Jurisprudencia

Cabecera: Arrendamientos urbanos. Reclamación de cantidad en concepto de resarcimiento de los daños y perjuicios soportados por el arrendatario por las filtraciones de agua en el local, por el incumplimiento por las arrendadoras de su obligación de realizar las obras de reparación del local necesarias para conservarlo en estado de servir para el uso a que ha sido destinado
Jurisdicción: Civil
Origen: Audiencia Provincial de Barcelona
Fecha: 22/06/2018
Tipo resolución: Sentencia Sección: Decimotercera
Número Sentencia: 427/2018 Número Recurso: 482/2017
Numroj: SAP B 6329/2018
Ecli: ES:APB:2018:6329
Voces sustantivas: Arrendamiento para uso distinto de vivienda, Arrendamientos urbanos, Culpa extracontractual, Derechos de la personalidad, Patentes, Responsabilidad extracontractual, Buena fe, Concurrencia de culpa, Consecuencias del incumplimiento, Daño moral, Daños materiales, Daños y perjuicios, Defectos de la construcción, Dolo, Edificaciones, Gastos de conservación, Incumplimiento contractual, Incumplimiento de la obligación, Incumplimiento total, Intereses legales, Lucro cesante, Objeto del contrato, Obras de mejora, Obras de reparación, Presunciones, Presunciones legales, Relación de causalidad, Renta, Reparaciones necesarias, Resarcimiento de daños, Resarcimiento de daños y perjuicios, Responsabilidad contractual, Responsabilidad objetiva, Acto ilícito, Alterum non laedere, Celebración del contrato, Daños morales, Embargo, Edificaciones, Obligaciones contractuales, Plazos, Propiedad
Voces procesales: Prueba, Recurso de apelación, Carga de la prueba, Causa petendi, Contestación a la demanda, Exigencia de responsabilidad, Imputabilidad, Prueba documental, Prueba pericial, Relación de causalidad, Prueba en contrario

ENCABEZAMIENTO:


Sección nº 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
Calle Roger de Flor, 62-68, pl. 1 - Barcelona - C.P.: 08013
TEL.: 935673532
FAX: 935673531
EMAIL:aps13.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801942120148280833
Recurso de apelación 482/2017 -2
Materia: Juicio ordinario arrendamiento de bienes inmuebles
Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 01 de Barcelona
Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Arrendamientos art. 249.1.6) 1221/2014
Parte recurrente/Solicitante: Bernardo
Procurador/a: Carlos Javier Ram De Viu Y De Sivatte
Abogado/a: ANGEL GANIVET GARCIA
Parte recurrida: NERILL TRADE S.L., DIAGONALSUN, S.L, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
(desistida)
Procurador/a: Marta Pradera Rivero
Abogado/a: Carolina Romera González, M. Candela Zurano Moreno
SENTENCIA Nº 427/2018
Magistrados:
Juan Bautista Cremades Morant
Isabel Carriedo Mompin
M dels Angels Gomis Masque
Fernando Utrillas Carbonell
Maria del Pilar Ledesma Ibañez
Barcelona, 22 de junio de 2018

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero . En fecha 3 de abril de 2017 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario (Arrendamientos art. 249.1.6) 1221/2014 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 01 de Barcelona a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/aCarlos Javier Ram De Viu Y De Sivatte, en nombre y representación de Bernardo contra Sentencia - 30/01/2017 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Marta Pradera Rivero, en nombre y representación de NERILL TRADE S.L y DIAGONALSUN, S.L, siendo también parte COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (desistida).
Segundo . El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente: "Desestimo la demanda promovida por Bernardo contra NERILL TRADE, S.L. y DIAGONALSUN, S.L.
Se imponen las costas procesales devengadas en esta instancia a la parte demandante." Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.
Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo, que ha tenido lugar el día 20/06/2018.
Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.
Se designó ponente al Magistrado Fernando Utrillas Carbonell.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- Apela el demandante Sr. Bernardo , arrendatario del local de negocio en C/Nou de la Rambla nº 90, de Barcelona, en virtud de un contrato de arrendamiento, de 3 de julio de 1998, en el que han sido parte arrendadora, sucesivamente, entre los años 2013 y 2014, las demandadas Nerill Trade,S.L., y Diagonal Sun, S.L., la sentencia de primera instancia que desestima su pretensión de condena de las demandadas, conjunta y solidariamente, al pago de la cantidad de 24.666#40 euros, en concepto de resarcimiento de los daños y perjuicios soportados por el arrendatario por las filtraciones de agua en el local, por el incumplimiento por las arrendadoras de su obligación de realizar las obras de reparación del local necesarias para conservarlo en estado de servir para el uso a que ha sido destinado, de bar-restaurante, con fundamento en el artículo 21.1, al que se remite el artículo 30 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre , de Arrendamientos Urbanos, y los artículos 1554.2 º, y 1556 del Código Civil , solicitando el apelante, en la segunda instancia, la completa estimación de su demanda, con fundamento en las normas sobre responsabilidad extracontractual de los artículos 1902 , 1907 , y 1910 del Código Civil.
Centrado así el objeto del proceso, es doctrina comúnmente admitida ( Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2004;RJA 2053/2004 ) que para determinar la congruencia se ha de acudir al examen comparativo de lo postulado por las partes, y los términos del fallo, estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer un ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que litigan, siempre que no se produzca una alteración de la causa de pedir, ni una sustitución de las cuestiones debatidas por otras, guardando el suficiente acatamiento de la sustancia de lo solicitado, sin que ello requiera una exacta identidad, ni una literal concordancia, ni mucho menos alcance a los razonamientos empleados por las partes, aplicando adecuadamente el derecho pertinente, sin necesidad de someterse a una rigurosa literalidad.
Es igualmente doctrina comúnmente admitida ( Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2003;RJA 5142/2003 ), que no se produce incongruencia por el cambio de punto de vista del tribunal respecto al mantenido por los interesados, siempre que se observe absoluto respeto para los hechos, que son los únicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposición de las partes, si bien con la facultad del juzgador de fijar los alegados de modo definitivo según el resultado de las pruebas, de modo que la armonía entre los pedimentos de las partes con la sentencia no implica necesariamente un acomodo rígido a la literalidad de lo suplicado, sino que ha de hacerse extensiva a aquellos extremos que la complementen y precisen o que contribuyan a la fijación de sus lógicas consecuencias, bien surjan de los alegatos de las partes, bien sean precisiones o aportaciones en su probanza.
Por otro lado, es doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de abril y 24 de diciembre de 1999 ;RJA 1612 y 2660/1999 ) que, de acuerdo con el principio de unidad de culpa civil, en los supuestos de concurrencia de acciones de resarcimiento originadas en contrato y a la vez en un acto ilícito extracontractual, el perjudicado puede optar entre una u otra acción cuando el hecho causante del daño sea al mismo tiempo incumplimiento de una obligación contractual y violación del deber general de no causar daño a otro, o "alterum non laedere", de modo que no es bastante que haya un contrato entre partes para que la responsabilidad contractual opere necesariamente con exclusión de la aquiliana, sino que se requiere para que ello suceda la realización de un hecho dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo del contenido negocial, admitiéndose la concurrencia de culpas por los mismos hechos, o la yuxtaposición de responsabilidades contractuales y extracontractuales que dan lugar a acciones que pueden ejercitarse alternativa o subsidiariamente, u optando por una u otra, incluso proporcionando los hechos al juzgador para que este aplique las normas de concurso de ambas responsabilidades que más se acomoden a ellos, todo a favor de la víctima y para el logro de un resarcimiento del daño lo más completo posible, por lo que sería erróneo considerar que si el perjudicado ha fundamentado su demanda de indemnización sólo en normas de responsabilidad contractual, o sólo en normas de responsabilidad extracontractual, el órgano jurisdiccional incurra en incongruencia por cambio de la causa de pedir si funda la decisión en normas de culpa distintas de las invocadas, ya que la "causa petendi", que con el "petitum" configuran la pretensión procesal, se define por el relato de hechos y no por la fundamentación jurídica que, en casos de culpa, no vincula al juzgador ni en la calificación de la relación jurídica controvertida, ni en las normas de aplicación, de manera que el órgano jurisdiccional actúa dentro de los límites de la congruencia aunque cambie los razonamientos jurídicos.
En este caso, en el que la demanda inicial se encontraba fundada, tanto en las normas de responsabilidad contractual, como en las normas de responsabilidad extracontractual, es lo cierto que, en relación con la responsabilidad contractual, el artículo 21, al que se remite el artículo 30, de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre , de Arrendamientos Urbanos, pone a cargo del arrendador las reparaciones necesarias a fin de conservar el local de negocio en estado de servir para el uso convenido; y el artículo 1554.2º del Código Civil obliga igualmente al arrendador a hacer en la cosa arrendada todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso convenido.
Aunque, de acuerdo con el artículo 4.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre , de Arrendamientos Urbanos, en la redacción anterior a la Ley 4/2013, de 4 de junio, los arrendamientos para uso distinto de vivienda se rigen por la voluntad de las partes, y sólo en su defecto, por lo dispuesto en el Título III de la Ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.
En este caso, en las condiciones adicionales del contrato de arrendamiento, de 3 de julio de 1998, aportadas por la parte demandante (doc 1 de la demanda; f.33 v), y que son las mismas que las aportadas por la demandadas en sus contestaciones a la demanda (doc 3 de la contestación de Diagonal Sun,S.L.; f.394v) (doc 3 de la contestación de Nerill Trade,S.L.; f. 548.v), no consta ningún pacto por el que se declararan de cuenta y cargo del arrendatario los gastos de conservación y reparación del local, no habiendo constancia de ninguna renuncia expresa a lo dispuesto en el artículo 30, en relación con el artículo 21 de la L.A.U ., por la que el arrendatario se obligara a hacer a su cargo en el local objeto del contrato todas las reparaciones necesarias a fin de conservarlo en estado de servir para el uso convenido.
Por el contrario, en la cláusula adicional tercera, únicamente se autoriza al arrendatario, durante el plazo de tres meses, a realizar obras menores y de adaptación que, a su criterio, sean necesarias o convenientes para la actividad a desarrollar; y, en la cláusula adicional cuarta, el arrendatario se obliga a abonar el 12% del interés anual de las "obras de conservación, reparación que la propiedad realice en el inmueble".
En este punto, no resulta ocioso recordar que la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, distingue tres tipos de obras, que son: 1.- Obras de conservación, a las que se refiere el artículo 21 , en relación con los artículos 107 , y 115.2 ª, y 116,2º del Texto Refundido de 1964, y con el artículo 1554.2º del Código Civil , consistentes en las reparaciones necesarias a fin de conservar el local en las condiciones de servir al uso convenido, y que son obligación y a cargo del arrendador; 2.- Obras de mejora, a las que se refiere el artículo 22, en relación con el artículo 112 del Texto Refundido de 1964, que son facultad del arrendador y a su cargo; y 3.- Obras de adaptación o modificación, a las que se refiere el artículo 23, en relación con el artículo 114.7ª del Texto Refundido de 1964, que son facultad del inquilino y a su cargo, en determinadas condiciones, con el consentimiento del arrendador o autorización judicial.
En este caso, en las cláusulas adicionales del contrato de arrendamiento no consta la existencia de un pacto válido contrario al régimen legal supletorio del artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 , que pone a cargo del arrendador las reparaciones necesarias para conservar el local en el estado servir al uso convenido, y el artículo 1554.2º del Código Civil , que obliga igualmente al arrendador a hacer en la cosa arrendada todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso convenido.
En la cláusula adicional tercera únicamente se contiene la autorización al arrendatario, durante el plazo de tres meses, a realizar obras menores y de adaptación que, a su criterio, sean necesarias o convenientes para la actividad a desarrollar.
Por lo que, del tenor literal del conjunto orgánico del contrato de arrendamiento, aparece únicamente que se autorizó al arrendatario a ejecutar las obras de acondicionamiento del local a la actividad de bar- restaurante.
En este sentido, es doctrina comúnmente admitida que la autorización del arrendador puede ser expresa o tácita, y aún implícita en las denominadas obras de adaptación, considerándose implícitamente autorizadas las obras de adaptación cuando la fecha de su realización sea muy próxima a la del contrato ( Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1995 y 20 de junio de 1996 ; RJA 9098/1995 , y 5078/1996 ), aunque es igualmente doctrina reiterada (Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1997;RJA 1653/1997 ), que la autorización para las obras de adaptación no puede tener vigencia indefinida, y que ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de abril de 1963 , y 4 de julio de 1991 ; RJA 1992/1963 , y 5323/1991 ), la autorización para realizar obras otorgada por el arrendador al celebrarse el contrato no tiene vigencia indefinida y para cualquier obra, porque ello supondría una renuncia no interesada suficientemente de los cercenados derechos dominicales sobre la finca arrendada.
Por otro lado, en cuanto al consentimiento del propietario en relación con las concretas obras ejecutadas, es doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1990 , 10 de junio de 1992 ) que, en general, la autorización del propietario no requiere constancia en forma determinada, al ser suficiente la verbal, e incluso la tácita, pudiendo llegar a presumirse de haberse realizado las obras sin oponerse a ellas.
En este caso, resulta de lo actuado que las obras de adaptación del local a la actividad de bar- restaurante fueron ejecutadas en el tiempo posterior a la celebración de contrato de arrendamiento; que el arrendataria obtuvo la licencia municipal de obras de reforma para la adecuación del local, con fecha 16 de febrero de 1999 (f.790 a 793); y que las obras de adaptación se ejecutaron sin la oposición de la arrendadora, quien no consta que interesara su paralización en el curso de su ejecución, o que manifestara su oposición a las obras ejecutadas en los más de quince años transcurridos desde su ejecución.
Por lo demás, tampoco ha sido probado que las obras de adaptación del local ejecutadas por la arrendataria disminuyan la estabilidad o seguridad de la edificación, en los términos del artículo 23.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Por lo tanto, en el presente caso, las reparaciones en el local arrendado se convino que fueran a cargo de la arrendadora, según lo pactado en la condición adicional cuarta del contrato de arrendamiento, que puso a cargo del arrendador todas las obras de reparación y conservación, sin distinción, por razón de su entidad o su cuantía, o por razón de la antigüedad del inmueble, que únicamente se tuvo en cuenta para la fijación de la renta pactada, de 30.000 pts/mes, por debajo del precio de mercado, y para pactar el pago por el arrendatario del 12% del interés anual de las obras de conservación o reparación que la propiedad realizara en el inmueble.
Así las cosas, resulta de las alegaciones parcialmente conformes de las partes, la prueba documental, el informe del perito de Mutua de Propietarios (f.411 y 412), y la ausencia de prueba en contrario que, el 24 de octubre de 2013, se produjo el hundimiento del falso techo del local, en la zona del comedor del restaurante y de la cocina, por filtraciones de agua procedentes del patio de luces del inmueble; que el arrendatario, a partir del 25 de octubre de 2013, remitió repetidas comunicaciones a la administradora de la propiedad para que repararan los desperfectos en el local, que se mantuvo cerrado a partir del siniestro; y que la propietaria no inició las obras de reparación hasta el 10 de febrero de 2014, finalizando las obras seis días después.
Posteriormente, en agosto de 2014, se produjeron nuevas filtraciones de agua por una fuga de un bajante; pero, según resulta del informe del Arquitecto Sr. Onesimo , de 2 de marzo de 2015 (doc 31 de la contestación; f.413), y la ausencia de prueba en contrario, la reparación se inició el mismo día del siniestro, finalizando al día siguiente.
Por lo tanto, en relación con el siniestro ocurrido el 23 de octubre de 2013, es posible apreciar la responsabilidad de la arrendadora, por la tardanza en la ejecución de las obras de reparación, que eran a su cargo, en incumplimiento de lo pactado en el contrato, y lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 , y 1554.2º del Código Civil.
Por lo demás, en relación con la responsabilidad de los propietarios de los edificios por los daños que resulten de su ruina es doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2000 , y 22 de julio de 2003 ; RJA 7534/2000 , y 5852/2003 ) que la responsabilidad es de índole predominantemente subjetiva, de modo que se da únicamente para el supuesto de que la ruina se produzca por la falta de las reparaciones necesarias por parte del propietario, pero no cuando la ruina sea debida a defectos de la construcción.
Así, es doctrina reiterada ( Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de febrero y 7 de abril de 2004 , 8 de junio de 2006 ; RJA 214 y 2053/2004 , y 3207/2006 ) que cuando los vicios denunciados no son derivados de una acción negligente del propietario, sino que son derivados de una deficiente construcción, la acción de exigencia de responsabilidad carece de fundamento cuando se ha dirigido contra el propietario.
Aunque, según la mejor doctrina, el hecho objetivo de la ruina implica una presunción de que se ha producido por la falta de las reparaciones necesarias, por cuanto aun sin llegar a instaurarse un supuesto de la llamada responsabilidad objetiva, de acuerdo con la doctrina del riesgo y de la progresiva objetivación de la responsabilidad, se desplaza al propietario la carga de la prueba de que la ruina se ha producido por otra causa distinta de la falta de las reparaciones necesarias, de acuerdo con la norma general del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que impone al propietario la carga de la prueba del hecho positivo, extintivo, y de mayor facilidad probatoria para el propietario, de que la ruina del edificio se ha producido por causa distinta de la ausencia de las reparaciones necesarias.
En este caso, resulta de las alegaciones parcialmente conformes de las partes, la prueba documental, el informe del Arquitecto Sr. Onesimo , de 2 de marzo de 2015 (doc 31 de la contestación; f.413), y la ausencia de prueba en contrario, que las filtraciones se produjeron por el mal estado del patio y sus instalaciones, cuya rehabilitación no se inició hasta después del siniestro, ocurrido el 23 de octubre de 2013,, no encontrándose ni tan siquiera concluidas las obras de rehabilitación del patio al tiempo de la emisión del informe, de fecha 2 de marzo de 2015.
En consecuencia, en el presente caso, es posible apreciar un incumplimiento relevante por la parte arrendadora de su obligación de realizar las obras de reparación necesarias para conservar el local en el estado de servir al uso convenido, en los términos del artículo 21.1, al que se remite el artículo 30, ambos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre , de Arrendamientos Urbanos, que determina una responsabilidad contractual, que permite al arrendatario solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios, con fundamento en los artículos 1101 y 1556 del Código Civil , procediendo, en definitiva, la estimación del motivo de la apelación de la parte actora.
SEGUNDO.- En cuanto a la extensión de la responsabilidad de las demandadas, el artículo 1107 del Código Civil dice en su primer párrafo que los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento, no resultando en el presente caso de lo actuado ningún dato que permita claramente alcanzar la conclusión probatoria de que las demandadas actuaran dolosamente por la demora en la ejecución de las obras de reparación, por lo que ha de tenérselas por deudoras de buena fe conforme a la presunción legal.
En este sentido, estando caracterizado el dolo civil por ser producto de la astucia, maquinación o artificio, es doctrina reiterada ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de julio de 1998 y 29 de diciembre de 1999 ; RJA 6199/1998 y 9380/1999 ), la que viene exigiendo, en el caso de dolo, la conjunción de dos elementos, el subjetivo, o ánimo de perjudicar, y el objetivo, consistente en el acto o medio externo, debiendo en todo caso quedar probada inequívocamente dicha actividad dolosa, sin que basten meras conjeturas o indicios ( Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1991;RJA 3664/1991 ), pues el dolo no se presume ( Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 1998;RJA 6199/1998 ).
En este caso, según lo expuesto, no es posible alcanzar la conclusión probatoria de que la actuación de las demandadas, en su relación contractual con la demandante, fuera dolosa, por lo que las demandadas únicamente deben responder de los daños que sean consecuencia necesaria de su actuación, siendo doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2005 , 7 de julio de 2008 , y 29 junio de 2015 ( RJA 6364/2005 , 4473/2008 , y 2552/2015 ) que el lenguaje que el Código Civil emplea en el artículo 1107 no se entiende si no se relaciona con sus orígenes, pues se trata de una regla general, tomada del artículo 1.150 del Código napoleónico, sobre la base de una serie de casos expuestos por el jurista Pothier, de los que se deducía que "no se debe tomar en cuenta más que el daño sufrido respecto a la cosa o al hecho que era objeto de la obligación y no los que el incumplimiento de la obligación hubiera, además, ocasionado al acreedor en sus otros negocios o en sus otros bienes", lo que el legislador ha incorporado al párrafo primero del artículo 1.107 del Código Civil para limitar las consecuencias indemnizatorias en el caso del deudor de buena fe, por lo que debe existir una relación de causalidad de modo que pueda apreciarse claramente la imputabilidad jurídica del daño.
Los daños y perjuicios indemnizables son los que se encuentran vinculados al incumplimiento contractual culposo por un nexo causal, de forma que cabe decir de ellos que son consecuencia forzosa e ineludible del incumplimiento contractual( Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2000[ RJ 2000, 8126 ] y de 10 de diciembre de 2002 ). Esta condición de efecto o consecuencia del incumplimiento contractual, así como su carácter necesario, se recogen en el artículo 1107 del Código Civil (LEG 1889, 27), conforme al cual los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.
Por otro lado, en cuanto a los daños materiales, es doctrina reiterada ( Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1994 , 6 de abril de 1995 , 22 de octubre de 1996 , 13 de mayo de 1997 , y 29 de diciembre de 2004 ; RJA 6988/1994 , 3416/1995 , 7236/1996 , 3842/1997 , y 988/2004 ) que la indemnización por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del contrato requiere la constancia de la existencia de daños y perjuicios y la prueba de los mismos, correspondiendo al demandante la carga de la prueba de los daños y perjuicios, de acuerdo con la norma general de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , como hecho positivo y constitutivo de su pretensión de resarcimiento.
Sólo se admite dispensa o relajación de la exigencia y del rigor de la prueba de la existencia de los daños en muy específicos supuestos, como son los casos en los que la existencia de los daños se deduce fatal y necesariamente del incumplimiento, o en que son consecuencia forzosa, natural, o inevitable, o se trata de daños incontrovertibles, evidentes, o patentes ( Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2001 , y 23 de marzo de 2007 ; RJA 3189/2001 , y 2317/2007 ).
En este caso, resulta de lo actuado que, a consecuencia del hundimiento del techo del local, y la tardanza en su reparación por la arrendadora, el local estuvo cerrado desde el 25 de octubre de 2013, habiendo concluido la reparación el 16 de febrero de 2014, alrededor de cuatro meses después, momento a partir del cual el local pudo ser abierto de nuevo, y si no lo hizo el arrendatario hasta junio de 2014, esa tardanza en la apertura ya no puede ser imputada a la arrendadora, quien no responde las imposibilidades subjetivas de la arrendataria, y únicamente responde, según lo expuesto, de los daños que sean consecuencia necesaria de su incumplimiento.
Por lo que la arrendadora responde, frente al arrendatario, de los gastos fijos de ese período de octubre de 2013 a febrero de 2014, estando probados gastos fijos por importe conjunto de 1.486 euros, por cuanto están probados gastos de electricidad, por importe de 244#77 euros (docs 34 a 39 de la demanda); no están probados gastos de agua de ese período (doc 40 de la demanda); están probados los pagos de cuatro mensualidades de renta, durante el tiempo en que el local estuvo cerrado por causa imputable a la arrendadora, por importe conjunto de 1.193#04 euros (298#26 x 4) (docs 41 a 51 de la demanda); gastos de seguro, por importe, proporcional al período de cierre, de 48#19 euros, por no estar probado el pago de seguro a partir del 1 de enero de 2014, hasta el 4 de junio de 2014 (docs 52 y 53 de la demanda); no está probado el pago de la cuota de autónomos en el período de cierre del local, por haberse aportado documentos referidos a octubre de 2014 y enero de 2013 (docs 54 y 55 de la demanda); y no está probada la reparación de la campana extractora, habiéndose limitado la demandante a la aportación de un presupuesto de 29 de septiembre de 2014 (doc 56 de la demanda), que es de meses posterior a la terminación de las obras de reparación.
En cuanto al lucro cesante, es doctrina comúnmente admitida que para que sea indemnizable el lucro cesante se requiere necesariamente una evaluación basada en la realidad y dotada de cierta consistencia ( SSTS 17 de julio de 2002 ( RJ 2002, 6252), 27 de octubre de 1992 ( RJ 1992, 8363), 8 de julio y 21 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7235, entre tantas otras), pues es preciso probar que realmente se han dejado de obtener unas ganancias concretas que no han de ser dudosas ni contingentes ( SSTS 29 de diciembre de 2000 ; 14 de julio de 2003 (RJ 2003, 4629), entre otras muchas).
En este caso, no puede estimarse claramente probado por el demandante, a quien correspondía hacerlo, como hecho positivo y constitutivo de su demanda, de mayor facilidad probatoria para la parte actora, de acuerdo con la norma general de distribución de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la existencia de un lucro cesante por el cierre del local entre octubre de 2013 y febrero de 2014, no habiéndose producido ninguna prueba documental, contable, bancaria, o comercial, sobre los beneficios del local en el período inmediatamente anterior al cierre, o en los años anteriores, desde la celebración del contrato el 3 de julio de 1998, no habiéndose propuesto ninguna prueba pericial en relación con este extremo.
En cuanto a los daños morales, es lo cierto que, en relación con el daño moral con causa en un incumplimiento contractual, la doctrina es poco proclive a la extensión del resarcimiento del daño moral en el ámbito de la responsabilidad contractual, no obstante la norma del artículo 1107 del Código Civil que prevé el resarcimiento de todos los daños y perjuicios, incluidos los daños morales ( Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 1994; RJA 6787/1994 ).
Iniciada la indemnización del daño moral en el campo de la culpa extracontractual, se amplió posteriormente su ámbito al contractual ( Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 1984 , 27 de julio de 1994 , 22 de noviembre de 1997 , 14 de mayo y 12 de julio de 1999 ( RJA 2403/1984 , 6787/1994 , 8097/1997 , 3106 y 4770/1999 ), adoptándose una orientación cada vez más amplia, con clara superación de los criterios restrictivos que limitaban su aplicación a la concepción clásica del "pretium doloris" y los ataques a los derechos de la personalidad, de modo que se acogen en la doctrina supuestos en que es apreciable el criterio aperturista, con fundamento en el principio de indemnidad, y con causa generatriz en el incumplimiento contractual ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo y 21 de octubre de 1996 , y 18 de noviembre de 1998 ; RJA 3793 y 7235/1996 , y 8412/1998 ), lo que sin embargo no permite pensar en una generalización de la posibilidad indemnizatoria ( Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2000;RJA 5089/2000 ).
En este sentido, de acuerdo con la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2000;RJA 5089/2000 , se hace preciso que la aflicción o perturbación que integra el daño moral, susceptible de ser indemnizado, sea de alguna entidad, pudiendo entenderse que según la referida sentencia se hace precisa la exigencia de un triple requisito para que pueda prosperar la acción de resarcimiento por este concepto: que el incumplimiento contractual sea totalmente injustificable; que sea importante; y que el incumplimiento produzca un sufrimiento o padecimiento psíquico que únicamente puede ser reparado mediante la indemnización del daño moral.
En este caso, sin embargo, el incumplimiento de la demandada no puede decirse que haya provocado un sufrimiento o padecimiento psíquico en la actora que sea de superior entidad a la normal molestia, angustia, o dolor que provoca todo incumplimiento contractual, quedando indemne el perjudicado mediante la indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales sufridos por causa del referido incumplimiento contractual, por no verse afectado el patrimonio inmaterial o espiritual del perjudicado más allá de la frustración y las molestias que todo incumplimiento conlleva.
En consecuencia, procede la estimación parcial de la demanda, y la condena de las demandadas, conjunta y solidariamente, al pago al demandante de la cantidad de 1.486 euros, en concepto de resarcimiento de daños por el incumplimiento contractual, procediendo, en definitiva, la estimación parcial del recurso de apelación de la parte actora.
TERCERO.- La cantidad adeudada, por importe de 1.486 euros, devengará intereses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , desde la sentencia de segunda instancia, y hasta el completo pago, de acuerdo con la doctrina comúnmente admitida ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2003 y 31 de marzo de 2005 ; RJA 2792/2003 , y 2740/2005 ), en el sentido de que los intereses legales por mora no pueden imponerse a partir de la interpelación judicial o extrajudicial, o desde el vencimiento, cuando la reclamación hubiera sido rebajada en la sentencia, siendo la fecha de ésta la que determina el momento inicial del abono, en el caso de que la determinación de la suma haya dependido de las alegaciones o la prueba practicada en el pleito, o en el caso de que la diferencia entre la cantidad reclamada y la concedida sea sustancial.
CUARTO.- De acuerdo con el artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , siendo la resolución parcialmente estimatoria de la demanda, no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas de la primera instancia.
QUINTO.- De acuerdo con el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , siendo la resolución parcialmente estimatoria del recurso de apelación, no procede hacer especial pronunciamiento en cuanto las costas de la segunda instancia.

FALLO:

Que, ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso de apelación del demandante D. Bernardo , se REVOCA la Sentencia de 30 de enero de 2017, dictada en los autos nº 1221/14 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barcelona , acordando la ESTIMACIÓN PARCIAL de la demanda, y la condena de las demandadas Nerill Trade,S.L. y Diagonal Sun, S.L., conjunta y solidariamente, al pago al actor de la cantidad de 1.486 €, más intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la sentencia de segunda instancia y hasta el completo pago, sin expresa imposición de las costas en ninguna de ambas instancias.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación, por interés casacional, y recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días desde su notificación.
Lo acordamos y firmamos.
Los Magistrados :