de 25 de octubre de 2003). El artículo 16 de este Reglamento señala que a los beneficiarios de la protección temporal se les concederá un permiso de residencia al amparo de lo dispuesto en el Derecho de extranjería y sus renovaciones serán anuales, previo informe de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio sobre la vigencia del régimen de protección temporal. A fin de obtener tal residencia regulada en el apartado anterior, así como cualquiera de sus renovaciones, los interesados deberán solicitarlo mediante comparecencia personal ante las oficinas de extranjeros o, en su defecto, la comisaría de policía de la localidad donde pretenda fijar o tenga fijada su residencia.
2.3.3. Razones humanitarias (art. 126 RLOEX)

- En la actualidad, se contemplan la posibilidad de conceder autorización temporal a las personas que se encuentren en uno de los siguientes que a continuación se exponen. En estas situaciones, sin embargo, no llevan aparejada la autorización de trabajo, sino que tendrá que solicitarla personalmente el extranjero, siempre que cumplan con los requisitos recogidos en el art. 129.2 RLOEX.
- Víctimas de los delitos tipificados en los artículos 311 a 315, 511.1 y 512 del Código Penal por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (BOE núm 281, de 24 de noviembre de 1995; c. de errores BOE núm 54, de 2 de marzo de 1996). Dentro del Título XV, "De los delitos contra los derechos de los trabajadores", tales artículos castigan a los que realicen las siguientes conductas: los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual; los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en el apartado anterior, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro; los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra; quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual; el que promoviere o favoreciere por cualquier medio la inmigración clandestina de trabajadores a España; el que, simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país; y los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado.
- Víctimas de delitos en los que haya concurrido la circunstancia agravante de comisión por motivos racistas, antisemitas o de otra clase de discriminación, tipificada en el artículo 22.4ª del Código Penal ("cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca").
- Víctimas de delitos por conductas violentas ejercidas en el entorno familiar, siempre que haya recaído resolución judicial finalizadora del dicho procedimiento (se entiende que firme) en la que se establezca la condición de víctima de tales delitos. La actual LOEX ha regulado expresamente la residencia temporal y el trabajo de las mujeres irregulares víctimas de violencia de género en el art. 31 bis. De esta manera, todas las víctimas de este tipo de delitos quedan amparadas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004), así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente.
- A los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida de carácter grave que requiera asistencia sanitaria especializada, no accesible en su país de origen, y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga un grave riesgo para la salud o la vida. A tal efecto, será preciso un informe clínico expedido por la autoridad sanitaria correspondiente.
- A los extranjeros que acrediten que su traslado al país del que son originarios o proceden, a efectos de solicitar el visado que corresponda, implica un peligro para su seguridad o la de su familia, y que reúnen los demás requisitos para obtener una autorización temporal de residencia o de residencia y trabajo. Como ejemplo de la posible utilización de este precepto, se podría amparar a la extranjera víctima de un delito de violencia de género originado fuera de España, cuando lo pudiera acreditar mediante sentencia o resolución judicial que plasme tal situación, y que teme por su integridad si regresa a su país, donde vive el maltratador, para obtener el correspondiente visado.
- Por último, se podrá conceder la residencia por circunstancias excepcionales por colaborar con la Justicia u otras circunstancias excepcionales, tales como la colaboración con las Autoridades administrativas, policiales, fiscales o en las que concurran razones de interés público o seguridad nacional y que justifiquen la necesidad de autorización de residencia en España. A estos efectos, dichas autoridades podrán instar a los órganos competentes la concesión de la autorización de residencia a la persona que se encuentre en alguno de estos supuestos (art. 127 RLOEX). Sin embargo, la autorización de trabajo tendrá que ser solicitada personalmente por el extranjero conforme al art. 129.2 RLOEX.
2.4. LA AUTORIZACIÓN INICIAL DE RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO, QUE AUTORIZARÁ A REALIZAR ACTIVIDADES LUCRATIVAS POR CUENTA PROPIA Y/O AJENA

- Según el art. 10.1 LOEX tienen derecho al trabajo "los extranjeros que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tendrán derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como el acceso al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente. Como se observar, el ejercicio del derecho al trabajo para la persona extranjera queda sometido al cumplimiento de una serie de requisitos.
- La exigencia de una autorización previa para poder trabajar en España, tal y como establece el art. 36 LOEX: "Los extranjeros mayores de 16 años, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, precisarán de la correspondiente autorización administrativa previa para trabajar. Esta autorización habilitará al extranjero para residir durante el tiempo de su vigencia" y deberá ser solicitada por la empresa que pretenda la contratación de un trabajador extranjero.
- La autorización para trabajar que se concede no es una autorización general que permite el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles y españolas, sino que es una autorización limitada tanto en su proceso de obtención, al quedar condicionada por el cumplimiento de unos requisitos, como en su forma y características, pues conlleva una serie de limitaciones de dependencia laboral, sector de actividad, ámbito geográfico y duración.
- No existe un solo tipo de autorización para trabajar, ni tampoco un único procedimiento para su obtención. La propia LOEX distingue entre autorización de trabajo por cuenta propia (arts. 37 LOEX y 103-109 RLOEX) y por cuenta ajena (arts. 38 LOEX y 62-72 RLOEX), el régimen especial de los investigadores (arts. 38 bis LOEX y 73-84 RLOEX o el de los profesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE (arts. 38 ter LOEX y 85-96 RLOEX), el régimen especial de los trabajadores de temporada (arts. 42 LOEX y 97-102RLOEX) o los trabajadores transfronterizos y la prestación transnacional de servicios (arts. 43 LOEX y 110-116 RLOEX). Incluso, es posible obtener la residencia temporal y poder trabajar en España, porque existe una excepción de la autorización de trabajo si el extranjero se encuentra en unos de los supuestos regulados en los arts. 41 LOEX y 117 del RLOEX.
2.5. CONDICIÓN PARA AUTORIZAR LA RESIDENCIA TEMPORAL DE UN EXTRANJERO: AUSENCIA DE ANTECEDENTES PENALES EN ESPAÑA Y NO FIGURAR COMO RECHAZABLE

- Como condición para autorizar la residencia será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español y no figurar como rechazable en el espacio territorial con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido y que a continuación se expondrá su significado.
- Los antecedentes penales en España se solicitan de oficio por la unidad u oficina de extranjeros al Registro Central de Penados y Rebeldes, a través de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. De ahí que en el art. 37.3 del RLOEX se establezca que las autoridades españolas expedirán de oficio el correspondiente certificado de antecedentes penales para comprobar tales extremos. Por su parte, en cuanto al certificado de antecedentes penales, o documento equivalente, en el caso de mayoría de edad, expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años y en el que no deben constar condenas por delitos existentes en el ordenamiento español, hay que remitirse a lo expuesto anteriormente.
- Se requerirá una sentencia penal firme para poder denegar por este motivo la autorización solicitada. La mera pendencia de un proceso en el que se halle vinculado el extranjero, dentro o fuera de España, no debería implicar la desestimación de la solicitud, mientras no haya recaído decisión judicial firme, tal y como estableció la STS de 27 de octubre de 2004 (Tol 528750), donde se declaró la Ley de extranjería no estableció el requisito de tener proceso judicial penal en curso para obtener o no el permiso de residencia temporal, únicamente se exige carecer de antecedentes penales, lo que implica una condena firme; en este sentido también la STS de 14 de mayo de 2008 (Tol 1320746). No será obstáculo para obtener o renovar la residencia haber cometido delito en España si ha cumplido la condena, ha sido indultado o está en situación de remisión condicional de la pena [STS de 25 de febrero de 2008 (Tol 1292673)]. El retraso en la concesión de la condena condicional no debe padecerlo el actor a la hora de renovar su autorización de residencia (STSJ de Sevilla de 20 de octubre de 2010). Tampoco deberá objetarse la concesión de la autorización si se encuentran cancelados dichos antecedentes o condición de hacerlo [STS de 11 de noviembre de 2003 (Tol 32805)].
- En cuanto a la mención de los Convenios internacionales que se hace en el precepto, la norma legal se está refiriendo al Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras y su Convenio de Aplicación de 19 de junio de 1990, al que España se adhirió mediante Instrumento de ratificación al Acuerdo de 25 de junio de 1991 (BOE núm. 81, de 5 de abril de 1994; corrección de errores en BOE núm. 85, de 9 de abril de 1994, en su redacción dada por el Reglamento (UE) nº 265/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de marzo de 2010 (Diario Oficial de la Unión Europea de 31 de marzo de 2010). En concreto, el artículo 25 del mencionado Convenio prevé la limitación para conceder un permiso de residencia cuando: 1) un Estado miembro proyecte expedir un permiso de residencia, llevará sistemáticamente a cabo una consulta en el Sistema de Información de Schengen; 2) cuando un Estado miembro proyecte expedir un permiso de residencia a un extranjero inscrito como no admisible, consultará previamente al Estado miembro informador y tendrá en cuenta los intereses de éste; 3) el permiso de residencia sólo podrá ser expedido por motivos serios, especialmente de carácter humanitario o derivados de obligaciones internacionales; 4) si se expide el permiso de residencia, el Estado miembro informador procederá a retirar la inscripción; no obstante, podrá inscribir a dicho extranjero en su lista nacional de personas no admisibles; 5) antes de introducir una descripción a efectos de denegación de entrada en el sentido del artículo 96 del Convenio Schengen, los Estados miembros consultarán los registros nacionales de visados de larga duración o de permisos de residencia expedidos; 6) cuando se compruebe que un extranjero titular de un permiso de residencia válido expedido por una Parte contratante está incluido en la lista de no admisibles, la Parte contratante informadora consultará a la Parte que expidió el permiso de residencia para determinar si existen motivos suficientes para retirarlo. Si no se retira el permiso de residencia, la Parte contratante informadora procederá a retirar la inscripción; no obstante, podrá inscribir a dicho extranjero en su lista nacional de personas no admisibles.

2.6. OBLIGACIÓN DE LOS EXTRANJEROS CON AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL DE PONER EN CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS CAMBIOS DE NACIONALIDAD, ESTADO CIVIL Y DOMICILIO

- En la modificación de 2003 de la LOEX se incorporó la exigencia de documentos acreditativos de la identidad de los extranjeros para que constaran en su inscripción patronal. También se introduzco una habilitación genérica de acceso al Padrón Municipal a favor de la Dirección General de la Policía, con el objeto de mejorar el ejercicio de las competencias legalmente establecidas sobre el control y permanencia de los extranjeros en España. Esta habilitación se formuló en términos de reciprocidad con el Instituto Nacional de Estadística, al establecer la obligación de la Dirección General de la Policía de comunicar al Instituto Nacional de Estadística para mantener actualizado el contenido del Padrón.
- Por este motivo, los extranjeros que tengan residencia temporal vendrán obligados a comunicar los cambios de nacionalidad, estado civil y domicilio. No poner en conocimiento de las autoridades competentes estos cambios se convierte en infracción leve sancionable con multa, tal y como dispone el art. 52. a) de la LOEX: "la omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable". Si existe ocultación dolosa o falsedad grave en el incumplimiento de esta obligación será calificada como infracción grave, según el art. 53.1 c) de la LOEX.
2.7. RENOVACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA TEMPORAL

- Para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, se valorará en su caso:

a) Los antecedentes penales, considerando la existencia de indultos o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad.
b) El incumplimiento de las obligaciones del extranjero en materia tributaria y de seguridad social. A los efectos de dicha renovación, se valorará especialmente el esfuerzo de integración del extranjero que aconseje su renovación, acreditado mediante un informe positivo de la Comunidad Autónoma que certifique la asistencia a las acciones formativas contempladas en el artículo 2 ter de esta Ley.
- Las autorizaciones de duración inferior a cinco años podrán renovarse, a petición de la persona interesada, atendiendo a las circunstancias que motivaron su concesión y en el plazo que indica el art. 51.1 RLOEX.
- Las autorizaciones de residencia temporal renovadas tendrán una vigencia de dos años, salvo que corresponda obtener autorización de residencia de larga duración o de larga duración UE (art. 51.7 RLOEX).
- La solicitud se ha de presentar en modelo oficial, acompañando la documentación que acredite que se reúnen las circunstancias que permiten la renovación, como las que vienen expuestas en el art. 51 RLOEX.
- El plazo de resolución es de tres meses desde la presentación de la solicitud. Si la Administración no resuelve en este plazo, se entenderá que la resolución es favorable y, previa expedición de certificado que acredite la renovación por este motivo (silencio administrativo positivo), el interesado deberá solicitar su nueva tarjeta de identidad de extranjero en el plazo de un mes desde la notificación de dicho certificado (art. 51.8 y 9 RLOEX.
- Tal y como expone el art. 51.5 del RLOEX, para la renovación de las autorizaciones de residencia cabe la posibilidad de valorar la comisión de un delito, en función de las circunstancias de cada supuesto, siempre que conste el cumplimiento de la pena, indulto o situación de remisión condicional de la pena o de suspensión de la pena [en este sentido, STS de 2 de febrero de 2005 (Tol 603108) y la STSJ de Madrid, de 4 de diciembre de 2009 (Tol 1847217)]. El apartado quinto del art. 51 del nuevo Reglamento contribuye a clarificar los aspectos oscuros de la Ley que contribuían a la dispersión de criterios jurisprudenciales. Por tanto, a la hora de renovar esta autorización, se valora positivamente el que los extranjeros hayan cumplido condena cuando hubieran sido condenados por la comisión de un delito [STS de 7 de febrero de 2008 (Tol 1268760)], los que han sido indultados o los que se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena o de suspensión de la pena. Además, si el extranjero que ha cumplido condena acredita la existencia de arraigo, como ser padre de un hijo de madre española y nunca haber desatendido sus obligaciones como padre, contribuyendo a la manutención de su hijo, en su alimentación y vestido, tal circunstancia se valorará positivamente para la renovación de la autorización [STSJ de Madrid, de 4 de diciembre de 2009 (Tol 1847217)].
- También se comprobará el incumplimiento de las obligaciones del extranjero en materia tributaria (impago de impuestos, tasas, multas, etc.) y de seguridad social (art. 51 apartado 5.b del RLOEX) pudiendo denegarse la renovación de la autorización si se comprueba tales impagos.
- A los efectos de dicha renovación, se valorará igualmente el esfuerzo de integración del extranjero, que se acreditará mediante informe positivo de la Comunidad Autónoma de su lugar de residencia que certifique la asistencia a las acciones formativas para el conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, los valores estatutarios de la Comunidad Autónoma en que resida, los valores de la Unión Europea, los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres. El extranjero interesado deberá seguir programas de inserción socio-laboral y cultural, ya sea para la concesión de autorizaciones por arraigo, para la renovación de autorizaciones de residencia o como aportación para la concesión de la nacionalidad.
- En cuanto a la elaboración de informes para la acreditación de la integración de las personas inmigradas, la nueva LOEX reconoce la participación de las Comunidades Autónomas para este tipo de certificaciones. Según dispone el art. 51.6 RLOEX, el informe incorporará la información relativa al conocimiento de las lenguas oficiales y la orientada al empleo y se mencionará expresamente el tiempo de formación dedicado a los ámbitos señalados. El informe tendrá en consideración las acciones formativas desarrolladas por entidades públicas o privadas debidamente acreditadas. La Disposición adicional decimonovena del RLOEX menciona que "La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración impulsará la adopción de mecanismos de colaboración y cooperación relativos a las condiciones de solvencia técnica, material y financiera a acreditar por entidades públicas y privadas que desarrollen actuaciones de formación, en orden a su reconocimiento en informes sobre el esfuerzo de integración del extranjero a emitir por las Comunidades Autónomas y que podrán ser presentados en los procedimientos relativos a la renovación de autorizaciones de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo.
- Por último, hay que señalar los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria, deberán acreditar dicha escolarización, mediante informe emitido por las autoridades autonómicas competentes (véase el modelo en http://extranjeros.empleo.gob.es/es), en las solicitudes de renovación de su autorización, tal y como indica el art. 51.3 apartado c del RLOEX, o en su solicitud de renovación de la residencia por reagrupación, según el art. 61.3 y 5 del RLOEX. Por tanto, el hecho de que un menor en edad escolar no esté escolarizado podría originar la denegación de la renovación de una autorización de residencia o, incluso, la no concesión de la residencia de larga duración, según el art. 149.2 apartado b del RLOEX.

NOTAS:


1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de excelencia P09-SEJ-4738: "Análisis transversal de la integración de mujeres y menores nacionales de terceros Estados en la sociedad andaluza", subvencionado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
2 Véase la hoja informativa núm. 10, actualizada a diciembre de 2011 de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, sobre la autorización inicial de residencia temporal no lucartiva, en http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/documentos2/10.pdf.

BIBLIOGRAFÍA:


J. C. Fernández Rozas y A. Fernández Pérez, pp. 251-254"Art. 37 Reg. LOE: Renovación de la autorización de residencia temporal", en M. I. Ramos Quintana (dir.), Comentarios al Reglamento de Extranjería, Lex Nova, 2007, pp. 251-254.
S. Heredia Fernández, "La situación de la mujer marroquí en España", en C. Ruiz Sutil y R. Rueda Valdivia, La situación jurídico-familiar de la mujer marroquí en España. Estudio 25, IAM y Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Sevilla, 2008, pp. 33-70.
A. Palomar Olmeda (coord.), Tratado de Extranjería. Aspectos civiles, penales, administrativos y sociales, Thomson Aranzadi, Elcano, 2006.
M. I. Ramos Quintana (dir.), Comentarios al Reglamento de Extranjería, Lex Nova, Valladolid, 2007.
C. Esplugues Mota, Comentarios a la Ley de Extranjería, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

ABREVIATURAS:


AJCA: Auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo.
AJI: Auto del Juzgado de Instrucción.
ATC: Auto del Tribunal Constitucional

BOE: Boletín oficial del Estado

CP: Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

CE: Constitución Española de 1978

Cc: Código Civil

CIE: Centro de Internamiento de Extranjeros

DGRN: Dirección General de los Registros y del Notariado

DM: Decisión Marco

DOCE: Diario Oficial de la Comunidad Europea

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea

D/SdG: Delegado/Subdelegado de Gobierno

ET: Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo

FDE: Fiscal Delegado de Extranjería

FGE: Fiscalía General del Estado

LECR: Ley de Enjuiciamiento Criminal

LJCA: Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998, de 13 de junio.
LOEX: Ley de Extranjería aprobada por Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, y por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre.
LPL: Ley de Procedimiento Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril

LRC: Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por LO 1/ 1/92, de 21 de febrero

MENA: menores extranjeros no acompañados

NIE: Número de Identificación de extranjero

NIF: Número de identificación fiscal.
ONGs: Organizaciones no gubernamentales

RDGRN: Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado

RLOEX: Reglamento de Extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009 (BOE, núm. 103, de 30 de abril de 2011).
RRC: Reglamento del Registro Civil aprobado por Decreto de 14 de noviembre 1958

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial

SAN: Sentencia de la Audiencia Nacional

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

TSH: Trata de Seres Humanos

UCRIF: Unidad Contra Redes, Inmigración y Falsedades documentales

UE: Unidad Europea.
UNODOC: Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas

ÍNDICE:


1.PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE LA ENTRADA Y LA DENEGACIÓN DE ENTRADA
1.1. El derecho a entrar a territorio español no se reconoce a los extranjeros con carácter de derecho fundamental
1.2. Los requisitos que ha de cumplir el extranjero para entrar al territorio español
1.3. Los requisitos documentales que ha de cumplir el extranjero para entrar al territorio español
1.4. Los requisitos económicos que ha de cumplir el extranjero para entrar al territorio español
1.5. Los requisitos sanitarios que ha de cumplir el extranjero para entrar al territorio español
1.6. Se podrán controlar las entradas al territorio español creándose a tales efectos un registro de entrada
1.7. A los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos para la entrada les será denegada la entrada al territorio español
1.8. Naturaleza jurídica de la denegación de entrada
1.9. El hecho de que la adopción de la medida de retorno tenga lugar sin previo expediente no significa, como se desprende del art. 26.2 de la LOEX, que puedan obviarse ciertas formalidades
1.10. La ejecución de la medida de retorno se rige por lo dispuesto en el art. 60 de la LOEX y 15.3 del RLOEX
BIBLIOGRAFÍA

2. PROTOCOLO EXPLICATIVO DE LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL (Art. 31 DE LA LEY DE EXTRANJERÍA Y Arts. 45 A 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA)
2.1. La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a 90 días e inferior a cinco años
2.2. La autorización inicial de residencia temporal que no comporte autorización de trabajo
2.3. La autorización de residencia temporal por situación de arraigo, por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente
2.3.1. Razones de arraigo (art. 124 RLOEX)
2.3.2. Razones de protección internacional (art. 125 RLOEX)
2.3.3. Razones humanitarias (art. 126 RLOEX)
2.4. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo, que autorizará a realizar actividades lucrativas por cuenta propia y/o ajena
2.5. Condición para autorizar la residencia temporal de un extranjero: ausencia de antecedentes penales en España y no figurar como rechazable
2.6. Obligación de los extranjeros con autorización de residencia temporal de poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios de nacionalidad, estado civil y domicilio
2.7. Renovación de las autorizaciones de residencia temporal
BIBLIOGRAFÍA

3. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
3.1. Introducción
3.2. Estatuto de residente de larga duración
3.2.1. Requisitos para la obtención del Estatuto de residente de larga duración
3.2.2. Procedimiento para la obtención del Estatuto de residente de larga duración
3.2.3. Causas de extinción del Estatuto de residente de larga duración
3.2.4. Contenido del Estatuto de residente de larga duración
3.2.5. Recuperación de la titularidad de la residencia de larga duración
3.3. Estatuto de residente de larga duración-CE
3.3.1. Titulares del Derecho de residencia de larga duración-CE
3.3.2. Requisitos y procedimiento para la obtención del Estatuto de residente de larga duración-CE
3.3.3. Extinción del Estatuto de residente de larga duración-CE
3.3.4. Contenido del Estatuto de residente de larga duración-CE
3.3.5. Recuperación de la titularidad de una residencia de larga duración CE
3.4. Movilidad a España del residente de larga duración-UE concedida en otro Estado miembro
3.4.1. Residencia de larga duración del Residente de larga duración-CE y su familia
3.4.2. Residencia temporal del Residente de larga duración-CE
3.5. Conclusiones

4. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO DEL EXTRANJERO NO COMUNITARIO; LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO COMO TÍTULO HABILITANTE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD LABORAL O PROFESIONAL EN ESPAÑA
4.1. El derecho al trabajo de los extranjeros
4.2. ¿Qué podemos entender por trabajador extranjero?
4.3. La Autorización de trabajo como título habilitante para poder desarrollar actividad laboral o profesional en territorio español
4.3.1. Autorización de trabajo por cuenta ajena
4.3.1.1. ¿Que podemos entender por determinación de la situación nacional de empleo?
4.3.1.2. ¿Qué supuestos están exentos del requisito de la determinación de la situación nacional de empleo?
4.3.1.3. El contrato de trabajo del extranjero no comunitario
a) Las partes en el contrato
b) El objeto del contrato
c) La extinción del contrato de trabajo
4.4. Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena
4.4.1. Definición
4.4.2. ¿Que requisitos debe cumplir?
4.4.3. Tramitación de la solicitud
4.4.4. ¿Qué ocurre si el trabajador extranjero una vez llegado a España no es empleado por el empresario o empresa contratante?
4.4.5. ¿Qué debemos entender por autoridad u oficina de extranjería competente?
4.4.6. ¿Cuándo podrá denegarse la solicitud de residencia y trabajo por cuenta ajena?
4.4.7. ¿En qué supuestos relacionados con la autorización de trabajo se puede extinguir la Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena?
4.5. ¿En qué otros supuestos de residencia es necesaria la autorización de trabajo?
4.5.1. Autorización de residencia y trabajo para investigación
4.5.2. Autorización de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados
4.5.3. Autorización de residencia y trabajo de duración determinada
4.5.4. Autorización de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios
4.5.5. Autorización de Trabajo en el supuesto de los trabajadores extranjeros transfronterizos
4. 5.6. Autorización de trabajo en las situaciones de residencia por circunstancias excepcionales
4.6. Otras situaciones especiales
4.6.1. El desarrollo de actividad laboral o profesional en la estancia por estudios
4.6.2. Desarrollo de actividades laborales o profesionales de los extranjeros solicitantes de protección internacional
4.6.3. El trabajo Au pair
4.6.4. El trabajo de los internos en Centros Penitenciarios
4.6.5. Autorización de residencia y trabajo a las mujeres víctimas de violencia de género
4.7. Autorización de trabajo por cuenta propia
4.8. Excepciones a la Autorización de Trabajo
BIBLIOGRAFÍA

5. PROTOCOLO EXPLICATIVO DEL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE EXTRANJERÍA
5.1. Ámbito de aplicación
5.2. Infracciones leves
5.3. Infracciones graves
5.4. Infracciones muy graves
5.5. Régimen sancionador
5.6. Tutela cautelar
5.7. El Procedimiento sancionador y sus modalidades de tramitación
5.7.1. Normas comunes
5.7.2. Modalidades de tramitación
5.7.2.1. El procedimiento ordinario
5.7.2.2. El procedimiento preferente
5.7.2.3. El procedimiento simplificado

6. PROTOCOLO EXPLICATIVO: EL INTERNAMIENTO PREVENTIVO DE EXTRANJEROS
6.1. Concepto y casos en los que se aplica
6.2. Órganos judiciales competentes
6.3. Procedimiento de internamiento
6.3.1. Solicitud de internamiento
6.3.2. Audiencia del interesado, Letrado y del Ministerio Fiscal. Art. 62.1 LOEX
6.3.3. Resolución del órgano judicial y recursos
6.4. Razones para acordar el internamiento
6.5. Control del expediente administrativo por el Juez de Instrucción
6.6. Referencia específica al arraigo como causa para evitar la aplicación del internamiento
6.7. Duración del internamiento
6.8. Cese del internamiento
6.9. Visitas a los centros de internamiento
6.10. Derechos y deberes de los internos
6.10.1. Aspectos sanitarios
6.10.2. Respecto de los familiares
6.10.3. Derecho de comunicación
6.10.4. Otros derechos: a un intérprete y un abogado y derecho de petición y reclamación y a ser informados de su situación
6.10.5. La Inspección y las medidas de contención

7. PROTOCOLO SOBRE MENORES EXTRANJEROS
7.1. Introducción
7.2. Tutela de los MENA
7.2.1. Identificación de la edad
7.2.2. Protección de los MENA: la repatriación de los menores no acompañados
7.2.2.1. Requisitos
7.2.2.2. Aspectos procedimentales de la repatriación
7.2.3. La residencia regular de los MENA
7.2.4. Atribución de la Tutela a ONGs, fundaciones o entidades dedicadas a la protección de menores
7.3. Tratamiento de los menores extranjeros infractores
7.3.1. La determinación de la edad del infractor menor de edad
7.3.2. Respuesta penal frente a menores extranjeros infractores y la incidencia de la normativa de extranjería en la adopción de la concreta medida
7.4. El MENA víctima de delitos
7.4.1. Menor víctima de trata de seres humanos
7.4.2. Menor infractor/Víctima
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO
1. Conclusiones del encuentro de Fiscales especialistas en menores y extranjería aprobadas por el Fiscal General del Estado el 15 de septiembre de 2010
2. Conclusiones de las jornadas de Fiscales especialistas en extranjería celebradas en Baiona (Pontevedra) los días 4 y 5 de octubre de 2010
3. Conclusiones de las jornadas de Fiscales Delegados de Extranjería de celebradas en Madrid en octubre de 2011
4. Conclusiones de la Instrucción 1/2012 sobre la coordinación del Registro de Menores extranjeros no acompañados

8. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE EL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS DEL Art. 177 BIS CP
8.1. Tipo básico
8.1.1. Sujeto pasivo
8.1.2. Ámbito territorial
8.1.3. La acción delictiva
8.1.4. Medios comisivos
8.1.5. Finalidad que debe perseguir la trata de seres humanos
8.2. Los tipos agravados
8.2.1. Por razón del sujeto pasivo: se ponga en grave peligro a la víctima, sea menor de edad o especialmente vulnerable
8.2.2. Por razón del sujeto activo del delito
8.2.2.1. Prevalerse de la condición pública
8.2.2.2. Pertenencia a una organización delictiva
8.3. Reincidencia internacional
8.4. Reglas concursales
8.4.1. El concurso con el delito de inmigración clandestina del art. 318 bis CP
8.4.2. Concursos de delitos atendiendo a cada finalidad de la trata
8.4.3. Concursos comunes a todas las modalidades de trata
8.5. La eximente aplicable a la víctima
8.6. La responsabilidad de la persona jurídica

9. PROTOCOLO EXPLICATIVO. LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS
9.1. Introducción
9.2. La localización e identificación de las víctimas
9.2.1. Formación de las autoridades
9.2.2. Identificación de la víctima
9.2.2.1. Concepto
9.2.2.2. Quién realiza la identificación
9.2.2.3. Cómo se realiza la identificación
9.2.2.4. La entrevista
9.2.2.5. Los indicadores
9.2.2.6. La valoración de la información externa
9.2.2.7. Efectos inmediatos de la identificación
9.3. El periodo de restablecimiento y reflexión
9.3.1. Fundamento
9.3.2. Propuesta
9.3.3. Plazo
9.3.4. Duración
9.3.5. Resolución
9.3.6. Notificación
9.3.7. Efectos en el ámbito asistencial
9.3.8. Efectos sobre la situación administrativa
9.4. La exención de responsabilidad
9.4.1. Exención a propuesta de la autoridad por colaboración de la víctima
9.4.2. Exención decidida de oficio por la Delegación o Subdelegación de Gobierno por motivos personales (art. 143.1 párrafo segundo RLOEX)
9.5. Permiso de residencia --por circunstancias excepcionales-- de las víctimas de trata
9.5.1. Antecedentes
9.5.2. Procedimiento
9.5.3. Efectos
9.5.3.1. Autorización provisional
9.5.3.2. Autorización definitiva
9.5.3.3. Denegación
9.6. Exención de responsabilidad y permiso de residencia por circunstancias excepcionales ajenas a la condición de víctima de trata
9.7. Retorno voluntario
ANEXO
1. Texto actual del Código penal
2. El Anteproyecto
2.1. Exposición de motivos
2.2. Texto del Anteproyecto
2.3. Novedades principales

10. PROTOCOLO EXPLICATIVO DE LOS DELITOS RELATIVOS AL TRÁFICO ILEGAL O LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS TRAS LA REFORMA DE LA LO 5/2010, DE 22 DE JUNIO
10.1. Evolución legislativa en torno a la colaboración punible de terceros en el fenómeno migratorio ilegal
10.1.1. Introducción
10.1.2. Tipos penales antes de la reforma de 2010
10.1.2.1. El delito de colaboración en la inmigración clandestina de trabajadores. Art. 313.1 CP
10.1.2.2. El delito de colaboración en el tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas. Art. 318 bis CP
10.1.2.3. Los compromisos comunitarios: la separación conceptual del tráfico ilegal de personas y la trata de seres humanos
10.2. El art. 318 bis tras la reforma de 2010
BIBLIOGRAFÍA

11. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE EL DELITO DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS SIN AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR (Art. 312.2 IN FINE CP)
11.1. La persecución penal de las situaciones de explotación laboral de inmigrantes
11.1.1. Introducción
11.1.2. El delito de contratación ilícita de trabajadores extranjeros como instrumento de lucha contra la inmigración ilegal
11.2. Protocolo informativo sobre la Directiva 2009/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular
11.2.1. Tipificación penal de la sola contratación ilícita (dolosa) de extranjeros en situación irregular
11.2.2. ¿Necesidad de reformar el art. 312.2. in fine del Código Penal vigente?
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO I: JORNADAS DE FISCALES ESPECIALISTAS EN EXTRANJERÍA
1. Conclusiones de las jornadas de Fiscales especialistas en extranjería celebradas en Segovia los días 27 y 28 de octubre de 2008
2. Conclusiones de las jornadas de Fiscales especialistas en extranjería celebradas en Oviedo los días 15 y 16 de octubre de 2009
3. Conclusiones de las jornadas de Fiscales especialistas en extranjería celebradas en Baiona (Pontevedra) los días 4 y 5 de octubre de 2010
4. Conclusiones de las jornadas de Fiscales delegados de extranjería celebradas en Madrid en el 2011 en materia de trata de seres humanos. Art. 177 bis CP
5. Modelo de actuación coordinada para la investigación y persecución de los delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros (Teruel 28 de noviembre de 2008)
ANEXO II: CONCLUSIONES DE LA CIRCULAR 5/2001 DE LA FGE RESPECTO DE LOS DELITOS DE INMIGRACIÓN ILEGAL DEL ART. 318 BIS CP Y EXPLOTACIÓN LABOREAL DEL ART. 312
ANEXO III: EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
1. Texto actual del Código penal
2. El Anteproyecto
2.1. Exposición de Motivos
2.2. Texto del Anteproyecto
2.3. Novedades principales

12. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA EXPULSAR A IMPUTADOS EN PROCEDIMIENTOS PENALES
12.1. Regulación legal
12.2. Autorización de la expulsión de ciudadanos comunitarios
12.3. Aspectos procesales. Tramites del art. 57.7 LOEX
12.3.1. Solicitud de la Brigada de Extranjería
12.3.1.1. Debe solicitarse en procedimientos para los que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años
12.3.1.2. Momento procesal a partir del cual puede pedirse la autorización de expulsión: desde que se cite al extranjero para que declare como imputado
12.3.1.3. Momento procesal hasta el que puede pedirse la autorización
12.3.2. Audiencia del Ministerio Fiscal y las partes
12.3.3. Resolución por el órgano judicial en el plazo más breve posible y, en todo caso, dentro del plazo de tres días
12.3.4. Efectos de la autorización sobre el procedimiento penal
12.4. Aspectos que deben valorarse en relación al expediente administrativo
12.5. Aspectos que deben valorarse del proceso penal

13. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE LA SUSTITUCIÓN JUDICIAL DE LA PENA DE PRISIÓN. ARTÍCULO 89 CP
13.1. Retroactividad de la LO 5/2010 por la que se reforma el art. 89 CP
13.2. Ámbito subjetivo
13.2.1. Concepto de extranjero que reside ilegalmente en España
13.2.2. Prueba de la situación de residencia
13.2.2.1. Carga de la prueba de la situación administrativa del penado
13.2.2.2. Medios de prueba de la situación administrativa del penado
13.2.2.3. Momento en el que debe verificarse la situación administrativa
13.2.3. Posibilidad de aplicar el art. 89 CP a ciudadanos comunitarios
13.3. Penas que pueden sustituirse
13.3.1. ¿Puede sustituirse por expulsión la localización permanente?
13.3.1.1. En un delito
13.3.1.2. En una falta
13.3.2. Otras cuestiones relacionadas con la pena a sustituir
13.4. Delitos excluidos
13.5. Petición de aplicación del art. 89 CP en el escrito de acusación o defensa
13.6. El trámite de audiencia
13.7. Razones para no aplicar la expulsión
13.7.1. Determinadas modalidades, circunstancias de comisión y satisfacción de la responsabilidad civil de los delitos
13.7.2. Situación personal. Circunstancias de arraigo o riesgo de que el penado pueda ser condenado a muerte o sometido a un trato inhumano o degradante
13.8. Posibilidad de aplicar la suspensión de la pena de los arts. 80 y 87 CP o la sustitución del art. 88 CP si no se acuerda la expulsión
13.9. Momento en que puede acordarse la sustitución de la pena
13.9.1. En Sentencia o ejecución
13.9.2. ¿Qué motivos justifican aplazar a ejecución la decisión sobre la expulsión?
13.9.3. Articulación procesal
13.10. Duración de la expulsión
13.11. Recursos que cabe contra la decisión de expulsión
13.11.1. Contra Resoluciones del Juzgado de lo Penal
13.11.2. Contra Resoluciones de la Audiencia Provincial
13.12. Ejecución de la expulsión
13.12.1. Ingreso en prisión o en un centro de internamiento
13.12.2. Efectos de la inejecución de la expulsión
13.12.3. ¿Qué ocurre si una pena se ha sustituido por la expulsión y el penado tiene otros procesos penales pendientes o sentencias no sustituidas?
13.12.3.1. Proceso pendiente de celebrar el juicio oral
13.12.3.2. Proceso finalizado
13.12.4. Consecuencias del incumplimiento de la expulsión
13.13. Referencia a la sustitución parcial
ANEXO: EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
1. Texto actual del Código penal
2. El Anteproyecto
2.1. Exposición de Motivos
2.2. Texto del Anteproyecto
2.3. Novedades principales

14. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
14.1. Concepto y Regulación legal
14.2. Adquisición de la nacionalidad: Modos de adquisición
14.2.1. Atribución de la nacionalidad española por filiación
14.2.2. La atribución de la nacionalidad española por nacimiento en España
14.2.2.1. Integración de la segunda generación de extranjeros nacidos en España
14.2.2.2. Los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecen de nacionalidad (apátridas) o si la legislación de éstos no atribuye ninguna nacionalidad al niño
14.2.2.3. La atribución de nacionalidad española "iure soli" por filiación desconocida
14.2.3. Adquisición sobrevenida de la nacionalidad española
14.2.3.1. Adquisición de la nacionalidad española por opción
14.2.3.2. Supuestos de adquisición de la nacionalidad española por opción
a) Supuesto previsto en el artículo 20.1 a) Cc
b) Supuesto previsto en el artículo 20.1b) Cc
c) Supuesto previsto en la Disposición Adicional 7ª de la ley 52/2007, Ley de la Memoria Histórica
d) Opciones previstas en los artículos 17.2 y 19.2 Cc
14.2.3.3. Adquisición por carta de naturaleza
14.2.3.4. Adquisición por posesión de estado
14.2.3.5. Adquisición por residencia

15. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
15.1. Introducción
15.2. Causas de pérdida de la nacionalidad española por cualquier nacional
15.2.1. Pérdida de la nacionalidad por adquisición voluntaria de otra nacionalidad
15.2.1.1. Utilización exclusiva de otra nacionalidad distinta de la española
15.2.1.2. Residencia habitual en el extranjero
15.2.1.3. Emancipación
15.2.2. Pérdida por renuncia expresa
15.2.2.1. La renuncia expresa
15.2.2.2. Tenencia de otra nacionalidad
15.2.2.3. Residencia habitual en el extranjero
15.2.3. Pérdida de la nacionalidad para la segunda generación de españoles nacidos en el extranjero
15.2.4. Excepción a la pérdida de la nacionalidad de los supuestos recogidos en el artículo 24 del Código Civil
15.3. Causas de pérdida de la nacionalidad española por españoles que no lo sean de origen
15.3.1. Pérdida por utilización exclusiva de la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la nacionalidad española
15.3.2. Pérdida de la nacionalidad española por entrar voluntariamente al servicio de las armas o ejercer cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno
15.3.3. Nulidad de la adquisición de la nacionalidad española
15.4. Aspectos registrales del a pérdida de la nacionalidad
15.5. Recuperación de la nacionalidad española