Doctrina

Cómpralo ya en Tirant.com

Precio: 39,00 Euros 37,05 Euros Descuento -5.0%
Libro electrónico: 24,00 Euros

En stock, salida inmediata

Ir a librería
Título: Protocolos sobre extranjería
Fecha: 01/2013
Coordinadores: Luis Lafont Nicuesa

Número epígrafe: 14
Título epígrafe: 14. Protocolo explicativo sobre la nacionalidad española

TEXTO:


14. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

14.1. CONCEPTO Y REGULACIÓN LEGAL

- La nacionalidad, conforme a la Real Academia de la Lengua, es el "vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización".
- La nacionalidad tiene una doble vertiente: una jurídico-pública, la atribución a los nacionales una serie de derechos políticos y una vertiente jurídico-privada, constituye un estado civil de las personas. Correlativamente, el estado puede imponerle el cumplimiento de una serie de obligaciones.
- La cualidad de nacional es un derecho que corresponde a toda persona, proclamándose, entre otros instrumentos jurídicos, en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se recoge el derecho de toda persona a una nacionalidad, y a no verse privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Asimismo, destacar el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 y en el art. 7 de la Convención sobre los derechos del niño, hecha en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 (ambos ratificados por España). Por su parte, el artículo 11.2 de la Constitución Española establece que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Artículo que está incluido en el título I, "De los derechos y deberes fundamentales", y como derecho fundamental, las normas que la regulan deberán interpretarse de acuerdo con la Declaración universal de derechos humanos.
- La nacionalidad española viene regulada por dos grupos de normas, unas las nacionales y de ámbito estatal, sobre todo la Constitución Española, el Código Civil, la Ley del Registro Civil y su Reglamento, así como las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado; y otras, las internacionales, entre las que hay que destacar los convenios de doble nacionalidad firmados por España con países iberoamericanos y aquellos que hayan tenido o tengan una especial vinculación con España, así como los tratados internacionales ratificados por España.
14.2. ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD: MODOS DE ADQUISICIÓN

- Dos son las vías de obtención de la nacionalidad española: originaria o derivativa. La primera supone una adquisición ajena a la voluntad del individuo, el Estado español impone al individuo la nacionalidad cuando se dan determinadas condiciones relacionadas bien con la filiación, o bien, con el lugar de nacimiento. La segunda vía, la nacionalidad no se impone por el Estado, sino que se concede por el Estado a aquellos que la hayan solicitado y cumplan los requisitos exigidos legalmente.
- Aun cuando la constitución consagra en el artículo 14 la igualdad de todos los españoles ante la ley, la propia Constitución establece la existencia de dos tipos de españoles en el artículo 11.1 y 11.3, en materia de pérdida y doble nacionalidad. Los originarios a diferencia de los no originarios no pueden ser objeto de pérdida por sanción, además los no originarios en principio no pueden beneficiarse de la doble nacionalidad que posibilitaba el art. 24 respecto de determinados países. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 36/02, de 8 de octubre, esta última diferencia entre españoles originarios y no originarios se ha atenuado, por cuanto, concede a todo español, originario o no originario, la posibilidad de evitar la pérdida mediante la declaración de conservación ante el Encargado.
14.2.1. Atribución de la nacionalidad española por filiación

- A tenor del artículo 17.1 a) será español el nacido de padre o madre españoles. Precepto que recoge el principio del iussanguinis. Se exige acreditar que uno de los progenitores era español en el momento de la concepción. La adquisición de la nacionalidad por iussanguinis desde el momento de la concepción y no por el nacimiento ha sido la postura utilizada por la DGRN. Así resoluciones de 31 de marzo de 1992, de 12 de julio de 1993, de 7 de septiembre de 2001 y 26 de diciembre de 2002. En la resolución de 7 de septiembre de 2001 el interesado nació en Argentina el 10 de enero de 1929, cuyo padre era español y se naturalizó argentino en septiembre de 1928. El padre era español en el momento de la concepción del hijo" por lo que hay que entender que el concedido se tiene por nacido a todos los efectos que le sean favorables".
- Una vez determinada la paternidad o maternidad española el código civil impone al hijo menor de dieciocho años la nacionalidad española. Ahora bien, si la determinación de la filiación del progenitor español se produce con posterioridad a los dieciocho años el hijo no será español si no lo solicita expresamente. En ese caso, el apartado 2 del art. 17 CC indica que la filiación o el nacimiento en España cuya determinación se produzca después de los 18 años de edad no son por sí solos causas de adquisición de la nacionalidad española, el interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación. Esta regla tiene como excepción a los hijos de madre española nacidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 51/1982, de 13 de julio (19 de agosto de 1982). La DGRN en su resolución de 13 de octubre de 2001 ha considerado como español al hijo de madre española siempre que haya nacido después de la entrada en vigor de la CE y antes de la entrada en vigor de la ley 51/1982. Se fundamenta la decisión en el artículo 14 de la CE, concluye que el artículo 17 del CC en su redacción formalmente vigente de 1954 establecía una diferencia de trato no justificada entre la atribución de la nacionalidad española por filiación paterna y la operada por filiación materna que únicamente tenía lugar cuando a los hijos no les correspondía seguir la nacionalidad extranjera del padre.
- No sólo la filiación biológica atribuye la nacionalidad española, sino que la filiación adoptiva también conlleva su atribución. Tal y como dispone el artículo 19 del Código Civil: "el extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen".
14.2.2. La atribución de la nacionalidad española por nacimiento en España

- Las letras b), c) y d) del artículo 17.1 del Código Civil regulan tres supuestos en los que el hecho de nacer en España supone la atribución de la nacionalidad española:

14.2.2.1. Integración de la segunda generación de extranjeros nacidos en España

- Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos uno de sus padres ha nacido también en España, excepto en el caso de los hijos de funcionarios diplomáticos o consulares acreditados en España. Se evita la perpetuación en España de estirpes de extranjeros que residan en territorio español.
- Ahora bien, si el nacimiento hubiera acontecido con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 51/82 y después del 5 de agosto de 1954 se precisa que el progenitor además de haber nacido en España tuviera su domicilio en España. La reforma de 1982, suprime el requisito del domicilio en España y según reiterada doctrina de la DGRN no procede extender los efectos de tal doctrina a los nacidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1954, criterio de irretroactividad absoluta.
- En los supuestos de problemas a la hora de probar los presupuestos de hecho exigidos para la adquisición de la nacionalidad española se puede iniciar un expediente de declaración de la nacionalidad con el valor de simple presunción del artículo 96.2 LRC y artículos 335 y 341 del RRC.
- El territorio español está compuesto por el suelo, el espacio aéreo y el mar territorial sobre el que el Estado español extiende su soberanía. También, está integrado por los buques, tanto de guerra como mercantes, y las aeronaves sometidas a la legislación española conforme a las normas de Derecho internacional. No así las sedes de las representaciones diplomáticas de España en el extranjero, que aunque gozan del beneficio de extraterritorialidad no pueden ser consideradas territorio español a efectos de adquisición de la nacionalidad española.
- Tanto la Jurisprudencia como la doctrina emanada de la DGRN han considerado que el nacimiento acaecido en alguna antigua colonia española, como el Sahara, Guinea e Ifni, ha de ser considerado como que ha tenido lugar en territorio español. La Sala tercera del Tribunal Supremo, en la Sentencia de 7 de noviembre de 1999 (Tol 1715647), se pronuncia por una interpretación amplia de la acepción "territorio español" del supuesto 1º, párrafo 3º, del art. 22 del C. Civil, que incluye todos aquellos espacios físicos que estuvieron bajo la autoridad del Estado español y sometidos a sus Leyes, ya fueran colonias, posesiones o protectorados. Sentencia que es recogida por la propia DGRN en la consulta de fecha 5 de octubre de 2004. Igualmente cabe citar las resoluciones de la DGRN de 29 de marzo de 2006, en el que entiende que la expresión "territorio español "es equivalente a la expresión "España "a los efectos de poder optar a la nacionalidad española por la vía del artículo 20.1.b) del Código civil y la de 16 de mayo de 2007, que consolida un criterio similar.
14.2.2.2. Los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecen de nacionalidad (apátridas) o si la legislación de éstos no atribuye ninguna nacionalidad al niño

- Con dicha adquisición se trata de evitar supuestos de apatridia. Se plantea con frecuencia problemas de acreditación de los extremos exigidos en la legislación española. Al igual que en el supuesto anterior la incertidumbre de la tenencia o no de la nacionalidad española puede salvarse recurriendo al expediente de declaración de la nacionalidad con valor de simple presunción (artículos 96 de la LRC, artículos 335 y 341 de la RRC e Instrucción de la DGRN de 14 de abril de 1999).
- Son numerosas las consultas y resoluciones de la DGRN pronunciándose sobre los supuestos en los que cabe la atribución de la nacionalidad española. Así, se ha pronunciado en relación a los hijos de:

- brasileños (resolución DGRN 1ª de 3 de marzo de 2005, o consulta de 18 de marzo de 2004). La circular de 16 de diciembre de 2008 de la DGRN sobre aplicación del artículo 17 nº 1 C del código civil respecto a los hijos de extranjeros nacidos en España mantiene el criterio tradicional a pesar de la reforma introducida en la redacción del precepto constitucional brasileño por Enmienda Constitucional nº 54, de 20 de septiembre de 2007, por cuanto la reforma en nada altera el hecho de que el hijo de brasileños nacido fuera de Brasil no adquiere automáticamente la nacionalidad de los padres, pues para ello sigue siendo necesario o bien la inscripción en el Registro Civil brasileño o bien el traslado posterior de residencia a Brasil y subsiguiente ejercicio del derecho de opción.
- colombianos (RDGRN de 7 de noviembre de 2002, 23 de abril de 2005 o 2ª de 26 de abril de 2005),

- cubanos (RDGRN 6ª de 17 de mayo de 2007),

- ecuatorianos nacidos antes del 20 de octubre de 2008 (RDGRN 3ª de 5 noviembre 2004 y 2ª de 12 de julio 2005). Los hijos de ecuatorianos nacidos en España han dejado de ser españoles de origen a partir del 20/10/2008 inclusive, fecha de entrada en vigor de su nueva Constitución,

- bolivianos nacidos antes del 7 de febrero de 2009 (RDGRN 25 septiembre 2004 y 4ª de 13 de febrero de 2007). Los hijos de bolivianos nacidos en España han dejado de ser españoles de origen a partir del 07/02/2009 inclusive, fecha de entrada en vigor de su nueva Constitución que modifica el artículo 141,

- argentinos (RDGRN 1ª de 23 de septiembre de 2002, 2ª de 3 de diciembre de 2003 y 3ª de 5 de marzo de 2004),

- chilenos nacidos antes 26 de agosto de 2005 (RDGRN 3ª de 23 de diciembre de 2005 y 2ª de 20 de diciembre de 2004). Conforme a la ley nº 20.050, D. O. de 26 de agosto de 2005, son chilenos "iure sanguinis" todas las personas nacidas en el extranjero de padre o madre chileno,

- costarricenses (RDGRN 3ª de 16 de marzo de 2006),

- paraguayos (RDGRN 2ª de 14 de marzo de 1994 y 2ª de 1 de noviembre de 2003),

- peruanos (RDGRN 2ª de 7 de junio de 2004),

- uruguayos (RDGRN 2ª de 4 de marzo de 2003),

- caboverdianos (RDGRN 1ª de 15 de septiembre de 2000),

- guineana (Guinea-Bissau) (RDGRN 1ª de 30 de septiembre de 2005),

- suizos (RDGRN 4ª de 6 de junio de 2006). Los hijos de padre suizo no casado con la madre nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente la nacionalidad de su padre, sino que para ello es preciso un acto posterior.
- También por razones de apatridia se atribuye la nacionalidad española a los nacidos en España hijos de palestinos (RDGRN 4ª de 12 de septiembre de 2000), e hijos de saharauis (RDGRN 1ª de 12 de marzo de 2001).
Por el contrario no son españoles de origen, por corresponderles «iure sanguinis» la nacionalidad de uno de los progenitores, los nacidos en España hijos de:

- angoleños (RDGRN 1ª de 14 de septiembre de 2004 y 3ª de 13 de septiembre de 2005),

- argelinos (Resoluciones DGRN 4ª de 3 de junio de 2005 y 1.ª de 6 de junio de 2006),

- bolivianos nacidos a partir del 07/02/2009 inclusive, fecha de entrada en vigor de su nueva Constitución que modifica el artículo 141,

- búlgaros (Resolución 2ª 22de septiembre de 2000 y consulta de 20 de enero de 2004),

- congoleños (Resoluciones DGRN 3ª de 15 de noviembre de 2005; 4.ª de 10 abril y 1ª de 19 de septiembre de 2006),

- chinos (RDGRN 9 de febrero de 1993 y 2 de abril de 2003),

- chilenos nacidos a partir del 26 de agosto de 2005,

- dominicanos (Resoluciones de 1ª de 16 de marzo, 1.ª de 19 de octubre de 2006 y 4ª de 14 de enero de 2007),

- ecuatoguineanos (Resolución 5ª de 23 de septiembre de 2005 y 5 de marzo de 2007),

- ecuatorianos si el nacimiento se produjo durante una estancia transitoria en España de los padres (Resoluciones 4ª de 10 de septiembre de 2002; 4ª de 3 de enero de 2007) y, en todo caso, a partir del día 20 de Octubre de 2008, fecha de entrada en vigor de su nueva Constitución,

- estadounidenses (Resolución 19 de mayo de 2003),

- etíopes (Resolución de 3.ª de 28 de junio de 2005),

- jamaicanos (Resolución 4ª de 6 de junio de 2006). Son jamaicanos desde la fecha de su nacimiento, los nacidos en el extranjero cuando a tal fecha uno de los padres es jamaicano por nacimiento, descendencia o adquisición de la nacionalidad por matrimonio con un ciudadano de Jamaica,

- jordanos (Resolución 2ª de 22 de marzo de 2004). Para que la mujer jordana transmita la nacionalidad se requiere que el padre sea de nacionalidad desconocida y que el nacimiento haya acaecido en Jordania,

- kazajos (RDGRN 1ª de 22de abril de 2005),

- letones (Resolución 1ª de 14 de octubre de 2005),

- lituanos (Resolución 3ª de 21 de noviembre de 2005),

- marroquíes en los siguientes supuestos: a) padre y madre marroquíes e hijo matrimonial, aunque el matrimonio contraído haya sido civil en España (RDGRN 3ª de 7 de noviembre de 2005), b) padre y madre marroquíes e hijo no matrimonial, si existe reconocimiento paterno o se acredita la cohabitación durante el periodo probable de la concepción (Resoluciones DGRN 7ª de 31 de octubre de 2005 y 3ª de 10 de febrero de 2006, y c) madre marroquí y padre desconocido (Resoluciones DGRN 2ª de 23 de octubre de 2003; 4ª 26 de enero de 2004; 4ª 20 de marzo de 2006). Aunque la Dirección General de los Registros y del Notariado no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el supuesto de padre marroquí y madre desconocida, este caso hay que entenderlo como en este apartado de no adquisición de la nacionalidad por nacimiento en territorio español ya que el artículo 6 del Dahir n.º 250-58-1 de 6 de septiembre de 1958, relativo al Código de la nacionalidad marroquí, establece que tiene la nacionalidad marroquí de origen por filiación: «1.º El niño nacido de padre marroquí»,

- mauritanos (Resoluciones DGRN 1ª y 2ª de 5 de julio de 2006),

- nicaragüenses (RDGRN 5.ª de 5 de noviembre de 2004 y 3ª de 17 de enero de 2006),

- nigerianos (Resoluciones DGRN 4ª de 8 de octubre de 2003 y 4ª de 20 de octubre de 2006),

- paquistaníes (Resolución DGRN 4ª de 22 de mayo de 2006). Los nacidos fuera de Pakistán son pakistaníes si los padres hubiesen nacido en Pakistán, en otro caso, lo serán si son inscritos en el Registro Consular correspondiente.
- polacos (Resolución DGRN 1ª de 29 de noviembre de 2002),

- rumanos (Resoluciones DGRN 3ª de 23 de junio de 2003, 4º de 16de febrero y 2ª de 14 de septiembre de 2005; 3ª de 22 de febrero de 2006),

- rusos (Resoluciones de DGRN 4ª de 21 de octubre y 4ª de 22 de noviembre de 2005),

- senegaleses (Resolución DGRN 3ª de 21 de septiembre de 2005),

- sierraleoneses (Resolución DGRN 5ª de 10 de septiembre de 2002),

- sirios (Resolución DGRN 5ª de 24 de noviembre de 2005),

- suizos (Resoluciones DGRN 4ª de 6 de junio de 2006). Los hijos de padre suizo no casado con la madre, nacidos en el extranjero, no adquieren automáticamente la nacionalidad de su padre, sino que para ello es preciso un acto posterior,

- tanzanos (Resolución DGRN 5ª de 23 de septiembre de 2005),

- uzbekos (Resolución de 2ª de 17 de abril de 2002),

- zaireños (Resoluciones 3ª de 11 de junio de 2001 y 2ª de 5 de enero de 2002).
14.2.2.3. La atribución de nacionalidad española "iure soli" por filiación desconocida

- El apartado d) del artículo 17.1 atribuye la nacionalidad española a: "los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea el territorio español".
- Es el nacimiento en suelo español, más el desconocimiento de la filiación, lo que determina la atribución automática de la nacionalidad española de origen, así como el ser hallado en territorio español sin conocerse lugar de nacimiento ni filiación alguna.
- En el caso de estar acreditada una filiación extranjera, aunque la misma no esté inscrita en nuestro Registro Civil, no cabe la atribución de la nacionalidad española de origen por razón de filiación desconocida. Para la determinación o establecimiento de la filiación, de acuerdo con las normas de conflicto del propio Código Civil, habrá que estar a lo dispuesto en la legislación extranjera.
- La atribución de la nacionalidad española sólo cabe en el caso de tratarse de menores de edad, a tenor de lo dispuesto en el número 2 del artículo 17. Otorgando al interesado mayor de edad la posibilidad de la opción por la nacionalidad española de origen.
- El hecho de que falte la prueba directa del nacimiento en España del menor no excluye per se ni la admisibilidad de la inscripción fuera de plazo del nacimiento, ni el reconocimiento, conexo al anterior hecho, de la nacionalidad española del nacido por vía del artículo 17 núm. 1, d) del Código Civil; que proporciona una prueba legal, por vía de presunción, sin necesidad de entrar a valorar si basada o no en una ficción legal o en la verosimilitud del hecho presumido, del nacimiento en España de los menores en quienes concurra la doble circunstancia: a) que su filiación no resulte determinada y b) que su primer lugar conocido de estancia sea el territorio español (RDGRN 2ª de 3 de julio de 2006).
14.2.3. Adquisición sobrevenida de la nacionalidad española

- Podemos distinguir tres supuesto: adquisición por opción, por carta de naturaleza y por residencia. Dos son las notas que cabe destacar: su carácter voluntario, dependerá del individuo iniciar o no el expediente de adquisición de la nacionalidad o efectuar la declaración ante el encargado del registro civil. La segunda nota es el carácter derivativo de tal adquisición, con las consecuencias ya vistas en cuanto a la pérdida y la posibilidad de la doble nacionalidad.
14.2.3.1. Adquisición de la nacionalidad española por opción

- La declaración de opción podrá realizarse ante el Encargado del Registro Civil del domicilio, no se exige que el solicitante se encuentre residiendo en España (RDGRN de 5 de julio de 1993 y de 30 de mayo de 1994). El encargado del registro sólo podrá rechazar la solicitud en caso de que se trate de una solicitud manifiestamente ilegal (RDGRN de 21 de diciembre de 1992). Si el interesado tuviese inscrito su nacimiento en el Registro Civil español también será competente el encargado del Registro Civil donde conste la inscripción de nacimiento (RDGRN de 7 de noviembre de 1996 y 23 de febrero y 14 de septiembre de 1998).
- Cuando el individuo sea menor de 14 años o se encuentre incapacitado, su representante legal deberá solicitar una autorización previa al Encargado del Registro civil de su domicilio.
- A pesar de la utilización del singular del texto legal por representante legal debe entenderse ambos progenitores, siempre que estén determinados y la legislación aplicable otorgue la patria potestad a ambos. La representación se rige por la ley nacional del interesado a tenor de lo preceptuado en el art. 9.4 Cc, ley que deberá ser respetada salvo que atente al orden público español. Pueden surgir problemas cuando la legislación aplicable para la determinación de los sujetos titulares de la patria potestad solo la otorga a uno de los progenitores, normalmente al padre. En este caso, en aplicación del principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la CE, debería conllevar a una aplicación de la excepción de orden público del artículo 12 del Código Civil, debiendo considerarse representantes legales a ambos progenitores ex artículo 156 del Código Civil, en donde se establece que la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno con el consentimiento expreso o tácito del otro. En este sentido se ha pronunciado la DGRN en su resolución de 8 de octubre de 1994, concluyendo que por razones de orden público no se puede prescindir de la madre.
- Otro de los problemas que suelen darse en la práctica es el supuesto de que ambos progenitores estén separados, o uno de ellos se ha desentendido del menor, desconociéndose, incluso, su domicilio. La DGRN ha venido exigiendo la intervención de ambos progenitores, debiendo instarse el expediente por ambos progenitores o por uno con el consentimiento del otro. No obstante, la DGRN en su resolución de 27 de enero de 2003 deja la puerta abierta a la posibilidad de considerar suficiente la intervención del que ejerce en exclusiva la patria potestad.
- Respecto a la situación de incapacidad habrá que estar a los términos de la misma, pudiendo el mismo sólo o debidamente asistido, realizar la declaración según lo que resulte de la sentencia de incapacitación. Si el interesado recupera la plena capacidad podrá optar por la nacionalidad española dentro de los dos años siguientes a la plena capacidad, se exceptúa el caso en que haya caducado el derecho de opción conforme el apartado c del artículo 20 del Código Civil.
- El solicitante, conforme al artículo 23 del Código Civil, deberá: jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, además deberá renunciar a la nacionalidad anterior. Por su parte el encargado del Registro Civil deberá proceder a la inscripción de la adquisición de la nacionalidad española.
- El juramento o promesa sólo se exige a los mayores de catorce años y capaces para prestar una declaración por sí.
- Los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal no están obligados a renunciar a su anterior nacionalidad. El requisito de la renuncia se cumple con la mera declaración, no se exige que la declaración sea eficaz en el país a cuya nacionalidad se renuncia (RDGRN 24 de mayo de 1993 y de 13 de marzo de 2007, en ambas resoluciones se afirma que la renuncia tiene carácter meramente formal).
- La adquisición de la nacionalidad española por opción se hará constar en el Registro civil mediante una anotación marginal en la inscripción del nacimiento. Si el nacimiento ha acaecido en el extranjero la inscripción de nacimiento deberá ser solicitada en el Registro Civil Central (RDGRN 1ª de 27 de noviembre de 1993). Asimismo el encargado del Registro habrá de inscribir también la vecindad civil por la que el interesado haya optado, siempre que sea una de las previstas por el artículo 15 del Código Civil (Instrucción DGRN de 20 de marzo de 1991).
- Los documentos a presentar con la solicitud dependerá del supuesto concreto en el que se basa el derecho de opción, pero, con carácter general se deberá aportar:

1. Certificado literal de nacimiento del padre/s español/es.
2. Fotocopia DNI del padre/s español/es y, en su caso, fotocopia pasaporte o permiso residencia del progenitor extranjero.
3. Certificado del consulado que acredite la nacionalidad del menor.
4. Certificado de empadronamiento de los padres del optante o de éste si es mayor de edad.
5. Partida de nacimiento del optante, (si nació fuera de España, legalizada o apostillada y traducida).
14.2.3.2. Supuestos de adquisición de la nacionalidad española por opción:

a) Supuesto previsto en el artículo 20.1 a) Cc

- A tenor de lo dispuesto en dicho precepto tiene derecho a optar por la nacionalidad española las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español, así como las que se hallen comprendidas en el último apartado de los artículos 17 y 19 Cc.
- Es preciso que los extranjeros nacionalizados a los que los interesados estén o hayan estado sometidos a la patria potestad deben haber obtenido la nacionalidad española antes de que éstos sean considerados mayores de edad conforme a su ley personal (RDGRN 3ª de 2 de febrero de 2002 y 24 de junio de 2006).
b) Supuesto previsto en el artículo 20.1b) Cc

- Pueden optar por la nacionalidad española las personas cuyo padre o madre hubieran sido originariamente españoles y nacidos en España.
- Con la redacción actual, dada por la ley 36/02, se retoma la opción a favor de los descendientes de emigrantes, caducada el 7 de enero de 1997.
- Se exige que concurra, al menos, en uno de los progenitores la doble condición de haber sido español y haber nacido en territorio español. Son numerosas las resoluciones de la DGRN en las que se ha denegado la opción por no concurrir el requisito del nacimiento del progenitor/a en España (RDGRN 22 de septiembre de 1992, 3 de enero de 1996, 1ª de 7 de julio de 2004 y 2ª de 19 de julio de 2004).
- La acreditación de este último requisito puede hacerse mediante la aportación de una certificación literal del nacimiento del padre o de la madre. En caso de no poderse acreditar dicho extremo, momentáneamente, podrá salvarse dicho obstáculo en virtud de Disposición Adicional 7ª de la ley 52/2007 (27 de diciembre de 2011).
- No hay obligación de justificar que se es hijo de emigrante, ni es preciso residir legalmente en España.
- El ejercicio del beneficio del derecho de optar por la nacionalidad española no está sujeto al plazo de opción general, esto es, dos años a contar desde el momento del cumplimiento de la mayoría de edad del solicitante.
c) Supuesto previsto en la Disposición Adicional 7ª de la ley 52/2007, Ley de la Memoria Histórica

- La Disposición adicional séptima incorpora nuevos supuestos de acceso al a nacionalidad española. El apartado 1º dispone: "Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo del Consejo de Ministerios hasta el límite de un año". Por su parte el Apartado 2º establece:" Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio". En la disposición final segunda se determina que la Disposición Adicional séptima entre en vigor al año de su publicación, por lo que habiéndose publicado en el BOE de 27 de diciembre de 2008, entró en vigor el 27 de diciembre de 2009, y su plazo de caducidad era el de 27 de diciembre de 2010 con posibilidad de prórroga por un año. Prórroga que tuvo lugar por Resolución de 17 de marzo de 2011.
- En dicho texto legal se recoge el derecho de opción de la nacionalidad española a los hijos de progenitor/a originariamente español y a los nietos de los exiliados españoles.
- Dicha opción tiene un plazo de caducidad, 27 de diciembre de 2011 y supone el reconocimiento de la obtención de la nacionalidad española de origen y no originaria.
- La DGRN ha dictado la Instrucción, de fecha 4 de noviembre de 2008, en donde se establecen una serie de reglas de interpretación a efectos de resolver las dudas en cuanto al alcance e interpretación del ámbito de aplicación de la mencionada Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, sobre los supuestos incluidos o excluidos de la misma, o sobre los requisitos que deben reunir los optantes.
- El derecho de opción regulado en los números 1 y 2 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, como forma de adquisición originaria de la nacionalidad española, no requiere la renuncia a la nacionalidad anterior, puesto que la renuncia en puridad, está reservada para quienes adquieren la nacionalidad española de manera derivativa, es decir, por opción, carta de naturaleza y residencia.
- Excepto en su plazo especial, estas opciones quedan sometidas a las condiciones exigidas por los artículos 20 y 23 del Código Civil, salvo a la renuncia a la nacionalidad anterior.
- Las personas que, siendo hijos de español o española de origen y nacidos en España, hubiesen optado a la nacionalidad española no de origen en virtud del artículo 20.1.b) del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 36/2002, de 8 de octubre, podrán ahora acogerse igualmente a la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007 a fin de obtener la nacionalidad española de origen, formalizando una nueva declaración de opción durante el plazo de vigencia de la citada Disposición Adicional. Estos interesados estarán exentos de aportar la documentación ya presentada que sirvió de base para obtener la nacionalidad española no originaria.
- En cuanto al alcance de la Disposición Adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica, la citada instrucción corta la posibilidad de un encadenamiento de opciones al afirmar en su apartado sexto: "Los hijos menores de edad no emancipados de las personas que opten a la nacionalidad española de origen en virtud de cualquiera de los dos apartados de la Disposición Adicional séptima de la Ley 52/2007, podrán optar, a su vez, por la nacionalidad española no de origen, conforme al artículo 20.1.a) del Código Civil. Por el contrario, los hijos mayores de edad de aquellas personas no pueden ejercer esta opción, por no haber estado sujetos a la patria potestad de un español, ni tampoco pueden ejercer la opción del apartado 1 de la citada Disposición Adicional".
- En el primer grupo de beneficiarios es suficiente con que el padre o la madre hubieran sido originariamente españoles, con independencia del lugar de su nacimiento. Tampoco se exige que el beneficiario resida en España.
- El segundo grupo de beneficiarios son los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. El beneficiario deberá probar la condición jurídica del abuelo o abuela del optante, su condición de exiliado y la circunstancia de su pérdida o renuncia a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. La Instrucción además de hacer una enumeración de la documentación que se debe presentar, exige que la prueba del exilio se efectúe con alguna de la documentación en ella indicada, fijando una presunción de exiliado al fijar que "se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955", salida que deberá acreditarse mediante alguno de los documentos que enumera la instrucción.
- Asimismo la Instrucción establece una serie de reglas procedimentales, simplificando la tramitación fijada en la LRC y en el RRC. Junto con la Instrucción se acompañan unos modelos normalizados de obligado uso.
d) Opciones previstas en los artículos 17.2 y 19.2 Cc

- El artículo 17.2 del Código Civil establece que la filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. En estos supuestos otorga un derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde la determinación.
- Es preciso que la filiación respecto a un español o el nacimiento en España sean hechos que se descubran después de los dieciocho años del optante. Así, la Resolución DGRN de 25 de abril de 2005 núm. 1/05 apreció que debía concederse la nacionalidad al nacido en Venezuela en 1965 de padre originariamente español y nacido en España en 1926, que lo reconoció en 2000 cuando era mayor de 18 años.
- El plazo de dos años desde la determinación de la filiación o nacimiento en España es de caducidad, no siendo válida la opción una vez superados los dos años (RDGRN 2ª de 18 de junio de 1996).
- En el apartado segundo del artículo 19 del Código Civil se recoge el beneficio de optar por la nacionalidad española a los adoptados mayores de 18 años. Fija como plazo para ejercer el beneficio dos años desde la constitución de la adopción. Se trata de un plazo de caducidad.
14.2.3.3. Adquisición por carta de naturaleza

- El art. 21 recoge un supuesto excepcional de adquisición de la nacionalidad española. Se dispone que la nacionalidad española se adquiera por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. Se está en presencia de un concepto jurídico indeterminado, "circunstancias excepcionales", cuya apreciación o no queda a la discrecionalidad del gobierno. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en Sentencia de la Sala Tercera de 7 octubre 2000.
- El expediente es competencia del Ministerio de Justicia, será instruido por la DGRN, quien podrá comisionar al encargado del Registro del domicilio, sin que se requieran anuncios generales ni audiencia del Ministerio Fiscal (art. 365.3 RRC). La solicitud se ha de dirigir a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, utilizando el impreso normalizado (BOE, suplemento número 177, 25 de julio 2007). Una vez estudiada la solicitud, si el Ministro de Justicia entiende que en el solicitante concurren las circunstancias excepcionales que justifiquen el otorgamiento de la nacionalidad española, propondrá, al Consejo de Ministros, que se otorgue esa solicitud. Aceptada la propuesta por el Consejo de Ministros, el otorgamiento de la nacionalidad al solicitante se hará mediante un Real Decreto que será publicado en el Boletín Oficial del Estado.
- Con la solicitud se ha de acompañar la siguiente documentación:

- Certificado literal de nacimiento, legalizado o apostillado y, en su caso, traducido.
- Certificado original de matrimonio, legalizado o apostillado y, en su caso, traducido.
- Además, si el cónyuge es español/a certificado literal de nacimiento del mismo.
- Documentos acreditativos de la concurrencia de circunstancias excepcionales.
- Otros documentos que el interesado estime oportunos.
- Han sido diversos los criterios de concesión de la carta de naturaleza tales como la difusión del castellano, ser personas destacadas en el mundo de las artes, de la ciencia o del deporte.
- En este apartado hacer mención especial al Real Decreto 453/2004, de 18 de marzo, sobre concesión de la nacionalidad española a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Según el artículo 1del RD serán consideradas víctimas los heridos en dichos atentados, así como el cónyuge, los descendientes y ascendientes, en ambos casos, en primer grado de consanguinidad de los fallecidos. Dicha posibilidad de obtención de la nacionalidad tenía como plazo de caducidad de presentación de la solicitud antes del día 11 de septiembre de 2004. Asimismo, mencionar el Real Decreto 1792/2008, de 3 de noviembre, sobre concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales. A diferencia del Real Decreto 39/1996, de 1 de enero, no se exige el requisito de la renuncia a su nacionalidad anterior.
Asimismo el Real Decreto 1792/2008 establece un modelo normalizado de solicitud y fija un sencillo procedimiento a seguir; por último significar que no pone límite al ejercicio del derecho a solicitar el acceso a la nacionalidad española por carta de naturaleza.
14.2.3.4. Adquisición por posesión de estado

- Dispone el artículo 18 del Código Civil que: La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante al menos 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad aunque se anule el título que la originó.
- Para acogerse al presente beneficio se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

- Justo título. El título por el que se adquiere la nacionalidad española ha de ser idóneo, además ha de estar inscrito en el Registro Civil.
- Posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años. Se exige una actitud activa del interesado en la utilización de la nacionalidad española. Esto es, debe haberse comportado como español tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de sus obligaciones.
- Buena fe, debiendo excluirse los supuestos de adquisición fraudulenta de la nacionalidad española. Ahora bien, dicho precepto hay que ponerlo en relación con el artículo 25.2 del Código Civil, y de su redacción resulta que una adquisición fraudulenta no perjudica a terceros de buena fe.
- El procedimiento será el expediente para la declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción que debe instarse ante el encargado del Registro Civil del domicilio del beneficiario (RDGRN 4ª de 1 de diciembre de 1999). El mismo concluye con la anotación de la resolución declarativa de carácter presuntivo. A efectos de garantizar el cumplimiento del principio de concordancia registral y evitar una dualidad de títulos contradictorios, el título justo ha de ser anulado.

- A través de esta vía se ha declarado la nacionalidad de los nacionales de las antiguas colonias españolas, así destacar la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, respecto de un ciudadano saharaui. Criterio que ha venido siguiendo la DGRN, quien viene exigiendo para la consolidación el cumplimiento de dos requisitos: que el interesado haya estado en posesión como español de documentación española durante diez años y que el interesado, por no residir en España ni en el extranjero, sino en el propio territorio del Sahara, durante el año siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto2258/76 de 10 de Agosto, no haya podido estar en condiciones de optar a la nacionalidad española al amparo del citado Real Decreto. Si bien ante la dificultad de probar los presupuestos de la consolidación y con el fin de dar solución a la situación en que se encuentran los saharauis se utiliza la declaración presuntiva del expediente del art. 96 de la LRC, sobre la base de una interpretación amplia de territorio español, tal y como recoge la STS (Sala 3ª) de 7 de noviembre de 1999 (Tol 1715647).
14.2.3.5. Adquisición por residencia

- Para la adquisición de la nacionalidad por residencia en España es necesario que el extranjero haya residido en España de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, durante el plazo de diez, cinco, dos o un año dependiendo de los supuestos.
- La residencia se exige que sea legal, el extranjero deberá estar en España y ser titular de una autorización de residencia, bien temporal o de larga duración (artículos 30 bis y ss de la LOEX y 45 y ss del RLOEX). No se considera residencia legal la autorización o tarjeta de estudiante, estas personas se encuentran en una situación jurídica de estancia legal, pero no se les considera residentes (artículo 33 LOEX). Para los nacionales de la Unión Europea o de un estado parte en el Acuerdo sobe el Espacio económico europeo no es de aplicación la LOEX ni el RELOEX sino el RD 240/2007, siendo imprescindible la inscripción en el registro de extranjeros, ya que dependen de la fecha de inscripción para ser considerados residentes legales. En el caso de sus familiares deben estar en posesión de la tarjeta de residente comunitario (artículos 7 y 8 del RD 240/2007).
- Respecto a la continuidad de la residencia debe interpretarse en el sentido de habitualidad y permanencia física, sin que la salida esporádica del país, por motivos tales como la enfermedad, muerte de un pariente, motivos laborales o de estudios puedan considerarse como interruptoras del periodo de residencia necesaria para la concesión de la nacionalidad. El Tribunal Supremo ha mantenido un criterio flexible, permitiendo las salidas esporádicas por razones familiares, de trabajo o estudio; afirmando en la sentencia de la Sala Tercera de 23 de noviembre de 2000 que la no presencia física ocasional y por razones justificadas del territorio español no presupone el incumplimiento del requisito de residencia continuada siempre que no se traslade la residencia habitual y por ende el domicilio fuera del territorio español.
- El código civil prevé un periodo de diez años de residencia legal en España con carácter general, ahora bien existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce; estos son:

- Cinco años para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado.
A estos efectos, es necesario tener en cuenta que el Convenio de Ginebra de 1951, adoptado en el seno de Naciones Unidas, donde entiende por refugiados a aquellas personas que debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no puedan, o a causa de dichos temores no quieran regresar a él.
- Dos años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.
- Un año para:

a) El que haya nacido en territorio español. A efectos de determinar el concepto de territorio español estar a la doctrina emanada del Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de noviembre de 1999.
b) El que no ejerció debidamente su derecho a adquirir la nacionalidad española por opción.
c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
d) El que, en el momento de la solicitud, lleve un año casado con un español o española y no esté separado legalmente o de hecho.
e) El viudo o viuda de española o español, si en el momento de la muerte del cónyuge no estaban separados, de hecho o judicialmente.
f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.
- La tramitación de la concesión de la nacionalidad española por residencia exige un expediente regulado en los artículos 220 a 224 del RRC ante el encargado del Registro del domicilio (artículo 365 RRC). A efectos de facilitar su tramitación y unificar criterios la DGRN dictó una Instrucción el 26 de julio de 2007. En dicha Instrucción se elaboraran reglas sobre la documentación a presentar, fijándose la no necesidad de la aportación por el interesado de ciertos documentos que obran en poder de la Administración tales como el certificado de antecedentes penales español o el certificado del tiempo de residencia que el solicitante lleva en España. Será la Administración la que se encargue de solicitar dichos documentos en nombre del solicitante sin necesidad de contar con su consentimiento a tenor de lo establecido en el artículo 63.2 de la LRC.
- El 2 de octubre de 2012 la DGRN ha dictado una Instrucción siguiendo el criterio sistematizador sentado por la Instrucción de 26 de julio de 2007, en donde se especifica la documentación preceptiva en cada uno de los casos que se presentan a los Registros Civiles.
- Los documentos que han de acompañar a la solicitud de adquisición de la nacionalidad española por residencia:

- Modelo de solicitud normalizado y aprobado por Resolución de 7 de mayo de 2007, de la Subsecretaría, por la que se aprueban los modelos normalizados de solicitud en el ámbito del Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones sobre su utilización. (Boletín Oficial del Estado de 25 de julio de 2007). Esta solicitud se encuentra disponible en www.mjusticia.es

- La tarjeta de Identidad de extranjero, Tarjeta de Familiar de ciudadano de la Unión Europea o Certificado del Registro Central de extranjeros.
- El pasaporte completo.
- Certificado de empadronamiento.
- Certificación de nacimiento del interesado, debidamente traducido y legalizado.
- Certificado de Inscripción consular.
- Si es mayor de edad, certificado de antecedentes penales de su país de origen, traducido y legalizado, de acuerdo con los Convenios internacionales existentes o consular de conducta.
- Medios de vida para residir en España (contrato de trabajo, nóminas, informe laboral de la Tesorería de la Seguridad Social, o cualquier otro medio de prueba).
- Certificación de nacimiento de los hijos menores de edad, en su caso.
- Además de los anteriores, son documentos que se han de acompañar con la solicitud:

- De estar casado/a con español/a: certificación literal de nacimiento del cónyuge español, expedido por Registro civil español, certificación literal de matrimonio expedido por Registro civil español y certificado de convivencia o empadronamiento conjunto con el cónyuge.
- En caso de ser viudo/a de español/a deberá además aportar: certificado de matrimonio inscrito en el Registro Civil español, certificado de convivencia o empadronamiento conjunto con el cónyuge fallecido a la fecha de defunción. Certificado literal de nacimiento del cónyuge y certificado de defunción.
- En caso de que el interesado haya nacido en territorio español: certificación de nacimiento del interesado inscrito en Registro Civil español.
- Quienes no hayan ejercido en plazo la facultad de optar: certificación de nacimiento del padre/madre español, o la documentación que acredite que pudo en su día ejercitar el derecho de opción.
- El descendiente de español (que no pueda acogerse a la disposición adicional séptima de la ley 52/2007) además aportará: certificación literal de nacimiento del padre/madre español, certificación literal de nacimiento abuelo/abuela, sólo cuando uno de ellos, o ambos, sean ascendientes españoles. En este caso, deberá presentarse también la certificación de nacimiento del padre/madre descendiente de español, aunque él/ella haya sido o no español.
- Menores en régimen de tutela, guarda o acogimiento no provisional. Deberá presentarse el Auto del Tribunal competente por el que se designe a la persona que va a ejercer la guarda, tutela o acogimiento. En los casos de acogimiento por Institución española, residencia de dicha Institución asumiendo la tutela, guarda o acogimiento.
- Autorización judicial para actuar en representación del menor o incapaz, si se solicita la nacionalidad para un menor o incapaz.
- En el caso de los refugiados el Ministerio de Justicia exige, además de la solicitud normalizada, tarjeta de Identidad de extranjeros donde conste su condición de refugiado, pasaporte Azul de la Convención de Ginebra de 1951 (si lo tiene), certificado de empadronamiento, certificado de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior donde conste el nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padres y la circunstancia de que mantiene su condición de refugiado y certificado de nacimiento de los hijos menores de edad y en el caso de que los hijos menores de edad tuvieran el estatuto de refugiados en España, se deberá presentar el certificado de la Oficina de Asilo y Refugio referido a la situación de los menores.
- Para acreditar la condición de sefardí podrá aportarse justificación del interesado de su inclusión, o descendencia directa, en las listas de familias de sefarditas protegidos por España, o bien podrá justificar su condición sefardí por los apellidos que ostenta, por el idioma familiar o por otros indicios que demuestren la tradición de pertenencia a tal comunidad cultural, asimismo será un indicio de tal condición el certificado de la Comunidad israelita reconocida en España que acredite la pertenencia del interesado a la religión judía sefardita.
- Los documentos presentados en idioma extranjero deberá presentarse traducidos a idioma oficial español (artículo 86 RRC) y, en su caso, legalizados, salvo que se trate de documentos expedidos por funcionarios de Estados parte del Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, a los que sea aplicable el Convenio de Atenas de 15 de septiembre de 1977 de la Comisión Internacional de Estado Civil, en cuyo caso la legalización se sustituye por el trámite de la apostilla.
- Se trata de una documentación que tiene carácter tasado y los Registros Civiles no podrán exigir a los ciudadanos documentación diferente o complementaria, salvo recabarla de oficio de las Administraciones Públicas conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley 30/92, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 63 de la Ley sobre Registro Civil.
- Además en el expediente se ha de acreditar a tenor del artículo 22.4 del Código Civil buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad

- El encargado del registro tiene la obligación de oír personalmente al peticionario para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles y en caso de estar casado con español también oirá al cónyuge (artículo 221 RRC). En cuanto qué debe entenderse por suficiente grado de integración en la sociedad española, constituye un factor determinante el conocimiento de la lengua española, aunque sea deficitario siempre que tal conocimiento del idioma permita relacionarse con terceras personas. En este sentido se ha pronunciado la Sala Tercera del Tribunal Supremo, así en Sentencia de 4 de abril de 2011 concluye "es doctrina jurisprudencial reiterada (v.gr., en SSTS de 5 de marzo de 2008, RC 1123/2004, y 23 de septiembre de 2009, RC 7215/2005, por citar algunas de las últimas) que el conocimiento del idioma y la expresión correcta del mismo constituye un elemento vehicular que permite la relación con la sociedad; por ello, la falta de tal conocimiento, y, consiguientemente, de la posibilidad de relación con los miembros de la sociedad, impide tener por justificado el requisito de la integración exigido por el artículo 22.4 del Código Civil".
- En relación a la buena conducta cívica no es suficiente la ausencia de antecedentes penales, sino que han de justificarse otros extremos. Destaca así la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Sección 6ª de 6 de febrero de 2007 (Tol 1038063), en la que el alto Tribunal, recogiendo su propia doctrina, especialmente las Sentencias de 23 de noviembre de 2005 y las de 13 y 22 de abril de 2004, proclama que lo que el art. 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como también señaló la Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1987. El concepto "buena conducta cívica" se integra por la apreciación singular del interés público conforme a unos criterios, preferentemente políticos marcados explícita o implícitamente por el legislador, siendo exigible al sujeto solicitante, a consecuencia del "plus" que contiene el acto de su otorgamiento enmarcable dentro de los "actos favorables al administrado", un comportamiento o conducta que ni siquiera por vía indiciaria pudiera cuestionar el concepto de bondad que el precepto salvaguarda, como exigencia específica determinante de la concesión de la nacionalidad española.
- Si bien no es suficiente la inexistencia o cancelación de antecedentes para tener por acreditado el buen comportamiento cívico, la existencia de antecedentes no conlleva de forma automática la denegación de la nacionalidad, sino que habrá que estar al caso concreto y ponderar la gravedad del hecho, el tiempo transcurrido desde su comisión, su comportamiento desde su comisión, así como otros datos, que al margen de lo penal, puedan poner de manifiesto cuál es la actitud del solicitante en la sociedad. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, en Sentencia de 8 Jun. 2010, rec. 3076/2007, (Tol 1872990) considera correcta la concesión de la nacionalidad española por el órgano a quo, afirma que lejos de negar relevancia a la condena impuesta pondera hasta qué punto puede ser tomada como indicador de que el solicitante no tiene una buena conducta cívica, llegando a la conclusión de que dadas las circunstancias del caso --rectificación inmediata de la situación ilegal, tiempo transcurrido desde entonces, etc.-- esa condena penal aislada, por un hecho ilícito de escasa gravedad, no es base suficiente para considerar insatisfecho el requisito de la buena conducta cívica.
- Presentada la solicitud al encargado del Registro Civil del domicilio del solicitante le compete examinar si se ha presentado la documentación requerida, pero no tiene funciones decisorias, éstas son competencias del Sr. Ministro de Justicia y por delegación, de la DGRN. De tal forma, si entiende que no cumple con los requisitos exigidos, por ejemplo buena conducta, lo que procede es que eleve las actuaciones a la Dirección General de Registros y Notariado con auto de propuesta desfavorable (artículo 365 RRC, RDGRN de 2 de octubre de 1992, 3ª de 30 de abril de 1994, 1ª de 20 de febrero). En el supuesto de que la documentación presentada por el peticionario no sea correcta, se le requerirá para que subsane los defectos. El expediente de solicitud puede ser archivado por caducidad, por falta de actuación del interesado durante el plazo de tres meses, siempre que no existan motivos justificados para dicho comportamiento (artículo 354 RRC, RDGRN 1ª de 30 de mayo de 2002 y 3ª de 14 de junio de 2002).
- Después de la entrevista, el Ministerio Fiscal emitirá su informe y el Juez dictará un Auto enviando el expediente completo a la Dirección General de los Registros y del Notariado para que, por delegación del Ministro de Justicia, proceda a conceder o denegar la nacionalidad española.
- El Ministro de Justicia podrá denegar la solicitud por motivos razonados en el orden público o interés nacional (artículo 21.2 del Código Civil). Estamos en presencia de conceptos jurídicos indeterminados que permiten una amplia discrecionalidad en su interpretación, así se ha denegado la nacionalidad española por informes del CESID en donde consta que los interesados mantienen relación con traficantes de divisas, estupefacientes y falsificación de documentos y tráfico con vehículos robados (Sentencia TS sala 3ª, Sección 6ª, de 19 de febrero de 1999); o porque se comprueba de los informes del CESID la vinculación del solicitante a grupos extremistas (Sentencia TS, Sala 3ª, Sección 6ª de 5 de mayo de 2000).
- Ahora bien, es doctrina del TS que la denegación de la nacionalidad española por razones de interés público y salvaguarda de la seguridad nacional no puede ampararse únicamente en un informe que se considera secreto oficial. En este sentido destacar la reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección 6ª de 9 de mayo de 2011 (Tol 2178760) en donde se afirma: "Por lo que se refiere a la denegación de la nacionalidad española por razones de orden público o interés nacional con fundamento en informes reservados o secretos del Centro Nacional de Inteligencia, como nos recuerda el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido sosteniendo que si la Administración considera que ha de denegar la concesión de la nacionalidad española por razones del orden público o interés nacional basándose en un informe clasificado como "reservado", debe dar a conocer las razones por la que cree que concurren los motivos de orden público o interés nacional, no siendo suficiente acogerse al círculo de relaciones y a las actividades del peticionario, sino que, con las oportunas reservas para no perjudicar otros intereses, debe concretar en qué consisten éstas y aquéllas, para, de ese modo facilitar al recurrente la fundamentación del recurso que está legitimado para ejercitar, y permitir al Tribunal ejercer su actividad de control, a la que está sujeta la Administración de conformidad con el mandato constitucional establecido en el artículo 106.1 de la Constitución (SSTS de 4 de abril de 1997,12 de abril de 2004, 30 de junio de 2004, 19 de julio de 2004 y 17 de enero de 2006)".
- En el mismo sentido, la STS de 24 de noviembre de 2004 señala que "la Administración se encuentra constitucionalmente sometida, en base al artículo 106.1 de la Constitución al control del Poder Judicial en todas las manifestaciones de su actuación, y mal podría ejercerse ese control judicial si la mera negativa o la simple conducta omisiva de la Administración pudiera impedir a un Tribunal de Justicia conocer las razones que han determinado la desestimación en vía administrativa de la solicitud de otorgamiento de la nacionalidad. Hay medios para que, sin menoscabo del deber genérico del sigilo y del específico secreto, que obligaría en este caso, no sólo a la Administración, sino también a los magistrados actuantes, cumpla aquélla con el deber, que también tiene, de explicar, razonada y razonablemente, los motivos de su decisión desestimatoria".
- La resolución sobre la concesión o denegación de la nacionalidad será notificada personalmente. En el supuesto de su concesión el beneficiario tiene un plazo de caducidad de 180 días para personarse en el Registro Civil en que se inició su solicitud para cumplimentar con los requisitos exigidos en el artículo 23 del Código Civil y analizados al estudiar la adquisición por opción:

- Juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes (para mayores de 14 años).
- Renuncia a la anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o sefardíes.
- Por su parte el encargado del Registro Civil deberá proceder a la inscripción de la adquisición de la nacionalidad española; sólo a partir del momento de la inscripción se adquiere la nacionalidad española. Para proceder a la inscripción deberá estar escrito el nacimiento del interesado en los Registros españoles. De no existir éste, como ocurre muchos de los supuestos de solicitud de la adquisición de la nacionalidad española por residencia, es necesario solicitar la inscripción del nacimiento con la anotación marginal de la adquisición de la nacionalidad. A tal efecto dispone el artículo 16.4 LRC que los interesados podrán solicitar, en el momento de levantarse el acta de juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, que se extienda la inscripción de nacimiento en el Registro Municipal correspondiente al domicilio en que se haya instruido el oportuno expediente registral. Y el apartado quinto de dicho precepto dispone que el Registro Civil en el que se practique la inscripción de nacimiento acaecido en el extranjero se comunicará al Registro Central, que seguirá siendo el competente para todos los demás actos del estado civil que afecten al inscrito.
- Tanto en el supuesto de concesión como de denegación la decisión podrá ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 22.5 CC).
- En la Ley 20/2011 de Registro Civil de 21 de julio de 2011 se procede a desjudicializar los registros civiles. Al frente de cada oficina General del registro civil estará un encargado que ejercerá funciones bajo la dependencia de la DGRN, correspondiendo al Ministerio de Justicia el nombramiento de los encargados de las Oficinas Generales como de la Central.
- La configuración del Registro Civil como unidad es la piedra angular sobre la que se erige una de las modificaciones más importantes que la LRC recoge. Asimismo destacar como un avance la posibilidad que establece el artículo 20.3, el cual, habilita a los ciudadanos a presentar la solicitud y la documentación requerida ante cualquier Oficina del Registro Civil, sin exclusión de ningún tipo, así como en los Ayuntamientos.
- Por último, en materia de tramitación la aplicación de la Ley 30/92 se contempla como norma principal de los procedimientos registrales, según establece el artículo 88.2 del Proyecto.

ABREVIATURAS:


AJCA: Auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo.
AJI: Auto del Juzgado de Instrucción.
ATC: Auto del Tribunal Constitucional

BOE: Boletín oficial del Estado

CP: Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre

CE: Constitución Española de 1978

Cc: Código Civil

CIE: Centro de Internamiento de Extranjeros

DGRN: Dirección General de los Registros y del Notariado

DM: Decisión Marco

DOCE: Diario Oficial de la Comunidad Europea

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea

D/SdG: Delegado/Subdelegado de Gobierno

ET: Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo

FDE: Fiscal Delegado de Extranjería

FGE: Fiscalía General del Estado

LECR: Ley de Enjuiciamiento Criminal

LJCA: Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998, de 13 de junio.
LOEX: Ley de Extranjería aprobada por Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, y por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre.
LPL: Ley de Procedimiento Laboral aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril

LRC: Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por LO 1/ 1/92, de 21 de febrero

MENA: menores extranjeros no acompañados

NIE: Número de Identificación de extranjero

NIF: Número de identificación fiscal.
ONGs: Organizaciones no gubernamentales

RDGRN: Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado

RLOEX: Reglamento de Extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009 (BOE, núm. 103, de 30 de abril de 2011).
RRC: Reglamento del Registro Civil aprobado por Decreto de 14 de noviembre 1958

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial

SAN: Sentencia de la Audiencia Nacional

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

TSH: Trata de Seres Humanos

UCRIF: Unidad Contra Redes, Inmigración y Falsedades documentales

UE: Unidad Europea.
UNODOC: Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas

ÍNDICE:


1.PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE LA ENTRADA Y LA DENEGACIÓN DE ENTRADA
1.1. El derecho a entrar a territorio español no se reconoce a los extranjeros con carácter de derecho fundamental
1.2. Los requisitos que ha de cumplir el extranjero para entrar al territorio español
1.3. Los requisitos documentales que ha de cumplir el extranjero para entrar al territorio español
1.4. Los requisitos económicos que ha de cumplir el extranjero para entrar al territorio español
1.5. Los requisitos sanitarios que ha de cumplir el extranjero para entrar al territorio español
1.6. Se podrán controlar las entradas al territorio español creándose a tales efectos un registro de entrada
1.7. A los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos para la entrada les será denegada la entrada al territorio español
1.8. Naturaleza jurídica de la denegación de entrada
1.9. El hecho de que la adopción de la medida de retorno tenga lugar sin previo expediente no significa, como se desprende del art. 26.2 de la LOEX, que puedan obviarse ciertas formalidades
1.10. La ejecución de la medida de retorno se rige por lo dispuesto en el art. 60 de la LOEX y 15.3 del RLOEX
BIBLIOGRAFÍA

2. PROTOCOLO EXPLICATIVO DE LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL (Art. 31 DE LA LEY DE EXTRANJERÍA Y Arts. 45 A 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA)
2.1. La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a 90 días e inferior a cinco años
2.2. La autorización inicial de residencia temporal que no comporte autorización de trabajo
2.3. La autorización de residencia temporal por situación de arraigo, por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente
2.3.1. Razones de arraigo (art. 124 RLOEX)
2.3.2. Razones de protección internacional (art. 125 RLOEX)
2.3.3. Razones humanitarias (art. 126 RLOEX)
2.4. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo, que autorizará a realizar actividades lucrativas por cuenta propia y/o ajena
2.5. Condición para autorizar la residencia temporal de un extranjero: ausencia de antecedentes penales en España y no figurar como rechazable
2.6. Obligación de los extranjeros con autorización de residencia temporal de poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios de nacionalidad, estado civil y domicilio
2.7. Renovación de las autorizaciones de residencia temporal
BIBLIOGRAFÍA

3. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
3.1. Introducción
3.2. Estatuto de residente de larga duración
3.2.1. Requisitos para la obtención del Estatuto de residente de larga duración
3.2.2. Procedimiento para la obtención del Estatuto de residente de larga duración
3.2.3. Causas de extinción del Estatuto de residente de larga duración
3.2.4. Contenido del Estatuto de residente de larga duración
3.2.5. Recuperación de la titularidad de la residencia de larga duración
3.3. Estatuto de residente de larga duración-CE
3.3.1. Titulares del Derecho de residencia de larga duración-CE
3.3.2. Requisitos y procedimiento para la obtención del Estatuto de residente de larga duración-CE
3.3.3. Extinción del Estatuto de residente de larga duración-CE
3.3.4. Contenido del Estatuto de residente de larga duración-CE
3.3.5. Recuperación de la titularidad de una residencia de larga duración CE
3.4. Movilidad a España del residente de larga duración-UE concedida en otro Estado miembro
3.4.1. Residencia de larga duración del Residente de larga duración-CE y su familia
3.4.2. Residencia temporal del Residente de larga duración-CE
3.5. Conclusiones

4. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO DEL EXTRANJERO NO COMUNITARIO; LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJO COMO TÍTULO HABILITANTE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD LABORAL O PROFESIONAL EN ESPAÑA
4.1. El derecho al trabajo de los extranjeros
4.2. ¿Qué podemos entender por trabajador extranjero?
4.3. La Autorización de trabajo como título habilitante para poder desarrollar actividad laboral o profesional en territorio español
4.3.1. Autorización de trabajo por cuenta ajena
4.3.1.1. ¿Que podemos entender por determinación de la situación nacional de empleo?
4.3.1.2. ¿Qué supuestos están exentos del requisito de la determinación de la situación nacional de empleo?
4.3.1.3. El contrato de trabajo del extranjero no comunitario
a) Las partes en el contrato
b) El objeto del contrato
c) La extinción del contrato de trabajo
4.4. Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena
4.4.1. Definición
4.4.2. ¿Que requisitos debe cumplir?
4.4.3. Tramitación de la solicitud
4.4.4. ¿Qué ocurre si el trabajador extranjero una vez llegado a España no es empleado por el empresario o empresa contratante?
4.4.5. ¿Qué debemos entender por autoridad u oficina de extranjería competente?
4.4.6. ¿Cuándo podrá denegarse la solicitud de residencia y trabajo por cuenta ajena?
4.4.7. ¿En qué supuestos relacionados con la autorización de trabajo se puede extinguir la Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena?
4.5. ¿En qué otros supuestos de residencia es necesaria la autorización de trabajo?
4.5.1. Autorización de residencia y trabajo para investigación
4.5.2. Autorización de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados
4.5.3. Autorización de residencia y trabajo de duración determinada
4.5.4. Autorización de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios
4.5.5. Autorización de Trabajo en el supuesto de los trabajadores extranjeros transfronterizos
4. 5.6. Autorización de trabajo en las situaciones de residencia por circunstancias excepcionales
4.6. Otras situaciones especiales
4.6.1. El desarrollo de actividad laboral o profesional en la estancia por estudios
4.6.2. Desarrollo de actividades laborales o profesionales de los extranjeros solicitantes de protección internacional
4.6.3. El trabajo Au pair
4.6.4. El trabajo de los internos en Centros Penitenciarios
4.6.5. Autorización de residencia y trabajo a las mujeres víctimas de violencia de género
4.7. Autorización de trabajo por cuenta propia
4.8. Excepciones a la Autorización de Trabajo
BIBLIOGRAFÍA

5. PROTOCOLO EXPLICATIVO DEL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE EXTRANJERÍA
5.1. Ámbito de aplicación
5.2. Infracciones leves
5.3. Infracciones graves
5.4. Infracciones muy graves
5.5. Régimen sancionador
5.6. Tutela cautelar
5.7. El Procedimiento sancionador y sus modalidades de tramitación
5.7.1. Normas comunes
5.7.2. Modalidades de tramitación
5.7.2.1. El procedimiento ordinario
5.7.2.2. El procedimiento preferente
5.7.2.3. El procedimiento simplificado

6. PROTOCOLO EXPLICATIVO: EL INTERNAMIENTO PREVENTIVO DE EXTRANJEROS
6.1. Concepto y casos en los que se aplica
6.2. Órganos judiciales competentes
6.3. Procedimiento de internamiento
6.3.1. Solicitud de internamiento
6.3.2. Audiencia del interesado, Letrado y del Ministerio Fiscal. Art. 62.1 LOEX
6.3.3. Resolución del órgano judicial y recursos
6.4. Razones para acordar el internamiento
6.5. Control del expediente administrativo por el Juez de Instrucción
6.6. Referencia específica al arraigo como causa para evitar la aplicación del internamiento
6.7. Duración del internamiento
6.8. Cese del internamiento
6.9. Visitas a los centros de internamiento
6.10. Derechos y deberes de los internos
6.10.1. Aspectos sanitarios
6.10.2. Respecto de los familiares
6.10.3. Derecho de comunicación
6.10.4. Otros derechos: a un intérprete y un abogado y derecho de petición y reclamación y a ser informados de su situación
6.10.5. La Inspección y las medidas de contención

7. PROTOCOLO SOBRE MENORES EXTRANJEROS
7.1. Introducción
7.2. Tutela de los MENA
7.2.1. Identificación de la edad
7.2.2. Protección de los MENA: la repatriación de los menores no acompañados
7.2.2.1. Requisitos
7.2.2.2. Aspectos procedimentales de la repatriación
7.2.3. La residencia regular de los MENA
7.2.4. Atribución de la Tutela a ONGs, fundaciones o entidades dedicadas a la protección de menores
7.3. Tratamiento de los menores extranjeros infractores
7.3.1. La determinación de la edad del infractor menor de edad
7.3.2. Respuesta penal frente a menores extranjeros infractores y la incidencia de la normativa de extranjería en la adopción de la concreta medida
7.4. El MENA víctima de delitos
7.4.1. Menor víctima de trata de seres humanos
7.4.2. Menor infractor/Víctima
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO
1. Conclusiones del encuentro de Fiscales especialistas en menores y extranjería aprobadas por el Fiscal General del Estado el 15 de septiembre de 2010
2. Conclusiones de las jornadas de Fiscales especialistas en extranjería celebradas en Baiona (Pontevedra) los días 4 y 5 de octubre de 2010
3. Conclusiones de las jornadas de Fiscales Delegados de Extranjería de celebradas en Madrid en octubre de 2011
4. Conclusiones de la Instrucción 1/2012 sobre la coordinación del Registro de Menores extranjeros no acompañados

8. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE EL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS DEL Art. 177 BIS CP
8.1. Tipo básico
8.1.1. Sujeto pasivo
8.1.2. Ámbito territorial
8.1.3. La acción delictiva
8.1.4. Medios comisivos
8.1.5. Finalidad que debe perseguir la trata de seres humanos
8.2. Los tipos agravados
8.2.1. Por razón del sujeto pasivo: se ponga en grave peligro a la víctima, sea menor de edad o especialmente vulnerable
8.2.2. Por razón del sujeto activo del delito
8.2.2.1. Prevalerse de la condición pública
8.2.2.2. Pertenencia a una organización delictiva
8.3. Reincidencia internacional
8.4. Reglas concursales
8.4.1. El concurso con el delito de inmigración clandestina del art. 318 bis CP
8.4.2. Concursos de delitos atendiendo a cada finalidad de la trata
8.4.3. Concursos comunes a todas las modalidades de trata
8.5. La eximente aplicable a la víctima
8.6. La responsabilidad de la persona jurídica

9. PROTOCOLO EXPLICATIVO. LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS
9.1. Introducción
9.2. La localización e identificación de las víctimas
9.2.1. Formación de las autoridades
9.2.2. Identificación de la víctima
9.2.2.1. Concepto
9.2.2.2. Quién realiza la identificación
9.2.2.3. Cómo se realiza la identificación
9.2.2.4. La entrevista
9.2.2.5. Los indicadores
9.2.2.6. La valoración de la información externa
9.2.2.7. Efectos inmediatos de la identificación
9.3. El periodo de restablecimiento y reflexión
9.3.1. Fundamento
9.3.2. Propuesta
9.3.3. Plazo
9.3.4. Duración
9.3.5. Resolución
9.3.6. Notificación
9.3.7. Efectos en el ámbito asistencial
9.3.8. Efectos sobre la situación administrativa
9.4. La exención de responsabilidad
9.4.1. Exención a propuesta de la autoridad por colaboración de la víctima
9.4.2. Exención decidida de oficio por la Delegación o Subdelegación de Gobierno por motivos personales (art. 143.1 párrafo segundo RLOEX)
9.5. Permiso de residencia --por circunstancias excepcionales-- de las víctimas de trata
9.5.1. Antecedentes
9.5.2. Procedimiento
9.5.3. Efectos
9.5.3.1. Autorización provisional
9.5.3.2. Autorización definitiva
9.5.3.3. Denegación
9.6. Exención de responsabilidad y permiso de residencia por circunstancias excepcionales ajenas a la condición de víctima de trata
9.7. Retorno voluntario
ANEXO
1. Texto actual del Código penal
2. El Anteproyecto
2.1. Exposición de motivos
2.2. Texto del Anteproyecto
2.3. Novedades principales

10. PROTOCOLO EXPLICATIVO DE LOS DELITOS RELATIVOS AL TRÁFICO ILEGAL O LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS TRAS LA REFORMA DE LA LO 5/2010, DE 22 DE JUNIO
10.1. Evolución legislativa en torno a la colaboración punible de terceros en el fenómeno migratorio ilegal
10.1.1. Introducción
10.1.2. Tipos penales antes de la reforma de 2010
10.1.2.1. El delito de colaboración en la inmigración clandestina de trabajadores. Art. 313.1 CP
10.1.2.2. El delito de colaboración en el tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas. Art. 318 bis CP
10.1.2.3. Los compromisos comunitarios: la separación conceptual del tráfico ilegal de personas y la trata de seres humanos
10.2. El art. 318 bis tras la reforma de 2010
BIBLIOGRAFÍA

11. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE EL DELITO DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS SIN AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR (Art. 312.2 IN FINE CP)
11.1. La persecución penal de las situaciones de explotación laboral de inmigrantes
11.1.1. Introducción
11.1.2. El delito de contratación ilícita de trabajadores extranjeros como instrumento de lucha contra la inmigración ilegal
11.2. Protocolo informativo sobre la Directiva 2009/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular
11.2.1. Tipificación penal de la sola contratación ilícita (dolosa) de extranjeros en situación irregular
11.2.2. ¿Necesidad de reformar el art. 312.2. in fine del Código Penal vigente?
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO I: JORNADAS DE FISCALES ESPECIALISTAS EN EXTRANJERÍA
1. Conclusiones de las jornadas de Fiscales especialistas en extranjería celebradas en Segovia los días 27 y 28 de octubre de 2008
2. Conclusiones de las jornadas de Fiscales especialistas en extranjería celebradas en Oviedo los días 15 y 16 de octubre de 2009
3. Conclusiones de las jornadas de Fiscales especialistas en extranjería celebradas en Baiona (Pontevedra) los días 4 y 5 de octubre de 2010
4. Conclusiones de las jornadas de Fiscales delegados de extranjería celebradas en Madrid en el 2011 en materia de trata de seres humanos. Art. 177 bis CP
5. Modelo de actuación coordinada para la investigación y persecución de los delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros (Teruel 28 de noviembre de 2008)
ANEXO II: CONCLUSIONES DE LA CIRCULAR 5/2001 DE LA FGE RESPECTO DE LOS DELITOS DE INMIGRACIÓN ILEGAL DEL ART. 318 BIS CP Y EXPLOTACIÓN LABOREAL DEL ART. 312
ANEXO III: EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
1. Texto actual del Código penal
2. El Anteproyecto
2.1. Exposición de Motivos
2.2. Texto del Anteproyecto
2.3. Novedades principales

12. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA EXPULSAR A IMPUTADOS EN PROCEDIMIENTOS PENALES
12.1. Regulación legal
12.2. Autorización de la expulsión de ciudadanos comunitarios
12.3. Aspectos procesales. Tramites del art. 57.7 LOEX
12.3.1. Solicitud de la Brigada de Extranjería
12.3.1.1. Debe solicitarse en procedimientos para los que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años
12.3.1.2. Momento procesal a partir del cual puede pedirse la autorización de expulsión: desde que se cite al extranjero para que declare como imputado
12.3.1.3. Momento procesal hasta el que puede pedirse la autorización
12.3.2. Audiencia del Ministerio Fiscal y las partes
12.3.3. Resolución por el órgano judicial en el plazo más breve posible y, en todo caso, dentro del plazo de tres días
12.3.4. Efectos de la autorización sobre el procedimiento penal
12.4. Aspectos que deben valorarse en relación al expediente administrativo
12.5. Aspectos que deben valorarse del proceso penal

13. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE LA SUSTITUCIÓN JUDICIAL DE LA PENA DE PRISIÓN. ARTÍCULO 89 CP
13.1. Retroactividad de la LO 5/2010 por la que se reforma el art. 89 CP
13.2. Ámbito subjetivo
13.2.1. Concepto de extranjero que reside ilegalmente en España
13.2.2. Prueba de la situación de residencia
13.2.2.1. Carga de la prueba de la situación administrativa del penado
13.2.2.2. Medios de prueba de la situación administrativa del penado
13.2.2.3. Momento en el que debe verificarse la situación administrativa
13.2.3. Posibilidad de aplicar el art. 89 CP a ciudadanos comunitarios
13.3. Penas que pueden sustituirse
13.3.1. ¿Puede sustituirse por expulsión la localización permanente?
13.3.1.1. En un delito
13.3.1.2. En una falta
13.3.2. Otras cuestiones relacionadas con la pena a sustituir
13.4. Delitos excluidos
13.5. Petición de aplicación del art. 89 CP en el escrito de acusación o defensa
13.6. El trámite de audiencia
13.7. Razones para no aplicar la expulsión
13.7.1. Determinadas modalidades, circunstancias de comisión y satisfacción de la responsabilidad civil de los delitos
13.7.2. Situación personal. Circunstancias de arraigo o riesgo de que el penado pueda ser condenado a muerte o sometido a un trato inhumano o degradante
13.8. Posibilidad de aplicar la suspensión de la pena de los arts. 80 y 87 CP o la sustitución del art. 88 CP si no se acuerda la expulsión
13.9. Momento en que puede acordarse la sustitución de la pena
13.9.1. En Sentencia o ejecución
13.9.2. ¿Qué motivos justifican aplazar a ejecución la decisión sobre la expulsión?
13.9.3. Articulación procesal
13.10. Duración de la expulsión
13.11. Recursos que cabe contra la decisión de expulsión
13.11.1. Contra Resoluciones del Juzgado de lo Penal
13.11.2. Contra Resoluciones de la Audiencia Provincial
13.12. Ejecución de la expulsión
13.12.1. Ingreso en prisión o en un centro de internamiento
13.12.2. Efectos de la inejecución de la expulsión
13.12.3. ¿Qué ocurre si una pena se ha sustituido por la expulsión y el penado tiene otros procesos penales pendientes o sentencias no sustituidas?
13.12.3.1. Proceso pendiente de celebrar el juicio oral
13.12.3.2. Proceso finalizado
13.12.4. Consecuencias del incumplimiento de la expulsión
13.13. Referencia a la sustitución parcial
ANEXO: EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
1. Texto actual del Código penal
2. El Anteproyecto
2.1. Exposición de Motivos
2.2. Texto del Anteproyecto
2.3. Novedades principales

14. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
14.1. Concepto y Regulación legal
14.2. Adquisición de la nacionalidad: Modos de adquisición
14.2.1. Atribución de la nacionalidad española por filiación
14.2.2. La atribución de la nacionalidad española por nacimiento en España
14.2.2.1. Integración de la segunda generación de extranjeros nacidos en España
14.2.2.2. Los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecen de nacionalidad (apátridas) o si la legislación de éstos no atribuye ninguna nacionalidad al niño
14.2.2.3. La atribución de nacionalidad española "iure soli" por filiación desconocida
14.2.3. Adquisición sobrevenida de la nacionalidad española
14.2.3.1. Adquisición de la nacionalidad española por opción
14.2.3.2. Supuestos de adquisición de la nacionalidad española por opción
a) Supuesto previsto en el artículo 20.1 a) Cc
b) Supuesto previsto en el artículo 20.1b) Cc
c) Supuesto previsto en la Disposición Adicional 7ª de la ley 52/2007, Ley de la Memoria Histórica
d) Opciones previstas en los artículos 17.2 y 19.2 Cc
14.2.3.3. Adquisición por carta de naturaleza
14.2.3.4. Adquisición por posesión de estado
14.2.3.5. Adquisición por residencia

15. PROTOCOLO EXPLICATIVO SOBRE PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
15.1. Introducción
15.2. Causas de pérdida de la nacionalidad española por cualquier nacional
15.2.1. Pérdida de la nacionalidad por adquisición voluntaria de otra nacionalidad
15.2.1.1. Utilización exclusiva de otra nacionalidad distinta de la española
15.2.1.2. Residencia habitual en el extranjero
15.2.1.3. Emancipación
15.2.2. Pérdida por renuncia expresa
15.2.2.1. La renuncia expresa
15.2.2.2. Tenencia de otra nacionalidad
15.2.2.3. Residencia habitual en el extranjero
15.2.3. Pérdida de la nacionalidad para la segunda generación de españoles nacidos en el extranjero
15.2.4. Excepción a la pérdida de la nacionalidad de los supuestos recogidos en el artículo 24 del Código Civil
15.3. Causas de pérdida de la nacionalidad española por españoles que no lo sean de origen
15.3.1. Pérdida por utilización exclusiva de la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la nacionalidad española
15.3.2. Pérdida de la nacionalidad española por entrar voluntariamente al servicio de las armas o ejercer cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno
15.3.3. Nulidad de la adquisición de la nacionalidad española
15.4. Aspectos registrales del a pérdida de la nacionalidad
15.5. Recuperación de la nacionalidad española