Jurisprudencia

Cabecera: Derecho de extranjería. Sobre la aplicación de la medida de expulsión a los residentes de larga duración hemos de reiterar lo que se expresaba en la sentencia de la Sala, entre otras, de fecha 20 de abril de 2012 (recurso de apelación 703/2011 ). Se estima el recurso y se declara la nulidad de los acuerdos, no puede configurarse como automática la expulsión atendiendo a las especiales circunstancias de la persona
Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
Origen: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León sede en Valladolid
Fecha: 04/04/2018
Tipo resolución: Sentencia Sección: Primera
Número Sentencia: 320/2018 Número Recurso: 15/2018
Numroj: STSJ CL 1375/2018
Ecli: ES:TSJCL:2018:1375
Voces sustantivas: Asistencia jurídica gratuita, Delito de robo con violencia o intimidación, Delitos contra el orden público, Extranjería, Seguridad ciudadana, Amenazas, Derechos y libertades de los extranjeros, Domicilio, Expediente administrativo, Edad, Libre circulación, Nulidad de los acuerdos, Reincidencia, Antecedentes penales, Aplicación automática, Embargo, Interpretación sistemática, Marcas, Mayoría de edad, Menores de edad, Reincidencia, Seguridad pública
Voces procesales: Declaración de nulidad, Prueba, Recurso de apelación

ENCABEZAMIENTO:


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
Sala de lo Contencioso-administrativo de
VALLADOLID
Sección Primera
T.S.J.CASTILLA-LEON CON/ADVALLADOLID
SENTENCIA: 00320/2018
N56820 - JVA
N.I.G: 47186 45 3 2017 0000626
Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000015 /2018
Sobre: EXTRANJERIA
De D. Onesimo
Representación: D. SALVADOR SIMO MARTINEZ
Contra SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN VALLADOLID
ABOGADO DEL ESTADO
SENTENCIA N.º 320
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
DOÑA ANA M. MARTÍNEZ OLALLA
MAGISTRADOS:
DOÑA ENCARNACIÓN LUCAS LUCAS
DON FELIPE FRESNEDA PLAZA
DON LUIS MIGUEL BLANCO DOMÍNGUEZ
En Valladolid, a cuatro de abril de dos mil dieciocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
con sede en Valladolid el rollo de apelación n.º 15/2018, dimanante del recurso contencioso-administrativo n.º
112/2017, procedimiento abreviado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Núm. Tres de Valladolid,
interpuesto por don Onesimo , representado por el Procurador Sr. Simo Martínez, siendo parte apelada la
Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado, siendo objeto de apelación la sentencia
del referido Juzgado de 4 de diciembre 2017 , y habiéndose seguido el procedimiento previsto para el recurso
de apelación en la Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa.

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO . La representación procesal de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Núm. Tres de Valladolid de 4 de diciembre de 2017 , cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Teniendo en cuenta los fundamentos de derecho anteriores SE ACUERDA DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE lo pretendido por la parte demandante por medio del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la actuación indicada en el encabezamiento de esta sentencia. Con condena en costas a la parte demandante en los términos señalados en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia".
SEGUNDO . Una vez formalizado el recurso fue remitido a la Sala por el Juzgado por escrito de 4 de enero de 2018, formándose rollo de apelación que fue registrado con el n.º 15/2018.
TERCERO . Se señaló para votación y fallo el día 21 de marzo de 2018.
Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FELIPE FRESNEDA PLAZA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO . El presente recurso de apelación se ha interpuesto frente a sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Núm. Tres de Valladolid de 4 de diciembre de 2017 , en la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON Onesimo , parte apelante en esta segunda instancia, frente a resolución del Subdelegado del del Gobierno en Valladolid fechada el día 18 de julio de 2017 por la que se acuerda la expulsión del territorio nacional español del antes expresado recurrente conforme a lo previsto en el artículo 57.2, de la Ley y de Extranjería , Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
La Sentencia apelada desestima el recurso interpuesto en base a las consideraciones fundamentales de que se da la causa de expulsión prevista en el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería , al reputar, como se constata en los hechos probados de la resolución recurrida que el actor ha cometido delito que lleva aparejada dicha consecuencia, y sin que haya acreditado que cuente con residencia permanente o de larga duración ni arraigo familiar en territorio español.
Como elementos fácticos relevantes para la resolución de la cuestión planteada hemos de partir de los que al respecto se consignan en la sentencia apelada, que expresa al respecto lo siguiente: "Se considera que deben tenerse en cuenta, a efectos de analizar lo alegado por la parte demandante, los siguientes hechos, todos ellos deducidos del expediente administrativo en cuanto que la prueba practicada en este Procedimiento Judicial no ha acreditado hechos diferentes: 1º El demandante, y así consta en el acuerdo de inicio del procedimiento, ha sido condenado por un delito de robo con violencia o intimidación a una pena de dos años y seis meses de prisión. La sentencio que impone esa condena está fechada el día 23 de diciembre de 2016.
2º El demandante ha nacido el día NUM000 de 1998 por lo que, en el momento de dictarse la resolución que acuerda la expulsión, es mayor de edad.
3º El demandante, el día 1 de enero de 2006, solicitó autorización de residencia temporal primera renovación y el día 11 de marzo de 2017 se considera caducada (extinguida) la autorización de residencia temporal inicial no constando ningún otro trámite tendente a regularizar su situación en España.
4º El demandante, al encontrarse en España sin persona adulta que se responsabilizara de él y ser menor de edad, fue tutelado, según resolución de 15 de julio de 2015, por la Comunidad Autónoma de Madrid.
Al finalizar la tutela, por resolución fechada el día 11 de marzo de 2016, se le concedió autorización de residencia temporal inicial con vigencia hasta el día 11 de marzo de 2017".
SEGUNDO . El recurso de apelación interpuesto expresa que tratándose de un residente de larga duración no cabe aplicar la medida de expulsión por la comisión de delitos, a no ser que, conforme a la normativa comunitaria, Directiva 203/109/CEE, sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de noviembre de 2007, exista una amenaza real y suficientemente grave del orden público y la seguridad pública.
TERCERO . Sobre la aplicación de la medida de expulsión a los residentes de larga duración hemos de reiterar lo que se expresaba en la sentencia de la Sala, entre otras, de fecha 20 de abril de 2012 (recurso de apelación 703/2011 ).
El Fundamento de Derecho Segundo de dicha sentencia dice: <;<;Como así resulta del expediente la causa única y exclusiva -el único y exclusivo razonamiento- de la expulsión acordada a la vista de la indicada condena penal se funda en la aplicación, por así decirlo, automática, del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su redacción vigente desde el 23 de enero de 2001, en cuya virtud "Asimismo constituirá causa de expulsión, previa la tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados".
Por otro lado, el artículo 57.5 en su redacción anterior a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre , de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, establecía que "La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el art. 54, letra a) del apartado 1 -es decir, "Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana"-, o suponga una reincidencia en la comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos:...b) Los que tengan reconocida la residencia permanente", y tras dicha modificación, vigente desde el 13 de diciembre de 2009, dispone que "La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el art. 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos:...b) Los residentes de larga duración. Antes de adoptar la decisión de la expulsión de un residente de larga duración, deberá tomarse en consideración el tiempo de su residencia en España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado".
Esta modificación responde, por reconocimiento de la Exposición de Motivos de la L.O. 2/2009 -y dada la condena al Reino de España a la que seguidamente haremos referencia- a la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, entre otras, la Directiva 2003/109/CE, del Consejo, de 25 de noviembre, de 2003, relativa al Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, cuyo artículo 26, párrafo primero , establece que los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva a más tardar el 23 de enero de 2006 e informar de ello inmediatamente a la Comisión.
En efecto, el incumplimiento de esta obligación dio lugar a la Sentencia del Tribunal de Justicia (CE) Sala 5ª, nº. C-59/2007, de 15 de noviembre de 2007 , con la siguiente decisión "1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a lo dispuesto en dicha Directiva. 2) Condenar en costas al Reino de España".
En lo que ahora interesa conviene significar que tras señalar el artículo 6 de la Directiva que "1. Los Estados miembros podrán denegar el estatuto de residente de larga duración por motivos de orden público o de seguridad pública. Al adoptar la correspondiente resolución, el Estado miembro tomará en consideración la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública, o el peligro que representa la persona en cuestión, teniendo también debidamente presente la duración de la residencia y la existencia de vínculos con el país de residencia. 2. La denegación contemplada en el apartado 1 no podrá justificarse por razones de orden económico ", y el artículo 9 que "1. Los residentes de larga duración perderán su derecho a mantener el estatuto de residente de larga duración en los casos siguientes:...b) aprobación de una medida de expulsión en las condiciones previstas en el art. 12", este precepto, relativo a la protección contra la expulsión, dispone que "1. Los Estados miembros únicamente podrán tomar una decisión de expulsión contra un residente de larga duración cuando represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública.
2.La decisión a que se refiere el apartado 1 no podrá justificarse por razones de orden económico.
3.Antes de adoptar una decisión de expulsión de un residente de larga du-ración, los Estados miembros deberán tomar en consideración los elementos siguientes: a) la duración de la residencia en el territorio; b)la edad de la persona implicada; c)las consecuencias para él y para los miembros de su familia; d)los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen.
4.Una vez adoptada la decisión de expulsión, el residente de larga duración tendrá derecho a interponer los recursos jurisdiccionales o administrativos legalmente previstos en el Estado miembro de que se trate.
5.Los residentes de larga duración que carezcan de recursos suficientes tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones que los nacionales del Estado en que residan".
Asimismo, es muy expresivo, por contradictorio, el alegato de la Abogacía del Estado en defensa de su pretensión de que se desestimara el recurso promovido por la Comisión de las Comunidades Europeas, en el sentido, según relato de los antecedentes de la STJ, de que "9. Sin embargo, el Reino de España subraya que en el ordenamiento jurídico español está regulada ya la figura de la residencia permanente de los nacionales de terceros países. 10. Por una parte, el artículo 32 de la Ley Orgánica 4/2000 establece que el estatuto de residencia permanente, que se obtiene cuando se haya gozado de una autorización de residencia temporal continuada por un periodo de cinco años, autoriza a residir en España indefinidamente y a trabajar en igualdad de condiciones que los españoles. Por otra parte, el artículo 57, apartado 5, de la misma Ley prevé que los residentes permanentes solamente podrán ser expulsados cuando hayan participado en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que puedan perjudicar las relaciones del Reino de España con otros países o cuando estén implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana". O sea, la Abogacía del Estado quiso hacer valer ante el Tribunal de Justicia una interpretación del artículo 57.5 que aparentemente beneficiaba a todos los residentes permanentes y según la cual la expulsión se les aplicaría "solamente...
cuando hayan participado en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que puedan perjudicar las relaciones del Reino de España con otros países o cuando estén implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana", obviando, sin embargo, la automaticidad en la aplicación de la expulsión que la Administración viene sosteniendo ante la previa condena penal a que se refiere el artículo 57.2.
Así las cosas, la STSJ de Castilla y León, sede en Burgos, Sección 1, de 16 de diciembre del 2011 , trata la cuestión litigiosa señalando que "La redacción dada a este artículo 57.5 de la Ley Orgánica 4/2000, por la Ley Orgánica 2/2009, es de especial trascendencia por cuanto que se realiza, a través de la misma, la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2003/109/CE, si bien considerando la sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007, de 7 de noviembre ; que añade que "merece destacarse la normativa europea relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (Directiva 2003/109/CE, del Consejo, de 25 de noviembre de 2003), que autoriza a los Estados miembros a denegar dicho estatuto por motivos de orden público o de seguridad pública mediante la correspondiente resolución, tomando en consideración "la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública" ( art. 6). Asimismo, la normativa europea relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países (Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001 ), contempla la expulsión basada en una amenaza grave y actual para el orden público o la seguridad nacionales que puede adoptarse en caso de "condena del nacional de un tercer país por el Estado miembro autor a causa de una infracción sancionable con una pena privativa de libertad de al menos un año" (art. 3). Es, por tanto, lícito que la Ley de extranjería subordine el derecho a residir en España al cumplimiento de determinadas condiciones, como la de no haber cometido delitos de cierta gravedad. Conclusión que se ve corroborada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, sin dejar de recordar que los Estados europeos deben respetar los derechos humanos plasmados en el Convenio de Roma, no ha dejado de subrayar la amplia potestad de que disponen los poderes públicos para controlar la entrada, la residencia y la expulsión de los extranjeros en su territorio ( SSTEDH caso Abdulaziz, 28 de mayo de 1985 ; caso Berrehab, 21 de junio de 1988 ; caso Moustaquim, 18 de febrero de 1991 , y caso Ahmut, de 28 de noviembre de 1996 : ATC 331/1997, de 3 de octubre , FJ 4), "añadiendo la STSJ de Castilla y León, sede en Burgos que venimos citando, que "Transpuesta la Directiva a nuestro derecho por la Ley Orgánica 2/2009, se debe atender a los efectos que procede conferir al art. 57, en sus puntos 2 y 5, para considerar que la finalidad pretendida por la directiva ha sido recogida por la legislación interna de España. En este sentido, la Directiva exige "una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública" para que una persona que tenga reconocida una residencia de larga duración pueda ser expulsada.
Conforme a lo recogido por nuestro Tribunal Constitucional, en la sentencia anteriormente expresada, se debe considerar una amenaza real y suficientemente grave el hecho de haber cometido un delito de cierta gravedad, remitiéndose precisamente a un delito castigado con pena superior a un año, por lo que es aplicable directamente lo dispuesto en el art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 para considerar que realmente se produce una amenaza real y suficientemente grave, sin que sea preciso que se haya cometido una infracción de las recogidas en el art. 54.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000 en sentido estricto, y ello porque sin duda es más grave realizar una conducta constitutiva de delito de cierta gravedad, que realizar una conducta que sólo es constitutiva de una infracción administrativa, como las recogidas en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, a la que también se remite dicho artículo 54.1.a )", y aunque esta sentencia concluye con la desestimación del recurso contencioso-administrativo ello no es por aplicación automática del artículo 57.2 sino por apreciar la existencia en el caso concreto de una amenaza real y suficientemente grave para el orden público unido a que "tiene pocos vínculos con este país, pues el domicilio que legalmente tiene establecido se encuentra muy lejos. A esta circunstancia cabe añadir que no se acredita trabajo que haya venido realizando con anterioridad a adoptarse la medida de expulsión, lo que evidencia un nulo arraigo laboral. Tampoco se acredita un arraigo social, y no puede considerarse suficiente el hecho de que conviva con sus dos hermanos y que haya adquirido una vivienda frente a la gravedad del delito, muy superior a la gravedad que pueda suponer el orden público y la seguridad ciudadana a que se refiere la Ley Orgánica 1/92. Tampoco se acredita adecuadamente un domicilio estable (...) Por otro lado, la STSJ de Cantabria, Sección 1ª, de 23 de diciembre de 2011 , señala que "En este marco, el artículo 57.2 de aplicación no resulta en sí incompatible con la Directiva 2003/109/CE . Pero su aplicación exige adecuarla a las directrices jurisprudenciales del Tribunal de Justicia.
Los artículos 9 y 12 de la normativa comunitaria referida (por todas, STJ 8-12-2011, nº C-371/2008, caso Ziebell) prevén que «el residente de larga duración de que se trate sólo puede ser expulsado cuando represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública.
Seguidamente, se afirma que la decisión de expulsión no podrá justificarse por razones de orden económico.
Por último, se precisa que, antes de adoptar tal decisión, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida deberán tomar en consideración la duración de la residencia del interesado en el territorio de ese Estado, su edad, las consecuencias de la expulsión para la persona afectada y para los miembros de su familia, y los vínculos de esa persona con el Estado de residencia o la ausencia de vínculos con el Estado de origen». Y la excepción basada en el orden público en materia de libre circulación de los trabajadores nacionales de los Estados miembros de la Unión... debe ser interpretada de forma restrictiva y cuyo alcance no puede ser determinado por los Estados miembros unilateralmente (véase, en particular, la sentencia de 22 de diciembre de 2010 , Bozkurt, antes citada, apartado 56 y jurisprudencia citada).
Cierto es que una condena como la examinada puede, en principio, ser considerada para denegar el estatuto de residente de larga duración por motivos de orden público o de seguridad pública tomando en consideración "la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública".
Pero no lo es menos que, como ha indicado expresamente el Tribunal de Justicia, «la existencia de una condena penal sólo puede apreciarse en la medida en que las circunstancias que dieron lugar a dicha condena pongan de manifiesto la existencia de un comportamiento personal que constituya una amenaza actual para el orden público (véanse, en particular, las sentencias de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, apartado 28 ; de 19 de enero de 1999, Cal-fa, C- 348/96 , Rec. p. I- 11, apartado 24, y de 7 de junio de 2007, Comisión/Países Bajos, C-50/06 , Rec. p. I-0000, apartado 41).
El Tribunal de Justicia siempre ha destacado que la reserva de orden público constituye una excepción al principio fundamental de la libre circulación de las personas, que debe ser interpretada de forma restrictiva y cuyo alcance no puede ser determinado por los Estados miembros unilateralmente ( Sentencias de 28 de octubre de 1975, Rutili, 36/75, Rec. p. 1219, apartado 27 ; Bouchereau, antes citada, apartado 33; de 27 de abril de 2006, Comisión/Alemania, C-441/02 , Rec. p. I-3449, apartado 34, y Comisión/Países Bajos, antes citada, apartado 42).
Según una jurisprudencia reiterada, la utilización, por parte de una autoridad nacional, del concepto de orden público requiere, aparte de la perturbación social que constituye toda infracción de la ley, que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad (sentencias Rutili, antes citada, apartado 27; de 29 de abril de 2004, Orfanopoulos y Oliveri, C-482/01 y C-493/01 , Rec. p. I-5257, apartado 66, y Comisión/Alemania, antes citada, apartado 35)». Incluso la existencia de varias condenas penales carece a estos efectos de relevancia por sí misma (STJ 4-10- 2007, num. C-349/2006, Murat Polat) (...). Conforme a esta jurisprudencia en relación a los extranjeros con residencia de larga duración, de la que la citada es sólo una muestra, cabe colegir la imposibilidad de interpretar el artículo 57.2 de la forma automática que pretende la Administración sino de conformidad con las exigencias jurisprudenciales y, ahora, con el artículo 12 de la Directiva 2003/109 . (...)>;>;.
La indicada Sentencia de esta Sala de fecha 20 de abril de 2012 continua diciendo en el mismo Fundamento de Derecho Segundo: <;<;(...)la interpretación sistemática y teleológica de la normativa aplicable a los extranjeros que tienen reconocida la residencia permanente, hoy residentes de larga duración, nos conduce a lo siguiente: a)El supuesto contemplado en el artículo 57.2 de la LOEx ("Asimismo constituirá causa de expulsión, previa la tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados") puede erigirse en causa de expulsión de los extranjeros que tengan reconocida la residencia permanente, hoy residentes de larga duración, siempre que su conducta personal constituya además una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, y así se fundamente en la resolución, sin que pueda justificarse por razones de orden económico. Y b)Antes de adoptar la decisión de expulsión la Administración deberá tomar en consideración los elementos siguientes: la duración de la residencia en el territorio; la edad de la persona implicada; las consecuencias para él y para los miembros de su familia; y los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen.
El incumplimiento de estas exigencias en el caso que nos ocupa nos lleva a anular la Resolución impugnada por falta de motivación y justificación de la expulsión acordada en función de la normativa que es aplicable, y ello por cuanto en un procedimiento de esta naturaleza la Administración no puede suplir la falta de motivación y de prueba durante el juicio, según constante jurisprudencia. Así, el proceso judicial no pude ser utilizado por la Administración para ejercer sus potestades sancionadoras ni para subsanar vicios, omisiones o vulneraciones de derechos de la fase previa ( SSTC 59/2004 ) ni por el órgano judicial para ejercitarlas por aquella ( SSTC 161/2003 , 193/2003 )>;>;.
CUARTO . Aplicadas las precedentes consideraciones al supuesto fáctico analizado, se ha de llegar a la conclusión de que no se dan las circunstancias requeridas conforme a la precedente doctrina para que proceda la expulsión del apelante. Así ha de entenderse, que la situación del recurrente, aunque formalmente no cuente con autorización de residencia de larga duración, es asimilable a ella, en cuanto desde los 6 años de edad hasta que alcanzó la mayoría se encontró residiendo legalmente en España tutelado por la Comunidad de Madrid, lo que evidentemente le ha generado lazos de arraigo en nuestro país. Por ello ha de entenderse que es aplicable la doctrina precedentemente expuesta respecto a los residentes de larga duración, en cuya hipótesis la expulsión no puede configurarse como automática, y en el presente caso las circunstancias concurrentes nos hacen llegar a la conclusión de que las mismas tienen carácter enervante de la abstracta posibilidad de expulsión. En este sentido ha de prestarse especial atención a las circunstancias establecidas en la sentencia antes citada de esta Sala, cuáles son: la edad de la persona implicada, que en este caso ha superado recientemente la mayoría de edad; las consecuencias para él de la expulsión, que ciertamente han de entenderse como graves, al haber residido desde los 6 años en España, lo que le ha generado importantes vínculos con nuestro país; y ha de entenderse que carece de todo tipo de vínculos con el país de origen, Marruecos, al haber residido desde aquella edad de 6 años en España.
QUINTO . Por todo ello ha de estimarse el recurso de apelación, debiendo revocarse la sentencia apelada y con estimación de la demanda procede la declaración de nulidad de los acuerdos recurridos.
SEXTO . En cuanto a las costas de esta segunda instancia, de conformidad con el artículo 139.2 de la LJCA , estimado el recurso de apelación, no procede su imposición a ninguna de las partes, tampoco las de la primera instancia a consecuencia de la revocación de la sentencia.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto frente a sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Núm. Tres de Valladolid de 4 de diciembre de 2017 , revocando la sentencia apelada, y anulando el acuerdo recurrido en el procedimiento de primera instancia, que ha sido identificado en el precedente fundamento de derecho primero, sin imposición de costas a ninguna de las partes, en ambas instancias.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer el recurso de casación previsto en los artículos 86 y siguientes de la Ley jurisdiccional 29/1998, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, recurso que, en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de treinta días contados desde el siguiente a la notificación de la presente sentencia, cumpliendo los requisitos previstos en cada caso en la Ley Jurisdiccional 29/1998.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.