Jurisprudencia

Cabecera: Derecho de extranjería. Solicitud de autorización de trabajo y residencia solicitada para la prestación de servicios por cuenta ajena. Antecedentes penales no cancelados por el delito de violencia de género. Denegación de la renovación solicitada
Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
Origen: Tribunal Superior de Justicia de Murcia
Fecha: 18/05/2018
Tipo resolución: Sentencia Sección: Primera
Número Sentencia: 179/2018 Número Recurso: 38/2018
Numroj: STSJ MU 1009/2018
Ecli: ES:TSJMU:2018:1009
Voces sustantivas: Extranjería, Indulto, Recurso de reposición, Lesión, Resoluciones administrativas, Antecedentes penales, Delito de violencia doméstica, Medidas de protección, Prestación de servicios, Violencia de género
Voces procesales: Recurso de apelación, Recurso de reposición, Condena en costas, Pronunciamiento sobre costas, Remisión condicional de la pena, Sentencia firme, Registro central de penados y rebeldes

ENCABEZAMIENTO:


T.S.J.MURCIA SALA 1 CON/AD
MURCIA
SENTENCIA: 00179/2018
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
N56820
PALACIO DE JUSTICIA, RONDA DE GARAY, 5, 3ª PLANTA -DIR3:J00008050
UP3
N.I.G: 30030 45 3 2016 0003897
Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000038 /2018
Sobre: EXTRANJERIA
De D./ña. DELEGACION DEL GOBIERNO DE MURCIA
Representación D./Dª.
Contra D./Dª. Fausto
Representación D./Dª. JUSTO PAEZ NAVARRO
ROLLO DE APELACIÓN núm. 38/2018
SENTENCIA núm. 179/2018
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA
SECCIÓN PRIMERA
Compuesta por los Ilmos. Srs.:
Dª María Consuelo Uris Lloret
Presidenta
D. Indalecio Cassinello Gómez Pardo
Dª María Esperanza Sánchez de la Vega
Magistrados
Ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
S E N T E N C I A nº. 179/18

En Murcia, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.
En el rollo de apelación nº. 38/18, seguido por interposición de recurso de apelación contra la
sentencia nº 241, de fecha 25 de octubre de 2.017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
nº. 8 de Murcia, en el recurso contencioso administrativo nº. 471/2016 , tramitado por las normas del
procedimiento abreviado, en cuantía indeterminada, sobre: Extranjería. Autorización de residencia temporal
por circunstancias excepcionales, en el que figuran como parte apelante laAdministración General del
Estado-Delegación del Gobierno en Murcia , representada y defendida por el Abogado del Estado, y como
parte apelada D. Fausto , representado por el Procurador D. Justo Páez Navarro y defendido por la Letrada
Dña. Ana Fuentes Navarro; siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra.Dña. María Esperanza Sánchez de la
Vega , quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO:

UNICO. - Presentado el recurso de apelación referido, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8, de Murcia, lo admitió a trámite y después de dar traslado del mismo a la parte apelada para que formalizara su oposición, remitió los autos junto con los escritos presentados a la Sala, la cual designó Magistrado ponente y acordó que quedaran los autos pendientes para dictar sentencia.
Se señaló para votación y fallo el día 4 de mayo de 2.018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- La sentencia apelada estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Fausto , contra la resolución de la Delegación del Gobierno en Murcia, de fecha 7 de octubre de 2.016, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la de 27 de julio de 2.016, que acordó denegar la autorización de trabajo y residencia solicitada para la prestación de servicios por cuenta ajena al recurrente, y las declara contrarias a derecho dejándolas sin efecto; y, así mismo declara el derecho de la parte recurrente a que por la parte demandada le sea concedida la renovación denegada; todo ello con expresa condena en costas a la Administración demandada en cuantía máxima de 500 euros.
El Abogado del Estado en su recurso de apelación alega: -Que consta en autos certificado de antecedentes penales, del que resulta que fue condenado por delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar.
-Que es de aplicación el artículo 31.5, en relación con el 31.7, de la L.O. 4/2000.
-Que en el momento en que se dictó la resolución había antecedentes penales no cancelados; el archivo de las diligencias fue posterior a la resolución, por lo que no se podía valorar por la Administración.
-Entiende que no se debieron imponer las costas a la Administración, al fundarse la sentencia en hechos posteriores, y por tanto desconocidos por la autora del acto al dictarse la correspondiente resolución administrativa.
El recurrente se opone y pide la desestimación del recurso de apelación, insistiendo en el archivo de las diligencias penales.
SEGUNDO.- Como hemos dicho, la sentencia estima el recurso contencioso-administrativo.
La juzgadora de instancia resuelve la estimación, en atención a que, por Decreto de 19 de diciembre de 2.016, del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Cartagena, ha acordado en la Ejecutoria 821/2014, el archivo definitivo de las diligencias penales, en las que fue condenado por un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar. Y dice que lo hace en aplicación del art. 31.5, en relación con el 31.7, de la Ley Orgánica 4/2000.
Dicho artículo 31.5 establece que, "Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español, y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido".
La resolución impugnada recoge expresamente que la solicitud de renovación de la autorización de residencia temporal se presentó el 4 de julio de 2.016; fue denegada por resolución de fecha 27 de julio de 2.016, al constar en el expediente un certificado emitido por el Registro Central de Penados y Rebeldes conforme al cual el interesado había sido condenado en sentencia firme de fecha 19 de diciembre de 2.014 , Ejecutoria 821/2014 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Cartagena, por el delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar, resolución notificada el 17 de agosto de 2.016.
El interesado interpuso recurso de reposición el 30 de septiembre de 2.016 y adjunta resolución de la Dirección General de Política Social de la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, de 28 de septiembre de 2.016, en la que se emite informe positivo del esfuerzo de integración social del recurrente.
Dicha resolución recoge expresamente que no hay cumplimiento, indulto, remisión condicional de la pena o suspensión.
A ello añade que, teniendo en cuenta el delito por el que fue condenado, hay que recordar lo establecido en la Exposición de Motivos de la L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género: <>.
En consecuencia con todo ello, la Administración desestimó el recurso de reposición; dicha resolución es de fecha 7 de octubre de 2.016.
Por tanto, queda clara cuál era la situación del recurrente cuando se dictó dicha resolución; así, tenía antecedentes penales no cancelados por el delito que hemos referido, y ello motivó la denegación de la renovación solicitada. En ese momento tenía esos antecedentes penales y así constaba en la correspondiente certificación, valorada expresamente por la Administración antes de decidir. Ésas eran las circunstancias concurrentes y no otras y lo que se ha de juzgar es si la Administración decidió, teniendo en cuenta esas circunstancias y no otras, conforme a derecho; y la respuesta ha de ser positiva. No podía resolver la Administración de otro modo a la vista de las circunstancias expuestas.
Por ello la sentencia de instancia no es correcta, ya que se abstrae de esas circunstancias para juzgar conforme a otras aún no concurrentes; y ello sin perjuicio de que el interesado pueda volver a solicitar la renovación, en su caso, a la vista de nuevas circunstancias.
TERCERO.- Ello implica que el recurso de apelación ha de ser estimado, procediendo revocar la sentencia impugnada, sin que proceda hacer especial pronunciamiento sobre costas ( artículo 139.2, de la L.J.C.A .).
En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NO S CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

FALLO:

ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la Administración del Estado-Delegación del Gobierno en Murcia, contra la Sentencia nº 241, de fecha 25 de octubre de 2.017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº. 8 de Murcia, en el recurso contencioso administrativo nº.
471/2016 y, en consecuencia, revocamos dicha sentencia; y entrando a conocer del recurso contencioso- administrativo interpuesto por el recurrente, se desestima, declarando expresamente conforme a derecho el acto administrativo impugnado. Sin costas.
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo previsto en el artículo 86.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , siempre y cuando el asunto presente interés casacional según lo dispuesto en el artículo 88 de la citada ley . El mencionado recurso de casación se preparará ante esta Sala en el plazo de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia y en la forma señalada en el artículo 89.2 de la LJCA.
En el caso previsto en el artículo 86.3 podrá interponerse recurso de casación ante la Sección correspondiente de esta Sala.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.