Jurisprudencia

Cabecera: Arrendamientos urbanos. Sobre la ocupación de viviendas sin título habilitante. Disposición final cuarta de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre , de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial
Jurisdicción: Civil
Origen: Audiencia Provincial de Barcelona
Fecha: 25/06/2018
Tipo resolución: Sentencia Sección: Cuarta
Número Sentencia: 456/2018 Número Recurso: 999/2017
Numroj: SAP B 6442/2018
Ecli: ES:APB:2018:6442
Voces sustantivas: Arrendamientos urbanos, Dación en pago, Procedimiento administrativo, Cancelación, Cesión de créditos, Función social de la propiedad, Medidas protectoras, Personas físicas, Procedimiento extrajudicial, Representación del presidente, Servicios sociales, Vía de hecho, Ejecución forzosa, Marcas, Medidas de protección, Plazos, Propiedad
Voces procesales: Desahucio, Ejecución hipotecaria, Medidas urgentes, Recurso de apelación, Recurso de inconstitucionalidad, Prueba documental, Representación procesal, Órgano competente, Sentencia estimatoria

ENCABEZAMIENTO:


Sección nº 04 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68, pl. 1 - Barcelona - C.P.: 08013
TEL.: 935672160
FAX: 935672169
EMAIL:aps4.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0807342120168124138
Recurso de apelación 999/2017 -I
Materia: Juicio verbal (efectividad dº.reales inscritos)
Órgano de origen:Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cornellà de
Llobregat (UPAD)
Procedimiento de origen:Juicio verbal (Efectividad derechos reales inscritos art. 250.1.7)
269/2016
Parte recurrente/Solicitante: Amalia
Procurador/a: Gloria Maymó Edo
Abogado/a:
Parte recurrida: ESTUDIO GREMIAL INVERSIÓN, SL, IGNORADOS OCUPANTES CALLE000 NÚM.
NUM000 , NUM001 NUM002 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Procurador/a: Fernando Moratal Sendra
Abogado/a: Jordi Albiol Paps
SENTENCIA Nº 456/2018
Magistrados:
Vicente Conca Perez
Maria Mercedes Hernandez Ruiz-Olalde
Marta Dolores del Valle Garcia
Barcelona, 25 de junio de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero . En fecha 11 de julio de 2017 se han recibido los autos de Juicio verbal (Efectividad derechos reales inscritos art. 250.1.7) 269/2016 remitidos por Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cornellà de Llobregat (UPAD) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/ aGloria Maymó Edo, en nombre y representación de Amalia contra Sentencia - 10/04/2017 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Fernando Moratal Sendra, en nombre y representación de ESTUDIO GREMIAL INVERSIÓN, SL, IGNORADOS OCUPANTES CALLE000 NÚM. NUM000 , NUM001 NUM002 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
Segundo . El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente: "ESTIMO INTEGRAMENTE la demanda deducida a instnancia la mercantil "ESTUDIO GREMIAL INVERSION, S.L." contra Dña. Amalia y los demás IGNORADOS OCUPANTES de la finca sita en la CALLE000 , nº NUM000 , NUM001 - NUM002 , de la localidad de Cornellá de Llobregat, y CONDENO a los demandados a cesar y abstenerse de observar o promover cualquier conducta , activa o pasiva, directa o indirecta, que pudiera constituir una perturbación de los derechos de la parte actora sobre la finca objeto de litigio, y en concreto a dejar de hacer unos directo, indirecto o en su beneficio respecto de la misma, dejando la vivienda libre a disposición de la parte actora bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo hicieren, en la fecha que se señale en ejecución de sentencia, sin necesidad de ninguna otra notificación, y a indemnizar a la parte actora los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los hechos objeto del presente procedimiento.
Asímismo se imponen a la parte demandada las costas causadas en esta instancia".
Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.
Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo, que ha tenido lugar el día 19/06/2018.
Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.
Se designó ponente a la Magistrada Maria Mercedes Hernandez Ruiz-Olalde.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO: Dictada sentencia estimatoria de la demanda, en el procedimiento verbal sobre efectividad de los derechos inscritos, se interpone recurso de apelación, por la representación procesal de Dª Amalia , en el que indica: error en la valoración de la prueba documental y derecho, invocando la ley 4/2016 de 23 de Diciembre, no habiendo cumplido la actora la obligación de ofrecerle un alquiler social, siendo aplicable dicha ley, al estar ante un supuesto análogo, con cita de dos resoluciones de la A.P de Málaga.
SEGUNDO: Esta sección expresó en el de 4 de mayo de 2018: - Inaplicación de la Llei 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Como segundo motivo de recurso, la parte apelante alega que es de aplicación la Ley 24/2015, de 29 de julio.
La Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, no es de aplicación al presente caso, pues viene a regular una situación de sobreendeudamiento hipotecario y de dificultad para afrontar las facturas de los suministros básicos de electricidad, gas y agua.
Y esto no es lo que ha sucedido en este supuesto, en el que DON Segundo ocupa la finca sin título alguno que justifique su posesión.
Pero además, el Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 20 de septiembre de 2016 , en el recurso de inconstitucionalidad número 2501-2016, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, ha acordado: Mantener la suspensión de los artículos 2 (en su apartado 2) Procedimiento extrajudicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento, artículo 3, Procedimiento judicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento, artículo 4, Extensión de la cancelación del pasivo, artículo 5, (en sus apartados 1 a 4 y 9), Medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda y artículo 7, Medidas para garantizar la función social de la propiedad y aumentar el parque de viviendas asequibles en alquiler, la Disposición Adicional, Cesión de créditos garantizados con la vivienda, la disposición transitoria segunda, Obligación a ofrecer un alquiler social (apartado primero y apartado segundo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 7) y la Disposición Final Tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio , de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
La Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, fue aprobada, según su propia Exposición de Motivos, con el objetivo de buscar mecanismos alternativos ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, sociales.
El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 20 de marzo de 2018 , en el recurso de inconstitucionalidad número 4752-2017, promovido por el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, contra los artículos 8 (apartado e ), 10.1 , 14.8 , 15 , 16 , 17 , disposición final tercera (apartado 3 ), y disposición final sexta de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre , de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, ha acordado: 1) Mantener la suspensión de los artículos 10.1, Mediación en el ámbito del consumo, 14.8, Recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 16, Obligación de realojamiento en determinados supuestos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial, 17.11, La transmisión de viviendas derivadas de acuerdos de compensación o dación en pago sometida al procedimiento de mediación y de la disposición adicional tercera.3 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre , de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
Y 2) Levantar la suspensión de los artículos 8 .e ), 15 Expropiación temporal de viviendas vacías por causa de interés social, 17, Expropiación del uso excepto su apartado 1, y de la disposición final sexta Criterios de regulación de los arrendamientos urbanos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre , de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.
Pero esta ley, vigente desde el día 30 de diciembre de 2016, es aplicable a personas que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento derivada de una relación de consumo o que están en riesgo de encontrarse en dicha situación, como consecuencia de procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria o de desahucio, pero no en el caso de ocupación de viviendas sin título alguno o por la vía de hecho.
Así, el artículo 1 de la Ley 4/2016 de 23 de diciembre al regular su objeto establece lo siguiente: "1. El objeto de la presente ley es adoptar medidas de protección del derecho a la vivienda y servicios sociales, y regular los procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos derivados de las relaciones de consumo, con relación a las personas físicas residentes en Cataluña que se encuentran en situación de exclusión residencial o que están en riesgo de encontrarse en dicha situación.
2. Lo dispuesto por la presente ley se entiende sin perjuicio de otras medidas protectoras establecidas por la normativa vigente. En el caso de concurrencia de regímenes que resulten incompatibles, se aplica el que sea más beneficioso para la persona interesada, a petición de esta".
En concreto, sobre la ocupación de viviendas sin título habilitante, la Disposición final cuarta de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre , de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial dispone: " Ocupación de viviendas sin título habilitante.
1. Las resoluciones de adjudicación de las administraciones públicas de viviendas que son propiedad o están gestionadas por administraciones o entidades públicas, en caso de que estén ocupadas sin título habilitante, deben atender a los criterios determinados por el Gobierno mediante reglamento, teniendo en cuenta las situaciones de emergencia económica y social que deben satisfacerse. Mientras no se apruebe el reglamento, estos criterios deben ser determinados por las mesas de valoración de situaciones de emergencia social y económica, en el marco de su normativa reguladora.
2. Las resoluciones de adjudicación de viviendas, a propuesta de las mesas de valoración de situaciones de emergencia social y económica, deben tener en cuenta las situaciones de convivencia vecinal. A tal efecto, deben valorarse los informes emitidos por los órganos competentes de los ayuntamientos correspondientes y, si procede, las alegaciones realizadas por las comunidades de propietarios interesadas.
3. La ocupación de viviendas sin título habilitante que son propiedad o están gestionadas por administraciones o entidades públicas no da preferencia para el acceso a las viviendas de este mismo parque, público o gestionado por administraciones públicas.
4. Las resoluciones de adjudicación de viviendas son inmediatamente ejecutivas. Si las resoluciones no pueden ejecutarse porque la vivienda está ocupada ilegalmente, la administración o el ayuntamiento competente puede utilizar los mecanismos de ejecución forzosa de los actos administrativos, al efecto de proteger el derecho de las personas en situación de exclusión residencial a las que se ha otorgado el derecho de ocupar la vivienda.
5. El Gobierno debe aprobar el reglamento al que se refiere el apartado 1 en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley".
Si seguimos analizando los restantes artículos sobre los principios, fórmulas de actuación, la creación de una Comisión de Vivienda y Asistencia, y las medidas para resolver el problema de las personas sin viviendas y en riesgo de exclusión social, se puede apreciar que se trata de una Ley dirigida a las Administraciones Públicas competentes, en ningún caso se menciona a las autoridades judiciales, ni su aplicación en procedimientos judiciales, por un motivo fundamental, porque el Parlamento de Cataluña no tiene competencia para regular medidas de protección de personas con riesgo de exclusión social dentro de los procesos judiciales.
Si el demandado se encuentra en esa situación, deberá dirigirse y solicitar de las Administraciones Públicas o de los servicios sociales que resuelvan el problema que se expone en el recurso pero, para la adjudicación de una vivienda social por la Administración, deberá seguirse el procedimiento administrativo correspondiente y justificarse el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente.
No es posible alegar que la entidad MADRID RMBS III Fondo de Titulación de Activos tiene la obligación de garantizar un alquiler social al demandado y ello por cuanto para la adjudicación de una vivienda social por la Administración, deberá seguirse el procedimiento administrativo correspondiente y justificarse el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora a quienes sean acreedores, según la misma, de tal adjudicación, sin que por el Juzgado quepa imponer ni a esta entidad ni a ninguna otra la obligación de ofrecer una vivienda a personas que carezcan de ella.
Los tribunales civiles, acreditado que la parte demandada se encuentra en precario, ocupando la finca sin ningún título, no tienen otra alternativa que decretar el desahucio del demandado, sin que puedan aplicar dichas medidas, ni siquiera acudiendo al artículo 47 de la Constitución , pues se trata de un principio que regula la política social y económica, dirigido especialmente a los poderes públicos, esto es, a las Administraciones Públicas, sin que los Jueces y Tribunales puedan convertirse en legisladores y decidir sobre el uso de la propiedad al margen de lo establecido en la Ley.
Por todo lo expuesto, debemos desestimar el recurso y confirmar íntegramente la sentencia del Juzgado de primera instancia.
En el caso, debe darse la misma solución hallándonos ante una acción para la efectividad de derechos inscritos, en los que la demandada ocupa sin título que ampare dicha posesión, por lo que la sentencia se confirma.
TERCERO: Las costas de esta alzada se imponen a la recurrente, artc 398 de la LEC.

FALLO:

Se desestima el recurso de apelación, interpuesto por la representación procesal de Dª Amalia , contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº4 de Cornella, en los autos de juicio verbal 269-2016, de fecha 10 de Abril de 2017, que se confirma, con imposición a la apelante de las costas de esta alzada Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC ) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC ) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.
También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.
El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.
Lo acordamos y firmamos.
Los Magistrados :