Jurisprudencia

Cabecera: Derecho de extranjería. Derecho de asilo. Nacional de Bangladesh. Denegación del reconocimiento de la condición de refugiado. Esquema de la petición-tipo. Relato estereotipado sin aportar ningún dato concreto en que se sustenten los hechos narrados.
Jurisdicción: Contencioso-Administrativo
Origen: Audiencia Nacional
Fecha: 28/05/2018
Tipo resolución: Sentencia Sección: Octava Número Recurso: 566/2017
Numroj: SAN 2333/2018
Ecli: ES:AN:2018:2333
Voces sustantivas: Derecho de asilo, Extranjería, Partidos políticos, Prima facie, Unión europea, Amenazas, Apátrida, Expediente administrativo, Nacimiento, Residencia habitual, Adopción, Certificado de defunción, Embargo, Nacionalidad
Voces procesales: Prueba, Prueba indiciaria, Hechos notorios

ENCABEZAMIENTO:


A U D I E N C I A N A C I O N A L
Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN OCTAVA
Núm. de Recurso: 0000566 / 2017
Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General: 03331/2017
Demandante: Benedicto
Procurador: DOÑA PALOMA RUBIO PELAEZ
Demandado: MINISTERIO DE INTERIOR
Abogado Del Estado
Ponente IImo. Sr.: D. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ RODERA
S E N T E N C I A Nº:
IImo. Sr. Presidente:
D. FERNANDO LUIS RUIZ PIÑEIRO
Ilmos. Sres. Magistrados:
Dª. MERCEDES PEDRAZ CALVO
D. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ RODERA
Dª. ANA ISABEL GÓMEZ GARCÍA
Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.
Vistos los autos del recurso contencioso administrativo nº 566/2017 , que ante esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador DOÑA PALOMA RUBIO
PELAEZ , en nombre y representación de Benedicto , frente a la Administración General del Estado,
representada por el Sr. Letrado del Estado, contra resolución del Ministerio de Interior de fecha 15 de marzo
de 2017, (que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho), siendo Magistrado Ponente el
Ilmo. Sr. D. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ RODERA.

ANTECEDENTES DE HECHO:


PRIMERO.- Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito presentado el 17 de julio de 2017, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por Decreto de 27 de julio de 2017, y con reclamación del expediente administrativo.
SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2017, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 2 de febrero de 2018, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la inadmisibilidad del presente recurso o, en otro caso, la desestimación del presente recurso.
CUARTO.- Po r Providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 23 de mayo de 2018, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:


PRIMERO.- Se recurre en autos resolución del Ministerio del Interior de fecha 15 de marzo de 2017, en la que se denegó el reconocimiento del derecho de asilo a Benedicto , nacional de Bangladesh, por no haber quedado establecida ni la existencia de una persecución personal ni una circunstancia susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951.
Los motivos de la demanda se centran, en síntesis, en que las simpatías del interesado por determinado grupo político le aparejaba acoso y amenazas por parte de otro rival, falleciendo su padre a resultas de un incidente con adversarios. Se solicita la protección subsidiaria y la apreciación de razones humanitarias.
SEGUNDO.- Pues bien, el recurrente nada ha acreditado, ni directa ni indiciariamente, sobre la realidad de una persecución personal susceptible de incardinación en el régimen jurídico de asilo, siendo así que la mera simpatía por determinada opción política no supone dato o circunstancia relevante a efectos de justificar protección, y además aludiendo a posibles problemas económicos por no alquilar un local a un partido político y a la muerte de su padre casi un mes después de un incidente que relata como decisivo en su solicitud de asilo. Por otra parte, consta que el peticionario ha estado, previamente a acceder a nuestro territorio nacional, en países que ofrecen sobradas garantías de protección (Italia y Francia).
Estos y otros extremos valorables para adoptar una decisión adecuada se recogen en el atinado Informe de la Instrucción, cuyo tenor compartimos en lo sustancial, en particular en lo relativo a reprochar una naturaleza seriada al relato fáctico hecho valer, apreciación que se cohonesta con supuestos análogos sometidos a la consideración de la Sala:

CUARTO.- Si bien es cierto que un principio básico a la hora de estudiar y analizar las peticiones de asilo es que cada una de ellas debe estudiarse de manera individualizada y atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, también es interesante observar las peticiones de asilo de los ciudadanos de un país en su conjunto. Y así, en el caso de Bangladesh observamos que todas las peticiones se parecen, todas responden a un mismo esquema, Todos ellos alegan ser miembros de un partido de la oposición (generalmente el BNP) y desarrollan un relato de persecución muy similar: todos ocupan un cierto cargo en el partido a nivel local, por cualquier motivo organizan una manifestación, los atacan miembros del partido en el poder, hay heridos o muertos, los culpan a ellos, a continuación la policía los busca y ellos salen del país. Estos relatos pueden presentar ciertas variaciones pero en conjunto la exposición de motivos de persecución es prácticamente similar en todos los casos.
Es ta característica de las peticiones de asilo bengalíes ya fue observada en su día por la Audiencia Nacional (ver sentencia contra inadmisión núm. 0832/2000 de fecha 11.01.02 , expediente de asilo número 005103210002) y aunque esta sentencia se refiere a peticiones de hace unos años el perfil sigue siendo el mismo, tan solo cambia el nombre del partido al que afirman pertenecer los solicitantes para adaptarlo a las nuevas circunstancias del país de origen. De hecho, hace unos años, todos afirmaban pertenecer a la Awami League o Jatyo Party y ser perseguidos por el BNP, pero al cambiar las tornas en su país también ha cambiado el agente perseguidor, aunque la petición sigue siendo la misma.
As í, estos extremos han sido recientemente confirmados de nuevo por la Audiencia Nacional en la sentencia con n° recurso 0000530/2013 de fecha 29-05-2015 , en la que se recoge que: "en cuanto a la verosimilitud del relato, basta con contrastar éste con los relatos examinados por este Tribunal en los varios recursos interpuestos por solicitantes de asilo procedentes de Bangladesh contra resoluciones denegatorias de la condición de refugiado y del derecho de asilo, para comprobar que, efectivamente, no sólo son similares los relatos sino que se aporta el mismo tipo de documentación, entre la que se cuenta la declaración de quien dice ser Presidente del BNP ( sentencias de 20 de abril de 2015 , 22 de abril de 2015, de esta Sección Octava , y de 29 de enero de 2015 , y 16 de abril de 2015 de la Sección Segunda , entre las más recientes)".
Es te es el esquema de la petición-tipo de los ciudadanos de Bangladesh desde hace años, pues repiten siempre este relato estereotipado sin aportar ningún dato concreto en que se sustenten los hechos narrados.
QUINTO.- En cuanto a los documentos aportados por el solicitante, presenta el 16 de junio de 2015, seis meses después de solicitar protección internacional el 23/12/2014, un Certificado de nacimiento, que sólo acredita circunstancias personales y no una prueba o indicio de la persecución alegada. Otros elementos probatorios aportados son los Certificados del B.N.P. relativos al padre y hermano del solicitante, y su traducción, donde se acredita la pertenencia de ambos al Partido Nacionalista de Bangladesh. Estos documentos no pueden considerarse prueba o indicio de la persecución alegada ya que no hacen mención a la persecución del solicitante ni al temor fundado a sufrirla. Respecto al Certificado de defunción del padre del solicitante, ya ha sido valorado en el apartado tercero de esta valoración.
SEXTO.- Por último cabe señalar que el solicitante llegó a nuestro país en 2014 procedente de Siria, Italia y Francia. En estos dos últimos países pudo haber pedido protección, especialmente en Italia, país en el que residió dos años, y en el que no afirma haber tenido problemas, sin que nada indique que no pudiera solicitar protección allí al tratarse de un Estado firmante de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y miembro de la Unión Europea,"

TERCERO.- En virtud de lo expuesto, y a los efectos de la adecuada resolución del presente recurso, debe partirse de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, conforme a la cual es necesario tener en cuenta que a tenor del artículo 2 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , reguladora del Derecho de Asilo y de la protección subsidiaria, "el derecho de Asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967", siendo preciso considerar que la naturaleza fundamental del derecho de Asilo, recogido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , determina que el examen y la apreciación de las circunstancias que lo determinan no se realice con criterio restrictivo, bastando alcanzar una convicción racional de su realidad para acordar la declaración pretendida, lo que en definitiva se desprende de la propia Ley, en su artículo 26.2, al utilizar la expresión "indicios suficientes". Como dice nuestro Tribunal Supremo en este tipo de procesos no es factible la exigencia de una prueba plena porque partiendo del hecho notorio de que en determinado país existen unas circunstancias socio-políticas que conllevan persecución por distintas razones, tal situación impide generalmente la obtención de elementos de prueba que acrediten la situación de perseguido, por eso habrá que buscar una prueba indiciaria que "prima facie" acredite que quien solicita el asilo o refugio es o puede ser perseguido en razón de circunstancias étnicas, religiosas, por pertenencia a grupo político social determinado, etc., sin que quepa establecer criterios de general aplicación de la norma, debiendo estarse a la valoración que se realice en cada caso concreto y de las circunstancias que en él concurran.
CUARTO.- El recurso interpuesto debe ser desestimado, debiendo confirmarse la resolución impugnada y ello por cuanto ni de los autos, ni del expediente administrativo se desprende que los hechos en los que el recurrente funda su pretensión, puedan incardinarse en la previsión del artículo 3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y en la referida Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, faltando constancia fehaciente de su pertenencia a grupo social, étnico, político o religioso objeto de persecución. Si bien como se ha dicho, en los procesos que nos ocupan, no es necesaria una prueba plena sobre los hechos que justifican su concesión, como señala entre otras las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1.994 , 19 de junio de 1998 , 2 de marzo de 2000 , 1 de abril de 2003 y 13 de mayo de 2004 , cuando no existen ni siquiera los indicios suficientes a los que se refiere el artículo 26.2 de la Ley anteriormente citada, no puede tener éxito la concesión de asilo solicitada, y es lo cierto que en el caso de autos tales indicios, como se ha expuesto, no han quedado acreditados, procediendo, en consecuencia, desestimar el recurso interpuesto.
QUINTO.- El recurrente pretende el otorgamiento de la protección subsidiaria prevista en el art. 4 de la Ley. Dicho precepto establece que el derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10, y que no puedan o, a causa de dicho riesgo, no quieran, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de la misma Ley.
Sin embargo el recurrente no ha formulado motivo alguno, fuera de los ya analizados, de suficiente entidad -y menos con carácter de fundados- como para creer que el regreso a su país pudiera determinar riesgo de sufrir tales daños.
SEXTO.- En lo que atañe al ámbito de las razones humanitarias, el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley de asilo, tras las modificaciones efectuadas por el Real Decreto 2393/2004, permite la permanencia en España bajo la forma de autorización de estancia a las personas que, como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país y no cumplan los requisitos previstos en la Convención de Ginebra y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, y en las que se aprecie que el retorno al país de origen supondría un riesgo real para su vida o integridad; y a aquéllas otras personas en las que concurran razones humanitarias -que el Reglamento no especifica- distintas de las anteriores, siempre y cuando estén acreditadas en el expediente.
Las razones humanitarias no se refieren a cualquier razón de tipo humanitario, sino que necesariamente tienen que estar vinculadas a un riesgo real de desprotección por razón de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso. Debe apreciarse, pues, si existen razones o circunstancias incompatibles con el disfrute de los derechos inherentes a la persona, caso de que ésta tuviera que volver a su país.
Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas.
Como ha expresado el Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de diciembre de 2003 , entre otras, " Nos encontramos en este precepto con una previsión del legislador para que la Administración pueda autorizar al extranjero en quien no concurran los requisitos del artículo 3.1 de la Ley a permanecer en España, confiriendo de este modo a la Administración la posibilidad de valorar la situación concreta del solicitante de asilo con un margen de discrecionalidad para resolver ".
En nuestro caso, no existen condiciones que permitan considerar que concurran alguna o algunas de las circunstancias a que se ha hecho referencia, de modo que carecería de fundamento la adopción de la medida interesada. Máxime si consideramos que la parte recurrente no realiza una mínima justificación de concurrencia de los supuestos que habilitarían la misma. Podemos afirmar que al igual que la improcedencia del asilo y la protección subsidiaria, tampoco aparece justificado otorgar esta medida, que requiere una justificación o acreditación de mayor intensidad que en el caso anterior.
En suma, pues, cumplidos los requisitos y trámites previstos en la normativa reguladora, no apreciando la Sala motivos que acrediten la existencia de persecución, o su temor fundado a padecerla, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, con lo cual no concurre el presupuesto necesario para el reconocimiento del derecho a asilo conforme a lo previsto en el artículo 1.A.2, párrafo primero, de la Convención de Ginebra de 1.951, sobre el Estatuto de los Refugiados, y en el artículo 1.2 del Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1.967, Instrumentos internacionales ambos a los que expresamente se remite la Ley de asilo, y no apreciándose tampoco motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.
SÉPTIMO.- Se imponen las costas a la parte actora, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.1º de la Ley Jurisdiccional.

FALLO:

En nombre de S.M. EL REY, y en atención a lo expuesto, la Sala ha decidido:
PRIMERO.-DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo formulado por Benedicto , contra la resolución del Ministerio del Interior de fecha 15 de marzo de 2017 a que las presentes actuaciones se contraen.
SEGUNDO .- Se imponen las costas a la parte actora.
La presente Sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su no tificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2. de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.